lunes, 27 de mayo de 2019

La Corte Constitucional

Jorge G. Alvear Macías

La nueva Corte Constitucional (CC) cumplió 100 días de gestión, desde la posesión de sus jueces el pasado 5 de febrero, en su mayoría provenientes de la academia. Está presidida por el juez Hernán Salgado Pesantes, anteriormente juez, vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante los años 1991-2003.
La edición especial de mayo del boletín jurisprudencial de la CC reúne novedades jurisprudenciales; las decisiones de sustanciación dentro de los procesos de conocimiento de la Corte; decisiones de su Sala de Admisión tomadas hasta el 17 de abril, así como las decisiones de la Sala de Selección para desarrollar la jurisprudencia vinculante y obligatoria. Su detalle es muy interesante e invita a los abogados y estudiantes de la carrera a la lectura y evaluación de los dictámenes, sentencias y autos, que cubren amplísimos temas en materia constitucional para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
En efecto, resulta novedoso que la nueva CC haya cambiado el precedente del restrictivo dictamen del 25 de septiembre de 2013 de la Corte anterior, sobre la convocatoria a consultas populares. La flamante CC estableció que ante un pedido de dictamen previo que le hagan, no se necesitará el respaldo de firmas; y, solo en caso de que las preguntas sean aprobadas por la CC, el Consejo Nacional Electoral facilitará los formularios de recolección de firmas. Luego se constatará el respaldo y continuará el trámite de acuerdo con la Constitución y la Ley.
En materia penal, sobre constitucionalidad del inciso final del art. 220 del COIP, la CC interpretó que no es constitutivo del delito de tenencia y posesión de drogas, ni indicio de presunción de responsabilidad penal, cuando el detenido supera las cantidades máximas de tenencia para consumo personal. Lo que corresponde en esos casos es que los operadores de justicia establezcan “…que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, tengan la intención de traficar en lugar de consumir…”. Lo anterior, dentro de un debido proceso.
Al atender la objeción del presidente de la República a la reforma del Código General de Procesos, la CC analizó, entre otras instituciones involucradas: el abandono de las causas, la falta de notificación, citación y el apremio de las personas por falta de pago de pensiones alimenticias. Como consecuencia de ello, la Corte dictaminó que “…no procede el abandono en (…) las causas en que estén involucrados los derechos de adultos mayores y de las personas con discapacidad, los derechos laborales de los trabajadores, los procesos de carácter voluntario y las acciones contenciosas administrativas subjetivas, dado que contienen intereses constitucionalmente relevantes, derivados de las relaciones jurídicas generalmente ‘asimétricas’ de las que surgen estos conflictos y controversias…”. Por ello, la Asamblea debe reformular las disposiciones objetadas.
El reporte comentado indica que la CC ha tomado 107 decisiones en el Pleno; resuelto 1.861 causas en las salas de Admisión y conocido 1.111 casos en la Sala de Selección.
Desde esta columna aspiramos a que la CC continúe sus gestiones con independencia, cero tolerancia a la corrupción, celeridad y que se tomen decisiones de calidad, según ofreció la vicepresidenta del organismo, Daniela Salazar.(O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 24 de mayo de 2019

