sábado, 30 de noviembre de 2019

Más caos

Caos es más libertad; de hecho, libertad total. Pero no tiene sentido.
Jorge G. Alvear Macías


 
El editorial ‘Respetar el ordenamiento’, publicado ayer en EL UNIVERSO, hizo notar lo ocurrido el pasado domingo, cuando indígenas de una comunidad de Cotopaxi llegaron al cantón Ventanas (provincia de Los Ríos) y a la fuerza se llevaron a una mujer y su padre para aplicarles la justicia indígena por una presunta deuda con un miembro de esa comunidad. Espeluznante descripción en un supuesto contexto de un Estado de derechos que permite a la población indígena resolver sus conflictos o reprimir delitos cometidos por sus miembros en sus territorios, en tanto ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos. 

Lo anterior me recordó lo expresado sobre las movilizaciones de octubre pasado por la señora Nina Pacari Vega, quien fuera asambleísta constituyente, diputada, canciller y vocal del Tribunal Constitucional, en el programa ‘Políticamente correcto’, de Ecuavisa. Dijo: “Los pueblos indígenas cuando estamos en una fiesta o en una movilización hacemos uso del lugar y es territorio también indígena”. Entonces no se me cruzó por la mente que aquello implicaba aplicar la justicia indígena en cualquier lugar del territorio del Ecuador. A pesar de que, en ese mismo programa, también manifestó: “...Es territorio indígena el ágora de la Casa de la Cultura y sus alrededores, el tiempo que (el indígena) ha estado utilizado, habrá que hacer un debate del Estado plurinacional y en Estado de derecho es pluralismo jurídico…”. Sostuvo que lo permite el Convenio 169 de la OIT. 

Lo cierto es que en el texto del Convenio 169 de la OIT no encontré la posibilidad de llegar a las conclusiones de la señora Pacari Vega. Es más, su artículo 46 advierte: “…Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un (…) pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.”

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas –aprobada en septiembre 2007– afirma que los pueblos indígenas son iguales a los demás pueblos (claro, los pueblos mestizos también) y a todos se les reconoce el derecho a considerarse a sí mismos diferentes y a serlo, y a ser respetados como tales. En consecuencia, ningún pueblo es o puede considerarse superior a otro, y la práctica de llegar y apropiarse de la territorialidad de acuerdo con la manifestación de la exvocal del TC más bien podría ser tomada como un desvío de los derechos.
El citado instrumento señala que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas.

Es cierto que la indicada declaración estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, pero nunca irrespetando el Estado de derecho. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 29 de noviembre del 2019.
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viernes, 22 de noviembre de 2019

¿Hacia dónde vamos?

