Jorge G. Alvear Macías
Sobradas razones de preocupación hay en la ciudadanía por las dudas de transparencia en la organización de las próximas elecciones, cuya gravedad se ha confirmado, como si se tratase de un virus para el que no hay cura.
En efecto, la Contraloría General del Estado comunicó al Consejo Nacional Electoral (CNE) los resultados del seguimiento a las recomendaciones efectuadas sobre dos resoluciones emitidas en enero y febrero del año en curso, en las cuales la autoridad electoral decidió mantener el derecho de inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas de los movimientos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, y Justicia Social, resoluciones que fueron tomadas sobre la base de informes de la asesoría jurídica del CNE.
La Contraloría determinó que las ilegales resoluciones del CNE “permitieron que las organizaciones políticas citadas continúen inscritas a pesar de no haber cumplido el requisito mínimo para el efecto; ocasionando, que se mantenga la inobservancia del artículo 109 de la Constitución y demás normativa establecida para la inscripción de organizaciones políticas”, situación que la Contraloría ya había advertido en su oportunidad. Es que, de acuerdo con el órgano contralor, dichas organizaciones políticas no cumplieron los requisitos legales establecidos para su inscripción.
En la conclusión de dicho informe, la Contraloría relieva que de las recomendaciones que le efectuó al CNE (de un total de 19) solo fueron cumplidas 3, cumplidas parcialmente 7 e incumplidas las 9 restantes. En su análisis la Contraloría demostró que la gestión efectuada por los servidores imputados ocasionó que las deficiencias detectadas no se hayan corregido.
Con base en lo anterior se le recomendó al pleno del CNE dejar sin efecto la inscripción de los movimientos políticos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social, que fueron realizadas mediante resoluciones de los años 2016, 2017, 2018 y 2020, a fin de que en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas consten únicamente las que al momento de su inscripción cumplían con lo dispuesto en la Constitución de la República y demás requisitos determinados en la normativa que regulan su inscripción. De tal manera que al dejarse sin efecto dicha inscripción, además de cumplirse con la ley, se depurará el registro de organizaciones políticas, eliminando aquellas que incumplen los requisitos previstos en la normativa vigente.
En el informe se instruyó particularmente a la presidenta del CNE para que disponga y supervise que el coordinador nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales implemente la aplicación informática “que asegure que los procesos de ingreso, reversión, reprocesamiento y ejecución de las prelaciones, almacenen fecha y los usuarios responsables de su ejecución por cada tipo de acción; a fin de garantizar la automatización”.
También se le indica a la presidenta del CNE que disponga al coordinador nacional de Gestión Estratégica y Planificación “elabore un cronograma para la implementación de las recomendaciones restantes” del informe de la Contraloría que han sido incumplidas y parcialmente cumplidas. La Contraloría advierte que lo anterior es necesario para evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones del CNE.
Aparte de lo relatado en líneas anteriores, se confirma que el relajo en el CNE es de dimensiones intolerables y grave. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Comercio, el día viernes 13 de marzo del 2020.
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