Sobre el CPCCS

Tomado de la publicación La Tómbola Ideológica 

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve              jorgalve@yahoo.com

Con los resultados electorales del domingo 24 de marzo, se evidenció la insuficiente representatividad de algunas autoridades electas; especialmente y en concreto, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Particularmente se confirmó la crisis de representatividad de la mayoría de los partidos políticos u organizaciones de tal índole. Esa es la lectura del ausentismo, de los votos en blanco y los votos nulos, en comparación con los votos positivos, lo que constituye una señal alarmante de deslegitimación. Por ejemplo, en la ciudad de Miami el ausentismo fue tal que en las mesas con padrones de 500 personas, solo votaron un promedio de 65.

¿Desinterés o repudio, o ambos al mismo tiempo? Los votos nulos en las papeletas para la elección de miembros del CPCCS representaron un promedio del 22,95% a nivel nacional. En el exterior ese porcentaje se incrementó a casi el 27% (Europa y Asia, según el diario El Comercio).

Por lo anterior, resulta muy alentador el anuncio del miércoles de esta semana del doctor Julio César Trujillo de que desde mayo comenzará a recolectar firmas para eliminar al CPCCS, reiterando así (y hasta respondiendo a los incrédulos) su compromiso de recorrer el país y promover la eliminación de dicho CPCCS. Un organismo propiciador de autoritarismo y corrupción.

La plausible iniciativa del doctor Trujillo debería reenfocarse hacia una enmienda constitucional y reforma legal vía referéndum, que no desaparezca al organismo sino que lo limite, para no entrar en la discusión de la necesidad de una constituyente. Ya existe un precedente de enmienda constitucional que permitió reestructurar el Consejo de la Judicatura, tanto en su composición como en sus atribuciones (agregándole la facultad de destituir jueces con la figura del error inexcusable). Aquello permitió al expresidente Correa “meterle mano a la justicia”.

En esa línea de pensamiento proponemos al doctor Trujillo solicitar las firmas para respaldar la pregunta siguiente:

             “1. ¿Está usted de acuerdo en suprimir atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pertinentes a la designación de autoridades estatales y trasladarlas a la Asamblea Nacional, enmendando para el efecto el número 11 del artículo 120, el artículo 208 de la Constitución y reformando el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como lo establece el anexo 1? SÍ ( ) NO ( )”.

En el anexo constaría la enmienda del artículo 120 (número 11) y del artículo 208 de la Constitución. Así, el artículo 120 enmendado permitiría a la Asamblea Nacional designar y posesionar al procurador general del Estado y superintendentes de entre las ternas propuestas por el presidente de la República, luego de un proceso de impugnación y veeduría ciudadana. La Función Legislativa también designaría y posesionaría al defensor del Pueblo, defensor público, fiscal general del Estado y contralor general del Estado; a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Dentro de un proceso de selección, impugnación y veeduría. Continuaría con la atribución de posesionar a los miembros del CPCCS; y, a este solamente se le suprimirían las atribuciones de designar autoridades del Estado con la enmienda del texto artículo 208 de la Constitución, manteniendo las restantes. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 29 de marzo del 2019.

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Votar nulo es una opción democrática

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

Tan democrática como la opción del voto en blanco.

Ambas son expresiones de voluntad y manifestación de rechazo o descontento del votante, forzado por las opciones políticas presentadas en la lid electoral. No obstante, convengo con quienes afirman que el rechazo no necesariamente apunta a determinados candidatos a una dignidad. En el caso de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se ha convocado, más bien se lo está proponiendo como un reproche a la existencia misma del organismo, que concentra facultades contrarias a la tradición republicana que consagró la división de poderes y la virtud del control de las funciones del Estado, que radica en el sistema de pesos y contrapesos.

La opción del voto nulo tiene coherencia en un debate de ideas y opciones políticas, que no solo se circunscriben a candidatos sino a concepciones y principios. Descalificarla por originar un supuesto beneficio a determinadas candidaturas y/o a perjuicio de otras, implica intolerancia dentro de una sociedad que se reputa democrática.

