No olvidar la Comisión Internacional contra la Impunidad

 

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com

@jorgalve

No debería abandonarse la original oferta de campaña del presidente Lasso de crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, similar a la Cicig que funcionó exitosamente en Guatemala, enfrentando a la delincuencia organizada que cooptó ese Estado centroamericano. El organismo descubrió e incomodó a élites del poder involucradas en la voracidad de la cleptocracia (poder controlado por ladrones). Un modelo caracterizado por ser una institución independiente de investigación, con recursos económicos y personal especializado propios, pero que trabajó conforme al ordenamiento jurídico guatemalteco y que dependió del sistema judicial de ese país.

La Cicig escudriñó particularmente la corrupción en el sector público, y así diseñó el plan de acción, seleccionó y entrenó al personal que manejó un nuevo departamento del Ministerio Público-MP (Fiscalía General), que promovió y se denominó Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Además apoyó al MP en propuestas al Legislativo de leyes necesarias para batallar con la delincuencia organizada asociada al poder político, entre otras. Esa comisión internacional, como bien anota Elisenda Calvet Martínez, experta en Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona, en un análisis sobre su actuación: “… (funcionó) como una especie de fiscalía, aunque con poderes limitados, que (trabajó) junto con las instituciones guatemaltecas, capacitando al personal local a través del llamado efecto demostrativo (demostration effect) (Hudson y Taylor, 2010, p. 55). Para poder llevar a cabo su cometido, destacan dos funciones: por una parte, la posibilidad de promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos… como ‘querellante adhesivo’ (acusador adicional), es decir, de forma conjunta con el Ministerio Público… y… promover reformas legislativas para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones guatemaltecas para poder perseguir a estas estructuras criminales…” .

Entendemos que el señor presidente quiere responder al clamor de recuperar lo robado, pero esa iniciativa no se contrapone a la necesidad de sanear y preparar a los funcionarios idóneos de las instituciones encargadas de luchar contra el crimen organizado; lo cual es necesario para lograr sin temor al fracaso, el beneficio de la ayuda internacional para recuperar los dineros con origen en la contratación pública, obtenidos ilícitamente por exfuncionarios y personas naturales y jurídicas privadas, que se encontrarían en distintas jurisdicciones.

Como ya lo dijimos en un programa de televisión con el periodista Carlos Vera, ya existen los mecanismos legales para solicitar la colaboración de Estados Unidos para recuperar los activos apropiados por la cleptocracia. Inicialmente para el acceso inmediato de información o evidencias que sean admisibles en un tribunal, para condenar a los culpables y la ubicación de los activos que se pretenden recuperar. Esto consta en una guía práctica de cooperación internacional sobre la materia, elaborada por el Departamento de Justicia con el Departamento de Estado de Estados Unidos. (O)