viernes, 16 de noviembre de 2018

Naturalización anulable

Jorge G. Alvear Macías

Julian Assange fue declarado ecuatoriano en diciembre de 2017, cuando ya estaba vigente el Código Orgánico Administrativo (julio/2017), normativa que determina la nulidad de ese acto administrativo. Además tal nulidad no es convalidable, de acuerdo con dicho Código (artículo 105).
El acto administrativo, que declara o constituye derechos “en violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los requisitos materiales para su adquisición es nulo”, expresa la misma disposición. En el caso de Assange, su carta de naturalización fue emitida contraviniendo la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que establece los requisitos y procedimientos… para la naturalización de personas extranjeras (art. 4:3). Pues bien, uno de ellos (art. 71) es que el extranjero puede solicitar naturalización si ha residido de forma regular y continua al menos tres años en el Ecuador. Dicho requisito básico y fundamental se reitera en el art. 72 de la mencionada Ley. Assange no dijo haber residido, sino haber estado bajo la jurisdicción del Ecuador.
La facultad de otorgar la naturalización “… es un acto soberano y discrecional de la Función Ejecutiva…”, pero la discrecionalidad está sujeta al Reglamento para el Control de la Discrecionalidad. Ahí consta que la motivación de un acto administrativo debe construirse sobre premisas verdaderas (se entiende que no pueden ser falsas): “El acto discrecional debe ser cierto y jurídicamente posible, debiendo tender a la finalidad prevista en las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Por tanto, el elemento finalidad adquiere su principal importancia en la valoración del acto discrecional”.
Una cosa es la posibilidad de presentar la solicitud de nacionalidad en una embajada del Ecuador, otra es la acreditación del requisito de residencia dentro del país. Sin esa prueba era improcedente la solicitud de Assange. El art. 79 de la precitada Ley de Movilidad lo advierte: “No se podrá conceder la carta de naturalización previa resolución motivada por las siguientes razones: 1. No cumplir con los requisitos previstos en esta Ley…”.
Por otra parte, el artículo 81 de la misma ley determina la nulidad de la naturalización, sin perjuicio de la sanción penal, previa acción de lesividad, cuando aquella haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión.
Adicionalmente, el Código Orgánico Administrativo (art. 106) también manda a declarar la nulidad de oficio cuando el acto administrativo ha sido emitido contrariando la Constitución y la Ley.
En todo caso, corresponde a la Procuraduría General del Estado confirmar si en el trámite de naturalización hay las condiciones de la ocultación de los hechos relevantes (que los habría por la falta de acreditación de residencia del hacker en el país); o el cometimiento de fraude a la ley en el dictamen jurídico que recomendó el acto concedente, base de la resolución del viceministro de Movilidad Humana encargado. En dicho dictamen se da por cumplido el requisito de residencia con el tiempo del asilo en la embajada de Londres. No obstante que el Estado ecuatoriano no tiene jurisdicción sobre los locales de sus misiones ni estas constituyen extensiones territoriales.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 16 de noviembre de 2018.

viernes, 9 de noviembre de 2018

¡No más de lo mismo!

Jorge G. Alvear Macías

En Guatemala se demostró que la corrupción puede combatirse con métodos confiables y eficaces, neutralizando el manoseo del gobierno de turno y de los partidos políticos y empresarios que conformaron estructuras delincuenciales para beneficiarse ilegalmente de la contratación pública de obras, bienes y servicios, en medio de una impunidad casi garantizada por el sistema judicial durante varias décadas. Ese ejemplo podemos hacer realidad en Ecuador si el presidente Moreno cumple su oferta de campaña y si los líderes que aspiran a sucederlo lo emplazan a ello.
En una entrevista a Iván Velásquez en Copenhague –de agencia EFE–, el jefe desde 2013 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ratificó en cierta forma la exitosa labor de esa Comisión apoyada por países europeos, Japón y Estados Unidos: “Pudimos demostrar que la lucha contra la corrupción era posible, no de manera teórica, en la realidad, con investigaciones fuertes probatoriamente. Eso nos permitió demostrar lo que para Guatemala es altamente significativo: nadie está por encima de la ley”.
El funcionamiento de la Cicig garantiza independencia y eficacia en las investigaciones penales ejecutadas por la Fiscalía General de Guatemala, así como el ejercicio de la acción penal como lo prevé su Constitución. Esa Comisión interviene con especialistas y equipos sofisticados como apoyo técnico, especialmente en investigaciones del crimen organizado; y también como parte adhesiva en los procesos de interés público, además de la Fiscalía de la Nación. Esto impide el descuido o desinterés en las causas.
La Cicig no depende del presupuesto general del Estado, para mantener su necesaria independencia en la investigación de la corrupción transnacional. La Cicig está solventada con donaciones de los países auspiciantes. En la misma entrevista, Velásquez informó que uno de esos países –Estados Unidos–, “que tradicionalmente ha respaldado la actividad de la Comisión”, acaba de firmar un acuerdo con la ONU para donar 6 millones de dólares al fortalecimiento de la Cicig.
Durante mi entrevista in situ con la exfiscal Thelma Aldana –entonces en funciones–, pude enterarme cuán determinante fue la ayuda de la Cicig y del comisionado Velásquez en el exitoso procesamiento del expresidente Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti. Esta última acaba de ser condenada a más de 15 años de prisión, por participar en un fraude para adjudicar un contrato millonario para descontaminar un lago cercano a la capital guatemalteca. 
La magnífica gestión de Velásquez al frente de la Cicig y los resultados han provocado reacción adversa dentro de Guatemala en los círculos de poder, otrora beneficiarios de la corrupción; y, claro, en países como el nuestro también ha puesto a la defensiva a los miembros de la delincuencia organizada, que se oponen a una iniciativa como la guatemalteca. Por ello, solo nos resta la movilización social, tal como ocurrió allá y forzó al presidente Otto Pérez Molina a celebrar el convenio con Naciones Unidas. Como dice Velásquez, la lucha contra la corrupción con el apoyo de una Comisión Internacional es responsabilidad de un jefe de Estado. Guatemala ya no es la misma con los avances de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Acá, si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos más de lo mismo. 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 10 de noviembre del 2018.

viernes, 2 de noviembre de 2018

¿Qué mismo pretenden?