viernes, 17 de mayo de 2019

No es lo ofrecido…

Jorge G. Alvear Macías
La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceilcce), creada mediante decreto presidencial e integrada por cinco personas con un mandato restringido a asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción… a través de propuestas normativas y de políticas públicas…, en nada se parece a la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Su objetivo es distinto al de la Cicig, que allá tiene la finalidad primordial de colaborador con la Fiscalía guatemalteca y como parte adhesiva en los procesos, en la investigación de crímenes de alto impacto social como es la delincuencia organizada en los más altos estamentos estatales. Tampoco aportará la capacidad técnica material y operativa como lo hace la Cicig en Guatemala con un equipo de extranjeros de más de 200 personas, que desarticuló algo más de 60 organizaciones criminales; procesó a dos presidentes y una vicepresidenta; a una centena de altos funcionarios públicos y empresarios e investiga incluso al actual presidente, el comediante Jimmy Morales, a su hijo y a su hermano; así como a diputados del Congreso Nacional (por diezmos).
La Cicig en Guatemala (que opera desde el 2007) ha logrado que la Fiscalía plantee acusaciones eficientemente y obtenga sentencias condenatorias contra los inculpados en delitos de cohechos, fraudes en contratación pública, homicidios ordenados desde el Estado y la utilización de dineros ilegales en campañas electorales, entre otros.
La (Ceilcce) del presidente Moreno apenas tendrá noventa días prorrogables por una vez para desarrollar recomendaciones e informes en generalidades, que en lo práctico no satisfará lo esperado por la sociedad ecuatoriana y que realiza la Cicig. Tampoco cumple lo ofrecido por el presidente Moreno en su campaña electoral.
Para justificar el giro de esa oferta, sus voceros han intentado encontrar apoyo en discursos sobre soberanía nacional (de la excanciller María Fernanda Espinosa); en impedimentos constitucionales; y, en que los órganos del Estado guatemaltecos fueron cooptados por la corrupción, como consecuencia de una guerra civil.
Lo cierto es que la Cicig en Guatemala fue creada por un convenio internacional, autorizada por la Corte Constitucional y el Congreso y actúa como colaboradora de la Fiscalía General. De tal manera que si se la implementa en Ecuador con similar procedimiento, no tendría por qué vulnerar la soberanía nacional, ni la Constitución.
Si bien es cierto que la cooptación del Estado ecuatoriano por mafias de políticos, empresarios locales y empresas transnacionales no tiene origen en una guerra civil, pero es una realidad igual que en Guatemala, aunque como consecuencia de diez años de dictadura, instaurada mediante un proceso de apariencia democrática.
Por lo relatado, sería muy optimista esperar los mismos resultados de Guatemala, únicamente con una Comisión de 5 miembros, con restricciones en su accionar, dependiente del ejecutivo y del erario nacional, que ni siquiera tendrá tiempo para efectuar un diagnóstico de la capacidad profesional y probidad moral del sistema judicial, que constituye el núcleo de la lucha contra la impunidad (tal cual lo ha reiterado el comisionado de la Cicig Dr. Iván Velásquez Gómez).(O)
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 17 de mayo del 2019.

viernes, 10 de mayo de 2019

Adiós, Jaime; bienvenida, Cynthia

Jorge G. Alvear Macías

La figura de Jaime Nebot –de un alcalde transformador y administrativamente eficiente– será recordada durante mucho tiempo por los ecuatorianos, especialmente los guayaquileños. Sus logros para mejorar Guayaquil y el impulso dinámico hacia su desarrollo y la modernidad constituyen algunas de las válidas razones de gratitud ciudadana, que entiendo se manifestó multitudinariamente ayer en la caravana de su despedida.
Es indudable que Guayaquil fue transformada en los últimos 25 años. Ahora está dotada de importantes infraestructuras de las que carecía en el año 2000 cuando Jaime Nebot asumió la Alcaldía con el apoyo del Partido Social Cristiano y de una comunidad que temía retornar al marasmo y al caos dejados por administraciones de triste y vergonzante recordación. Los guayaquileños percibieron en Nebot la posibilidad de enrumbar la vida de la ciudad por el sendero del orden y el progreso; entonces confiaron en el espíritu optimista insuflado por el alcalde predecesor, Ing. León Febres-Cordero, polémico pero a la vez hombre de ejecutorias que afianzó la fe ciudadana en una nueva forma de conducir los destinos de la ciudad. 
La vitalidad de Nebot y su visión en el momento en que tomó el timón de la Alcaldía y luego su dedicado y ordenado trabajo de dirección del fecundo equipo de experimentados colaboradores explican sus tres reelecciones (2004, 2009 y 2014) con mayoría absoluta. Resultó ser un burgomaestre persuadido por la búsqueda del bienestar citadino, con referentes en ciudades administradas exitosamente y que tienen mucho para mostrar al mundo; ello animó la creencia extendida de que Guayaquil también tiene sus encantos que compartir con los visitantes internacionales, no solamente con el turismo de nacionales.
Además de la regeneración urbana, la tarea de atender las necesidades de los barrios más pobres no ha sido poca cosa. El cambio para mejor es una realidad en muchos sectores suburbanos que por mucho tiempo fueron sitios de miseria, sin agua, sin alcantarillado y sin luz. Es cierto que la tarea no está concluida y debe continuársela con renovados bríos en nuevos asentamientos poblacionales, que lamentablemente han proliferado, alentados por la política perversa en medio de la informalidad y sin la debida planificación, lo cual según los urbanistas, demanda soluciones con un costo muy superior del que tienen las infraestructuras planificadas y ejecutadas en localidades inhabitadas. 
La nueva alcaldesa Cynthia Viteri –a quien damos la bienvenida en esta columna–, que llega a administrar nuestra querida ciudad acompañada de un importante número de concejales de la alianza PSC-MG (12 de 15), tendrá suficientes elementos de apoyo de gobernabilidad para continuar la prolífica y no agotada labor de su predecesor; y, es de esperar que recibirá de este el valioso aporte de su experiencia y consejos. La ciudad requiere continuidad en el plan de la expansión de los servicios básicos, del turismo, mejorar la seguridad ciudadana, fomentar el empleo y el emprendimiento, así como acometer la dura misión de frenar el consumo de drogas en adolescentes, entre otros ofrecimientos de campaña de la abogada Viteri. (O)


