viernes, 27 de septiembre de 2019

Terrorismo de Estado: signos

Jorge G. Alvear Macías
Sí, los signos de un gobierno, ubicados en el libro de Emilio Palacio, que recomiendo leer: La masacre exquisita de Rafael Correa. 
El terrorismo de Estado conlleva variadas prácticas ilegítimas e ilegales, violatorias de derechos civiles y humanos, para generar terror, miedo y busca someter a la población civil. En la instrumentación, las autoridades invocan razones de seguridad del Estado y mantenimiento de la paz y seguridad ciudadana, empleando recursos estatales (económicos, sociales, policiales, militares) para espiar y acumular información personal del ámbito privado y ejercer violencia sobre su población. 
Para Julia Máxima Uriarte , las acciones incluyen amenazas, represalias, hostigamiento con fuerzas de orden público, pero también el encarcelamiento, la desaparición forzosa o la tortura. “…El objetivo es imponer un orden o una ideología específica en la población, obligándola a la obediencia absoluta”. También pueden intervenir grupos extraoficiales del partido de gobierno o una facción del mismo. Ocurre además cuando las fuerzas de seguridad del Estado y el sistema judicial se utilizan inobservando el ordenamiento legal en la persecución. 
La autora recuerda que el terrorismo de Estado nació como idea política, durante el período de inestabilidad posterior a la Revolución francesa. Entonces el Gobierno, con ayuda de los revolucionarios más sangrientos y con recursos del Estado francés, impusieron el orden mediante la fuerza, persecución, asesinatos selectivos y el miedo. 
La humanidad lo ha visto replicado hasta nuestros días en muchos países, incluido Ecuador. 
En el libro de Palacio se resumen los esfuerzos visibles del Gobierno para perseguir a Galo Lara, un exasambleísta opositor. Desde involucrarlo en un crimen, hasta apresarlo fuera del país donde ya contaba con asilo territorial (previamente lograron revocarlo), utilizando el aparato estatal y más de 7 millones de dólares en operaciones secretas de seguimientos y posibles sobornos. Reproduzco unos pasajes del libro para ilustrar lo indicado: 
“Apenas Correa se enteró de que Lara había escapado, le ordenó a su canciller ‘Tachuela’ Patiño que lo regrese de inmediato, como sea. En menos de 24 horas el canciller armó una comisión de catorce funcionarios, encabezada por el fiscal Galo Chiriboga y a la que se sumó el ministro del Interior José Serrano, la ministra de Justicia Lady Zúñiga, el vicecanciller Marcos Albuja y otros funcionarios de la Cancillería y el Ministerio del Interior, además de oficiales del ejército y la policía, periodistas (todos de medios estatales…) …que volaron en los dos aviones presidenciales que compró Correa durante su mandato... Más tarde el jefe de la oficina de migraciones de la Cancillería de Panamá le preguntó a Lara: ‘¿Qué le hizo usted a Correa? Porque nunca habíamos visto tantos funcionarios estatales que llegan, sin avisar, para capturar a un supuesto delincuente’”. 
Luego de que el gobierno de Martinelli revocó el asilo de Lara, “…El excanciller panameño Fernando Núñez… cree que hubo además dinero de por medio. Según sus cuentas, Ecuador habría gastado más de dos millones de dólares para conseguir la repatriación de Lara en hospedaje, alimentación, avisos pagados en la prensa panameña… a lo que se agregaron cinco millones de dólares para Martinelli y un millón para Álvarez de Soto (canciller de la época)…”. 
¿Fue o no terrorismo de Estado? (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 27 de septiembre del 2019.
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lunes, 23 de septiembre de 2019

¿Cuidado con el perro?