Jorge G. Alvear Macías

Con tono de seriedad y preocupación, se han comentado en algunos círculos las peroratas del excanciller Ricardo Patiño ante una muchedumbre en la cuarta convención de la “revolución ciudadana”, concretamente, las relacionadas con el “momento de tomarse instituciones públicas y cerrar las carreteras” y “quemar las llantas que sean necesarias”. En las redes sociales también se han expresado críticas y burlas restándoles importancia.

Afortunadamente doña María Paula Romo, ministra del Interior, manifestó que en el actual Gobierno las personas no son detenidas ni perseguidas por lo que piensan y dicen, “pero si pretenden caotizar el país” serán detenidas. Hizo bien en pronunciarse así para no facilitar el objetivo visible de acrecentar un plan de distracción a las nuevas acusaciones de corrupción contra el régimen correísta y su movimiento, que se mantienen en el centro de la indignación popular y tiene un importantísimo costo político que podría confirmarse en las próximas elecciones seccionales.

No obstante, habría que recordarle al economista Patiño lo que decía el expresidente Rafael Correa en agosto del 2015 en un conversatorio ante la prensa, respecto del cierre de carreteras: “El cierre de carreteras es ilegal y habrá que aplicar la ley”. Es más, el exmandatario consideraba que los paros respondían a una estrategia continental en contra de los gobiernos progresistas, “¿o aca so… es casualidad que Dilma esté enfrentando lo mismo, que Maduro esté enfrentando lo mismo, que Cristina esté enfrentando lo mismo, que Evo…”. Después en su cuenta de Twitter apostilló “… Lamentablemente, el viejo país, utilizando a indígenas, bloqueó algunas carreteras”, y por ello, entonces llamó a los transportistas (un sector aliado del Gobierno) a “indignarse”.

El economista Patiño también debería recordar que en el año 2016, miembros de la comunidad Saraguro fueron acusados de cometer el delito tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por “paralización de un servicio público”, que prevé una pena de 1 a 3 años. Entonces los jueces, de un Tribunal Penal de Loja: Pablo Narváez, Mercy Hurtado y René Muñoz, de acuerdo a las noticias de la época, aplicaron 1 año más de cárcel al máximo de la pena (en total 4 años) por supuestos agravantes, a dos condenados que cerraron la vía Cuenca-Loja durante una protesta en agosto del 2015. Entre los condenados estaba María Luisa Lozano, una indígena que trabajaba como conserje de una escuelita de la comunidad Lagunas. Posteriormente, en agosto del 2018, la Corte Nacional de Justicia ratificó su inocencia.

Es interesante observar que la sanción establecida para quienes ejecutan el cierre de carreteras, tipificada en el artículo 346 del COIP, además aplica a los que incurren en la toma por la fuerza de un edificio o instalación pública, justamente otra inconducta que ahora también promueve el excanciller Patiño.

Por supuesto, que si detrás de las acciones violentas hubiere la intención de derrocar al Gobierno, se configuraría otro delito más grave, de los catalogados como delitos contra la seguridad pública. El de rebelión, por ejemplo (art. 336, COIP).

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 2 de noviembre del 2018.


viernes, 26 de octubre de 2018

¡Privilegios no!

Jorge G. Alvear Macías
El defensor del exvicepresidente Jorge Glas cuestionó su reciente traslado desde la cárcel número 4 en Quito hasta el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. Adujo que Glas “se encuentra en un estado delicado de salud” afiebrado, con hipertensión muy alta y que no se le permitió llevar cierta medicación. Que su defendido no fue avisado “con al menos 48 horas del cambio de centro penitenciario”, medida que calificó de arbitraria e inconstitucional y de la que se enteró por familiares de aquel. Por ello estudia apelar la decisión del traslado con apego al art. 668 del COIP.
El caso es que el indicado traslado a un centro de rehabilitación de más seguridad fue justificado por el Gobierno, con un informe de Inteligencia, luego de la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Se presume que dicho informe advierte de un intento de fuga o las condiciones para intentarla. Claro, la ciudadanía ya se preguntaba por qué se mantenía un privilegio en favor del exvicepresidente, del que no gozan otros reclusos de connotación pública y la generalidad de los reos, con excepción de los policías, que por comprensible resguardo de su integridad personal no se los debe exponer a los delincuentes comunes, sus enemigos “naturales”. Así nos viene a la memoria el nombre de Galo Lara, personaje político, o de sentenciados por delitos similares al que se acusa a Glas (“Capaya”, por ejemplo) que no tuvieron o no tienen el privilegio de purgar condena en una cárcel con comodidades, incluido el internet, la posibilidad de celebrar sus cumpleaños con numerosos visitantes, sin previo registro de ingreso, y hasta el disfrute de paseos por la ciudad, como se sospecha.
Un informe del año 2000, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), sobre las Cárceles en Ecuador constató el odioso discrimen entre reclusos y pidió corregir tal trato, en cumplimiento de las normativas internacionales. A manera de ejemplo menciona el caso de los detenidos en el CRS Varones # 4: “Los privilegios concedidos por el Estado a los policías y a las personalidades políticas o públicas que se detienen en esta “cárcel # 4”, como se la designa, representan una forma inaceptable de distinción o preferencia entre los detenidos. Cuando se comparan sus condiciones con las impuestas a la mayoría de los reclusos ecuatorianos, la discriminación es clara. Viola los principios de igualdad inscritos en la Constitución, y de beneficio idéntico de la ley para cada persona…”.
En el caso del exvicepresidente, si bien podría apelar la decisión de su traslado, tendría que invocar una o varias de estas causales: 1. Cercanía familiar (Guayaquil está más cerca a Latacunga que a Quito); 2. Padecimiento de enfermedad catastrófica, que implique peligro para su vida o incapacidad permanente (aparentemente no tiene tal padecimiento); 3. Necesidad de tratamiento psiquiátrico, previa evaluación técnica (afectación no mencionada hasta ahora); 4. Seguridad de la persona privada de libertad o del centro (no se conocen amenazas en ese sentido); 5. Condiciones de hacinamiento en el centro (pero esto ocurre en al menos diez centros carcelarios del Ecuador). 
*Publicado previamente en el Diario el Universo el día viernes 26 de octubre del 2018.

