viernes, 20 de marzo de 2020

Epidemia, su lado positivo


        Jorge G. Alvear Macías
El COVID-19 está modificando muchos aspectos de la cotidianidad en el mundo. Amigos de distintas urbes me han compartido sus experiencias, que revelan la naturaleza única de esta crisis; así como también los nuevos hábitos impuestos por el infortunio. Aunque venturosamente se han recuperado hábitos felices que se pensaban perdidos y resultan reconstituyentes para la espiritualidad y para fortalecer lazos familiares y comunitarios. 
Lo cierto es que el temor de las naciones –al terrorismo fanático– ha sido sustituido en parte por una descomunal amenaza biológica, respecto de la cual se carece de una efectiva vacuna y obtenerla podría tardar meses. Se infiere así del anuncio reciente de la OMS, pues a pesar de los múltiples ensayos clínicos en el desarrollo de una vacuna, estos “no brindan la evidencia clara y sólida” para establecer los tratamientos que pueden ayudar a salvar vidas. 
Mientras tanto, algunos “millennials” regresan a casas de sus padres en Estados Unidos, buscando el afecto familiar ante el temor de quedar aislados durante una temporalidad incierta. Allá también entusiasma la actitud empresarial de al menos 69 proveedores de internet, quienes sensibles con las desventajas del aislamiento social para evitar el virus, ofrecieron no desconectar el servicio a clientes residenciales y a pequeñas empresas que no puedan pagar los cargos durante el embate del virus. 
Mientras en New York, los trotadores disfrutan de más espacio en sus recorridos, por la baja actividad laboral y la disminución de transeúntes, amigos madrileños apenas pueden salir al jardín de sus viviendas por el estricto control policial. Uno de ellos fue muy explícito: “Aquí la gente comenzó a concienciarse de verdad hace una semana, cuando vio que el número de casos de enfermos no dejaba de crecer. Desde que se decretó el Estado de Alarma la gente lo ha entendido, lo ha aceptado y en general está cumpliendo con las normas dictadas. Siempre hay algunos disconformes y la policía con flexibilidad pero con firmeza está haciendo cumplir. El Gobierno ha centralizado en un Comité de Crisis formado por cuatro ministros (Sanidad, Interior, Transportes y Defensa) la toma de decisiones. Hay preocupación y por cierto mucho temor, pero no se trasluce en el comportamiento de la mayoría, que continúa con sus obligaciones de ir a trabajar (los que no lo pueden hacer en casa) o quedarse en sus casas atendiendo a los hijos. En resumen, hay orden dentro de la anomalía”.
Entre los madrileños (y en otras comunidades) la gente se está preocupando más por el entorno de amigos y familiares y hace un seguimiento del estado de salud de aquellos. La situación también invita a los jóvenes a reflexionar y retomar valores de la vida familiar. 
Una dama parisina amiga, cuyo esposo podría estar contagiado pero bajo supervisión médica, me comentó que en París rige el confinamiento obligatorio en casas, y los ciudadanos pueden acudir a comercios de primera necesidad hasta las 18:00. En filas de farmacias, supermercados y comercios deben mantener distancia de 1,5 a 2 metros. 
Allá, como acá, los médicos que enfrentan el virus, transmiten gran respetabilidad profesional en su generosa vocación de curar. Son junto a los paramédicos, los verdaderos héroes. 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 20 de marzo del 2020.
Leer este artículo en EL UNIVERSO

