viernes, 20 de abril de 2018

Narcoterrorismo: ¡agresión externa!

Jorge G. Alvear Macías

Cuando un Estado agredido por el terrorismo –el político o el meramente delincuencial– no cuenta con la solidaridad y el apoyo del país que les da refugio a los extremistas, por afinidad ideológica de sus gobernantes, no existe otra opción que atacar el santuario terrorista, “con base en la sorpresa y el secreto”.

Lo anterior es sostenido en su libro Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo: FARC, ETA…, por el coronel (sp) Luis A. Villamarín Pulido. Se trata de un militar colombiano experto en la materia y para ejemplo menciona la operación militar que resultó en la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán, donde se escondía amparado por el servicio de inteligencia de ese Estado, mientras dirigía desde allí la estrategia de 150.000 células “dormidas” esparcidas en 65 países. También cita la muerte de Raúl Reyes, jefe guerrillero de las FARC que vivía en un campamento asentado dentro de Ecuador, “con la plena y consciente complicidad del presidente ecuatoriano Rafael Correa”.

En su libro, Villamarín relata que debido a la nula cooperación del gobierno de Correa para combatir el terrorismo comunista en Colombia, y en aplicación del concepto geopolítico militar de la Defensa Activa, las tropas de ese país efectuaron una milimétrica incursión con bombardeo sobre una guarida de las FARC en territorio ecuatoriano y dieron de baja al terrorista Raúl Reyes. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el Diario el Universo el día viernes 20 de abril del 2018

viernes, 13 de abril de 2018

El secuestro extorsivo


Jorge G. Alvear Macías
jorgalve@yahoo.com


Hay que implicar a la sociedad toda, ante los potenciales riesgos de las acciones de las bandas criminales narcoterroristas. Las funciones del Estado deben hacer su trabajo encaminado a prevenirlas, neutralizarlas o para defendernos de las que ya se ejecutan. A los ciudadanos nos corresponde apoyar a las autoridades en tales gestiones, en la medida que sean coherentes. Ello nos obliga a no politizar la crítica y, por el contrario, ofrecer opciones que respondan al sentido común.
El Ejecutivo debe ejecutar medidas disponibles en su ámbito y el Legislativo debe aportar lo suyo, revisando el Código Orgánico Integral Penal (COIP), especialmente las penas para los delitos de la gravedad del secuestro extorsivo. Así, en los casos en que apareciere la necesidad de endurecerlas, podría existir un medio para contribuir a evitar futuros secuestros a los ciudadanos y una forma de advertir a los delincuentes que mantienen secuestrados a compatriotas o extranjeros, de que las nuevas penas les alcanzarán, por tratarse de un delito continuo, mientras no ocurra la liberación de los mismos.
Nuestro COIP (art. 162) sanciona al autor del delito de secuestro extorsivo con la reclusión de 10 a 13 años. Es decir a quien priva de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, con el propósito de cometer otra infracción u obtener de la o las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del o los secuestrados. LÉA MÁS: 

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 13 de abril del 2018.

viernes, 6 de abril de 2018

¡Que retornen a salvo!

Jorge G. Alvear Macías
No existe justificación para quienes sufren la injusta y penosa situación de un secuestro, tampoco para la angustia e incertidumbre de sus padres, cónyuges, hijos y más familiares. No tiene sentido ese sacrificio.
Los ecuatorianos estamos perturbados por el incremento de la inseguridad en nuestra frontera con Colombia, donde desde hace muchísimo tiempo se conoce que operan guerrilleros, disidentes de esas organizaciones, delincuentes comunes de distinta nacionalidad (también binacionales, con dos cédulas) dedicados al secuestro, extorsión, contrabando de gasolina, de gas doméstico en bombonas y al narcotráfico.
Pocos dudan de que la situación era desconocida por las autoridades del gobierno de Rafael Correa, siempre impasible ante las denuncias y evidencias. El gobierno colombiano del presidente Santos también estuvo transitando en esa senda de comodidad, hasta que no tuvo más opción que reconocerlo.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, expresó con claridad esta semana que la zona de frontera entre Colombia y Ecuador es una verdadera amenaza tanto para Colombia como para Ecuador. Pero intuimos que Martínez y otras autoridades colombianas sabían desde antes de que se produzca el cruel evento, del plan y de quienes están detrás del secuestro de los dos periodistas ecuatorianos del diario El Comercio y su conductor. Incluso, según palabras de Martínez, estarían enterados de la ubicación de los secuestrados: “Estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana, (aunque) las autoridades ecuatorianas afirman que están en Colombia, pero las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que están en el territorio ecuatoriano”. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 6 de abril del 2018.