viernes, 19 de octubre de 2018

‘¡Viva Posorja!’

Jorge G. Alvear Macías

Los linchamientos son crímenes. Los “actos de justicia popular” no tienen justificación en un Estado de derecho, aunque en las redes sociales algunas personas pretendan legitimarlos.

Sin duda, son expresiones de barbarie que envilecen a las sociedades y avergüenzan injustamente a los miembros no partícipes. Esto a propósito de lo acontecido en Posorja esta semana, cuando tres personas acusadas de hurto e intento de secuestro de un niño (esto no se ha comprobado) fueron asesinadas por la muchedumbre luego de atacar un recinto policial donde estaban custodiados y extraerlos. En las redes sociales circularon videos que registraron el salvajismo popular, que vitoreaba como una hazaña o acción gloriosa, y con al menos un “¡Viva Posorja…!”.

Las autoridades, que han ofrecido juzgar a los responsables de tales crímenes, tienen una ardua tarea para asentar así un categórico mensaje que detenga lo que podría ser una gravísima réplica de esa reprochable conducta popular en otras poblaciones ecuatorianas.
Ahora bien –y ya lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre linchamientos–, estos hechos están identificados como un problema tanto de la administración de justicia como de la deficiente seguridad ciudadana donde ocurrieron. Para la CIDH, el Estado y sus distintos niveles de gobierno deben adoptar todas las medidas necesarias para afrontar y solucionar tales problemas. Les corresponde prevenir delitos y resolver efectivamente los conflictos.

Este columnista encuentra que los linchamientos, ocurridos en número creciente en países como México, Colombia y en otros de América Latina, con los que compartimos raíces culturales y socioeconómicas, responden a similares circunstancias. Por ejemplo, en un reportaje de la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria de 2018 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib), el ombudsman de ese país (equivalente a nuestro defensor del pueblo) diagnosticó “que en tanto el Estado no cumpla con sus obligaciones de abatir la impunidad y brinde condiciones mínimas de seguridad a la sociedad, la desconfianza en las instituciones y la desesperación de las personas por obtener justicia dejarán abierta la puerta para que se presenten nuevos casos de justicia por propia mano”.

Pero hay más elementos presentes en las complejas causas que configuran el fenómeno del crimen colectivo que entraña el linchamiento, que como sociedad nos corresponde tener en consideración. En la revista colombiana Semana, bajo el título ‘Justicia o linchamiento, ¿cuál es el límite?’, un experto en seguridad opina que la respuesta violenta, casi natural, de los ciudadanos cuando están en una situación de superioridad frente a su agresor tiene varias razones y pasa por el profundo descontento social por la justicia. A la gente, por ejemplo, ya no le interesa protestar, sino actuar por mano propia.

En la misma revista, el sociólogo Alfredo Molano interpreta la situación como un gran resentimiento de la gente que no puede equilibrar su consumo con su ingreso. Que la televisión y el fútbol dirigen a incentivar el consumo no siempre satisfecho, generando resentimiento en el individuo que descargará contra el primer culpable que encuentra y concreta en darle patadas a un ladrón.
A lo anterior se suma que la difusión de los videos de los hechos de Posorja contribuye para que otros los repitan. (O

