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Joe Biden dijo que Vladimir Putin es un “criminal de guerra”. Antes, Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, calificó de “atroz crimen de guerra” el bombardeo ruso a un complejo de hospitales de maternidad y de pediatría en la ciudad de Mariúpol.
Al menos 10 hospitales destruidos, 900 civiles muertos, miles afectados (incluidos niños y ancianos); residencias y escuelas bombardeadas durante 28 días desde la invasión a Ucrania. Los invasores rusos han usado misiles hipersónicos y bombas de fósforo blanco (que producen terribles quemaduras), han impedido el aprovisionamiento de alimentos y obligado el traslado a Rusia de 60.000 residentes de Mariúpol, lo que entraña la evidente toma de rehenes.
Si Joe Biden calificó a Putin de criminal de guerra, no estaba “hablando con el corazón”, es porque debía conocer que el Departamento de Estado tenía graves indicios de que los ataques del ejército ruso sobre civiles justificaban la calificación legal de “crímenes de guerra”. Ya el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan había dicho que pedirá autorización para abrir investigación sobre la situación en Ucrania (39 Estados se lo solicitaron). Sin embargo, el Kremlin se limitó a replicar la acusación, pues considera inaceptable e imperdonable que provenga del jefe de un Estado “cuyas bombas mataron a centenas de miles de personas en todo el mundo” (agencias TASS y Ria Novosti). En definitiva, una actitud desafiante.
El artículo 8 (2.) del Estatuto de Roma –tratándose de conflicto armado internacional– entiende por “crímenes de guerra” a: cualquiera de los actos contra personas o bienes protegidos por el Convenio de Ginebra (12/08/1949), entre otros: la destrucción y apropiación de bienes a gran escala, ilícita y arbitrariamente, no justificadas por necesidades militares; toma de rehenes; ataques intencionales contra civiles no participantes en hostilidades; ataques intencionales a bienes civiles que no son objetivos militares; ataques intencionales que causaran pérdidas incidentales de vidas; ataques excesivos en relación con la ventaja militar concreta; ataques por cualquier medio a ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares.
También son crímenes de guerra: el traslado obligado por la potencia ocupante de la población civil del territorio ocupado, fuera de ese territorio; atacar escuelas y hospitales; hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de guerra, privándola de lo indispensable para supervivencia, incluida la obstaculización intencional de suministros de socorro.
A prima facie, el catálogo de crímenes del Estatuto de Roma sí aplicaría a los ataques sufridos por la población civil ucraniana. La intencionalidad es el elemento más importante. Pero hay dificultades para juzgar e imponer sanciones. Rusia no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar a criminales de guerra, los que deben ser entregados para enfrentar juicio y Putin no se entregará. Tampoco aceptan la jurisdicción de ese tribunal Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía e Israel. (O)