Tomado de Diario El Universo         
   Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve              jorgalve@yahoo.com
Un Estado incapaz de garantizar seguridad ciudadana está obligado a permitirnos defender de los delincuentes que matan por un celular. No sirve de freno a los atracadores del hogar un letrero que diga: “¡Cuidado con el perro!”. Antes del gobierno de Rafael Correa se permitía el porte de armas registradas; un gobernante que sin duda construyó un Estado policial para el control total, similar al cubano y al venezolano. Evidencia lo último la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que concentró nuestros datos privados sin nuestra autorización. 
Las autoridades se niegan a reconocer la incapacidad antes indicada. Ni aceptan que las armas registradas no se utilizan en asaltos. Deberían observar, para enmendar, la experiencia de Uruguay. Allá, uno de cada seis ciudadanos está armado, una de las cifras más altas del mundo (5to. puesto), no obstante es el país más seguro y menos violento de Latinoamérica. 
Magdalena Martínez, periodista uruguaya, en su artículo “Armados pero pacíficos” informó (2014) que hay 580.000 armas registradas en su país (3’280.000 habitantes). La ley uruguaya de tenencia de armas impone estrictos controles (entre otros: examen psicológico, entrenamiento previo y acreditación de pasado judicial). El perfil del solicitante generalmente es el padre de familia, “para poder defender su hogar en caso de agresión externa”. El concepto de legítima defensa es especialmente protector del hogar, considerado “prácticamente inviolable”, y los jueces lo hacen predominar si un ladrón es abatido dentro de un domicilio. Uruguay tiene el mejor registro de armas de Latinoamérica y prima la idea de que es mejor desarmar a los delincuentes y no a los ciudadanos honestos. 
En EE. UU., otra periodista, Vanessa Vallejo (“El libre porte de armas es la solución a la violencia, no el problema”, artículo del PanAm Post, 2016) pregunta: ¿Si usted viviera en un lugar muy peligroso y tuviera que poner un letrero en la entrada de su casa, cuál escogería: “Lugar libre de armas” o “individuos fuertemente armados”? Recuerda que el tiroteo en un bar gay en Orlando (Florida) tenía el primer aviso y que “todas las masacres que han ocurrido en la historia de Estados Unidos han sido perpetradas en lugares ‘gun free’. Cuando criminales han intentado atacar en sitios donde la población está dotada de armas, no han tenido éxito”. Vallejo también llama la atención sobre la ciudad de Kennesaw (Georgia) que antes de 1982 tenía niveles elevadísimos de violencia, fue cuando “las autoridades decidieron establecer una ley que se mantiene vigente… todos los hogares deben tener un arma… (y) contrario a lo que muchos progresistas creerían, fue una dramática caída de la tasa de crímenes, que en la actualidad continúa siendo una de las más bajas de todo el país”. 
El politólogo Diego Sanjurjo, investigador de políticas latinoamericanas sobre armas, valora la normativa del uso de armas de su país así: “…la ley uruguaya es muy positiva, pues combate el uso ilegal de las armas de fuego y respeta el uso legítimo de estas”. Afirma que quienes generalmente estudian e implementan políticas de control de armas “…asumen que las políticas más restrictivas son mejores, y eso es falso, en ninguna parte del mundo se ha probado eso”. 
En Ecuador, ¿cuidado con el perro? (O)
*Previamente publicado en el diario El Universo el día viernes 20 de septiembre del 2019.
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martes, 17 de septiembre de 2019

Una amiga rotaria…

Jorge G. Alvear Macías

me comentó su indignación a la vista del reportaje de EL UNIVERSO, de esta semana, en el que informó que 19 empresas mencionadas como financistas de Alianza PAIS dentro de la investigación de la Fiscalía –en el caso Sobornos– recibieron $ 6.115 millones en contratos para obras públicas durante el régimen de Rafael Correa Delgado (más de $ 320 millones por contratista): “…Cada vez que escucho de los millones de dólares que se han llevado en coimas los funcionarios corruptos, me enfurezco porque hay comunidades paupérrimas en nuestro país, con necesidades tan básicas como beber agua potable y que a veces únicamente dependen de un maloliente pozo para extraer agua no apta para el consumo humano. Esto, a pesar de que una planta potabilizadora, según la capacidad de producción, solo tiene un costo que fluctúa entre los $ 5.000 y $ 10.000”.
Ella asegura conocer lo anterior porque el Club Rotario Guayaquil al que pertenece ha realizado obras sociales en caseríos y pequeños poblados del Litoral, que han mejorado la calidad de vida de tales compatriotas y les ha permitido permanecer en el lugar de sus ancestros sin la presión de emigrar a las ciudades. Mi amiga complementó el comentario así: “Es impactante la emoción de estas personas cuando alguien les lleva ayuda porque se sienten abandonadas del Estado; y, en realidad, viven en un submundo…”.
La tragedia de tales compatriotas –sin duda ubicados entre los menos favorecidos de nuestra sociedad– me trajo a la memoria algunos vaticinios de Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, que están incluidos en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004), los que sin duda se cumplen como consecuencia de la gran corrupción que ha devorado los recursos públicos que necesita el Estado ecuatoriano para atender ese segmento de la población.
A manera de sentencia, Koofi Annan reflexionó que la corrupción y la impunidad tienen consecuencias corrosivas para la sociedad, que el lector sí puede constatarlas todas durante el gobierno de Rafael Correa: 1.- Socava la democracia y el Estado de derecho (se cooptaron el sistema electoral y la justicia, para ponerlos al servicio del régimen); 2.- Da pie a violaciones de derechos humanos (persecuciones a la prensa y actores sociales); 3.- Distorsiona los mercados (ocurrió con las operaciones de especulación de la deuda soberana, descubiertas por los pativideos y, con la corta creación de bienestar poblacional gracias al dispendio); 4.- El menoscabo de la calidad de vida (que lacera a los ecuatorianos carentes de agua potable y apropiada atención de salud); y, 5.- Permite el florecimiento de la delincuencia organizada, narcotráfico y la guerrilla, entre otras amenazas para la seguridad humana (recordemos las narcoavionetas y el asesinato de los periodistas de diario El Comercio - caso Wacho).
La corrupción finalmente afecta más a los pobres porque desvía los fondos a los bolsillos de los corruptos, cuando deberían servir para atender sus necesidades elementales. Además, por generar incapacidad gubernamental para suministrar los servicios básicos de los desposeídos, también alimenta desigualdad e injusticia. Pero por sobre todo, se desalientan la inversión y las ayudas extranjeras. Obviamente, mi amiga rotaria y muchos otros ecuatorianos seguiremos experimentando frustración.
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 13 de septiembre del 2019
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viernes, 6 de septiembre de 2019

