El caso Palacio Urrutia y Otros vs. Ecuador

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com

@jorgalve

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado como responsable de las vulneraciones de derechos humanos a Emilio Palacio, Carlos Pérez, César Pérez y Nicolás Pérez, dentro del caso referido en el título de esta columna. Es uno de los casos más emblemáticos por los aleves ataques y perjuicios causados por el expresidente Correa al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Los hechos de corrupción de su gobierno tal vez fueron animados por la opacidad a la que contribuyó con las persecuciones a periodistas y medios de comunicación.

La sentencia cuenta los atropellos judiciales irrogados a Emilio Palacio y los hermanos Pérez. Permite intuir su angustia y la padecida por empleados y más colaboradores del Diario EL UNIVERSO, de perder sus trabajos, cuando Rafael Correa pretendió asfixiar a los medios de comunicación con leyes y políticas de Estado. No lo logró, dada la resiliencia y tenacidad del periodismo independiente, heroico, que cumplió su misión pese a los ilegítimos obstáculos legislativos, administrativos y judiciales, dispuestos por el omnímodo poder.

La CorteIDH sentó un precedente significativo para amparar al periodismo independiente y mantener la libertad de expresión como piedra angular de una sociedad democrática. Oportuno cuando se discute una Ley de Comunicación.

Es que la CorteIDH reiteró que no se puede desarrollar el rol de un control periodístico a las autoridades, en asuntos de interés público, si la prensa no es libre de dar informaciones e ideas y si no tiene amplia libertad para juntar, recolectar y evaluar esas informaciones e ideas. De tal manera que cualquier medida que interfiera con las actividades periodísticas “obstruirá inevitablemente… el derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva”. Para la CorteIDH, constituye una verdadera amenaza a la libertad de expresión aquella demanda de calumnia o injuria de un funcionario público, planteada con el aparente objetivo de obtener una rectificación, cuando en verdad buscó silenciar las críticas a sus actuaciones en la esfera pública. La Corte explicó que este tipo de procesos, conocidos como “Slapp” (demanda estratégica contra la participación pública), concreta el uso abusivo del sistema judicial, para impedir el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Esto es más grave porque el “Slapp” como mecanismo de presión a periodistas no solo les impide hacer reportajes críticos y/o de investigación, sino que frustra el debate democrático, que debe ser libre y abierto.

En el caso en comento, la CorteIDH estableció que Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez fueron indebida y desproporcionalmente sancionados con cárcel y a pagar 30 millones de dólares por la publicación del artículo ‘NO a las mentiras’. Un texto que esa Corte confirmó: era un artículo de opinión y la sanción generó un chilling effect, pues inhibió la circulación de ideas, opiniones e información de terceros, afectando así su derecho a expresarse libremente.

El fallo preludia una feliz Navidad para Emilio, Carlos, César, Nicolás, la familia de EL UNIVERSO y lectores. (O)

¿Hasta cuándo nos hacemos los desentendidos?

Jorge G. Alvear Macías

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 Una vez más, Estados Unidos nos recordó el gravísimo nivel de corrupción arraigado en nuestras instituciones. Esto, a propósito de las declaraciones de su embajador Michael Fitzpatrick, al portal noticioso Primicias, donde afirmó que se les ha retirado la visa a generales ecuatorianos vinculados al narcotráfico. Pronunciamiento que debe leerse en contexto con la renuencia del presidente Lasso a enfrentar la corrupción con una Comisión Internacional, independiente del Ejecutivo y con recursos propios, similar a la CICIG que operó en Guatemala –como ofreció en campaña–; y, con la simpatía del presidente Joe Biden a la intención de la presidenta Xiomara Castro de instalar una CICIH en Honduras, quien ya estaría gestionándola con la ONU. 

En el 2011 fue noticia que la embajadora estadounidense, Heather Hodges, había enviado –en un cable cifrado– un diagnóstico reservado para sus superiores del Departamento de Estado sobre la corrupción en el Ecuador, que el hacker Julian Assange reveló para vergüenza del gobierno de Correa y descrédito del país en el mundo de los negocios y grandes inversiones. Acorralado, Correa expulsó a la talentosa y experimentada embajadora y luego refugió a Assange en la embajada en Londres, para que no siga sacando sus trapos sucios. Las cosas empeoraron desde entonces. La sociedad, políticos y élites niegan la realidad; mientras tanto –parafraseando al periodista José Hernández–, el narcotráfico y las bandas en las cárceles exhiben su poder. 