*Previamente publicado en el Diario El Universo, el día viernes 10 de mayo de 2019.

viernes, 3 de mayo de 2019

¿Solamente por dinero?

Jorge G. Alvear Macías
¿Qué más puede hacer Guaidó sin el apoyo mayoritario del ejército para derrocar a Maduro? Las grandes protestas callejeras contra el dictador no han sido suficientes, a pesar de la recesión económica y la hiperinflación. Las muertes de civiles, heridos y detenciones masivas provocadas por la represión tampoco han conmovido; han carecido de significado para los opresores y sus aliados. Tanto que indolentes como José Mujica, cuando fue consultado sobre la violencia de las fuerzas policiales venezolanas ejercida para enfrentar las protestas, dijo que “no hay que ponerse delante de la tanqueta”. Parece que le dio pereza ensayar una mejor idea.

Tampoco se ve suficiente la presión diplomática que ejerce Latinoamérica, incluido el Grupo de Lima, que se reúne hoy para perseverar en una transición negociada.

Salidas a una solución pacífica, cada vez son menos.

Por lo anterior y por otros indicios, me temo que la conflagración armada entre civiles y militares venezolanos se definirá en el mapa de la geopolítica global.

El régimen de Maduro se ha sostenido hasta ahora por el apoyo directo de Rusia, pese a las duras sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana, principal fuente de dinero del Gobierno. Es que Rusia precisa asegurar sus grandes intereses económicos involucrados en préstamos, venta de armamento y garantías constituidas sobre importantísimos campos petroleros en territorio venezolano. También, como informara el Washington Post, Venezuela le debe miles de millones de dólares a la estatal petrolera rusa Rosneft, que tiene en garantía las acciones de la petrolera Citgo que opera en Estados Unidos. Muchos de esos préstamos, garantías y negociaciones podrían cuestionarse en un nuevo gobierno, pues no habrían contado con la autorización de la Asamblea Nacional Legislativa. Esto, a pesar de que Guaidó habría ofrecido honrar tales obligaciones. Es decir, parece que Rusia no defiende una posición ideológica, sino el retorno del capital entregado al régimen madurista.

Desde Estados Unidos, la participación de Rusia “en nuestro hemisferio” no es bien recibida, según lo señaló esta semana John Bolton, mientras otros funcionarios del Pentágono en comparecencia al Congreso estadounidense sostuvieron que la presión diplomática y económica podría terminar con la crisis, aunque las fuerzas estadounidenses están preparadas para intervenir. Antes y en otro lugar, Bolton expresó que las tropas estaban preparadas para tomar medidas si la situación se deterioraba.

Mientras lo anterior se comenta en los medios, también trascendieron indicios de conversaciones entre la oposición y el generalato de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, con ofrecimientos de apoyo a Guaidó para el desalojo de Maduro. A tal punto que, no obstante el aparente triunfo del dictador, este ya no se sentiría seguro en su círculo de poder. Maduro ahora “está rodeado de escorpiones”, todos incluido él, dentro de una botella y es solo cuestión de tiempo, asegura Bolton.

Pero quizás la solución al drama compartido por muchos países latinoamericanos por la inmigración venezolana está solamente en manos de Estados Unidos y Rusia. Tal vez solo se necesita que Estados Unidos garantice el repago de la deuda venezolana a Rusia para que Putin autorice la salida del avión con Maduro adentro.

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 3 de mayo de 2019.