viernes, 25 de diciembre de 2015

Para el 2016…

Jorge G. Alvear Macías


En esta crisis económica y con las dificultades del sector público para pagar a sus contratistas, ojalá que el anuncio de nuevas inversiones se concrete en la generación de empleos o al menos en el mantenimiento de las plazas existentes, para enfrentar el 2016. También hay que pensar en el consumidor de bienes y servicios, dado el alto costo de la vida, y en la modificación de políticas tributarias.
Los empresarios y la sociedad piden que el Gobierno escuche sus propuestas de solución a los problemas de la producción, reflejados en la baja generación de empleo y caída del poder adquisitivo. Piden a las autoridades entender que la desaceleración de la dinámica empresarial privada se originó principalmente por las erradas decisiones gubernamentales, que se deben revertir.
Ciertas actividades económicas han sido más afectadas por las inadecuadas políticas tributarias, como la de seguros, que también traslada sus costos al consumidor. Por ejemplo, las compañías de seguros operan con reaseguradoras internacionales, para cubrir los riesgos de contratos especializados con gran costo de cobertura, que no pueden asumir las empresas nacionales (seguros de presas hidroeléctricas, turbinas, naves marítimas, aéreas –civiles o militares–). Las primas por reaseguros deben pagar el 5% del impuesto de salida de divisas, que en la práctica lo asumen las aseguradoras nacionales. También asumen el 5,5% del impuesto a la renta, que correspondería a la reaseguradora extranjera que ya tributa en su domicilio y rechaza la doble tributación.

viernes, 18 de diciembre de 2015

$ 650 millones…

Jorge G. Alvear Macías



Es una cifra que nos mantuvo en vilo esta semana, pues no sabíamos si el Gobierno podía reunirla a tiempo para pagar los bonos Global 2015. En Argentina, en cambio, el anuncio de inversión de esa misma suma significó alegría y confianza. La Fiat-Chrysler destinará ese aporte para una planta ensambladora de vehículos en la ciudad de Córdoba. La corporación fabricará dos nuevos modelos de autos medianos a partir del 2017, lo que se informó luego de la posesión del presidente Macri.
Se explicó que los proyectos estaban concebidos desde mayo de este año, pero se prefirió esperar que pasen las elecciones… ¿para conocer quién sería el presidente?
Mientras en la ciudad de Córdoba existe algarabía por el anuncio empresarial, en Ecuador, la ensambladora de vehículos Maresa, en el norte de la capital, suspendió oficialmente sus operaciones. La finalización del ensamblaje de determinado tipo de camioneta que aquella realizaba fue decisión de la corporación japonesa Mazda. Aún se desconoce cuántos trabajadores fueron despedidos y que engrosarán la masa de desempleo.

viernes, 11 de diciembre de 2015

Ahora el dinero de los depositantes…

Jorge G. Alvear Macías


Antes fueron los jubilados. El lunes de esta semana se reunieron representantes del sector financiero privado con el presidente de la República y trataron el escenario económico del país. Manifestaron preocupación por la Resolución 155-2015-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que permite invertir el fondo de liquidez de los bancos en papeles de deuda del Estado.
La Cámara de Comercio de Guayaquil, en un boletín, explicó a sus socios que la resolución indicada modificó el cuadro “que regula la composición de las reservas mínimas de liquidez” y posibilita que el Banco Central del Ecuador (BCE) utilice los recursos de las instituciones financieras (dinero de los depositantes) para adquirir deuda pública en los mercados internacionales. Esta disposición rige respecto de deudas contraídas por instituciones del Estado, que hayan sido emitidas a partir del 1 de diciembre de 2015. 
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador ya se pronunció señalando que los bancos no invertirán en bonos del Estado. Su representante expresó: “A ningún banquero se le puede ocurrir invertir bonos en esa forma para perder liquidez”. Sostuvo enfáticamente que los bonos del Estado no son “líquidos… líquidos”. La declaración no ha alejado las inquietudes de un gran sector de la ciudadanía, ante la falta de un pronunciamiento de las autoridades, que sea ratificatorio de su respeto a la actividad privada y a la gestión de los administradores de instituciones financieras que reciben depósitos del público y su confianza. El fondo de liquidez de los bancos asciende a US$ 2.311,3 millones.
En su boletín, la Cámara de Comercio compartió un análisis sobre dicha resolución, que informa sobre la obligación de todas las instituciones financieras de constituir y mantener reservas mínimas de liquidez respecto de sus captaciones. Estas reservas están depositadas en el BCE, entidad que a su vez debe invertirlas según estrictas normas legales. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/12/11/nota/5290809/ahora-dinero-depositantes?src=menu