La embajadora Hodges dijo a sus superiores esto: 

-”… la corrupción es generalizada en las filas de la Policía”, y quien fuera su comandante, Jaime Aquilino, utilizó su poder para extorsionar y acumular así dinero y propiedades, facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra compañeros corruptos. En la embajada estaban seguros de que el presidente Correa conocía esto cuando le nombró comandante. 

-”Las corruptas actividades descritas en este cable dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores de EE. UU. se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad”. 

-Las prácticas de la Policía castigan a muchos ecuatorianos, dispuestos a pagar sobornos para poder realizar cualquier gestión, evitando así una burocracia dolosa y asfixiante. 

-Los mecanismos de control de la probidad institucional son débiles y la Constitución del 2008 los debilitó más. “Debido a estos fallos institucionales, los oficiales de la Policía… apenas se exponen a un castigo cuando se implican en actos corruptos. Y en relación con jueces y políticos corruptos, esta situación está más acentuada en las altas esferas del poder”.

-Tal corrupción debilitó los esfuerzos norteamericanos contra los delincuentes “haciendo más probable que los criminales y terroristas puedan actuar sin ser descubiertos ni castigados”. 

¿Cómo depurar instituciones sin una independiente “auditoría externa”? Sabemos de antemano que la propuesta de la Comisión Interinstitucional anticorrupción tendrá el mismo resultado de unos exámenes calificados por los propios alumnos. (O)

¡Bien por Honduras, tendrá su Cicih!

Jorge G. Alvear Macías

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 La corrupción socava las instituciones democráticas, envilece el imperio de la ley, propicia obstáculos burocráticos eliminables con sobornos. Tal descomposición genera inestabilidad política, afecta la economía y a la sociedad toda. Incide en el desarrollo, aleja la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas por los requerimientos de los corruptos. En definitiva, en un Estado donde las organizaciones criminales se han tomado el control de las funciones, hay también vía libre para las actividades del narcotráfico, el secuestro de los centros penitenciarios y el tráfico ilegal de armas.

En Honduras está aconteciendo lo antes señalado, en un nivel preocupante de gravedad, pues las mafias han contaminado los más altos espacios de poder, incluyendo al presidente, según denunció Xiomara Castro de Zelaya, recientemente elegida primera mandataria. Una acusación para un jefe de Estado que tiene un hermano en Estados Unidos cumpliendo prisión perpetua por tráfico de drogas. Por ello se entiende que la presidenta Castro de Zelaya –a pedido de sus electores y en fiel cumplimiento a su promesa de campaña– solicite a la ONU la conformación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), para luchar contra la corrupción y la impunidad, similar a la que funcionó exitosamente en Guatemala. Tal iniciativa tendría como preludio los acercamientos de la nueva mandataria con funcionarios de la ONU, y cuenta desde ya con el apoyo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos (país que fue el mayor aportante de dinero para el funcionamiento de la Cicig en Guatemala), quien está “cautivado con la propuesta de Xiomara Castro” de instalar una Comisión Anticorrupción en Honduras. Este detalle lo reveló a la agencia Reuters un alto funcionario del Departamento de Estado, quien agregó “que podría abrirle camino a mejorar las relaciones exteriores y mejorar el ambiente de inversión en la nación”.

Honduras tiene un sobreendeudamiento equivalente al 50 % del PIB, que “en parte es ilegítimo y odioso” como lo califican los entendidos, lo cual constituye una situación muy familiar para los ecuatorianos. Así como el saqueo a los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el que también participaron dirigentes del partido de Gobierno, empresarios y funcionarios públicos.

En el contexto de lo relatado viene muy pertinente el editorial de EL UNIVERSO de ayer, bajo el título ‘Conciencia colectiva contra la corrupción’, en referencia a la necesidad de crear en Ecuador la conciencia anticorrupción, ya que la población cree erróneamente que la corrupción no le afecta y no le atañe combatirla. Pero construir esa conciencia requiere de instrucción y acceso a la experiencia internacional. En esa línea de pensamiento, la Asamblea de Naciones Unidas fijó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción: un llamado a los Gobiernos, al sector privado, organismos no gubernamentales y medios de comunicación del mundo a unirse en un solo esfuerzo para desalojar las prácticas corruptas. Sin duda, la presidenta Xiomara Castro quiere trascender. Ha escuchado ese llamado y el pedido de sus electores. (O)

Ciertos datos de los comicios en Chile

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com@jorgalve 

 Los análisis generados desde Chile, luego de los resultados electorales del pasado domingo, son numerosos y muy variados en el detalle. 

