domingo, 27 de diciembre de 2020

¿Extrañaremos el 2020?

 ¿A qué aspiramos para el 2021 y los años venideros?

¿Estamos conformes con este país de nuestros ancestros mestizos, negros e indígenas, en medio de la indiferencia de muchos ante la nueva amenaza del COVID-19? ¿Nos importará continuar atrapados en la corrupción más indignante, con una función judicial que se burla ante el pedido ciudadano de castigarla ejemplarmente y por el contrario se ensaña con gente inocente como Carolina Astudillo, imponiéndonos así su cínica crueldad y falta de probidad?

¿Nos someteremos a la permanente incertidumbre política (y económica) generada por la torpeza y terquedad de quienes se asumen por sí y ante sí como salvadores de las víctimas del actual desastre; en el que también tienen responsabilidad porque lo propiciaron arteramente en conciliábulos sectarios o por egoístas zancadillas?

¿Será posible llegar al 2021 con mediano optimismo y no terminar añorando el 2020 como dejó entrever el economista Francisco Swett en un programa de la radioemisora i99 FM? Swett le recordó al entrevistador Javier Segarra que el año pasado (2019) había comentado en ese medio las quejas de la gente sobre la mala situación económica de entonces y advirtió “… que al paso que vamos al año siguiente, el 20, extrañaríamos al 19; lamentablemente estuve en lo correcto y eso que no conté con la pandemia…”. El entrevistado en esta ocasión observó que dadas las circunstancias de la carencia del país de reservas de dinero, la situación fiscal comprometida y un periodo electoral de alta incertidumbre, se inclina a pensar: “… en el año 21, podríamos estar extrañando el año 20; es así de simple, no hay fuerza en la economía… y si por acaso tocase un gobierno que promete dar dinero al día siguiente de ser inaugurado o un gobierno que promete exclusivamente cobrar impuestos, yo diría sin temor a equivocarme que sería el inicio de la desdolarización en el país. Eso puede ocurrir el año 21…”.

Con esa expectativa, la de un entendido en la materia, a los neófitos nos resulta muy difícil encarar el futuro sin desesperanza. Tanto más, que la competencia por el poder político también exacerba la negatividad y la violencia que esta semana ya cobró la vida de un exasambleísta, en Quevedo. Triste evento que recuerda la época que agobió a Colombia, cuando se contrataban sicarios para eliminar a los rivales en procesos electorales.

Están cerca las elecciones de febrero del 2021, para sustituir al actual gobierno, a los asambleístas y a los parlamentarios andinos, pero desafortunadamente están condicionadas por la incertidumbre en su organización, a su vez producto de la suma de confluencias de acciones de la Contraloría, CNE y el TCE en el último año, en las que algunas de ellas evidenciaron en sus actores desconocimiento, negligencia, improvisación, burdo cálculo político y la audaz manipulación de las normas jurídicas.

El enfrentamiento de esas instituciones, para muchos sin importancia, nos empuja a renegar de la democracia y a extrañar el doloroso 2020. ¿Cuál de las instituciones involucradas retrocederá, para que no ocurran tan absurdas posibilidades? (O)

*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 25 de diciembre del 2020.

Lea este artículo en EL UNIVERSO 

domingo, 20 de diciembre de 2020

Hoplofobia


El proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, presentado en estos días por el asambleísta Luis Esteban Torres, ha llamado la atención del periodismo. Y qué bueno que sea así, para que se debata racionalmente la necesidad de mantener o no coartado el implícito derecho humano fundamental de todo individuo a preservar la vida propia, de su familia y de terceros, en situaciones de amenazas graves y sobre todo cuando el Estado ha fallado en su obligación de hacerlo frente al embate de la delincuencia dotada con armas de fuego; y la evidente impotencia estatal para desarmarla.

La iniciativa de Torres ha sido calificada por ciertos respetables comentaristas como parte de un baratillo de ofertas, desde su situación en la derecha más extrema, que no quiere contemplar el origen socioeconómico del problema de la delincuencia y que solo ve la solución en la aplicación de la fuerza entregando armas a los ciudadanos, lo cual conlleva el riesgo cierto –según ellos– de incrementar la violencia social y la intrafamiliar, sin resolver el problema. Palabras más, palabras menos.

El caso es que la ley aludida actualmente no prohíbe la tenencia o porte de armas para la defensa, derecho que solo está restringido por los estrictos requisitos de idoneidad. El expresidente Correa, contrariando la ley, vía acuerdo ministerial dispuso la suspensión de los permisos; posteriormente, el Gobierno actual ratificó la prohibición.

A nivel mundial existe polarización sobre la relación entre armas de fuego y violencia. De un lado, los que intentan argumentar que la posesión o el uso de armas en la ciudadanía inciden gravemente en los índices de violencia. En el otro extremo, hay estudios que sostienen que el porte de armas de un ciudadano contribuye a reducir la violencia, desde que actúa como factor disuasivo sobre los delincuentes. Esta segunda corriente, originaria de los autores John Lott y David Mustard, se basa en estudios que han demostrado que en países y regiones en donde está prohibida la tenencia y el porte de armas, los niveles de violencia criminal son mucho más altos que en los países en donde el porte está permitido. Las referencias a tales estudios están recogidas en una publicación de la Oficina contra la Droga y el Delito, de Naciones Unidas, titulada Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia. En la misma publicación se complementa a Lott y Mustard, señalando que en los periodos que siguen a las prohibiciones de armas de fuego, en efecto se reduce la violencia con armas de fuego, pero aumentan los niveles generales de violencia con otras armas. Eso es lo que ocurrió luego de la prohibición implantada por el correato y ratificada en este régimen. Además de que la fabricación artesanal de armas de fuego continuó, que también es origen de las armas de la delincuencia en este país; e incrementó el tráfico ilegal de armas importadas de alto calibre.

El debate del proyecto de Torres debe realizarse sin la influencia de ideologías ni hoplofobia. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 11 de diciembre del 2020.

Lea este artículo en EL UNIVERSO