Jorge G. Alvear Macías
me comentó su indignación a la vista del reportaje de EL UNIVERSO, de esta semana, en el que informó que 19 empresas mencionadas como financistas de Alianza PAIS dentro de la investigación de la Fiscalía –en el caso Sobornos– recibieron $ 6.115 millones en contratos para obras públicas durante el régimen de Rafael Correa Delgado (más de $ 320 millones por contratista): “…Cada vez que escucho de los millones de dólares que se han llevado en coimas los funcionarios corruptos, me enfurezco porque hay comunidades paupérrimas en nuestro país, con necesidades tan básicas como beber agua potable y que a veces únicamente dependen de un maloliente pozo para extraer agua no apta para el consumo humano. Esto, a pesar de que una planta potabilizadora, según la capacidad de producción, solo tiene un costo que fluctúa entre los $ 5.000 y $ 10.000”.
Ella asegura conocer lo anterior porque el Club Rotario Guayaquil al que pertenece ha realizado obras sociales en caseríos y pequeños poblados del Litoral, que han mejorado la calidad de vida de tales compatriotas y les ha permitido permanecer en el lugar de sus ancestros sin la presión de emigrar a las ciudades. Mi amiga complementó el comentario así: “Es impactante la emoción de estas personas cuando alguien les lleva ayuda porque se sienten abandonadas del Estado; y, en realidad, viven en un submundo…”.
La tragedia de tales compatriotas –sin duda ubicados entre los menos favorecidos de nuestra sociedad– me trajo a la memoria algunos vaticinios de Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, que están incluidos en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004), los que sin duda se cumplen como consecuencia de la gran corrupción que ha devorado los recursos públicos que necesita el Estado ecuatoriano para atender ese segmento de la población.
A manera de sentencia, Koofi Annan reflexionó que la corrupción y la impunidad tienen consecuencias corrosivas para la sociedad, que el lector sí puede constatarlas todas durante el gobierno de Rafael Correa: 1.- Socava la democracia y el Estado de derecho (se cooptaron el sistema electoral y la justicia, para ponerlos al servicio del régimen); 2.- Da pie a violaciones de derechos humanos (persecuciones a la prensa y actores sociales); 3.- Distorsiona los mercados (ocurrió con las operaciones de especulación de la deuda soberana, descubiertas por los pativideos y, con la corta creación de bienestar poblacional gracias al dispendio); 4.- El menoscabo de la calidad de vida (que lacera a los ecuatorianos carentes de agua potable y apropiada atención de salud); y, 5.- Permite el florecimiento de la delincuencia organizada, narcotráfico y la guerrilla, entre otras amenazas para la seguridad humana (recordemos las narcoavionetas y el asesinato de los periodistas de diario El Comercio - caso Wacho).
La corrupción finalmente afecta más a los pobres porque desvía los fondos a los bolsillos de los corruptos, cuando deberían servir para atender sus necesidades elementales. Además, por generar incapacidad gubernamental para suministrar los servicios básicos de los desposeídos, también alimenta desigualdad e injusticia. Pero por sobre todo, se desalientan la inversión y las ayudas extranjeras. Obviamente, mi amiga rotaria y muchos otros ecuatorianos seguiremos experimentando frustración.
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 13 de septiembre del 2019
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