Unos daban por sentado lo ocurrido y otros no entienden la respuesta del electorado que ubicó en la segunda vuelta y en primer lugar a José Antonio Kast seguido de Gabriel Boric. 

Kast (55 años), abogado y político de ascendencia alemana, líder del Partido Republicano, ha sido etiquetado de “extrema derecha” por sus antagonistas. Su contrincante Gabriel Boric (35 años), de origen croata, también estudió derecho pero no obtuvo el título, ejerció seis años la diputación de Magallanes (región sureña) apoyado por Convergencia Social y fue candidateado por distintos partidos integrados en el Frente Amplio, entre ellos el Partido Comunista. 

Según entendidos, los finalistas tendrán que buscar el apoyo del sesenta por ciento de los chilenos que no están ideologizados. Para el columnista de El Mercurio Gerardo Varela, el favor del voto que les falta es del Chile que está convencido de que la violencia no es buena, pero lamentablemente existe y hay que disuadirla, por ello es mejor tener más policías; del Chile en donde un niño tenga un padre que se haga cargo de su educación y sus gastos de crianza; del Chile que quiere un país sin división y sin ciudadanos de primera o segunda clase. Y claro, es un Chile difícil de complacer porque sus preferencias también son contradictorias: “… salvar el planeta pero con energía barata, mejorar su pensión pero sin ahorrar, y ganar más pero trabajando menos…”. 

Pero también hay que satisfacer a quienes ansían moderación, sin retóricas de miedo que manipulan a las bases y al mismo tiempo asustan a los demás ciudadanos, entre estos a los de las clases medias. A aquellos que han dado señal clara de estar en contra de la violencia y de los burladores de las normas legales. 

No pocos sostienen que los disturbios alentados por el Partido Comunista incidieron en los resultados que favorecen a Kast. Esto porque la gran mayoría descontenta, expresada durante el gobierno de Piñera, afectada por el bajo crecimiento económico, luego sintió temor por la inseguridad que reflejó la violencia y el irrespeto a las fuerzas del orden por parte del vandalismo organizado, precisamente respaldado por el indicado partido que hoy apoya a Boric, con signos de condicionarlo en su gestión si llegara al poder. 

El presidente, Sebastián Piñera, puso su parte con la debilidad y cobardía demostrada durante los últimos años, pues no fue capaz de asegurar el estado de derecho. En este aspecto, el periodista John Muller lo sentenció así: “… demostró que no era capaz de defender su perímetro de autoridad, al no ser capaz de impugnar que se aplicaran resquicios para invadir sus competencias privativas”. 

En fin, pareciera que hay más votos de la derecha que los imaginados por la izquierda chilena; y José Antonio Kast, aún en un ambiente electoral “antipartidos” podría ser el vencedor de la segunda vuelta, pues su organización política tiene poca historia para críticas y le sería más fácil lograr apoyos. (O)

El trámite de la apostilla

Jorge G. Alvear Macías

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 A pedido de un colega de Estados Unidos elaboré un reporte legal, redactado en idioma inglés. Para revestirlo de formalidad solicité a una notaria que certificara la firma que estampé en dicho reporte, quien así lo hizo en un acta notarial de reconocimiento de firma.

El vía crucis empezó cuando presenté en las oficinas de Cancillería en Guayaquil el acta notarial adjunto al indicado reporte, para que le impusieran “la apostilla” prevista en el artículo 4 de la Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. No fue atendida la solicitud, porque según la persona encargada de recibir el documento materia de trámite, dicho reporte legal debía estar traducido al español.

Por más que se le recordó al jefe departamental que el objeto de la indicada Convención son los documentos públicos extendidos o ejecutados por autoridades públicas de Ecuador y no de una persona privada (en este caso un acta notarial levantada en idioma español por una notaria en funciones de Guayaquil), para ser exhibidos en el territorio de Estados Unidos, no hubo forma de obtener lo solicitado. El funcionario simplemente exigió un trámite extraño al texto del mencionado instrumento internacional celebrado en 1961 y al que Ecuador se adhirió recién el 2007.

El oficial de Cancillería insistió en que el apostillamiento –según su entender– incluía el reporte legal, aunque se explicó que lo solicitado únicamente era “la apostilla” (certificación) de la firma de una notaria que consta en una diligencia o acta redactada por ella en español. Se le reiteró que la certificación de la notaria no se refiere al contenido del texto del reporte legal, por tanto no cabía su traducción al español; más aún, si el destinatario lo necesita precisamente en idioma inglés.

