viernes, 30 de junio de 2017

El blindaje de Glas

Jorge G. Alvear Macías


Las declaraciones de ciertos asambleístas de Alianza PAIS, anticipando opiniones sobre la falta de méritos para un llamado a juicio político al vicepresidente Glas, han generado muchas suspicacias. 

Argumentan que carecería de fundamento la solicitud de juicio político presentada esta semana con la firma de 59 parlamentarios y que si no lo hace el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la inadmitirá la Corte Constitucional al verificar los requisitos de ley, supuestamente incumplidos. Lo vienen sosteniendo antes de la presentación de dicha solicitud.

Algunos parecen confundir la falta de fundamentación con la carencia de pruebas directas y vinculantes al vicepresidente; además estiman, erróneamente, que si no se acompañan las pruebas a la solicitud del juicio político, el CAL debe archivarla in limine.  

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*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 30 de junio del 2017.

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viernes, 23 de junio de 2017

Y ahora Martín Pallares

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve


La querella planteada por el expresidente Rafael Correa contra el periodista Martín Pallares y por la que podría ser condenado con la privación de libertad de quince a treinta días, (COIP, art. 396, numeral 1), evidencia que ese cuerpo legal mantiene –en forma disfrazada– la penalización de las injurias, aunque no se las mencione como tal. La indicada norma punitiva establece la sanción a “…La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra...”. 

De lo que se conoce, el origen de la querella es un artículo de opinión publicado el 25 de abril de 2017 en el medio digital 4Pelagatos. Es decir, cuando Rafael Correa aún era presidente. Pallares criticó declaraciones del exmandatario vertidas en una rueda de prensa en Guayaquil, en la que mencionó que su exministro Alecksey Mosquera no era funcionario cuando recibió un millón de dólares (mucho después de que se firmó el contrato Toachi-Pilatón), por lo que no podía considerarse una coima.

*Publicado originalmente en el diario El Universo, el día viernes 23 de junio del 2017.


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viernes, 16 de junio de 2017

El candidato

Jorge G. Alvear Macías

Ha trascendido que el Estado ecuatoriano habría postulado para integrar al Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) a un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, el doctor Alexis Mera, artífice en mucho de la legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos aprobada en los últimos 10 años, como la Ley Orgánica de Comunicación. El CEJA fue creado en 1999, con sede en Santiago de Chile, y sus miembros son los países integrantes activos de la OEA. Funciona con un Consejo Directivo.

En el portal de internet del CEJA se registra la actual composición de su Consejo Directivo y la del pasado, así como la excelente hoja de vida que acompaña a quienes son o fueron sus consejeros. Muchos de ellos con prestigiosa trayectoria. Por ejemplo, María Soledad Alvear Valenzuela, canciller de Chile en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, impulsora de una política exterior caracterizada por una identidad latinoamericana; política comercial de amplia apertura; y un fuerte impulso de la cooperación internacional. Antes fue ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Justicia durante el gobierno del presidente Frei, cuando impulsó una reforma global de la justicia chilena. En el gobierno del presidente Aylwin (1990-1994) fue ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, institución que ella fundó. LÉA MÁS http://www.eluniverso.com/opinion/2017/06/16/nota/6232867/candidato

*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 16 de junio del 2017.





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viernes, 9 de junio de 2017

Una ‘cirugía mayor’

El presidente Lenín Moreno posesionó a algunos integrantes del Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. La lucha anticorrupción “será implacable”, anticipó el mandatario. Destacó que sus integrantes contarán con la asesoría permanente de la agencia y organismos del Sistema de Naciones Unidas, pero no se conoce la suscripción de compromiso alguno.
Al indicado Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se le asignaron cuatro atribuciones: proponer al presidente de la República estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en los sectores público y privado; exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones, de acuerdo con las competencias que les confiere la ley, respetando el debido proceso; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y valores; y, presentar propuestas de políticas y normas para la transparencia y lucha contra la corrupción. Se entiende que el Frente no impulsará investigaciones, lo cual confirmó Xavier Zavala, uno de sus miembros.
Lo anunciado se da cuando el país llegó al nivel más preocupante del debilitamiento institucional del Estado de Derecho; primordialmente en materia de la lucha anticorrupción, luego de 10 años durante los cuales las instituciones del sistema de justicia fueron cercadas por la clase política dominante del Gobierno. LÉA MÁS: 
*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 9 de junio del 2017.

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viernes, 2 de junio de 2017

La deuda pública

Con el inesperado anuncio del Ministerio de Finanzas, sobre una nueva emisión de bonos soberanos por la suma de 2.000 millones de dólares, se incrementó la preocupación sobre el monto de la deuda pública acumulada en estos 10 años. El anuncio es un mensaje contrario a la austeridad fiscal anticipada por el presidente Moreno en su posesión. Es un indicio de que la situación de iliquidez del Gobierno es sumamente grave. Al punto que lo ha obligado a tomar un préstamo del monto indicado, para pasar los requerimientos dinerarios de solo un mes.
Aun cuando se haya dicho que esos 2.000 millones de dólares se utilizarán en el financiamiento del Plan Anual de Inversiones del 2017 y “principalmente para concluir obras de infraestructura en proceso”, entendidos sospechan que servirán para cubrir el gasto corriente mensual, debido a la merma de ingresos ordinarios. Los plazos y tasas de interés previstos para pagar los bonos emitidos son apremiantes (1.000 millones de dólares a 6 años plazo, al 8,75% y otros $1.000 millones a 10 años plazo, al 9,62%), lo cual equivale a pan para hoy y hambre para mañana. 
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*Publicado originalmente en el diario El Universo el día viernes 2 de mayo del 2017
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