Derecho a la reproducción, no al aborto…

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com

@jorgalve

  Este miércoles, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional realizó la audiencia solicitada por varios profesionales del derecho y la medicina. Ellos plantearon objeciones al proyecto de la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación que tramita dicha Comisión, antes de enviar su primer informe al pleno de la Asamblea. 

La audiencia se desarrolló en un ambiente tenso, diría poco cordial por parte de ciertos miembros de la Comisión. El presidente de la Comisión parecía más atento al reloj y esperando la oportunidad para advertirles a los invitados: “… le queda un minuto para concluir…”. 

Una de las críticas fue al título del proyecto, pues descubrió en el mismo el uso del eufemismo “interrupción voluntaria del embarazo”, en vez del vocablo aborto; y, además, evidenció en la denominación de la ley (lo que también observo en el artículo 3) la creación del derecho al aborto, derecho no contemplado en la Constitución ni en la Convención Americana de Derechos Humanos y menos reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH, que es la intérprete última de tal Convención. 

Lo que la CorteIDH sí hizo en el caso Artavia Murillo-Costa Rica fue conferir mayor protección a las mujeres en cuanto a sus derechos a la reproducción y no al revés (Paloma Lara C., Universidad Católica Argentina). Basta observar que los antecedentes de la sentencia se refieren al derecho a la reproducción asistida, en el contexto de la fertilización in vitro que le fue negada a una pareja sin hijos. 

También se nota en el proyecto, además de lo señalado anteriormente, que adolece de graves vacíos normativos que lo tornan incompatible con los razonamientos de la Sentencia n.º 34-19-IN/21 de la Corte Constitucional (CC), que dispuso su preparación; e inobserva una expresa indicación de la decisión de dicha Corte. Los vacíos pueden ser subsanados por la Comisión o el pleno; pero no la inobservancia, que impide continuar el trámite. 

En efecto, el proyecto no fija un tiempo máximo de gestación para permitir el aborto. Está indeterminado y abierto a la práctica en cualquier mes del embarazo. Es decir, incumple la instrucción de la CC de establecer “… condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación”. En Estados Unidos, el estado de Texas limita la práctica del aborto hasta la sexta semana de gestación, y a que se detecte el latido del corazón del feto –que usualmente ocurre en esa semana–. “… La vida de cada niño por nacer con un latido del corazón se salvará de los estragos del aborto”, dijo Greg Abbott, gobernador de Texas. 

Adicionalmente, entre los considerandos del proyecto no consta que se haya contado “… con la participación amplia y activa de la ciudadanía…”, incumpliendo así el defensor del Pueblo otra instrucción de la CC (n.º 195 de la sentencia). El proyecto debe devolverse para que se escuche a la ciudadanía inconforme con su formulación. ¿Acaso no somos una sociedad incluyente? (O)

No olvidar la Comisión Internacional contra la Impunidad

 

Jorge G. Alvear Macías

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No debería abandonarse la original oferta de campaña del presidente Lasso de crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, similar a la Cicig que funcionó exitosamente en Guatemala, enfrentando a la delincuencia organizada que cooptó ese Estado centroamericano. El organismo descubrió e incomodó a élites del poder involucradas en la voracidad de la cleptocracia (poder controlado por ladrones). Un modelo caracterizado por ser una institución independiente de investigación, con recursos económicos y personal especializado propios, pero que trabajó conforme al ordenamiento jurídico guatemalteco y que dependió del sistema judicial de ese país.

La Cicig escudriñó particularmente la corrupción en el sector público, y así diseñó el plan de acción, seleccionó y entrenó al personal que manejó un nuevo departamento del Ministerio Público-MP (Fiscalía General), que promovió y se denominó Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Además apoyó al MP en propuestas al Legislativo de leyes necesarias para batallar con la delincuencia organizada asociada al poder político, entre otras. Esa comisión internacional, como bien anota Elisenda Calvet Martínez, experta en Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona, en un análisis sobre su actuación: “… (funcionó) como una especie de fiscalía, aunque con poderes limitados, que (trabajó) junto con las instituciones guatemaltecas, capacitando al personal local a través del llamado efecto demostrativo (demostration effect) (Hudson y Taylor, 2010, p. 55). Para poder llevar a cabo su cometido, destacan dos funciones: por una parte, la posibilidad de promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos… como ‘querellante adhesivo’ (acusador adicional), es decir, de forma conjunta con el Ministerio Público… y… promover reformas legislativas para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones guatemaltecas para poder perseguir a estas estructuras criminales…” .