¿Todos ‘manoseaos’?

                                                Jorge G. Alvear Macías

EL UNIVERSO del miércoles pasado resume en su editorial el excelente funcionamiento de la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (Cicig), que terminó sus operaciones con amplio respaldo ciudadano (72%).
A diferencia del presidente Moreno, quien ofreciera replicar el modelo Cicig en Ecuador (y luego se arrepintió, tal vez presionado por aliados de ayer y hoy), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sí está cumpliendo su promesa de hacerlo. El vocero de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, confirmó anteayer la recepción de una carta solicitando lo anterior.
Con la proyectada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) se busca que un grupo de investigadores internacionales persiga corruptos, junto a la Fiscalía. No es solo capacitar fiscales. Se desea lograr la efectividad que tuvo la Cicig.
Fue tal el grado de efectividad que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no renovó el convenio con la ONU, como evidente reacción cuando la Cicig, junto a Fiscalía, lo investigó por financiamiento electoral ilícito. Antes los habían procesado a su hermano y a su propio hijo (confeso) por fraude y peculado. Luego del anuncio de la expulsión de la Cicig fueron liberados.
La creación de una comisión internacional para luchar contra la corrupción asusta a cierto sector empresarial que negocia con el Estado. Por ello rechazan que expertos extranjeros investiguen a los salvadoreños corruptos. Se escudan en conocidos y repetidos discursos (proferidos también en Ecuador): “no es conveniente crear instancias ajenas a las instituciones del país”, “¿acaso no somos capaces para hacerlo nosotros?”; o, “es mejor fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía y de la Función Judicial”. No obstante que allá como acá, en la práctica, tal “lucha” no ha dado resultados. Los fiscales no logran vincular a figuras visibles en la gran corrupción (acá tampoco), o pierden casos importantes. Se dice que un ejemplo es el del expresidente Antonio Saca; los fiscales tuvieron que negociar con Saca para que se declare culpable ante un juez, a cambio de penas mínimas. A pesar de ello la Asociación Nacional de Empresarios Privados se resiste a que investigadores extranjeros cooperen contra la corrupción (revista Factum).
La misma aversión surgió en Guatemala. Es que la Cicig y la Fiscalía guatemalteca acusaron y demostraron impecablemente el delito de fraude –que implicó a empresarios– en un proyecto de saneamiento del lago Amatitlán (por $ 2,96 millones), por el que la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue condenada a purgar quince años y seis meses de cárcel, entre otros casos.
Pareciera que en El Salvador, el empresariado se alertó cuando la Cicig empezó a destapar casos de corrupción donde aparecieron empresarios, durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y del actual presidente Morales. Para entonces Morales ya había acusado a la Cicig de violar la Constitución, excederse en su mandato, manipular la justicia, atentar contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
Lo real es que la eficacia de la Cicig se debió principalmente a investigadores internacionales que actuaron independientes del Ejecutivo en lo operativo y financiero. Esto atemoriza a ciertas élites en El Salvador. En Ecuador también.
¿En el mismo lodo todos “manoseaos”, como reza el tango Cambalache? (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de septiembre del 2019.
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