viernes, 26 de noviembre de 2021

Ciertos datos de los comicios en Chile

Jorge G. Alvear Macías


 Los análisis generados desde Chile, luego de los resultados electorales del pasado domingo, son numerosos y muy variados en el detalle. 

Unos daban por sentado lo ocurrido y otros no entienden la respuesta del electorado que ubicó en la segunda vuelta y en primer lugar a José Antonio Kast seguido de Gabriel Boric. 

Kast (55 años), abogado y político de ascendencia alemana, líder del Partido Republicano, ha sido etiquetado de “extrema derecha” por sus antagonistas. Su contrincante Gabriel Boric (35 años), de origen croata, también estudió derecho pero no obtuvo el título, ejerció seis años la diputación de Magallanes (región sureña) apoyado por Convergencia Social y fue candidateado por distintos partidos integrados en el Frente Amplio, entre ellos el Partido Comunista. 

Según entendidos, los finalistas tendrán que buscar el apoyo del sesenta por ciento de los chilenos que no están ideologizados. Para el columnista de El Mercurio Gerardo Varela, el favor del voto que les falta es del Chile que está convencido de que la violencia no es buena, pero lamentablemente existe y hay que disuadirla, por ello es mejor tener más policías; del Chile en donde un niño tenga un padre que se haga cargo de su educación y sus gastos de crianza; del Chile que quiere un país sin división y sin ciudadanos de primera o segunda clase. Y claro, es un Chile difícil de complacer porque sus preferencias también son contradictorias: “… salvar el planeta pero con energía barata, mejorar su pensión pero sin ahorrar, y ganar más pero trabajando menos…”. 

Pero también hay que satisfacer a quienes ansían moderación, sin retóricas de miedo que manipulan a las bases y al mismo tiempo asustan a los demás ciudadanos, entre estos a los de las clases medias. A aquellos que han dado señal clara de estar en contra de la violencia y de los burladores de las normas legales. 

No pocos sostienen que los disturbios alentados por el Partido Comunista incidieron en los resultados que favorecen a Kast. Esto porque la gran mayoría descontenta, expresada durante el gobierno de Piñera, afectada por el bajo crecimiento económico, luego sintió temor por la inseguridad que reflejó la violencia y el irrespeto a las fuerzas del orden por parte del vandalismo organizado, precisamente respaldado por el indicado partido que hoy apoya a Boric, con signos de condicionarlo en su gestión si llegara al poder. 

El presidente, Sebastián Piñera, puso su parte con la debilidad y cobardía demostrada durante los últimos años, pues no fue capaz de asegurar el estado de derecho. En este aspecto, el periodista John Muller lo sentenció así: “… demostró que no era capaz de defender su perímetro de autoridad, al no ser capaz de impugnar que se aplicaran resquicios para invadir sus competencias privativas”. 

En fin, pareciera que hay más votos de la derecha que los imaginados por la izquierda chilena; y José Antonio Kast, aún en un ambiente electoral “antipartidos” podría ser el vencedor de la segunda vuelta, pues su organización política tiene poca historia para críticas y le sería más fácil lograr apoyos. (O)

viernes, 12 de noviembre de 2021

El trámite de la apostilla

Jorge G. Alvear Macías

 A pedido de un colega de Estados Unidos elaboré un reporte legal, redactado en idioma inglés. Para revestirlo de formalidad solicité a una notaria que certificara la firma que estampé en dicho reporte, quien así lo hizo en un acta notarial de reconocimiento de firma.

El vía crucis empezó cuando presenté en las oficinas de Cancillería en Guayaquil el acta notarial adjunto al indicado reporte, para que le impusieran “la apostilla” prevista en el artículo 4 de la Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. No fue atendida la solicitud, porque según la persona encargada de recibir el documento materia de trámite, dicho reporte legal debía estar traducido al español.

Por más que se le recordó al jefe departamental que el objeto de la indicada Convención son los documentos públicos extendidos o ejecutados por autoridades públicas de Ecuador y no de una persona privada (en este caso un acta notarial levantada en idioma español por una notaria en funciones de Guayaquil), para ser exhibidos en el territorio de Estados Unidos, no hubo forma de obtener lo solicitado. El funcionario simplemente exigió un trámite extraño al texto del mencionado instrumento internacional celebrado en 1961 y al que Ecuador se adhirió recién el 2007.

El oficial de Cancillería insistió en que el apostillamiento –según su entender– incluía el reporte legal, aunque se explicó que lo solicitado únicamente era “la apostilla” (certificación) de la firma de una notaria que consta en una diligencia o acta redactada por ella en español. Se le reiteró que la certificación de la notaria no se refiere al contenido del texto del reporte legal, por tanto no cabía su traducción al español; más aún, si el destinatario lo necesita precisamente en idioma inglés.

Lo cierto es que la Convención establece que, en casos como el relatado, la única formalidad exigible para estampar el sello de “la apostilla” es la verificación de la firma del notario, su calidad de notario en funciones y la identidad de su sello o timbre colocado sobre el documento de la certificación notarial (art. 3 de la Convención). Cualquier procedimiento o manual interno de la Cancillería que agregue requisitos es abusivo, contraría el objeto de la Convención indicada, entorpece más la fluidez de los negocios, conspira contra los mecanismos a favor de la globalización, atenta contra la seguridad jurídica y desconcierta el mensaje gubernamental para atraer y alentar inversiones extranjeras.

Lo comentado se suma y contradice también el alentador mensaje del presidente (de captar 30.000 millones de dólares), lo que estaría ocurriendo en el SRI. Hace pocos días este Diario publicó una carta de una lectora quejándose del Servicio de Rentas Internas (SRI) que está cobrando a su cliente una deuda impugnada en sede judicial e incumpliendo además la orden del Tribunal de suspender el cobro hasta que haya una sentencia.

Si queremos atraer inversiones, debemos dar muestras de respeto a la seguridad jurídica, observando sumisión no solo a los tratados internacionales, sino también a las normas internas. (O)