Entendemos que el señor presidente quiere responder al clamor de recuperar lo robado, pero esa iniciativa no se contrapone a la necesidad de sanear y preparar a los funcionarios idóneos de las instituciones encargadas de luchar contra el crimen organizado; lo cual es necesario para lograr sin temor al fracaso, el beneficio de la ayuda internacional para recuperar los dineros con origen en la contratación pública, obtenidos ilícitamente por exfuncionarios y personas naturales y jurídicas privadas, que se encontrarían en distintas jurisdicciones.

Como ya lo dijimos en un programa de televisión con el periodista Carlos Vera, ya existen los mecanismos legales para solicitar la colaboración de Estados Unidos para recuperar los activos apropiados por la cleptocracia. Inicialmente para el acceso inmediato de información o evidencias que sean admisibles en un tribunal, para condenar a los culpables y la ubicación de los activos que se pretenden recuperar. Esto consta en una guía práctica de cooperación internacional sobre la materia, elaborada por el Departamento de Justicia con el Departamento de Estado de Estados Unidos. (O)

El 11-S, el día más sangriento de Estados Unidos

Jorge G. Alvear Macías

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@jorgalve

 Mañana se cumplen 20 años del terrorífico suceso que modificó drásticamente la visión mundial de seguridad y, en especial, de Estados Unidos: la destrucción de las torres del World Trade Center en Nueva York, impactándolas con dos aviones de pasajeros. Fue un meticuloso plan, bien financiado, organizado y ejecutado por células del grupo terrorista Al Qaeda, creado por Osama bin Laden.

Ese día y con diferencia de minutos, dos equipos de la organización terrorista que también se habían apoderado de dos aeronaves en vuelo embistieron con una de ellas el edificio del Pentágono en Washington e intentaron con la otra atacar posiblemente la Casa Blanca o el Capitolio. Se conoció que lo impidieron los heroicos 38 pasajeros y 7 tripulantes de ese cuarto avión, enfrentando a los captores y obligándolos a estrellar la nave en un espacio inhabitado. Si el avión hubiera seguido segundos más en el aire, habría impactado una escuela con 501 estudiantes.

Muchos vimos, atónitos, en transmisión directa de televisión, imágenes del momento en que el avión de United Airlines se incrustó en la estructura de la Torre Sur del World Trade Center, la gran explosión con enormes flamas y columnas de humo negro; y luego cómo ambas torres de 110 pisos se desplomaban.

El siniestro plan, con la intervención de pilotos sauditas entrenados en USA y con apoyo de musulmanes estadounidenses, cobró más de 3.000 vidas humanas. Hay quienes sostienen que los pilotos pudieron practicar con simuladores de vuelo de Microsoft y Fly II para computadoras que “permitían volar entre las torres del World Trade Center y entrar en ellas”.

Los diarios de Estados Unidos, como el New York Times, Los Angeles Times, Houston Chronicle, Dallas Morning News y otros, describieron en sus portadas el drama y sentir estadounidenses, con titulares como ‘Estados Unidos atacado’, ‘Día de la muerte’, ‘Ataque terrorista Nueva York, Pentágono’, ‘¡Bastardos!’, ‘Un día diabólico’, ‘La gran infamia’, ‘Estamos en guerra’, ‘El día más sangriento de Estados Unidos. Este es el segundo Pearl Harbor’, ‘Día del terror’, ‘Terror e incredulidad’. En fin, la prensa recogió el sentir ciudadano de devastación, oscuridad y terror; así como su ira y el clamor de que los culpables pagaran sus terribles crímenes.

El periodismo también invitó a reflexionar. Nancy Gibbs en la revista Time (sept. 14, 2001) escribió bajo el título ‘Si quieres humillar a un imperio’: “El acero, ahora lo sabemos, se dobla y se derrite; ahora necesitamos estar hechos de algo más fuerte que eso. (…) ¿Entramos en pánico ahora o seremos valientes? Una vez que los buldóceres y volquetas hayan limpiado los escombros y se hayan rezado mil misas fúnebres (…), las calles estén limpias de cenizas y vidrios y las tiendas y monumentos y aeropuertos vuelvan a abrir, una vez que hayamos comenzado a explicar esto a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿qué haremos? ¿Qué más que construir nuevas catedrales, y si son bombardeadas, construir algunas más? Porque la fe está en el acto de construir, no en el edificio en sí, y ninguna cantidad de terror puede evitar que rasquemos el cielo”. (O)