viernes, 4 de diciembre de 2015

Venezuela no llorará por Maduro

Jorge G. Alvear Macías


Los venezolanos quieren sobrevivir, un ánimo que los acompañará en las elecciones del próximo domingo, para escoger 167 diputados a la Asamblea Nacional.
Las encuestas calculan entre 15 y 30 puntos la ventaja de la oposición sobre el chavismo. Incluso podría ganar en circuitos históricamente chavistas. Pero hay otros indicios que señalan un chavismo perdedor. Me refiero a recientes declaraciones de Maduro: “Si se diera ese escenario hipotético negado, negado y transmutado (¿?), yo gobernaría (…) en unión cívico-militar”. Otra: “Si la derecha toma la Asamblea Nacional (...). Yo les digo, yo no me voy a entregar, (…) yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar”. Es decir, no aceptaría la derrota. Otro indicio: la exministra chavista Ana Elisa Osorio sugirió que renuncie todo el gabinete.
El proceso electoral se desarrolla en un ambiente caldeado y de desconfianza, agravado por la decisión del Parlamento Europeo de no enviar observadores, debido a la inseguridad.
Los venezolanos reclaman un cambio. No desean hacer colas de tres o cuatro horas para adquirir harina, aceite, café o pañales para sus hijos. Están cansados de madrugar y no encontrar lo que buscan. No pueden pagar altos precios de artículos de primera necesidad que solo oferta el mercado negro. El Banco Central no informa hace diez meses sobre el índice de inflación. Otras fuentes afirman que es del 200%. Maduro solo reconoce el 85%. El salario mínimo de 9.522 bolívares equivale a 12,69 dólares (al cambio del mercado paralelo).

viernes, 27 de noviembre de 2015

Siguen las dudas

Jorge G. Alvear Macías


Esta columna ha acogido algunas preocupaciones ciudadanas sobre la gestión de los recursos del IESS, que como sabemos no son dineros del Estado y ningún Gobierno puede disponer de ellos directamente o indirectamente a través de decisiones de su delegado.
La reciente resolución del Consejo Directivo del IESS –que dispuso redistribuir los ingresos del Fondo de Pensiones para cubrir el déficit del seguro de salud–, sigue generando intranquilidad en jubilados, trabajadores y asambleístas, pese a las nuevas declaraciones del máximo personero de dicho Instituto, dirigidas a justificarla.
A la par, el representante de los empleadores en el IESS (ingeniero Felipe Pezo) y otros profesionales también entendidos en la materia, ratifican la inconveniencia de la decisión y la califican de inconstitucional e ilegal; calificación a la que nos adherimos (habría que analizar si se encuadra en el tipo penal del peculado).
El ingeniero Pezo dijo al Diario El Comercio: “…El hueco actuarial en pensiones pasó de USD 3.700 millones en el 2003 a USD 70.000 millones en el 2010, considerando la eliminación del aporte del 40% del Estado. Hoy, según la consultora Volrisk, llega a USD 208.000 millones. Se ha acortado mucho la vida y la sostenibilidad del fondo...”. Estimaciones que tienen credibilidad, pues no han sido negadas expresamente por el presidente del Consejo Directivo del IESS.
Pero, además, tanto de la administración del IESS como de los detractores de la resolución han surgido opiniones coincidentes en medio de las discrepancias sobre la estabilidad del sistema de pensiones: se requieren informes actuariales de calidad. Concordamos con los preocupados, que exigen transparencia y larga proyección en esos estudios. Que no sean coyunturales ni parciales. SIGA LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/11/27/nota/5263518/siguen-dudas?src=menu

viernes, 20 de noviembre de 2015

Fondo de pensiones y ‘redistribución’


Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve


Informaciones recientes confirman la gravísima situación del fondo de pensiones del IESS. El Consejo Directivo del IESS resolvió “redistribuir” los aportes que recibe ese “fondito”. Más preocupación luego de la eliminación del aporte estatal del 40%.
En resumen, se extraerán sumas importantes del acumulado para cubrir las pensiones de los jubilados y otras prestaciones, para trasladarlas al fondo de salud. Se busca cubrir necesidades del gasto actual de los servicios de salud y las cuantiosas deudas con clínicas privadas, incluida la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
La decisión pudiera ser calificada de loable, desde que intenta mantener la atención médica a afiliados y honrar deudas con instituciones que colaboran con el IESS. Sin embargo, también parece ilegal.
La Ley de Seguridad Social (art. 49) dispone que los fondos acumulados por los asegurados para distintas prestaciones deben mantenerse en forma separada “y no se utilizarán en prestaciones diferentes” para los que fueron creados dichos fondos. Es decir, dineros destinados para seguros de invalidez, vejez y muerte, riesgos del trabajo y cesantía, etcétera, no pueden utilizarse con otros fines distintos, lo prohíbe la ley citada.
¿El Consejo Directivo no consultó a la Procuraduría del Estado?
En el año 2002, el procurador advirtió que el IESS está sujeto a las mismas restricciones legales que tienen las instituciones del Estado para la inversión de sus recursos, a pesar de que los fondos de la seguridad social son distintos de los del Estado. El IESS es entidad jurídica de derecho público, sujeta al principio de legalidad. Por tanto, sus autoridades no tienen otras atribuciones que las previstas expresamente en la ley aplicable. Aclaró: “Los fondos de la seguridad social tienen un destino específico previsto en el ordenamiento jurídico; …el IESS integra el sector público, por lo que como es evidente su patrimonio, los recursos y fondos que administra constituyen fondos públicos…”. Seguir leyendo aquí: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/11/20/nota/5250033/fondo-pensiones-redistribucion?src=menu

sábado, 7 de noviembre de 2015

¿Ganamos o perdimos con la OXY?

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve

Hay más detalles tras el anuncio de que se anuló parcialmente el laudo de un tribunal del Ciadi en Washington y se rebajó de 1.769,6 millones de dólares americanos a 1.061,7 millones lo que Ecuador debe pagar a la OXY. Ese 40% rebajado le correspondería a la compañía china Andes Petroleum Co. (titular del 40% de los derechos del contrato), que por no estar amparada en el tratado de inversiones con Estados Unidos, no se pudo beneficiar del laudo. Así, Andes podría reclamar su acreencia con la ayuda de su Gobierno, que sin duda exigirá al Ecuador que la atienda, si es que pretende nuevos préstamos.
La historia del litigio registra que en la presidencia de Alfredo Palacio, don Rafael Correa exigió la caducidad del contrato de la empresa Occidental (OXY). En enero 17 de 2006, como candidato presidencial, solicitó enjuiciar “por traición a la patria” a los funcionarios públicos que no tomasen esa decisión. También hubo presión de grupos sociales, estudiantes secundarios y universitarios, movimientos y partidos políticos de izquierda –entre ellos AP y MPD–, que se opusieron a cualquier acuerdo con la petrolera.