Lo cierto es que la Convención establece que, en casos como el relatado, la única formalidad exigible para estampar el sello de “la apostilla” es la verificación de la firma del notario, su calidad de notario en funciones y la identidad de su sello o timbre colocado sobre el documento de la certificación notarial (art. 3 de la Convención). Cualquier procedimiento o manual interno de la Cancillería que agregue requisitos es abusivo, contraría el objeto de la Convención indicada, entorpece más la fluidez de los negocios, conspira contra los mecanismos a favor de la globalización, atenta contra la seguridad jurídica y desconcierta el mensaje gubernamental para atraer y alentar inversiones extranjeras.

Lo comentado se suma y contradice también el alentador mensaje del presidente (de captar 30.000 millones de dólares), lo que estaría ocurriendo en el SRI. Hace pocos días este Diario publicó una carta de una lectora quejándose del Servicio de Rentas Internas (SRI) que está cobrando a su cliente una deuda impugnada en sede judicial e incumpliendo además la orden del Tribunal de suspender el cobro hasta que haya una sentencia.

Si queremos atraer inversiones, debemos dar muestras de respeto a la seguridad jurídica, observando sumisión no solo a los tratados internacionales, sino también a las normas internas. (O)

Método de prueba y error

Jorge G. Alvear Macías

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 Las autoridades del Estado no han logrado el objetivo de “precautelar y coadyuvar el mantenimiento de la seguridad” ciudadana, que buscaron con la prohibición del porte de armas de uso civil a nivel nacional (Decreto 001, Rafael Correa, 2009). Decreto emitido a pesar de la vigente Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios promulgada en 1980, que reconoce el derecho a licencias de tenencia y porte de armas de defensa personal. Es claro que, ante el incremento de inseguridad, los permisos legales de tenencia y porte de armas otorgados hasta el 2009, ninguna relación tenían con los delitos de delincuencia común o crimen organizado, cometidos con armas del mercado ilegal.

Este Diario, en un reportaje del 12 de octubre, destacó que con el fin a los permisos de portar armas desapareció el efecto disuasivo de los delincuentes, quienes actualmente “actúan a sabiendas que sus víctimas no tienen con qué defenderse”. Lo comprobamos esta semana, cuando criminales, en horas diurnas, asaltaron –sin apuros– en centros comerciales de esta ciudad; y, en días anteriores hirieron personas, a pesar de no haberse resistido a ser robadas. Todo ocurrió en medio del estado de excepción y con las Fuerzas Armadas en las calles, para intentar contener la arremetida de los malhechores. Por supuesto, muchos otros hechos delincuenciales, como asaltos en áreas de los semáforos, han ocurrido en las últimas horas, no denunciados ante las autoridades pero sí compartidos en redes sociales.

El Estado no ha funcionado ni como ente pacificador de la sociedad y menos neutralizador de la delincuencia. Por otro lado, en la violencia social existen elementos de distintos orígenes que reclaman distintas soluciones, de resultado mediato o inmediato. La criminalidad violenta obliga a desatanizar los permisos de tenencia y porte de armas para defensa personal, pues el Acuerdo 96 del Ministerio de Defensa (abril, 2021) prevé estrictos requisitos, tales como: 1. Certificado de aptitud para tener o portar armas, otorgado por un psicólogo clínico, con sus datos para posteriores controles. 2. Cumplir test de conocimiento de medidas de seguridad y normativa legal sobre armas. 3. Certificado de no registrar antecedentes penales.

Tales requisitos observan parámetros internacionales sobre regulación del uso de armas y licencias. Incluso organizaciones como Amnistía Internacional admiten que tanto la tenencia como el porte se autoricen previo control exhaustivo de los antecedentes del solicitante, para detectar factores de riesgo como el comportamiento violento, historial de uso de drogas y alcohol, problemas emocionales o enfermedades mentales.

No se trata de armar a maltratadores ni a vecinos prepotentes y violentos, pues en la necesaria evaluación psicológica quedarán identificados y excluidos. Las emergentes circunstancias de indefensión ciudadana ante la delincuencia obligan al menos a renovar los permisos vencidos de tenencia o porte de armas, previa verificación de requisitos. Estos ciudadanos podrán apoyar a la Policía en Guayaquil, como ocurrió en 1981 durante el conflicto con el Perú, a pedido del jefe de la II Zona Militar de entonces. El Gral. José Gallardo Román podría confirmarlo. (O)

Calificación de urgencia económica

Jorge G. Alvear Macías

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea, devolvió el ‘Proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal’, presentado en la Asamblea con calificación de urgente en materia económica, por el presidente Guillermo Lasso, el pasado 24 de septiembre del presente año.