https://www.eluniverso.com/opinion/2018/10/19/nota/7006631/viva-posorja

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 19 de octubre del 2018

viernes, 12 de octubre de 2018

Insólita terna…

Entre la ciudadanía hay preocupación debido a la terna enviada por la presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para la elección del Consejo de la Judicatura (CJ). Inquieta que dicho envío haya ocurrido sin haberse cumplido la evaluación de jueces.
A ello se suma que el CJ debe integrarse con miembros de ternas enviadas por otros organismos, cuyas máximas autoridades están actuando por encargo y sin embargo remitirán ternas para integrar órganos permanentes. Tal es el caso de la Fiscalía y de la Defensoría Pública.
El actual presidente del CJ transitorio, Marcelo Merlo, anticipó la duda por la legitimidad de la conformación del nuevo CJ. Suponemos que consideró el proceso de evaluación de los jueces, en el que se tomará en cuenta el parámetro de legitimidad de origen del cargo (entre otros) y el riesgo de que tal parámetro no lo cumplan los jueces que a su vez designen a la máxima autoridad del nuevo CJ.
El entonces consejero del CJ doctor Juan Pablo Albán le restó importancia a aquella preocupación, enfatizando que el envío de la terna es “una obligación jurídica de la Presidencia de la Corte”; y, además, consideró que “la doctora Paulina Aguirre es una persona transparente que tomará este asunto con la objetividad y seriedad del caso, y remitirá una terna adecuada para que esa persona seleccionada presida la Judicatura”.
Ahora tenemos una insólita situación con la terna enviada desde la Corte Nacional, pues parecería que la “obligación jurídica de la Presidencia de la Corte”, asegurada por el doctor Albán, no se habría cumplido apegada al estricto derecho público. Es que el art. 179 de la Constitución y el art. 258 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) facultan al presidente de la Corte Nacional de Justicia a enviar la terna en referencia; mas no para escoger a las personas e integrarlas en la terna. El artículo 199 del COFJ no le alcanzaría para ejercitar esa atribución ni para representar legalmente a la Función Judicial. “Esta representación… para fines de administración y gobierno, le corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura”.
En el derecho público no se pueden interpretar las funciones de una autoridad de modo amplio, sino restringidamente y en el estricto ámbito que se las asigna. Lo dispone así el art. 226 de la Constitución. Si una norma jurídica señala atribuciones para un órgano colegiado y no prevé su delegación, entonces no cabría ejercitar individualmente tales atribuciones.
En el caso, si una de las personas de la terna enviada va a presidir el Consejo de la Judicatura y además representará judicialmente a la Corte Nacional; entonces, su integración debió ser decisión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esto porque los representantes de la Función Judicial deben ser designados así (art. 180:7 del COFJ).
Para menguar dudas de ilegitimidad, el Consejo de Participación transitorio, presidido por el doctor Julio César Trujillo, debería devolver la terna de la señora presidenta de la Corte Nacional, para que se rectifique el procedimiento de integración. Dicho Consejo, en agosto pasado, le solicitó al presidente Moreno enviar una nueva terna para seleccionar al superintendente de Control del Poder de Mercado. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 12 de octubre del 2018.

viernes, 5 de octubre de 2018

Aprovechar la consulta…


encuesta sobre victimización y percepción de la inseguridad 2011
Jorge G. Alvear Macías

Está en debate una nueva consulta popular. Posibilidad que el doctor Julio César Trujillo sugiere para blindar avances institucionales que –según él– se han logrado con las decisiones del transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Es decir, para que quienes integren el nuevo CPCCS no puedan revisar las actuaciones del actual Consejo transitorio. Él también propone suprimir dicho organismo. Lo considera innecesario, como muchos ciudadanos.

Los comentarios en su mayoría han acogido la propuesta, aunque con discrepancias respecto a la vía del trámite constitucional que permita abolir el CPCCS. Unos afirman que es suficiente el trámite de la reforma constitucional. Otros piensan que es necesaria una constituyente para aprobar tal eliminación. Y finalmente, una tercera visión, para descartar las dos discusiones anteriores plantea mantener el CPCCS, pero sin las atribuciones que han generado el gran desprestigio del organismo y que pocos se atreven a defender.

El constitucionalista Rafael Oyarte, por ejemplo, opina que las actuales atribuciones del CPCCS para designar a las más altas autoridades del Estado deben transferirse a la Asamblea Legislativa y que aquel Consejo solamente conserve el control de la corrupción, que dicho sea de paso, nunca ejercitó o no lo evidenció. Esta fórmula nos resulta muy interesante y práctica; menos traumática y evitaría bizantinas discusiones sobre la vía constitucional adecuada.

En tanto, este columnista –como muchos ciudadanos– encuentra la oportunidad en la consulta para plantear más temáticas en beneficio de la democracia y la nación toda. Que no sean solamente de políticas coyunturales, aunque en nuestro país es muy difícil distinguir algo que no lo sea y casi siempre nos resistimos a identificar lo prioritario.

En todo caso, es el momento ideal para consultar la importantísima oferta de campaña del presidente Moreno, para traer la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad con apoyo de Naciones Unidas –como en Guatemala–. Esto, dadas las evidencias de los lentísimos avances para investigar y juzgar tan graves y onerosos casos de corrupción y recuperar el dinero saqueado. El Estado carece de recursos necesarios para luchar contra la gigantesca delincuencia organizada que nos atenaza y para desmontar la infraestructura de impunidad construida en las últimas décadas, incluso con tentáculos internacionales (recientemente se conoció del enjuiciamiento penal en EE.UU. a responsables del lavado de dinero por coimas a funcionarios públicos ecuatorianos).

Otra consulta –ante la desbordada inseguridad por la incontrolable delincuencia que usa armas de fuego y la casi nula protección estatal– sería: ¿debe permitirse portar armas registradas para defensa personal, de la familia y los bienes, luego de aprobar el examen de conocimiento y entrenamiento en uso de armas, acreditación de antecedentes y psicológicos? Es que estudios académicos actualizados determinan que la proliferación de armas registradas en la ciudadanía no incide en el incremento delincuencial y en ello no influyen las condiciones socioeconómicas del lugar. Todo lo contrario, la población armada disuade a los criminales violentos, porque estos saben que sus ataques pueden ser repelidos. Las estadísticas en Latinoamérica confirman que en Uruguay y Chile, con más número de armas en poder del ciudadano que en Ecuador, existe menor índice de criminalidad. 

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 5 de octubre del 2018.