La opción, ante todo es expresión de dignidad y responsabilidad, además de legítima y legal (pues está prevista en el Código de la Democracia), que puede ser utilizada como mecanismo de defensa del ciudadano ante la crisis de los partidos y organizaciones políticas. Especialmente, para confrontar a los colectivos sin ideología y carentes de proyectos políticos serios, pues generalmente aparecen cada cierta temporalidad en época de elecciones, con candidatos que pocos conocen. Algunos candidatos incluso no tienen idea de lo que deben hacer si llegaren al cargo. A otros pareciera no importarles la “tienda” política que los apoya, evidenciando anticipadamente y de alguna manera, que únicamente buscan concretar su ambición personal de alcanzar el poder y servirse del cargo y hasta de los recursos del Estado.

Estimamos, en coincidencia con el periodista guatemalteco César Sagastume, que la opción del voto nulo ayuda a rectificar los errores de la democracia y los vicios que han supuesto la desinstitucionalización de un país. En el caso del Ecuador, la creación del CPCCS con ilusoria participación ciudadana, sin duda engendró y favoreció prácticas antidemocráticas, así como opacidad, corrupción e impunidad del saqueo de los dineros del Estado.

Con los resultados de este domingo 24 de marzo, si hubiere un pronunciamiento vigoroso de rechazo a la existencia misma del CPCCS, el mandato de rectificar deberá ser cumplido por el ejecutivo, quien tendrá que convocar a la consulta popular sobre la reforma constitucional para hacer desaparecer el indicado organismo y que la atribución de designar autoridades de control sea asumida por la función legislativa.

Si el presidente Moreno no respondiere al clamor de la ciudadanía, tendrán los líderes políticos sensibles la oportunidad de canalizar la aspiración de un gran segmento de la población, que desea ser escuchada en una consulta popular con la finalidad de eliminar el maquiavélico organismo o al menos mantenerlo con funciones limitadas, para evitar una nueva década de desbordes autoritarios y corrupción.

Vamos, pues, a ejercer todas nuestras opciones democráticas en el proceso electoral. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 22 de marzo del 2019.

https://www.eluniverso.com/opinion/2019/03/22/nota/7244879/votar-nulo-es-opcion-democratica

¡Intervención internacional, ya!

 

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

     Lo que acontece en Venezuela (caos, detenciones arbitrarias, violencia, saqueos, muertes en hospitales, luego de 150 horas sin luz, mientras la población busca desesperada agua y alimentos) es el resultado de un infamante régimen ilegítimo. Por ello urge la intervención armada internacional para liberar a los sobrevivientes en estado de indefensión, sometidos por una casta militar apoyada por Cuba, Rusia y China, principalmente.

      Ciertos simpatizantes con el Socialismo del Siglo XXI recomiendan negociar la salida del conflicto. A pesar de que Maduro cerró todas las posibilidades e incumplió sus ofertas de negociación, como se comprobó con la carta que le cursó el papa Francisco en pasados meses.

      Quienes promueven el mecanismo de negociación dan como ejemplo la pacificación supuestamente obtenida en la vecina Colombia, a través del acuerdo alcanzado con las FARC. Ellos olvidan que las circunstancias eran distintas, más allá de los dudosos beneficios logrados en ese país. Para empezar, existía un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y Policía del Estado con una fuerza guerrillera organizada militarmente, que actuaba con un plan estratégico financiado por el narcotráfico y el secuestro extorsivo, sumando el terrorismo a su acción beligerante. El triste episodio del exmiembro de las FARC Guacho nos hizo vivir esa realidad.

      En Venezuela, al menos el 90% rechaza al dictador Maduro, población desarmada que solo tiene las calles para protestar arriesgando su vida. Mientras, el régimen dispone de las fuerzas armadas del Estado, y también cuenta con milicias civiles armadas para reprimir y asesinar a los civiles.
Por lo anterior, dentro y fuera de Venezuela, incluyendo oficiales de sus Fuerzas Armadas en situación de retiro (publicación Venezuela al Día, Dic. 2018), claman por la intervención armada internacional para devolverle al país la libertad y la democracia.