Para motivar la devolución el CAL se apoyó en un informe de la Unidad Técnica Legislativa, que realizó indebidamente un control constitucional formal y material que es exclusivo de la Corte Constitucional y únicamente pertinente para controlar normas legales aprobadas por la Asamblea, que hayan sido impugnadas con una demanda de inconstitucionalidad. Tan evidente es la arbitrariedad asumida por el CAL, que la indicada Unidad Técnica Legislativa, para señalar que el proyecto incumple el artículo 136 de la Constitución, en lo que respecta al requisito de unidad de la materia legislativa, invoca el artículo 116 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que precisamente regla el examen de la Corte Constitucional, entre otras reglas agrupadas en el Capítulo VI de este cuerpo legal, titulado ‘Control constitucional de las disposiciones legales de origen parlamentario’. Un control que ni siquiera es preventivo y que en nuestro ordenamiento constitucional sí puede hacerlo el presidente a través del veto.

La devolución del proyecto tiene la finalidad de “que sea presentado nuevamente de conformidad a lo dispuesto en el sexto inciso del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Esta norma impide al CAL calificar la viabilidad de trámite, de un proyecto de ley enviado como urgente en materia económica por el presidente de la República, si estima que no ha cumplido los requisitos ordinarios exigidos a todos los proyectos de ley. La resolución del CAL no ha cuestionado la calificación de urgencia en materia económica del proyecto indicado, contrario a lo afirmado por un respetable jurista. Tal calificación es atribución del primer mandatario.

Es que, si un proyecto de ley no se refiere a una sola materia –entre otros requisitos exigidos en la Constitución– (art. 136) no puede tramitarse, salvo que se justifique –como pareciera constar en el proyecto de urgencia económica comentado–, la relación de conexidad causal, temática, teleológica y sistemática de los contenidos normativos de las reformas propuestas a las leyes. Pero esta verificación debería y puede efectuarla la Corte Constitucional y, por ello, la necesidad de revertir las atribuciones de control constitucional preventivo dadas al CAL con una urgente reforma legal. Esta atribución, en contravención de la Carta Magna, propicia un tétrico precedente para coartar a futuro el trámite de los proyectos de ley, simplemente aduciendo vicios de inconstitucionalidad (determinados por la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea), sin que tales proyectos lleguen a ser debatidos por el pleno.

En un análisis despojado del cálculo político, aunque desde la Asamblea se amenace con la desaprobación del proyecto, estimo razonable para fortalecer la juridicidad constitucional que se lo vuelva a presentar y, en esta ocasión, el organismo legislativo haga lo correcto. (O)

Derecho a la reproducción, no al aborto…

Jorge G. Alvear Macías

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  Este miércoles, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional realizó la audiencia solicitada por varios profesionales del derecho y la medicina. Ellos plantearon objeciones al proyecto de la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación que tramita dicha Comisión, antes de enviar su primer informe al pleno de la Asamblea. 

La audiencia se desarrolló en un ambiente tenso, diría poco cordial por parte de ciertos miembros de la Comisión. El presidente de la Comisión parecía más atento al reloj y esperando la oportunidad para advertirles a los invitados: “… le queda un minuto para concluir…”. 

Una de las críticas fue al título del proyecto, pues descubrió en el mismo el uso del eufemismo “interrupción voluntaria del embarazo”, en vez del vocablo aborto; y, además, evidenció en la denominación de la ley (lo que también observo en el artículo 3) la creación del derecho al aborto, derecho no contemplado en la Constitución ni en la Convención Americana de Derechos Humanos y menos reconocido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH, que es la intérprete última de tal Convención. 

Lo que la CorteIDH sí hizo en el caso Artavia Murillo-Costa Rica fue conferir mayor protección a las mujeres en cuanto a sus derechos a la reproducción y no al revés (Paloma Lara C., Universidad Católica Argentina). Basta observar que los antecedentes de la sentencia se refieren al derecho a la reproducción asistida, en el contexto de la fertilización in vitro que le fue negada a una pareja sin hijos. 

También se nota en el proyecto, además de lo señalado anteriormente, que adolece de graves vacíos normativos que lo tornan incompatible con los razonamientos de la Sentencia n.º 34-19-IN/21 de la Corte Constitucional (CC), que dispuso su preparación; e inobserva una expresa indicación de la decisión de dicha Corte. Los vacíos pueden ser subsanados por la Comisión o el pleno; pero no la inobservancia, que impide continuar el trámite. 