viernes, 28 de septiembre de 2018

Manipulación de testigos

Jorge G. Alvear Macías
 
El defensor de Fernando Balda afirmó esta semana que hubo instigación a cometer fraude procesal, por parte de la asambleísta Sofía Espín. Esto, cuando se habría presionado a Diana Falcón, una exagente de Inteligencia, procesada entre otras personas (incluido Rafael Correa) en un juicio por plagio, para que cambie su versión que involucra al expresidente Correa como autor de ese delito. Esto pudo ocurrir durante la visita que hizo la señora Espín a la expolicía Falcón, en la cárcel donde está detenida.
En declaraciones recogidas por El Comercio, Diego Chimbo, abogado de la exagente Falcón, afirmó: “…Espín prometió asilo en Bélgica a la agente a cambio de que diga que fue presionada por el fiscal Paúl Pérez para involucrar a Correa en el proceso penal… que el agente Chicaiza ha sido contactado en la cárcel… y le insinúan que cambie este proceso y la insinuación más grave que le hacen es pedir que mienta, es decir que se retracte”.
La asambleísta admitió que sí visitó a la exagente, aunque negó haber ejercido algún tipo de presión sobre ella para que cambie la versión incriminatoria del expresidente Correa.
El caso es que la asambleísta Espín también reconoció ante los medios que sí le dijo a Diana Falcón: “…Tú sabes que no tiene nada que ver el expresidente Correa en esto…”; y que también le habría manifestado su preocupación por el abogado que tiene “…porque no la defiende…”. Sin duda dos formas de manifestar presión, lo que es más grave aún al provenir de una legisladora y esto debe ser investigado por la Fiscalía.
Cuando ocurrió el saludo y la conversación, la asambleísta habría estado acompañada de una abogada colaboradora del abogado del expresidente Correa (cuyo nombre y correo electrónico aparecen registrados para notificaciones en el expediente de la indicada causa).
El delito de fraude procesal, en lo principal y pertinente a este tema, se describe en el COIP así: “… La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez (…) antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años…”.
Si bien en la situación comentada no se habrían producido los efectos, que según los abogados de Balda y Falcón se pretendieron, en el caso de que se interpretara que la descripción de la infracción penal de cambiar “…el estado de las cosas, lugares o personas…” supone intentar modificar el estado de culpabilidad de una persona por el de inocencia, con apoyo en un falso testimonio, no es menos cierto que en esta clase de delitos inclusive se sanciona la tentativa (“…En este caso… la pena aplicable será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado”, COIP: artículo 39).
En todo caso, e independientemente del rumbo que tomen las investigaciones y los resultados de las gravísimas denuncias de los abogados de Balda y Falcón, es importante que la Asamblea Nacional en el trámite de futuras y urgentes reformas al COIP tipifique otras triquiñuelas en el alcance del fraude procesal.
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 28 de septiembre del 2018

viernes, 14 de septiembre de 2018

Caso Chevron y repetición

Jorge G. Alvear Macías

El procurador general del Estado, en entrevista radial de ayer, manifestó que el equipo de abogados del organismo a su cargo, estudia el laudo arbitral expedido por un tribunal de La Haya, desfavorable al Estado ecuatoriano. Mientras tanto, evalúan plantear primero un pedido de interpretación del laudo, para que se aclaren pasajes obscuros que no determinan las vías legales que hagan posible, dentro de nuestro sistema jurídico, ejecutar lo decidido por los árbitros. A continuación se plantearía una acción de nulidad del laudo, ante las cortes de los países bajos, pues el tribunal arbitral está sujeto a esa jurisdicción.
La indicada decisión arbitral dispuso principalmente dejar sin efecto una sentencia dictada contra la petrolera Chevron, en febrero del 2011, por jueces de la Corte de Lago Agrio, (que fijaron una indemnización que luego un tribunal superior redujo a US$ 9.500 millones). Un colectivo de indígenas había alegado contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana, señalando como causante a la compañía Texaco cuando esta operaba en el país, como parte de un consorcio con la petrolera estatal CEPE. Esa empresa estadounidense fue posteriormente adquirida por Chevron, pero aquella había celebrado previamente un acuerdo de remediación; y, según sus directivos, lo cumplió y le costó US$ 40 millones remediar los daños.
El patrocinio legal de los demandantes lo realizaron abogados nacionales, que habrían seguido la estrategia de un abogado estadounidense, con el apoyo de financistas extranjeros y la injerencia directa y visible de altos funcionarios estatales, además de la costosa publicidad oficial –difundida local e internacionalmente– durante el régimen de Rafael Correa. El indicado laudo señala que el Estado es responsable por denegar justicia a la petrolera y por ello también lo condena a indemnizarla, lo que se cuantificará en otra fase arbitral.
El procurador reveló que está revisando si la defensa del Estado fue apropiada y de ser el caso demandará a los responsables. Así explicó que el mecanismo legal de la acción de repetición se utilizaría para recuperar los dineros que desembolsaría el Estado a Chevron y también los millones de dólares sufragados en las campañas publicitarias (“La mano negra de Chevron”) tanto en honorarios como en gastos, incluso a estrellas de cine que participaron.
Plantear la acción de repetición mencionada por el caso Chevron, sería una de las obligaciones del procurador general como abogado del Estado. La Constitución dispone que dicha acción debe ejercerse de forma inmediata en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas (Art. 11:9).
Pero dicha acción también es obligatoria, cuando las deudas del Estado se declaran ilegales por haberse infringido cierta regulación para el endeudamiento público (Art. 290:5).
Otras infracciones acarrean repetición. Algunos funcionarios del pasado régimen, inclusive del actual, parecen haber olvidado que cuando se incurre en desviaciones de poder, por extralimitarse en sus atribuciones legales o mal utilizar las atribuciones delegadas, vulneraron o vulneran derechos constitucionales o derechos humanos protegidos por tratados internacionales, tales perjuicios son susceptibles de ser reparados, ora por tribunales nacionales ora por Cortes u organismos supranacionales.
En definitiva, si se puede hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por el dolo o la culpa grave de los servidores públicos negligentes o autoritarios.(O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el días viernes 14 de septiembre del 2018

viernes, 7 de septiembre de 2018

La prioridad en la seguridad


Jorge G. Alvear Macías
La seguridad de Guayaquil, Samborondón y Durán ahora está en manos y bajo el liderazgo de tres damas. Cada una parece tener una opinión distinta de cuales son las prioridades a atender, aunque coinciden en ignorar la preocupación de muchos ciudadanos… ¿No es hora de permitir la autodefensa de los ciudadanos?

