No se vislumbra una efectiva lucha contra la corrupción y la impunidad. La ciudadanía sigue sometida a discursos cambiantes, como si mediara intención de dilatar u obstaculizar la solución.
En diciembre pasado, el presidente Moreno descartó una comisión internacional de lucha contra la impunidad con apoyo de Naciones Unidas (NN.UU.), similar a la Cicig de Guatemala. Lo reiteraron voceros del Gobierno y de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción, alegando razones de soberanía nacional y el derecho a ejercitar nuestra capacidad para resolver los problemas nacionales sin necesidad de extranjeros “que nos den haciendo lo que debemos hacer”.
Posteriormente, la Fiscalía General evidenció incapacidad para procesar acusaciones en casos sofisticados de corrupción. Antes el país había conocido información generada en Estados Unidos y Brasil sobre corrupción en Ecuador. A la fecha solo hay pocos procesamientos penales contra altos exfuncionarios públicos, algunos sin sentencia firme.
El canciller justificó la presencia de una comisión internacional anticorrupción, como “instancia independiente, autónoma, que pueda incluso avanzar de una manera más eficiente y eficaz en investigaciones... Casos emblemáticos que hayan causado conmoción en la sociedad”. (Diario Expreso).
El secretario Anticorrupción de la Presidencia expresó que dicha comisión internacional –autorizada esta semana por Lenín Moreno– tendría cinco expertos internacionales con alto conocimiento, para apoyar instituciones encargadas de la denuncia, detección, investigación y judicialización de actos de corrupción. Agregó que esos expertos diagnosticarán y resolverán para que la impunidad no sea “carta de presentación de la Justicia”. Sin embargo, el presidente había advertido que la comisión internacional anticorrupción sería asesorada por NN.UU., OEA, Transparencia Internacional y el BID. ¿Los cinco expertos serán asesores o serán asesorados?
La propuesta de una comisión internacional contra la impunidad financiada por las NN.UU., que ha sido respaldada a nivel nacional por articulistas y asambleístas, especialmente de abogados, comporta otra conformación, rango y garantías de conocimientos, independencia y eficacia. Lo anticipado por Moreno difiere del modelo que funciona en Guatemala y que es mejorable.
La comisión internacional que necesitamos requiere mínimo de 200 especialistas que entrenen a nuestros fiscales y policías, en investigaciones de delitos sofisticados y en análisis para rastrear internacionalmente activos ilegales; de expertos litigantes para preparar casos y que las acusaciones de la Fiscalía conduzcan a condenas efectivas. Que no vuelva a ocurrir que un exministro acusado de peculado sea absuelto “…porque la única prueba que tenía la Fiscalía contra el Dr. Espinel era el informe de Contraloría, y esto no constituye una prueba, sino un indicio…”, según su abogado.
En la Cicig, que no recibe dinero del Estado guatemalteco, trabajan profesionales de 25 países, expertos en técnicas sofisticadas de investigación y litigación; en legislación contra la impunidad y en capacitar fiscales. Ellos colaboran directamente con la Fiscalía General de la Nación y actúan como un organismo independiente, pero bajo las leyes guatemaltecas. En Ecuador podrían recibir denuncias confidenciales de la ciudadanía.
El excomisionado Carlos Castresana describió la labor de la Cicig así: “Todos los casos que hemos llevado a juicio, todos han sido sentencias condenatorias contra todos los acusados. [Eso] es un terremoto para un país como Guatemala”. ¿Y para Ecuador?
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 22 de febrero del 2019.
