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Hoy, hace 15 años, se inició la ruptura de la democracia y la ciudadanía no se percató. Una turba del gobierno de Correa nos agredió a quienes éramos vocales del Tribunal Constitucional (TC). Hubo más abusos, pero ese día comenzó el derrumbe de la separación de poderes, concebida por Montesquieu. Lo empezaron quienes vociferaban la cantinela “¡Se van y no volverán!”. Destacaba un cabecilla del MPD de apellido Escala. Rompieron puertas e intentaron herirnos con garrotes, por haber impartido justicia constitucional y restituido a 50 diputados del Congreso Nacional. Junto a las catervas de Alianza PAIS, Conaie y Pachacutik querían evitar tal decisión, pero era tarde… ya estaba notificada nuestra resolución al presidente del Congreso.
No obstante lo anterior, la restitución fue desacatada por Correa esa misma noche. También nos amenazó con enjuiciarnos por un supuesto prevaricato. Para él, actuamos cuando ya “habían terminado (nuestras) funciones”; pese a que fuimos elegidos 14 meses antes y por 4 años. Mientras tanto, los suplentes “diputados de los manteles” permanecían dentro del Congreso Nacional (gracias a los viáticos que les había entregado el hermano del presidente Correa –Fabricio–, del fondo de campaña de Alianza PAIS), contaban con apoyo policial que además impidió ingresar a los titulares restituidos. Así, los suplentes hicieron quorum en la sesión del día siguiente 24 de abril de 2007 y el Ejecutivo logró que se declarara “concluido el periodo” de nuestra designación, aunque faltaban 34 meses.
La arbitraria decisión del Congreso Nacional meses después condujo a su propia cesación, dispuesta por la Asamblea de Montecristi; y, buena parte de los complotados terminaron siendo víctimas de su propia ceguera y ambición desmedida de poder, pagando incluso algunos de ellos el precio de la denigración moral y física (Quishpe, Tibán y otros). Fueron los primeros arrasados por el totalitarismo antidemocrático.
Lo cierto es que el país sufre las consecuencias del engaño, de la inseguridad jurídica, corrupción organizada, entrega del territorio al narcoterrorismo y a los carteles. Esto, por leyes correístas que facilitaron el fraude en la contratación pública; derroche del erario en universidades públicas (Yachay) y en refinerías ficticias; megaobras construidas con graves defectos; adquisición de equipos militares de dudosa calidad (Dhruvs, aviones usados, inútiles bases marinas móviles, drones de vigilancia y radares chinos); deuda inicua; judicatura cooptada por la política y la corrupción e impunidad de delincuentes; veleidades en el reconocimiento de derechos que contribuyen a banalizarlos; indefensión ciudadana; pésima representación en la Asamblea (con pocas excepciones) y como resultado un trabajo de ignorantes, ello porque la Corte Constitucional decidió no restringir con necesarios requisitos “el derecho a ser elegido”; y para colmo, la implantación de la cultura del cinismo y de jueces desafiantes que rifan habeas corpus.
En definitiva, el ataque al TC en un día como hoy abrió el camino a la infamia. Murió la democracia. Lo que nos queda es un espejismo y una sociedad sin esperanza. (O)