La flamante ministra del Interior, doña María Paula Romo, anticipó en su posesión que los ejes principales de su gestión se centrarán en particular en: “…delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en todos los espacios, pero sobre todo en el sistema educativo”. (El Comercio)

Pocos días antes Juana Vallejo, gobernadora del Guayas, al asumir el cargo acotó: “Todas las autoridades pensarán la prioridad con carácter de urgente a la protección de los ciudadanos en el tema de seguridad” y que le preocupaban los asaltos en moto.

Días antes, en declaraciones a EL UNIVERSO, la general Tanya Varela puso énfasis en las falencias del modelo de gestión de la seguridad en Guayaquil. Principalmente porque la mayoría de los policías de la ciudad provienen de provincias, trabajan 11 días y salen 3 libres, empleando a veces más de un día en viajar a sus lugares de origen a tomar el descanso.

Según la general Varela, la delincuencia ha llegado a un nivel de violencia tal (hasta matan por un celular), que aun poniendo un policía en cada esquina no hay la certeza de controlarla. Esto obliga a repensar el diseño del control de importación, tenencia y porte de armas, que por el engorroso trámite burocrático impide al buen ciudadano adquirir un arma para defender su vida, familia y patrimonio; sin embargo, la delincuencia obtiene armas y la restricción no ha impactado en la reducción de la inseguridad ciudadana.

¿Existen estadísticas sobre armas con permiso utilizadas en crímenes que justifiquen la restricción? ¿Hay menos inseguridad en la ciudad que en la ruralidad, donde se permite el uso de armas de defensa?

Hay tanta inseguridad que se justifica la concesión de permisos, para el uso civil de armas de fuego; por supuesto, cumpliendo requisitos para acreditar buenos antecedentes del solicitante, destreza en el uso del arma, evaluación en lo técnico (uso, conocimiento, desarme y seguridad) y pruebas psicológicas, con entrevista del usuario. Además, debe establecerse en la normativa que el evaluador será penalmente responsable como autor coadyuvante, si indebidamente otorgare la habilitación del solicitante y este cometiere un crimen.

Las revelaciones de la general Varela deben ser atendidas y discutidas con los especialistas, para luego elaborar los ejes del plan de seguridad del Ministerio del Interior y de la Gobernación y así establecer prioridades. Obviamente, los representantes de la ciudadanía deben participar en el análisis y búsqueda de soluciones. La general Varela lo reconoce: “Debemos organizarnos, respetar la ley, la legalidad, ser mejores vecinos, mejorar la convivencia ciudadana y estar más unidos para ir en contra de la delincuencia”. Esta alta oficial ha ofrecido transparencia: “No queremos ocultar nada, no queremos decir no pasa nada”.

Nótese que la reducción de las cifras de delitos con relación al año anterior solo se ampara en el registro de actos delincuenciales denunciados, cuando hay un número indeterminado de casos no denunciados. (O)

*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 7 de septiembre del 2018.


viernes, 24 de agosto de 2018

Éxodo venezolano

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Jorge G. Alvear Macías

Sin duda el éxodo por la terrorífica situación inflacionaria, el colapso del sistema de salubridad y por el desabastecimiento de alimentos que acontecen en Venezuela también está convulsionando a países como Perú, Ecuador, Colombia o Brasil.
Acá las autoridades intentan imponer orden a dicho éxodo y, claro, como resultado al requerimiento de pasaporte, se han generado opiniones contrarias sustentadas en la necesidad de proteger los derechos humanos de quienes huyen del régimen de Maduro. También han surgido manifestaciones adversas a esa migración por el desmedro de la seguridad personal, el deterioro de las oportunidades de trabajo y el temor a la saturación de la asistencia social.
Es muy compleja y sensible la acuciante situación, pero las autoridades deben aplicar la ley, dentro del ámbito de la soberanía del Estado. Se necesita una respuesta clara y firme al drama, del que se aprovechan algunos para alimentar el caos. En lo político, condenando la dictadura de Maduro que evidentemente también nos afecta.
Quienes con sana intención se identifican con el sufrimiento de los venezolanos y desean aliviarlo abriéndoles las puertas, deben considerar que es imperativo el orden migratorio, como medida preventiva a consecuencias no deseadas.
El derecho internacional reconoce que todo individuo tiene derecho a salir de cualquier país, incluido del propio, y a regresar al propio país. En cambio, no reconoce el derecho a entrar a un país que no es el propio.
El Estado ecuatoriano decide y establece, al igual que otros estados, aquellos criterios de admisión y expulsión de los extranjeros en situación irregular. La prerrogativa de control inmigratorio, eso sí, debe sujetarse a las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos, en acuerdos o convenios. Por ejemplo, para proteger a trabajadores migrantes y sus familias (Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1990).
Con el contexto anterior conviene analizar que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, si bien permite a los ciudadanos sudamericanos ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano, presentando en el control migratorio oficial solamente su documento de identificación nacional, tal norma no le autoriza a residir en el Ecuador. En ese caso, el ciudadano venezolano y sus familiares deben cumplir con los requisitos de la categoría migratoria que soliciten. Es lo que se entiende luego de leer el último inciso del artículo citado: “Las personas suramericanas no podrán ser inadmitidas ni deportadas cuando hayan reingresado al país luego de haber iniciado el proceso de regularización de su condición migratoria hasta que se resuelva la misma”.
Si solamente el 10% de venezolanos que ingresan se queda en el país, entonces sería apropiado implementar en los controles migratorios de la frontera colombo-ecuatoriana los pasos diferenciados para aquellos visitantes que continúan hasta el Perú; con los mecanismos apoyados por el personal que garantice el cumplimiento de la intención del visitante. De tal manera que solo se exija para el que pretende residir el pasaporte y los demás requisitos establecidos para las diferentes categorías migratorias previstas en la Ley de Movilidad. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 24 de agosto del 2018.