El 15 de mayo de 2006 el ministro de Energía y Minas de Palacio declaró la caducidad. Entonces la petrolera ya habría invertido 926 millones de dólares, extraía 100 mil barriles diarios y no recibió compensación alguna. Para el Estado significó percibir el 100% del beneficio del petróleo extraído, no el 25% pactado en el contrato. Dos días después, OXY pidió el arbitraje del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –institución del Banco Mundial con sede en Washington–).

viernes, 30 de octubre de 2015

El debate (la encerrona)

Jorge G. Alvear Macías



Según Cedatos, el 45% de la población cree que el país va mal; el 44% ve bien las cosas. Para el 35% mejorarán, el 33% piensa que empeorarán y el 23% que “seguirán igual”. El 55% atribuye la causa de la inquietud al desempleo. También inciden el costo de la vida y el mal manejo de recursos públicos. Tal percepción ratifica lo que manifesté en una radio: el asunto electoral no es prioridad ciudadana, sino el mantener la fuente de los ingresos –en riesgo evidente y diario–, para cubrir a corto plazo las necesidades básicas.
Para quienes seguimos en televisión el “conversatorio” que terminó en “confrontatorio”, desarrollado con una parcializada y acosadora conducción, en un escenario mediático preparado para apoyar los dichos del presidente –glosándolos con subtítulos–, la experiencia fue decepcionante, irritante y más angustiante. Lo que no sabíamos es que los invitados a “conversar” fueron amedrentados por un populacho y que no se les permitió ingresar a los estacionamientos con sus vehículos. Así fueron obligados a pasar caminando el túnel de tal “recibimiento”. Durante la encerrona observamos descalificaciones dirigidas a los “no oficialistas”, que valientemente (por cierto, dignamente) y manteniendo la cabeza sobre los hombros, sostuvieron teorías y conocimientos, ratificando la existencia de la crisis económica, que para numerosos ecuatorianos ya quema. SEGUIR LEYENDO: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/10/30/nota/5213045/debate-encerrona

domingo, 25 de octubre de 2015

¡Ganar como sea!

Jorge G. Alvear Macías



En el Estado autocrático sin separación de poderes, toda arbitrariedad es posible. Así comentó un colega venezolano cuando le pregunté si habrá comicios en su país el próximo diciembre. Esto, luego de que Maduro prorrogó el estado de excepción por 60 días más (cierta oposición teme que se suspendan las elecciones).
Es que la semana pasada el presidente Maduro expresó: “Tenemos que ganar las elecciones como sea… ustedes me entienden”. En alusión a las votaciones del próximo 6 de diciembre. Lo dijo en su enlace de televisión En contacto con Maduro y aprovechó para acusar a “la derecha” de promover violencia “saboteando el sistema eléctrico con bombas” e “incrementando o intentando incrementar los asesinatos sin sentido de paramilitares”.
Maduro también afirmó sobre posibles planes desestabilizadores de partidos de oposición. Los cuestionó por no querer firmar un acuerdo de respeto a los resultados electorales que propuso el oficialismo y aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE). La oposición anticipó que no firmará el acuerdo, pero sí respetará los resultados electorales y “los hará respetar”.
Resulta comprensible el temor a la suspensión electoral, por la extensión del estado de excepción decretado en agosto pasado. El estado de excepción permite suspender garantías constitucionales –entre ellas la del derecho de reunión– y por tanto afectará la campaña electoral, incluida la jornada de votación de la ciudadanía. Además, Maduro podría utilizar el estado de excepción para intentar justificar la suspensión de las elecciones parlamentarias.

