Jorge G. Alvear Macías
Hay
mucho que se dice y otro tanto se omitió en las observaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –observaciones que no
constituyen una condena al Estado–, sobre la situación de los derechos
humanos durante las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de
octubre del año pasado. La omisión podría ser el resultado de la
información incompleta o de la falta de justificación de los hechos
alegados por el Gobierno, lo que aún podría hacerse para constancia
histórica. Recordemos que el canciller sostuvo ante el seno de la OEA –y
debe ser comprobado ante la CIDH– que la Policía y las Fuerzas Armadas
no usaron armas letales en esos días y que las muertes registradas
durante tales protestas no estuvieron relacionadas directamente con la
fuerza pública; y que en las protestas hubo injerencias externas
asociadas a grupos políticos y organizaciones irregulares, para
desestabilizar al Gobierno. Algo de las demostraciones de tales
injerencias comentó la ministra Paula Romo en un encuentro con
articulistas de EL UNIVERSO, las que ayudarían a respaldar la posición
del Estado ante la CIDH.
Lo cierto es que en la comunicación oficial de la indicada Comisión se confirma que hubo actos de violencia, saqueos y caos, concomitantes con las protestas acaecidas tras la suspensión de los subsidios a los combustibles. Que por la grave conmoción y la alteración del orden público se declaró el estado de excepción por 60 días a nivel nacional, y que la Corte Constitucional luego de dar su conformidad en lo constitucional, redujo a 30 días. La CIDH también anotó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil y que el Ejecutivo dispuso que las actuaciones de las entidades de seguridad ciudadana y sus servidores debían realizarse en estricto apego a los derechos humanos, garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Ecuador.
En dicho contexto remarcó que por información de “público conocimiento”, en la respuesta del Estado a los actos de protesta, en determinados casos se recurrió al uso excesivo de la fuerza, principalmente (no sostiene que fue un trato generalizado), en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones en Quito y en sus territorios ancestrales. Pero la Comisión también acogió información de que, “en determinadas circunstancias”, grupos de personas que se manifestaban provocaron graves desmanes durante algunas protestas, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos, incendios y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. Y que el Estado justificó el estado de excepción para contrarrestar acciones violentas, agresiones y saqueos por parte de manifestantes.
La CIDH afirma que recibió abundante información y testimonios sobre
actos de violencia, sin indicar de qué sector provenían, y de la
respuesta del Estado a tales desmanes, así como del desarrollo del
proceso de diálogo entre las distintas partes involucradas. Que la
delegación visitó instalaciones estatales, centros de detención y
algunos lugares donde ocurrieron protestas. Que hubo reuniones con
grupos de personas y organizaciones de diversos sectores, incluidas
organizaciones de pueblos indígenas, en Quito, Cuenca, Guayaquil y
Latacunga. Fue cuando recogió testimonios de presuntos afectados por las
protestas, así como por la política de contención implementada por el
Estado. (O)
(Continuará).
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 31 de enero del 2020
Lo cierto es que en la comunicación oficial de la indicada Comisión se confirma que hubo actos de violencia, saqueos y caos, concomitantes con las protestas acaecidas tras la suspensión de los subsidios a los combustibles. Que por la grave conmoción y la alteración del orden público se declaró el estado de excepción por 60 días a nivel nacional, y que la Corte Constitucional luego de dar su conformidad en lo constitucional, redujo a 30 días. La CIDH también anotó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil y que el Ejecutivo dispuso que las actuaciones de las entidades de seguridad ciudadana y sus servidores debían realizarse en estricto apego a los derechos humanos, garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Ecuador.
En dicho contexto remarcó que por información de “público conocimiento”, en la respuesta del Estado a los actos de protesta, en determinados casos se recurrió al uso excesivo de la fuerza, principalmente (no sostiene que fue un trato generalizado), en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones en Quito y en sus territorios ancestrales. Pero la Comisión también acogió información de que, “en determinadas circunstancias”, grupos de personas que se manifestaban provocaron graves desmanes durante algunas protestas, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos, incendios y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. Y que el Estado justificó el estado de excepción para contrarrestar acciones violentas, agresiones y saqueos por parte de manifestantes.
La CIDH afirma que recibió abundante información y testimonios sobre
actos de violencia, sin indicar de qué sector provenían, y de la
respuesta del Estado a tales desmanes, así como del desarrollo del
proceso de diálogo entre las distintas partes involucradas. Que la
delegación visitó instalaciones estatales, centros de detención y
algunos lugares donde ocurrieron protestas. Que hubo reuniones con
grupos de personas y organizaciones de diversos sectores, incluidas
organizaciones de pueblos indígenas, en Quito, Cuenca, Guayaquil y
Latacunga. Fue cuando recogió testimonios de presuntos afectados por las
protestas, así como por la política de contención implementada por el
Estado. (O)(Continuará).
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 31 de enero del 2020
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