viernes, 17 de agosto de 2018

Twitter, demanda y citación

 Jorge G. Alvear Macías

No estarían lejos los días en que las plataformas de Twitter, Facebook y otras similares se incorporen a los sistemas judiciales y administrativos de los países que buscan modernizar sus procesos en general. Principalmente para citar demandas, denuncias o emplazamientos administrativos, a personas escurridizas. Así, se eliminarán retrasos en el avance de los juicios o procedimientos administrativos. De tales angustias, pueden contar las madres forzadas a seguir demandas de alimentos para hijos abandonados o desatendidos por aquellos padres que evitan las citaciones de demandas o es imposible ubicarlos en otros países, por desconocerse su domicilio.
El procedimiento de citación de demandas previsto en el Cogep (art. 56) utilizando los medios de comunicación, cuando es imposible determinar el domicilio o la residencia de una persona, debería incluir a Twitter, Instagram y Facebook, si se demostrare que el demandado en efecto posee una cuenta activa en una de esas plataformas. Ayudaría para citar a emigrantes y a los que se ocultan.
En Estados Unidos ya se ven progresos para detener la evasión de la citación de demandas o notificaciones judiciales. En días recientes, un Tribunal Federal de Manhattan autorizó a los abogados del Comité Nacional Demócrata para que “tuiteen” su demanda civil contra una de las partes demandadas. Esto ocurrió dentro del proceso iniciado en abril del presente año contra WikiLeaks (entre otros demandados), acusada de conspirar con el Gobierno ruso para impulsar la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016. Los abogados del indicado Comité habían intentado sin éxito citar la demanda por los medios tradicionales.
Fue así como dichos abogados crearon una cuenta en Twitter y finalmente citaron la demanda, escribiéndole a la destinataria @WikiLeaks de esta manera: “Por orden judicial, se les notifica con los siguientes documentos legales” (y añadieron los enlaces digitales que contienen la demanda y otros documentos).
El Tribunal Federal de Manhattan habría accedido a que se cite la demanda a @Wikileaks en su sitio en Twitter, luego de encontrar razonables los argumentos del Comité Demócrata, que concretan lo siguiente:
  • -La citación se haría en el mismo sitio desde el que WikiLeaks filtró los correos electrónicos internos del Comité Demócrata, durante las elecciones del 2016.
  • -WikiLeaks utiliza con regularidad su sitio en Twitter.
  • -WikiLeaks tiene una presencia virtual más que física, por tanto, el tribunal puede y debe ejercer su autoridad para autorizar la citación por “Twitter”.
  • -Los abogados del Comité Demócrata justificaron haber realizado repetidos intentos de entregarle a WikiLeaks el texto de la demanda por correo electrónico, desde el 20 de abril, pero todos los correos fueron rechazados. No obstante, WikiLeaks tuiteó sobre la demanda por lo menos seis veces, reconociendo en un tuit que la había leído.
  • -Que existían algunos precedentes legales para notificar la demanda a través de Twitter. Uno de ellos, del Tribunal del Distrito Norte de California, que reflexionó acerca del servicio de Twitter como una forma razonable de alertar a un acusado (o demandado), cuando este tiene una cuenta activa.
  • -“WikiLeaks parece tuitear a diario” los movimientos del Comité Demócrata.

Conocemos que en la Asamblea hay un trámite de reforma al Cogep. Una oportunidad para modernizar el procedimiento de citación. 
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 17 de agosto del 2018.

viernes, 10 de agosto de 2018

El señor de los cielos

Jorge G. Alvear Macías

El lunes de esta semana, en Miami, el canal Telemundo transmitió un capítulo de la serie de televisión “El señor de los cielos”, donde se aludió a un expresidente de Ecuador, como “vinculado a Bélgica y socio del narcotráfico”. La Republica EC lo resumió así: “(…) La serie de televisión (…) ha incluido, en el capítulo emitido la noche de este lunes (…) una referencia a un expresidente de Ecuador, vinculado a Bélgica, y que ha llegado a un acuerdo con los grupos narcotraficantes colombianos que operan en la frontera norte, para permitir el transporte de la ‘merca’ por Ecuador para ser trasladada hasta Europa…”.

Así, con las declaraciones del presidente Lenín Moreno, vertidas en ese mismo día, se fortaleció la percepción (dentro y fuera del Ecuador) acerca de la cómoda operación en el país de la narcoguerrilla y los carteles mexicanos, por el apoyo del gobierno de Correa.

Es que Moreno, durante su estancia en Bogotá, como invitado a la posesión presidencial de Iván Duque, insinuó que Rafael Correa tuvo pactos tácitos con narcos y grupos armados de la frontera con Colombia, para facilitar el tránsito de estupefacientes (medio digital Pulzo). Aunque el pacto ya había sido advertido por Moreno en otra entrevista al canal colombiano NTN24 en abril de este año, cuando se refirió al crimen organizado y las condiciones de inseguridad en las que el gobierno anterior dejó la frontera norte.

En opinión de Moreno los indicios del indicado acuerdo son: la desactivación de radares, el desmantelamiento de “la capacidad operativa de un ejército” y la existencia de “helicópteros en mal funcionamiento”.

¡Pero prohibido olvidar los otros indicios… los de Montecristi!, cuando los asambleístas de AP y afines propusieron y aprobaron en la Constitución el concepto de la ciudadanía universal y el libre tránsito de las fronteras (pese a las advertencias del peligro de ingreso de gente no deseada). Especialmente cuando se incluyó en la Carta (art. 7:3) el reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana –¡y por nacimiento!– no solamente a los nacidos dentro del territorio patrio (lo que es lógico), sino también a “…personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera”. Las FARC estaban ya asentadas en tales zonas y el gobierno de Correa se negaba a calificarlos de terroristas… apenas grupos “irregulares” o “grupos subversivos”. LÉA MÁS: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/08/10/nota/6898916/senor-cielos

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 10 de agosto del 2018.

domingo, 29 de julio de 2018

Assange, no extraditable

Jorge G. Alvear Macías

Mientras Julian Assange mantenga la nacionalidad ecuatoriana está protegido contra cualquier pedido de extradición por el artículo 79 de la Constitución (si se sostuviera que la Embajada en Londres es territorio ecuatoriano).