      Lo dicho, claro está, observando los medios y principios establecidos por Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Concretamente el principio de responsabilidad de proteger, que obliga a las naciones del mundo a intervenir para detener crímenes contra la humanidad (un requisito de los estándares internacionales). De manera particular, cuando es el propio Estado, como en Venezuela, el que no protege a la población, siendo en realidad el autor de los crímenes o al menos el instigador.

      Muchos de los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y encarcelamientos arbitrarios cometidos en Venezuela guardan similitud con los crímenes perpetrados durante la dictadura argentina por agentes estatales y grupos vinculados a las estructuras estatales. Tienen el mismo carácter sistemático y a gran escala; por tanto, se consideran crímenes contra la humanidad. Lo confirmaron expertos internacionales (2018) convocados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ellos encontraron fundamento suficiente para acusar crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

      El pasado 23 de febrero, militares y paramilitares impidieron el ingreso de ayuda humanitaria para Venezuela, incendiando al menos tres vehículos, resultando 14 personas asesinadas y centenares heridas. Por esto, Luis Almagro expresó: El mundo pudo ver con sus “propios ojos” cómo  el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que “destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad”.

      ¡Urge la intervención internacional!(O)

*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 15 de marzo del 2019.

 Ver el artículo en El Universo aquí

Jueces, ¿cómo evaluarlos?

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

jorgalve@yahoo.com

El anuncio del Consejo de la Judicatura sobre la próxima evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha causado gran expectativa, más allá de la reacción de la titular de dicha corte que expresó sus reparos. La evaluación se realizaría a base de un reglamento que establecería la remoción de funcionarios que no alcancen el 80% en la calificación global.  Este reglamento no prevé una segunda oportunidad para los que no reúnan los puntos necesarios para permanecer en el cargo.

El caso es que para la evaluación del desempeño y la productividad de los servidores judiciales aquella debe realizarse de forma individual, periódica y con control social, a pesar de su derecho a ser examinados nuevamente. El control social es necesario para establecer el desempeño de los jueces, además de su productividad en el despacho de las causas cuyo elemento descollante es el establecer la conducta ética y la transparencia de los evaluados. Por ello, es importante que en el reglamento se contemplen los medios para ese control social, que garanticen, de ser necesario, la confidencialidad y el efectivo trámite de las denuncias de corrupción que involucren a jueces u otros funcionarios de la Corte Nacional. 

Está bien que el reglamento recoja los parámetros de transparencia y legitimidad, no considerados en anteriores evaluaciones, pues la transparencia tiene que estar presente en el desempeño del juez relacionado con el principio de probidad que impone la Ley Orgánica de la Función Judicial: “…Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial…”. De tal manera que el Consejo de la Judicatura tiene el suficiente poder de decisión para separar de la carrera judicial al magistrado que haya incurrido en la inconducta que infrinja el principio de probidad, establecida con el control social.

La normativa requerida debe responder a un criterio básico de fiscalización con ayuda externa e independiente, aunque finalmente será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tomará las decisiones. Esto, cuidando las garantías necesarias para no caer en arbitrariedad ni en violación de la independencia judicial. Las normativas de evaluación para enfrentar el actual estado de corrupción, que incluso ensombrece a la Función Judicial, deben evitar suspicacias y permitir llegar a la información individual de cada juez de la Corte Nacional, no solamente del número de causas que ha tramitado y resuelto, considerando el total de las asignadas y de las que participó como ponente.

El proceso de evaluación de los magistrados también exige conocer su hoja de historia personal, vinculación político-partidista y crecimiento patrimonial; la calidad de las resoluciones (incluidas las ocasiones que varió su propio precedente jurisprudencial) y su avance académico. Pero lo anterior exige la independencia e imparcialidad de los miembros del Consejo de la Judicatura, para prevenir los conflictos de intereses.

Un reglamento de evaluación de jueces debe permitir identificar a los corruptos, con la ayuda de la ciudadanía. A los de peor producción incentivarlos a mejorar, así como destacar a los mejores, para sistematizar sus buenas prácticas y difundirlas como ejemplo. 

*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 1 de marzo del 2019,
https://www.eluniverso.com/opinion/2019/03/01/nota/7212737/jueces-como-evaluarlos