viernes, 17 de septiembre de 2010

La odiosa comparación

Jorge Alvear Macías



Si hubiera independencia y respeto a las competencias entre la Función Ejecutiva y la Corte Constitucional (CC), el presidente Correa se retractaría de cierta afirmación de semanas atrás. Aquella de que la lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) constituye un acaparamiento; y que, “…Por ley tener el monopolio de una lotería es insostenible…”.

En primer lugar, porque la CC ya estableció que la lotería de la JBG no constituye monopolio, en Resolución Nº 26, Registro Oficial Suplemento 316, del 15 de abril del 2008 (casos: Nros. 0026-04-TC y 0027-04-TC). La Corte razonó que no se puede considerar a la exclusividad de la lotería, como “…intento de monopolio de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, por no ser una institución con fines de lucro…”.

En segundo lugar, porque esa Corte es la que tiene la potestad del control constitucional y no el Presidente. No cabe que el presidente Correa, dentro de un actuar prudente, contradiga dicho pronunciamiento. El de su Corte Constitucional.

He puesto “sobre la mesa” estos hechos, para relacionar el dudoso efecto de la indicada resolución, con lo ocurrido meses atrás en la vecina Colombia, concretamente con dos decisiones de su muy respetable Corte Constitucional. Tan respetable, que las FARC nunca han atentado contra los miembros de esa Corte, según me confió un ex magistrado.

La primera, una sentencia del mes de febrero, que declaró inexequible (que no se puede llevar a efecto por inconstitucional) una ley del Congreso, que pretendía convocar un referendo para aprobar un proyecto de reforma constitucional, que hubiera permitido la reelección del ex presidente Uribe; y, la segunda, del mes de agosto, que declaró sin efecto legal un convenio complementario de cooperación, asistencia técnica en defensa y seguridad celebrado con Estados Unidos. En esta última dispuso que el entonces Presidente cumpla el trámite de aprobación previsto para los tratados, que se obvió por considerárselo “acuerdo simplificado” y no un tratado internacional.

En ambos casos Uribe acató los pronunciamientos. Dio muestras claras de respeto al ordenamiento constituido y a la independencia del control constitucional. Pero claro, Colombia siempre se ha distinguido por su seguridad jurídica, no obstante las debilidades atinentes a la inseguridad personal, propiciada principalmente por grupos armados.

Según autorizados analistas, la fortaleza del sistema democrático colombiano y razón de que no haya sucumbido por el embate del tráfico de drogas y de las FARC, en gran medida se debe a la seguridad jurídica, al pago puntual de su deuda y al equilibrio de poderes. Por ello Colombia tiene acceso a líneas de crédito de diferentes orígenes a escoger. Es imán para la inversión extranjera y turismo. La visión del mundo sobre Colombia es positiva. La propaganda del Ministerio de Turismo colombiano que se transmite en CNN capitaliza esa nueva visión, así: “…Visita Colombia, el riesgo es que te quieras quedar…”.

Nota para la Corte Constitucional: Han transcurrido 17 meses y no se pronuncian sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Radio y Televisión, y su Reglamento. Siguen incumpliendo los plazos máximos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

*Publicado en el Diario El Universo, viernes 17 de septiembre del 2010

viernes, 10 de septiembre de 2010

Semillero de vicios

Jorge Alvear Macías

La entrevista que le hiciera este Diario al ministro Gustavo Jalkh permite colegir que los esfuerzos del Gobierno para enfrentar la delincuencia no han resultado tan efectivos para detenerla. Tal vez esas acciones debieran complementarse con otras provenientes de la ciudadanía. De nada sirve el consuelo de que en otros países la inseguridad es peor. ¿Por qué no acuerdan acciones y trabajan juntos el Gobierno central y los municipios?, pero de verdad, dejando atrás la retórica cansina, cínica y calculada. El Estado no puede someternos a la indefensión de nuestras vidas y bienes.

La inseguridad concierne a todos, agobia por igual a todos los estratos de la sociedad y cada ciudadano tiene la responsabilidad y el derecho de escoger si es parte de la solución o del problema. La inseguridad podría ser la causa de fuga de capitales y pérdida de empleos. Según se me ha informado, en los actuales momentos las plazas de trabajo que más se ofertan son las de guardianía y ello resulta oprobioso.

En Guayaquil, por ejemplo, nuestro Alcalde junto a los gremios de la producción, deberían liderar encuentros en que participen representantes de los barrios y de la seguridad del Estado para evaluar el flagelo y discutir las propuestas de solución. Esta medida básica funcionó en el pasado para acometer otros problemas.

En las reuniones que sugiero, bien podría confirmarse, por ejemplo, si tuvo razón de ser o agravó el problema de la desprotección, la decisión gubernamental de desarmar a los guardias metropolitanos, privados o a los ciudadanos que portaban armas para protegerse en sus actividades lícitas.

Allí podrían conocerse propuestas apropiadas para eliminar los semilleros de vicios, antesalas de la delincuencia y del crimen organizado, como es la permanencia en las calles de los niños trabajadores o niños mendigos. Esta situación es sumamente grave y la sociedad está cerrando los ojos ante ella.

Son miles de “pequeños trabajadores” deambulando entre calles y avenidas, entre los autos y subiendo a los buses, exponiendo su vida y truncando su futuro. Muchos lo hacen forzados por sus padres, por las necesidades de la familia que los obliga a convertirse en proveedores. Así se inician, pero luego un número importante integrará grupos delincuenciales dirigidos por adultos. Esto podría confirmarse también en las reuniones antes indicadas.

Es información confirmada, que entre las causas que mantienen a los niños en las calles está una sociedad que los alienta, entorpeciendo la labor de entidades privadas y del Gobierno que luchan por erradicar el problema.

Es indudable que somos nosotros los que hacemos que estos niños proliferen en las calles, con las monedas que les damos cuando limpian los parabrisas, venden caramelos, lustran nuestro calzado, hacen acrobacias, cantan en los buses, venden botellas de agua, o simplemente piden dinero.

Si continuamos actuando así, la problemática de seguridad no tendrá solución. Para los padres o cuidadores de los niños se mantendrá el negocio lucrativo y la explotación de ellos. Nuestro espíritu caritativo o “buena voluntad” estará condenándolos a ser parte del semillero de vicios y negándoles un futuro distinto.

 *Publicado en el Diario El Universo, viernes 10 de septiembre del 2010