En efecto, el proyecto no fija un tiempo máximo de gestación para permitir el aborto. Está indeterminado y abierto a la práctica en cualquier mes del embarazo. Es decir, incumple la instrucción de la CC de establecer “… condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación”. En Estados Unidos, el estado de Texas limita la práctica del aborto hasta la sexta semana de gestación, y a que se detecte el latido del corazón del feto –que usualmente ocurre en esa semana–. “… La vida de cada niño por nacer con un latido del corazón se salvará de los estragos del aborto”, dijo Greg Abbott, gobernador de Texas. 

Adicionalmente, entre los considerandos del proyecto no consta que se haya contado “… con la participación amplia y activa de la ciudadanía…”, incumpliendo así el defensor del Pueblo otra instrucción de la CC (n.º 195 de la sentencia). El proyecto debe devolverse para que se escuche a la ciudadanía inconforme con su formulación. ¿Acaso no somos una sociedad incluyente? (O)

No olvidar la Comisión Internacional contra la Impunidad

 

Jorge G. Alvear Macías

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No debería abandonarse la original oferta de campaña del presidente Lasso de crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, similar a la Cicig que funcionó exitosamente en Guatemala, enfrentando a la delincuencia organizada que cooptó ese Estado centroamericano. El organismo descubrió e incomodó a élites del poder involucradas en la voracidad de la cleptocracia (poder controlado por ladrones). Un modelo caracterizado por ser una institución independiente de investigación, con recursos económicos y personal especializado propios, pero que trabajó conforme al ordenamiento jurídico guatemalteco y que dependió del sistema judicial de ese país.

La Cicig escudriñó particularmente la corrupción en el sector público, y así diseñó el plan de acción, seleccionó y entrenó al personal que manejó un nuevo departamento del Ministerio Público-MP (Fiscalía General), que promovió y se denominó Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Además apoyó al MP en propuestas al Legislativo de leyes necesarias para batallar con la delincuencia organizada asociada al poder político, entre otras. Esa comisión internacional, como bien anota Elisenda Calvet Martínez, experta en Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona, en un análisis sobre su actuación: “… (funcionó) como una especie de fiscalía, aunque con poderes limitados, que (trabajó) junto con las instituciones guatemaltecas, capacitando al personal local a través del llamado efecto demostrativo (demostration effect) (Hudson y Taylor, 2010, p. 55). Para poder llevar a cabo su cometido, destacan dos funciones: por una parte, la posibilidad de promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos… como ‘querellante adhesivo’ (acusador adicional), es decir, de forma conjunta con el Ministerio Público… y… promover reformas legislativas para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones guatemaltecas para poder perseguir a estas estructuras criminales…” .

Entendemos que el señor presidente quiere responder al clamor de recuperar lo robado, pero esa iniciativa no se contrapone a la necesidad de sanear y preparar a los funcionarios idóneos de las instituciones encargadas de luchar contra el crimen organizado; lo cual es necesario para lograr sin temor al fracaso, el beneficio de la ayuda internacional para recuperar los dineros con origen en la contratación pública, obtenidos ilícitamente por exfuncionarios y personas naturales y jurídicas privadas, que se encontrarían en distintas jurisdicciones.

Como ya lo dijimos en un programa de televisión con el periodista Carlos Vera, ya existen los mecanismos legales para solicitar la colaboración de Estados Unidos para recuperar los activos apropiados por la cleptocracia. Inicialmente para el acceso inmediato de información o evidencias que sean admisibles en un tribunal, para condenar a los culpables y la ubicación de los activos que se pretenden recuperar. Esto consta en una guía práctica de cooperación internacional sobre la materia, elaborada por el Departamento de Justicia con el Departamento de Estado de Estados Unidos. (O)

El 11-S, el día más sangriento de Estados Unidos

Jorge G. Alvear Macías

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 Mañana se cumplen 20 años del terrorífico suceso que modificó drásticamente la visión mundial de seguridad y, en especial, de Estados Unidos: la destrucción de las torres del World Trade Center en Nueva York, impactándolas con dos aviones de pasajeros. Fue un meticuloso plan, bien financiado, organizado y ejecutado por células del grupo terrorista Al Qaeda, creado por Osama bin Laden.

