Jorge G. Alvear Macías
La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceilcce), creada mediante decreto presidencial e integrada por cinco personas con un mandato restringido a asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción… a través de propuestas normativas y de políticas públicas…, en nada se parece a la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Su objetivo es distinto al de la Cicig, que allá tiene la finalidad primordial de colaborador con la Fiscalía guatemalteca y como parte adhesiva en los procesos, en la investigación de crímenes de alto impacto social como es la delincuencia organizada en los más altos estamentos estatales. Tampoco aportará la capacidad técnica material y operativa como lo hace la Cicig en Guatemala con un equipo de extranjeros de más de 200 personas, que desarticuló algo más de 60 organizaciones criminales; procesó a dos presidentes y una vicepresidenta; a una centena de altos funcionarios públicos y empresarios e investiga incluso al actual presidente, el comediante Jimmy Morales, a su hijo y a su hermano; así como a diputados del Congreso Nacional (por diezmos).
La Cicig en Guatemala (que opera desde el 2007) ha logrado que la Fiscalía plantee acusaciones eficientemente y obtenga sentencias condenatorias contra los inculpados en delitos de cohechos, fraudes en contratación pública, homicidios ordenados desde el Estado y la utilización de dineros ilegales en campañas electorales, entre otros.
La (Ceilcce) del presidente Moreno apenas tendrá noventa días prorrogables por una vez para desarrollar recomendaciones e informes en generalidades, que en lo práctico no satisfará lo esperado por la sociedad ecuatoriana y que realiza la Cicig. Tampoco cumple lo ofrecido por el presidente Moreno en su campaña electoral.
Para justificar el giro de esa oferta, sus voceros han intentado encontrar apoyo en discursos sobre soberanía nacional (de la excanciller María Fernanda Espinosa); en impedimentos constitucionales; y, en que los órganos del Estado guatemaltecos fueron cooptados por la corrupción, como consecuencia de una guerra civil.
Lo cierto es que la Cicig en Guatemala fue creada por un convenio internacional, autorizada por la Corte Constitucional y el Congreso y actúa como colaboradora de la Fiscalía General. De tal manera que si se la implementa en Ecuador con similar procedimiento, no tendría por qué vulnerar la soberanía nacional, ni la Constitución.
Si bien es cierto que la cooptación del Estado ecuatoriano por mafias de políticos, empresarios locales y empresas transnacionales no tiene origen en una guerra civil, pero es una realidad igual que en Guatemala, aunque como consecuencia de diez años de dictadura, instaurada mediante un proceso de apariencia democrática.
Por lo relatado, sería muy optimista esperar los mismos resultados de Guatemala, únicamente con una Comisión de 5 miembros, con restricciones en su accionar, dependiente del ejecutivo y del erario nacional, que ni siquiera tendrá tiempo para efectuar un diagnóstico de la capacidad profesional y probidad moral del sistema judicial, que constituye el núcleo de la lucha contra la impunidad (tal cual lo ha reiterado el comisionado de la Cicig Dr. Iván Velásquez Gómez).(O)
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 17 de mayo del 2019.
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