Jorge G. Alvear Macías
Reza el refrán: El que debe, paga o ruega. El Gobierno actual y el que le antecedió asumieron grandes deudas y no se aseguraron de las posibilidades de pago, ni en condiciones de normalidad ni en el escenario de la imprevisión. En este último caso, no se ahorró para enfrentar ese avatar, algo exigido en la concepción de una mínima administración racional. Así, cuando los conductores del Estado no saben expresar firmemente la imposibilidad de pagar deudas, no les queda más que rogar y esperar que los acreedores escuchen.
Esta semana los países más ricos del mundo (G-20) reunidos en Johannesburgo acordaron, a través de sus ministros de Finanzas, incluido el de Estados Unidos, suspender la exigencia de pagar deudas vencidas o por vencer a los países más pobres de África y de otras regiones. De esta manera buscan ayudarlos a solventar gastos de atención médica a sus poblaciones, para contener el COVID-19 y sus consecuencias. Es decir, decidieron una moratoria de los deudores públicos y privados, hasta que termine la pandemia.
La noticia me entusiasmó en medio de las lamentaciones oficiales por las consumidas arcas del Estado y del mismo sector privado, que clama oxígeno para continuar su labor productiva y mantener plazas laborales.
Debo reconocer que el entusiasmo me duró poco cuando leí que el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, señaló que solo 76 países son elegibles para la moratoria, entre estos 40 subsaharianos. La deuda con moratoria, que se adeuda a acreedores privados y a otros países, alcanzaría a $20 000 millones. Adicionalmente, instituciones multilaterales como el Banco Mundial consideran diferir hasta fin de año los pagos de países deudores, con posibilidad de extenderlo.
El caso es que Ecuador no consta en la lista de países pobres, elegibles para el beneficio; entre otras razones, por su membrete de país petrolero (devaluado y con oleoducto inservible) y por el alto nivel de corrupción al que nos asocian en publicaciones y organismos internacionales de ayuda.
En ese escenario, nuestra opción, además de imitar los esfuerzos de la Unión Africana con enviados especiales para movilizar el apoyo, es intentar demostrar que esa ayuda financiera que necesitamos para sobrevivir no se diluirá con manejos corruptos, como los ocurridos en el 2016, en Manabí y Esmeraldas, con ocasión del terremoto.
¿Cómo convencer al G-20 de que los dineros necesitados ya no serán desviados a bolsillos de funcionarios corruptos? Propongo un mensaje de mucho significado, conformado por dos iniciativas:
a) Solicitar a la ONU la celebración de un convenio para conformar una Comisión Internacional de Lucha Contra la Impunidad, como la Cicig de Guatemala, independiente en lo funcional y financiero; y,
b) La inmediata reforma del Código Orgánico Integral Penal, para endurecer sanciones a delitos contra la administración pública. En concreto, a quienes se aprovechen de declaratorias del estado de excepción; o, en contrataciones de emergencia. Aplicando la gradualidad mayor si se dan durante una conmoción nacional, desastres naturales, epidemias o eventos similares.
Los comentarios de la mayoría de articulistas de diarios del país sitúan la calamidad de la caja fiscal como una consecuencia de la gran corrupción dentro del Estado, como se evidenció en el caso Arroz Verde 2012-2016.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 17 de abril del 2020.
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