Ese día y con diferencia de minutos, dos equipos de la organización terrorista que también se habían apoderado de dos aeronaves en vuelo embistieron con una de ellas el edificio del Pentágono en Washington e intentaron con la otra atacar posiblemente la Casa Blanca o el Capitolio. Se conoció que lo impidieron los heroicos 38 pasajeros y 7 tripulantes de ese cuarto avión, enfrentando a los captores y obligándolos a estrellar la nave en un espacio inhabitado. Si el avión hubiera seguido segundos más en el aire, habría impactado una escuela con 501 estudiantes.

Muchos vimos, atónitos, en transmisión directa de televisión, imágenes del momento en que el avión de United Airlines se incrustó en la estructura de la Torre Sur del World Trade Center, la gran explosión con enormes flamas y columnas de humo negro; y luego cómo ambas torres de 110 pisos se desplomaban.

El siniestro plan, con la intervención de pilotos sauditas entrenados en USA y con apoyo de musulmanes estadounidenses, cobró más de 3.000 vidas humanas. Hay quienes sostienen que los pilotos pudieron practicar con simuladores de vuelo de Microsoft y Fly II para computadoras que “permitían volar entre las torres del World Trade Center y entrar en ellas”.

Los diarios de Estados Unidos, como el New York Times, Los Angeles Times, Houston Chronicle, Dallas Morning News y otros, describieron en sus portadas el drama y sentir estadounidenses, con titulares como ‘Estados Unidos atacado’, ‘Día de la muerte’, ‘Ataque terrorista Nueva York, Pentágono’, ‘¡Bastardos!’, ‘Un día diabólico’, ‘La gran infamia’, ‘Estamos en guerra’, ‘El día más sangriento de Estados Unidos. Este es el segundo Pearl Harbor’, ‘Día del terror’, ‘Terror e incredulidad’. En fin, la prensa recogió el sentir ciudadano de devastación, oscuridad y terror; así como su ira y el clamor de que los culpables pagaran sus terribles crímenes.

El periodismo también invitó a reflexionar. Nancy Gibbs en la revista Time (sept. 14, 2001) escribió bajo el título ‘Si quieres humillar a un imperio’: “El acero, ahora lo sabemos, se dobla y se derrite; ahora necesitamos estar hechos de algo más fuerte que eso. (…) ¿Entramos en pánico ahora o seremos valientes? Una vez que los buldóceres y volquetas hayan limpiado los escombros y se hayan rezado mil misas fúnebres (…), las calles estén limpias de cenizas y vidrios y las tiendas y monumentos y aeropuertos vuelvan a abrir, una vez que hayamos comenzado a explicar esto a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿qué haremos? ¿Qué más que construir nuevas catedrales, y si son bombardeadas, construir algunas más? Porque la fe está en el acto de construir, no en el edificio en sí, y ninguna cantidad de terror puede evitar que rasquemos el cielo”. (O)

El mundo observa absorto a Afganistán…

Jorge G. Alvear Macías

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@jorgalve

 Una noticia de ayer de Associated Press anunció un inminente ataque terrorista al aeropuerto de Kabul, donde miles intentan huir. Esto ocurre cuando se agota el plazo para terminar un puente aéreo masivo que realizan varios países de Occidente, tal vez el más grande de la historia. Un alto funcionario de las Fuerzas Armadas británicas, James Heappey, afirmó que había informes muy creíbles de un ataque inminente. “… Hay muchas personas en la cola que quieren correr el riesgo, pero la información sobre esta amenaza es muy creíble y hay una inminencia real”. La Embajada de Estados Unidos también advirtió a los ciudadanos afuera del aeropuerto que se fueran de inmediato debido a una amenaza de seguridad. Lo propio hicieron Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda.

Muchos excolaboradores de las fuerzas de la coalición que intentan ingresar al aeropuerto temen por sus vidas ahora que los talibanes recuperaron el poder, luego de casi 20 años, tras la invasión liderada por Estados Unidos. Otros intuyen el retorno a la brutal aplicación de la estricta ley islámica y las represalias. Una afgana que trabajó para la ONU, entrevistada por Reuters, dijo: “Todas las mujeres que conozco tienen el mismo miedo que yo. ¿Qué pasará ahora con nuestros hijos si nos castigan por nuestro trabajo? ¿Qué pasará con nuestras familias? ¿Qué nos harán como mujeres?”.

El caso es que la facción del Estado Islámico en Afganistán está integrada mayormente por talibanes descontentos, con una visión aun más extrema del Islam. Son los Khorasan quienes han efectuado ataques brutales en Afganistán, incluido a un hospital-maternidad de Kabul (2020) en el que murieron bebés y mujeres. Se sospecha que tendrían armas y equipos pesados abandonados por las tropas afganas.