Assange es ecuatoriano desde diciembre del 2017. Se le concedió la nacionalidad mientras estaba asilado en la Embajada del Ecuador. Aunque la estrategia de la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa fue otorgarle la nacionalidad para abrirle el camino a la salida de la Embajada en Londres como miembro del cuerpo diplomático ecuatoriano con inmunidad diplomática y sin riesgo a ser arrestado, lo cual no resultó; ahora tal desafortunada iniciativa se ha convertido en una dificultad adicional o una inesperada salida de solución.

Quedan ahora solo dos opciones.

La primera sería que venga al país a cumplir la pena impuesta por los jueces del Reino Unido, lo cual está previsto en el COIP en el art. 727: “Las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional”. LÉA MÁS:  https://www.eluniverso.com/opinion/2018/07/27/nota/6878417/assange-no-extraditable

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 27 de julio del 2017

viernes, 20 de julio de 2018

Entre “compadritos”

Jorge G. Alvear Macías

Las aseguradoras privadas insisten en que se reforme la normativa de adjudicación de los contratos de seguros con las empresas públicas. Piden un concurso público con la participación de las aseguradoras privadas y públicas, en libre competencia como lo establece la ley.
Actualmente rige un “régimen de contratación especial” que beneficiaría a Seguros Sucre –controlada por el Estado–, que concentra los contratos de gran valor con el sector público. Sus costos duplican los ofertados por alguna empresas privadas, según denunció la asambleísta Ana Galarza en radio Democracia, en una entrevista nutrida con graves acusaciones de corrupción en esa forma de contratación monopólica. Habría sobreprecios en el pago del rubro reaseguro, manejado por un intermediario (en Miami) con las grandes reaseguradoras que operan en Londres. Galarza dijo que el costo del reaseguro no debería sobrepasar y sin embargo sobrepasa el 3% de la retención (prima), diferencia que constituye una enorme “comisión” que beneficiaría al intermediario y a sus “compadritos”.
Seguros Sucre está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, además de la Contraloría. Tales órganos de control podrían despejar dudas sobre la transparencia en la contratación del aseguramiento de los bienes del Estado, efectuada sin concurso público de precios e impuesta en un decreto de Rafael Correa. También podrían verificar los incumplimientos de la mencionada aseguradora, en indemnizar ciertos siniestros, tal como lo afirmó en una carta al presidente Moreno el exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Con el examen se podrán confirmar o desvanecer los impagos a Tame, Petroamazonas, Celec, Petroecuador, entre otras empresas públicas, por más de $ 206 millones (información de El Telégrafo).
En octubre del 2017, desde esta columna y bajo el título “Moreno ofreció transparencia…” (https://www.eluniverso.com/opinion/2017/10/06/nota/6416926/moreno-ofrecio-transparencia), recordamos que los contratos “a dedo”, además de encarecer las adquisiciones de bienes y servicios en el sector público, causan la proliferación de peculados, cohechos, concusiones, lavados de activos; además de la evasión tributaria, por el dinero de esas actividades que salió de las fronteras. LÉA MÁS: 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 20 de julio del 2018

viernes, 13 de julio de 2018

La justicia de Maduro

Jorge G. Alvear Macías

Es comprensible que el presidente Moreno exija respeto a Maduro por sus declaraciones sobre las decisiones judiciales en Ecuador. Concretamente la detención preventiva del expresidente Correa, ordenada por la Corte Nacional. Un presidente no debe manifestar injerencias en la administración de justicia de su país, menos en la de otro. Pero claro, Maduro es un dictador, cree que como él controla la justicia venezolana, también puede hacerlo acá. Así se explica el drama de la impunidad en Venezuela, que obliga a cambiar la postura internacional del Ecuador con el régimen de Maduro. Cambio que es imperativo, ante los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).
El pasado 22 de junio ese organismo publicó su último informe, en el que se reitera lo documentado en el de agosto del 2017, sobre la omisión de las autoridades venezolanas en responsabilizar a los autores de las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela (homicidios, desproporcionado uso de la fuerza represiva contra manifestantes opositores al Gobierno, malos tratos y torturas). LÉA MÁS: 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 13 de julio de 2018

viernes, 6 de julio de 2018

Víctimas y abuso de poder

Jorge G. Alvear Macías
Luego de que la jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva de Rafael Correa, este manifestó que Bélgica es un Estado de derecho y que allá no prosperaría un pedido de extradición. ¿Qué lo hace estar tan seguro?
En un Estado de derecho las autoridades gobiernan con límites, sometiéndose con acciones, y no retóricamente, al marco jurídico nacional e internacional. Las decisiones se sujetan a procedimientos claros, regulados por leyes diseñadas con respeto a los fundamentales derechos de las personas, a tratados internacionales de derechos humanos y observando recomendaciones de los organismos multilaterales de la materia.
En corto plazo, comprobaremos si las autoridades belgas cumplen los compromisos adquiridos con la comunidad de las Naciones Unidas (ONU), que constan en las resoluciones de la Asamblea General del organismo.
Por ejemplo, la Resolución 60/147 (16/diciembre/2005) que fijó Su apartado III, 4. señala: “…En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, LÉA MÁS: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/07/06/nota/6844661/victimas-abuso-poder
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 6 de julio del 2018.