sábado, 14 de marzo de 2020

Relajo confirmado

Jorge G. Alvear Macías
Sobradas razones de preocupación hay en la ciudadanía por las dudas de transparencia en la organización de las próximas elecciones, cuya gravedad se ha confirmado, como si se tratase de un virus para el que no hay cura.
En efecto, la Contraloría General del Estado comunicó al Consejo Nacional Electoral (CNE) los resultados del seguimiento a las recomendaciones efectuadas sobre dos resoluciones emitidas en enero y febrero del año en curso, en las cuales la autoridad electoral decidió mantener el derecho de inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas de los movimientos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, y Justicia Social, resoluciones que fueron tomadas sobre la base de informes de la asesoría jurídica del CNE.
La Contraloría determinó que las ilegales resoluciones del CNE “permitieron que las organizaciones políticas citadas continúen inscritas a pesar de no haber cumplido el requisito mínimo para el efecto; ocasionando, que se mantenga la inobservancia del artículo 109 de la Constitución y demás normativa establecida para la inscripción de organizaciones políticas”, situación que la Contraloría ya había advertido en su oportunidad. Es que, de acuerdo con el órgano contralor, dichas organizaciones políticas no cumplieron los requisitos legales establecidos para su inscripción.
En la conclusión de dicho informe, la Contraloría relieva que de las recomendaciones que le efectuó al CNE (de un total de 19) solo fueron cumplidas 3, cumplidas parcialmente 7 e incumplidas las 9 restantes. En su análisis la Contraloría demostró que la gestión efectuada por los servidores imputados ocasionó que las deficiencias detectadas no se hayan corregido.
Con base en lo anterior se le recomendó al pleno del CNE dejar sin efecto la inscripción de los movimientos políticos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social, que fueron realizadas mediante resoluciones de los años 2016, 2017, 2018 y 2020, a fin de que en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas consten únicamente las que al momento de su inscripción cumplían con lo dispuesto en la Constitución de la República y demás requisitos determinados en la normativa que regulan su inscripción. De tal manera que al dejarse sin efecto dicha inscripción, además de cumplirse con la ley, se depurará el registro de organizaciones políticas, eliminando aquellas que incumplen los requisitos previstos en la normativa vigente.
En el informe se instruyó particularmente a la presidenta del CNE para que disponga y supervise que el coordinador nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales implemente la aplicación informática “que asegure que los procesos de ingreso, reversión, reprocesamiento y ejecución de las prelaciones, almacenen fecha y los usuarios responsables de su ejecución por cada tipo de acción; a fin de garantizar la automatización”.
También se le indica a la presidenta del CNE que disponga al coordinador nacional de Gestión Estratégica y Planificación “elabore un cronograma para la implementación de las recomendaciones restantes” del informe de la Contraloría que han sido incumplidas y parcialmente cumplidas. La Contraloría advierte que lo anterior es necesario para evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones del CNE. 
Aparte de lo relatado en líneas anteriores, se  confirma que el relajo en el CNE es de dimensiones intolerables y grave. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Comercio, el día viernes 13 de marzo del 2020.
Lea este artículo en EL UNIVERSO

¡Qué relajo!

Jorge G. Alvear Macías
Para que haya elecciones transparentes es necesario que el organismo rector de estas las organice con reglas claras y procedimientos alejados de la coyuntura política, principalmente que sean concebidas con sustento técnico y ético. Las elecciones que se preparan para los comicios del año próximo no generan confianza de la ciudadanía en el Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Hay antecedentes que refuerzan el recelo indicado, por la implementación en el pasado de procedimientos acusados de deficientes en lo técnico-jurídico y en lo ético. Por ejemplo, en materia de contratación de la impresión de papeletas electorales, no se permitiría participar al sector privado, a diferencia de las elecciones del 2009, cuando hubo concurso de precios y se habrían ahorrado $4 000 000 frente a la cotización por mayor valor de una institución estatal. En el ámbito de la comunicación institucional se prevé gastar $7 000 000 en servicios externos, cuando el CNE tiene un departamento con al menos 40 personas que pueden encargarse de esa tarea. El presupuesto de la seguridad y vigilancia del proceso electoral, que en los comicios del 2017 fue de $1 400 000, aparece en la propuesta para el 2021 elevado a $8 400 000 (incrementado al 485 %), según el consejero Enrique Pita.
Esta semana, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) habría confirmado la inseguridad jurídica ocasionada por las actuaciones del CNE, en una sentencia en la que declaró la nulidad de dos resoluciones, que habían sido aprobadas por la mayoría del CNE, sobre la asignación y entrega del fondo partidario permanente a organizaciones políticas. El tribunal habría señalado que las resoluciones del CNE infringían el debido proceso y carecían de motivación. 
Los miembros del CNE (Verdesoto y Pita) que integran la minoría han señalado que aún no se aprueba el Plan Estratégico de las Elecciones. Este tiene relación con la tecnología para el escrutinio de votos, conteo rápido propio, la transmisión de datos y la auditoría con ayuda de la academia, que se precisa para determinar si se requiere o no reemplazar equipos informáticos. Tampoco se ha aprobado el presupuesto de gastos generales del proceso eleccionario. Adicionalmente (pero no menos importante), no se han aprobado los nuevos reglamentos para compatibilizar las recientes reformas al Código de la Democracia.
Recientemente el consejero del CNE Luis Verdesoto expresó que la institución está al “borde del suicidio”, entrampada dentro de un conflicto entre consejeros, y reconoce la existencia de sospechas o imputaciones de irregularidades, que de inmediato se intentan esconder o componer.
¿A qué se deben los oídos sordos de la mayoría que alimentan la desconfianza ciudadana en el CNE? ¿Quienes instruyen esa actitud y qué protervos fines hay detrás? Porque sin duda se advierte un manejo similar del CNE cuando estuvo bajo el control total de Alianza PAIS.
Dado el panorama del CNE y paralelamente, por los saqueos de fondos públicos, o su indebida utilización en actividades de inteligencia en persecución política (caso Balda), y una Fiscalía General del Estado superada por el gran número de casos de corrupción sin procesamiento judicial, se confirma que requiere la ayuda de una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, financiada por Naciones Unidas. ¿Por qué ninguna tienda política apoya la idea? ¿Será por algún temor, como en Guatemala?
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de marzo del 2020
Lea este artículo en EL UNIVERSO