Con las advertencias de ataques terroristas, es harto probable que finalicen las evacuaciones que realizan algunas naciones como Dinamarca, Holanda, Polonia, Bélgica y Francia. Los talibanes después de la fecha límite solo permitirían vuelos comerciales.

Los temores de los afganos no serían exagerados y son compatibles con las declaraciones del exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo (promotor del acuerdo con los talibanes para la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán): “Estos [los talibanes] son carniceros. Me reuní en la habitación con ellos. Estas fueron algunas de las reuniones más difíciles para mí personal y emocionalmente. Sabía exactamente quién estaba sentado al otro lado de la mesa. Estas son personas malvadas. El mundo está lleno de gente malvada como esta… Nunca confiamos en ellos... Siempre supimos que lo que nos decían era casi con certeza una mentira” (entrevista en Tulsa, 18 de agosto de 2021).

Lo descrito me recordó el relato del periodista paquistaní Ahmed Rashid en su libro Los talibán: “… El mundo solo se dio verdadera cuenta de la importancia de Afganistán cuando aquella soleada mañana neoyorquina, la gente se quedó boquiabierta viendo cómo dos reactores se incrustaban en las Torres Gemelas del World Trade Center…”.

Mientras termino esta columna, los ataques ya empezaron y el mundo, absorto. (O)

¿La hora de dejar de ser Quijote?

 

Jorge G. Alvear Macías

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 Esta semana el presidente Lasso dio a conocer al país irregularidades ocurridas durante el gobierno de Rafael Correa. Se trata del crédito que otorgó un banco del Estado a un club del fútbol ecuatoriano que todavía no se ha cancelado; y, del mal uso de los recursos de la Universidad Yachay (“ese dinero se lo manejó como caja chica de los viajes presidenciales del mandatario de aquella época. Esto no puede continuar. Imagínense lo que hubiera sido $ 1.000 millones en la lucha contra la desnutrición crónica infantil”, dijo el presidente).

Así, el primer mandatario nos recordó un problema de grandes dimensiones que los ecuatorianos nos inclinamos a ignorar: la corrupción en el manejo de los dineros públicos y la impunidad de sus autores. Con ello, el presidente también nos ha traído a la mente la necesidad de conformar una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, similar a la que operó exitosamente en Guatemala con el auspicio de las Naciones Unidas, ofrecida en su campaña.

En enero de este año, la revista Vistazo publicó un excelente trabajo de investigación del periodista Lautaro Ojeda que provee un diagnóstico sobre la corrupción y la impunidad de los crímenes en el Ecuador. Ahí se señala que el 82 % de los crímenes queda sin castigo; y a ello atribuye la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia. El periodista alude también a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para ubicar al fenómeno de la impunidad no solo como el resultado de las falencias jurídicas de los fiscales y tribunales para establecer las responsabilidades de los autores de los ilícitos, sino también a diversas condiciones sociopolíticas que la alimentan, como la corrupción, un sentimiento que anida en las personas. Tanto que “paradójicamente uno de cada cuatro ecuatorianos considera que, “como están las cosas, a veces es justificable el pago de un soborno”. Y para mayor contradicción, quienes fueron víctimas de corrupción son quienes más dispuestos están a tolerar las prácticas corruptas”. Ecuador es el cuarto país que más tolera la corrupción en América Latina y el Caribe.

En esa falta de castigo a las infracciones, en las que se hallarían implicadas autoridades, o su incapacidad para detener los crecientes niveles de corrupción, está el porqué de la percepción de indefensión de la ciudadanía y de su desconfianza hacia el sistema de justicia.

A propósito de la corrupción, la misma publicación de la revista Vistazo, reprodujo la concepción de la periodista guatemalteca Marta Altolaguirre, que parece invitar a reflexionar en estos momentos cruciales de tantas necesidades económicas y vacíos éticos de nuestra sociedad: “Cuando en una sociedad los desvergonzados triunfan. Cuando los abusadores son admirados; cuando ya no hay principios y solo impera el oportunismo; cuando los insolentes mandan y el pueblo los tolera; cuando todo se vuelve corrupto, pero la mayoría guarda silencio; cuando tantos ‘cuando’ se unen, quizá sea hora de esconderse; hora de interrumpir la batalla; hora de dejar de ser Quijote”.

Estimo que hay que continuar en la lucha. (O)