Jorge G. Alvear Macías
Esta semana se concretó el pedido del Comité por la Reinstitucionalización del País, presidido por el doctor Pablo Dávila, para que la Corte Constitucional (CC) califique dos preguntas de un llamado a consulta popular con las propuestas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y trasladar sus facultades de designación de autoridades a la Asamblea Nacional; reformar la estructura de la Asamblea Nacional (introduciendo la bicameralidad); y, que la Fiscalía General del Estado se convierta en un ente no dependiente de la Función Judicial.
El pronunciamiento de la CC deberá incluir el señalamiento de la vía constitucional para modificar la Constitución, si acaso la ciudadanía aceptare la propuesta del comité al que se pertenece Pablo Dávila, quien fuera miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-t) presidido por Julio César Trujillo, quien en vida fue impulsor de la eliminación del CPCCS. La iniciativa a la fecha cuenta con el respaldo de numerosos sectores de opinión y tiene coherencia con los resultados electorales en los que se evidenciaron la escasa votación que recibieron los miembros elegidos y el voto nulo mayoritario.
Conviene recordar que la actual Corte Constitucional, en una sentencia interpretativa de días pasados, estableció que el dictamen que habilite la convocatoria de una consulta popular debe darse antes del proceso de recolección de firmas.
Coincidimos con Dávila en que el comportamiento de los actuales funcionarios del CPCCS confirma que este órgano es extremadamente peligroso para la democracia del país. Ese experimento de Montecristi, desafortunadamente, resultó en una suerte de disparo en el pie para el país, aunque desde entonces algunos asambleístas advirtieron de la falta de claridad de los mecanismos para su integración.
Está a la vista que se engendró un apéndice del ejecutivo, en desmedro de la separación de poderes y para la cooptación del Estado por grupos que usufructuaron por la corrupción llevada a niveles nunca antes registrados y solamente vistos en países africanos, hasta que aparecieron en el Brasil de Dilma y Lula, la Argentina de los Kirchner y la Venezuela de Chávez y sus sucesores de estos días.
El pedido de Dávila a la Corte Constitucional no es el único con el mismo objetivo. Antes se presentó otro del movimiento Ahora y la Corte también tendrá que considerarlo en su pronunciamiento.
La propuesta del Comité por la Reinstitucionalización del País incluye retornar a la bicameralidad legislativa, que con los ajustes apropiados es una necesidad para realzar el ejercicio democrático en esa función de Estado. La doble deliberación efectuada en dos cuerpos legislativos devolverá el contrapeso interno y alejará las posibles manipulaciones del Ejecutivo, las que sí se favorecen con la unicameralidad. Se frenará la legislación apresurada e impremeditada. La unicameralidad en la mayoría de los sistemas propicia la tiranía parlamentaria, que es la más nefasta por su gran poder e inclinada a actos irresponsables, características observadas durante el predominio de Alianza PAIS en la Asamblea, con su permanente mensaje expresado de distintas maneras ante las minorías y la opinión pública: “¡Va porque va; si no, ganen las elecciones!”.
Bien por las iniciativas comentadas. (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 26 de julio del 2019