viernes, 16 de octubre de 2015

Los Dhruv de la discordia

Jorge G. Alvear Macías


El reciente anuncio del ministro de Defensa, de que el Gobierno nacional terminará de manera unilateral y anticipadamente el contrato con la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL), fabricante de los siete helicópteros Dhruv, adquiridos por la FAE, podría ser el inicio para clarificar hechos que en distintos foros se han acusado de turbios. Hay que recordar que a la contratación antecedió una licitación declarada desierta, pese a que en ella existió un informe que recomendó la adjudicación a la misma empresa, dentro de un proceso en el que se eliminó a la competidora israelí por un error de foliatura de su oferta. Entonces se pretendió adquirir solo cuatro helicópteros, pero luego, en un nuevo concurso y mediando declaratoria de emergencia, la adquisición fue elevada a siete unidades.
Entre octubre de 2009 y enero de 2015, cuatro de siete helicópteros Dhruv se precipitaron al suelo, en distintas circunstancias.
Esa adquisición se dio en medio de las advertencias de inconveniencias técnicas y económicas, principalmente del excomandante de la FAE Jorge Gabela. Su esposa, Patricia Ochoa de Gabela, ha venido señalando desde diciembre de 2010 que el asesinato del general Gabela tendría relación con las denuncias que hizo a la prensa sobre la compra de los indicados helicópteros. Que el crimen fue ejecutado por sicarios y que existieron amenazas previas a la víctima. 

SEGUIR LEYENDO aquí: 
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 16 de octubre del 2015.

miércoles, 14 de octubre de 2015

Periodista: ¡no estás solo!

Jorge G. Alvear Macías


San José, Costa Rica. Desde esta ciudad conmemoro el 9 de Octubre de 1820, la gesta de los próceres encabezados por José Joaquín de Olmedo que dio independencia a Guayaquil. Esto mientras participo como observador en la Conferencia Conmemorativa del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
La Asamblea General de la ONU proclamó el 2 de noviembre como “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”. Recuerda el asesinato de dos periodistas franceses en Mali, el 2 de noviembre de 2013. La Unesco fue encargada de impulsar esfuerzos internacionales para eliminar la impunidad de tales crímenes.

viernes, 2 de octubre de 2015

Garantía de no repetición

Jorge G. Alvear Macías


La Asamblea Legislativa aprobó la resolución para determinar la identidad de los presuntos responsables de violación de derechos humanos, en la destitución a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional en 2004. El siguiente paso será presentar la demanda de repetición contra los exdiputados que respaldaron la ilegítima decisión, para recuperar los valores pagados a los exmagistrados.
Es compleja la situación. Involucra una prerrogativa constitucional a favor de los exdiputados que los “blindó” ante eventuales enjuiciamientos civiles y penales. Pero existe un contexto de normas de igual jerarquía, sobre la responsabilidad de funcionarios y empleados del Estado, por perjuicios causados en el desempeño de sus cargos, que no admite exención. Hay que agregar normas relativas a la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de la ley e igualdad ante la ley. Especialmente esta última, pues la inmunidad parlamentaria supondría un desequilibrio entre el funcionario o “dignatario” y el ciudadano común. El origen de la inmunidad tiene una justificación añosa y de gran peso (Bill of Rights) y se instauró para proteger al Parlamento del poder del rey, cuando no existía independencia de la Judicatura y el propio monarca constituía máxima instancia de ella. Situación que con distinto ropaje se actualiza en nuestros tiempos y por ello la necesidad de la protección institucional de la Función Legislativa, precisamente en países con inexistente independencia judicial.

viernes, 25 de septiembre de 2015

Discurso protegido


Jorge G. Alvear Macías


El defensor del Pueblo defendió las causales invocadas por la Secom para disolver a Fundamedios.
Portada del libro publicado por la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH
 
Aclaró: “No me he pronunciado sobre si estas causales terminan en un proceso de disolución. Lo que digo es que hay actos que sin duda tienen fines políticos que deben ser sujetos de valoración por la Secom”. Señaló que Fundamedios “llama a utilizar tuits en contra de la candidatura de Patricio Pazmiño (titular de la Corte Constitucional) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Respecto del rechazo a la disolución de Fundamedios que pronunciaron los relatores de ONU, CIDH y otros organismos, comentó que el país no puede actuar a base de ‘pronunciamientos’, sino de la ley. El defensor del Pueblo no encontró “violación del debido proceso”.
Tales declaraciones me inducen a pensar que no contemplaron estos aspectos:
1.- Ecuador se comprometió a respetar derechos y libertades protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a garantizar a las personas su libre y pleno ejercicio. Sin discriminación alguna, menos por opiniones políticas. Uno de esos derechos es la libertad de pensamiento y de expresión, cuyo ejercicio no puede ser suprimido o restringido en medida mayor a la prevista en la Convención (artículo 29 de la Convención).
Las restricciones que permite la Convención a todos los derechos y libertades solo podrían aplicarse conforme a leyes dictadas por razones de interés general y atendiendo a su propósito. La Secom carece de esos fundamentos. SIGA LEYENDO AQUÍ: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/09/25/nota/5145692/discurso-protegido

