La seguridad en Johannesburgo

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com

@jorgalve

 El vocero presidencial Carlos Jijón dijo recientemente al informativo digital Primicias que en dos años el Gobierno planea tener 20.000 policías más en las calles, entre las medidas que tomará para luchar contra la inseguridad, a corto, mediano y largo plazo. Reconoció que la inseguridad ciudadana –que nos mantiene en vilo– tiene tres escenarios: la delincuencia común, la violencia vinculada al narcotráfico y la violencia en las cárceles. Afirmó que las cifras respecto a la delincuencia común han tenido una importante caída. Al mismo tiempo aceptó que el país tiene una cantidad insuficiente de policías: “…no tenemos el número de policías necesario por cada 1.000 habitantes, para mantener la seguridad de una sociedad. Esa es la realidad…”.

En febrero del 2021, El Comercio informó que los servidores policiales –a escala nacional– suman aproximadamente 52.000. Según estudios de las Naciones Unidas, se requieren 4 policías por cada mil habitantes. De acuerdo con nuestra población, 17′640.000, necesitamos 70.560 policías.

La dificultad de llegar al incremento comentado es que, de acuerdo con el vocero presidencial, para enrolar 20.000 policías adicionales se necesita formarlos y esto tarda dos años, adquirir armamento, vehículos, construir cuarteles. Y coincidimos con Carlos Jijón en que la sociedad no puede esperar que, en uno o seis meses, el país pueda solucionar un problema que es consecuencia de 15 años de descuido. Desafortunadamente, el entrevistador no le interrogó cómo defendernos mientras se cumpla el plan gubernamental en tan crítica situación que demanda algo más, a pesar de las buenas intenciones. Tal vez escuchar las sugerencias que se hacen día a día desde la población. Quizás imitar las iniciativas que funcionan en otros países con similares o peores problemas de seguridad, que utilizan medios disponibles adaptándolos con regulaciones del ejecutivo.

El portal de noticias Swissinfo.ch cuenta que en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, la seguridad de ciertos sectores está a cargo de guardias privados, que debidamente entrenados, uniformados y equipados realizan el patrullaje. Cortac es una de las más importantes de Sudáfrica en materia de seguridad privada. Un trabajo peligroso, sin duda, que ayuda “a que otros tengan una mejor vida”, pero a la vez un empleo que paga mejor que la Policía. Más de dos millones de personas trabajan en la seguridad privada, en un país donde, según el portal de noticias, el desempleo supera el 32 %.

La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada (R. O. 130, 22/07/2003) en uno de sus considerandos expresa: “Que la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada debe orientarse a disminuir las amenazas que puedan afectar la vida, la integridad personal y el pleno ejercicio de los legítimos derechos sobre la propiedad y bienes de las personas que reciban tales servicios”. Ecuador tendría 80.000 guardias privados.

Una opción mientras se integran los nuevos 20.000 policías. Otra, de índole disuasiva: el porte de armas, que aconseja un exmilitar, el expresidente Lucio Gutiérrez. Autorizarlo al menos a expolicías, exmilitares y miembros de clubes de tiro deportivo. (O)

¿Hasta qué semana se puede abortar?

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com

@jorgalve

 Tratar a todas las personas, especialmente a las más vulnerables, con dignidad y respeto es una enseñanza lograda a lo largo de los siglos, que si la olvidáramos o apartáramos a priori de nuestras acciones, –invocando ficciones (de aquellas que señala el filósofo Yuval Harari en su libro Sapiens De animales a dioses)– perderíamos como seres humanos toda dignidad y propósito. Algunas personas dirán pero ese trato no incluye al nasciturus, porque no es una persona mientras no abandone o se separe del claustro materno, “viablemente” (un eufemismo que busca sustituir a los vocablos “con vida”).

Esta semana, un colega y amigo comentaba en Twitter sobre el significado depersona y sus implicaciones en el aborto; un tema que mantiene a la sociedad ecuatoriana en vilo, dado que la Asamblea discute ¿hasta qué semana se permitirá el aborto en casos de violación? Una definición que será determinante en la “ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación”, entre otros aspectos polémicos. Mi colega escribió en su cuenta (@Danku_G): “Así como el concepto de ‘género’ es un concepto socialmente construido, distinto al concepto biológico de ‘sexo’; el concepto ‘persona’ es un concepto socialmente construido, por lo que su consideración de existencia desde la concepción no depende de datos biológicos”. Me explicó luego que el concepto de “vida humana dependiente” de la madre no necesariamente choca con el concepto de persona. “Es persona porque la madre y el entorno social reconocemos como tal al que está en su vientre”, dijo.

Quienes niegan al nasciturus (concebido aún no nacido) el reconocimiento del estatus de persona, se acercan a la reflexión de mi amigo “tuitero”, de que el concepto persona es una creación social –en este caso incluida en el Código Civil–, pero se alejan al mismo tiempo del concepto de dignidad, que es la base del desarrollo de la teoría de los derechos humanos. Teoría interpretada por los órganos internacionales de protección a los mismos, que han coincidido en calificarlos de iguales e interdependientes. A tal punto de que el derecho a la vida debe protegerse desde su concepción y cualquier ponderación en la confrontación de este derecho no debería anular a ninguno de los confrontados (madre o hijo), al punto de extinguirles la vida.

Los asambleístas ecuatorianos deberían obrar con mucha prudencia para fijar el plazo máximo para interrumpir el embarazo de la mujer violada, luego de haber agotado todas las opciones que ayudarían a preservar la vida del nasciturus, desde que haya evidencia científica y técnica. Un derecho que el Estado debe proteger a través de la ley y no de cualquier manera (y sin ficciones). La añosa ficción legal de que el nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde que es separada completamente de su madre, ha sido superada por el peso del respeto a la dignidad humana implícito y reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por el mandato que ella señala de proteger la vida desde la concepción, bajo el supuesto de que ese derecho a la vida existe desde entonces. (O)