*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 25 de septiembre del 2015

viernes, 18 de septiembre de 2015

Similitudes

Jorge G. Alvear Macías


La inminente disolución de Fundamedios y la condena a ese hecho, expresada por relatores de la ONU y la OEA, vuelve oportuna la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Granier y otros (RCTV) vs. Venezuela.
El Estado venezolano fue condenado por vulnerar la libre circulación de ideas y opiniones, cuando Hugo Chávez se negó a renovar la concesión de transmisión a RCTV (2007), uno de los medios más críticos del déspota gobernante. Algo conceptuado como retaliación, porque el canal se resistía a cambiar su línea editorial, sin embargo de que otras televisoras “mutaron” y claramente fueron “premiadas” con la renovación, ese mismo día.
La sentencia ordenó restablecerle la concesión a RCTV. No como una reparación a esa persona jurídica, sino a sus accionistas y trabajadores. También dispuso devolverle bienes indispensables para la operación de la concesión.
El caso fue presentado en la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estimo que la sentencia provee interesantes conclusiones. Hay signos característicos del accionar antidemocrático e ilegítimo del chavismo, replicados en el caso de Fundamedios: SEGUIR LEYENDO AQUÍ: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/09/18/nota/5131328/similitudes

viernes, 11 de septiembre de 2015

Las propuestas de Dahik

Jorge G. Alvear Macías


Econ. Alberto Dahik durante su conferencia en la UEES
El economista Alberto Dahik diagnosticó que la crisis económica nacional se agravará si no se toman medidas. Él pudiere ser confiable para el presidente, quien en el 2010 solicitó su amnistía (aunque no prosperó) y luego, cuando la Corte Suprema de Justicia le levantó la orden de prisión, se alegró por el fallo, sosteniendo: “Conveniencia política no es. Dahik es alguien de derecha, inteligente (...) Es un tipo honesto, (...)”. Posteriormente Dahik fue absuelto de todo cargo.
El exvicepresidente propuso urgentes soluciones para salvar la economía nacional y la dolarización. Señaló los elementos de la crisis: el Gobierno se concentró más en la política y en un esquema ideológico, no en una economía compatible con la dolarización. La dolarización no es buena ni mala (per se). “Es muy buena si se sabe aprovecharla y pésima cuando se la utiliza con un modelo incompatible”. Fue necesaria porque perdimos confianza en la moneda nacional.
Afirmó que el país tuvo un crecimiento económico impulsado por el “bondadoso” precio del petróleo, adormeciendo a la sociedad, concretamente a la masa beneficiada con subsidios y a la clase media que accedió al crédito por la estabilidad de la dolarización. Pero generó una clase empresarial que obtuvo utilidades fáciles, originadas en el gasto público, sin el esfuerzo ni la productividad y tenacidad necesarias. Cosas agradables que impidieron valorar y medir los riesgos, conduciéndonos a esta dramática situación económica.
La depreciación del petróleo es un detonante, no la causa de la crisis; esta es el resultado de muchas culpas. Empezando porque no se entendió el modelo de la dolarización. Anotó que el país nunca tuvo la bonanza petrolera de los últimos 10 años; y era ingenuo creer que el fluctuante precio del petróleo no caería. Fue imperdonable eliminar el fondo de estabilización. Cuestionó el gasto público elevado a niveles insostenibles, incluso bajo cualquier modelo económico, así como el endeudamiento. Seguir leyendo aquí: http://www.eluniverso.com/opinion/2015/09/11/nota/5117168/propuestas-dahik