    Jorge G. Alvear Macías
       @jorgalve    jorgalve@yahoo.com
Una pregunta en el contexto de la grave crisis económica, la débil institucionalidad, la cooptación del Estado por la delincuencia organizada internacional, la fuerza intacta del populismo y la incierta identidad nacional (dadas las declaraciones de ciertos líderes indígenas, que nos asumirían a los mestizos como extranjeros con permiso de trabajo).
En junio del 2018, el comentarista John Cajas Guijarro (Nueva Sociedad) expresó su preocupación por el estado de la economía, concretamente porque observaba la crisis (que distaba de lo que es hoy) como resultado de una combinación de la inacción política y la posibilidad de tomarse medidas neoliberales. Afirmaba que la deuda externa crecería y que la dolarización se sostendrá artificialmente, predicción que coincide con la de entendidos. 
Lo que más me llamó la atención es que Cajas Guijarro entendía necesario para enfrentar el complejo futuro –que ahora es nuestro presente– que las izquierdas y los movimientos sociales “tienen la urgente responsabilidad de reinventarse”. Una frase que entonces decía poco para mí y que ahora podría explicar mucho de los violentos sucesos durante los once días del mes de octubre en Quito, en gran parte del país y –tal vez– de los que podrían venir si acaso dicha “reinvención” no se replantea.
Unos meses después de la publicación de Cajas Guijarro (octubre 28) se produjeron las declaraciones de Ricardo Patiño, en Latacunga. Cuando hizo el llamado a la “resistencia combativa” contra el gobierno de Moreno. Fue cuando convocó a desconocer la institucionalidad, que sus conmilitones diseñaron en Montecristi, con una Carta que las minorías no aprobamos; pero, por creer en el Estado de derecho la obedecemos. Entonces Patiño anticipó:
“Vamos a hacer actividades que están reprimidas, vamos a prepararnos para esa represión, no vamos a dar papaya tampoco”. 
“Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos... Y no tenemos miedo. ¡Que nos cojan presos, carajo!”. (¿La toma de la Contraloría?).
“Ahora, a combatir en las calles”.
- Pidió acudir a la Asociación de Bancos Privados con carteles que digan: “Devuelvan la plata, carajo” (¿Y la plata del arroz verde y las refinerías?).
- “Vamos a hacer en las carreteras las acciones que sean necesarias, y cerraremos las carreteras y quemaremos las llantas que sean necesarias para demostrar que la lucha del pueblo está encendida. En el gobierno de la revolución ciudadana nosotros decíamos que eso no se debía hacer. Y es cierto que no se debe hacer cuando el gobierno atiende al pueblo”.
- Debemos “realizar acciones” para “exigir que Jorge Glas salga, al menos, a la Cárcel Cuatro”, en Quito. 
- “Y ahora no vamos a ser tan suavecitos como hemos estado hasta ahora”.
“Vamos a organizarnos en cada provincia, con acciones com-ba-ti-vas. Y no bonitas y pasivas. No. Ya no. El país tendrá que conocer que esta organización existe”.
Casi un año después, ocurren las incendiarias y planificadas movilizaciones de transportistas e indígenas, con actos vandálicos, saqueos, interrupciones de carreteras y calles, especialmente en Quito pero replicadas en otras ciudades. Los líderes de la Conaie con sus declaraciones previas, durante y después de los levantamientos de su sector, ciertamente confluyen con las arengas de Patiño.
* Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 22 de noviembre del 2019.
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viernes, 8 de noviembre de 2019

Movilizaciones en Bolivia

 Jorge G. Alvear Macías
Son preocupantes las generalizadas protestas en Bolivia, por los estallidos de violencia en algunas regiones y las lamentables pérdidas de vidas y heridos. Convenimos con quienes sostienen como razón de peso a las sospechas de fraude en las elecciones, en las que Evo Morales pretendió su cuarta reelección presidencial. Esto, porque cuando las tendencias anticipaban una segunda vuelta electoral, de pronto una detención del conteo rápido por casi 24 horas negó esa posibilidad. Un evento anormal ya visto en estos lares.
En la convulsionada nación se enfrentan quienes defienden la supuesta victoria de Evo Morales con los que ahora exigen su renuncia. 
El organismo ciudadano, denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), efectuó un informe con pruebas para sustentar las acusaciones del fraude, documento destinado a la Organización de Estados Americanos (OEA), que actualmente tiene a un equipo de especialistas auditando el proceso electoral. El Conade, entre otras irregularidades, detectó: sumas equivocadas en las actas; volteo de datos; actas en las que el partido de Evo obtiene más votación que votantes inscritos; fotografías de actas completadas y firmadas cinco días antes del proceso electoral. El informe también señala que hubo cédulas de identidad duplicadas y traspaso de la votación del presidente a diputados y senadores. 
Para el politólogo boliviano Luis Alberto Amurrio (blog fisurasite.com), contactado por este columnista, otras causas están presentes en las protestas: La candidatura de Evo Morales se dio ilegítimamente, por ser contraria a la Constitución que solo permite una reelección; y, además, porque un referéndum negó la reelección indefinida. 
Amurrio, como muchos bolivianos, sospecha de la OEA. Es que no obstante haberse pronunciado sobre las irregularidades y sugerido una segunda vuelta, el organismo convocó a realizar una auditoría vinculante para todas las partes; sin embargo, esto lo acordó únicamente con el Gobierno, sin incluir a los demás sectores. Adicionalmente, su secretario general (Almagro) había respaldado la ilegítima candidatura de Morales, aunque en mayo de este año expresara que “la reelección no es un derecho humano”. 
Encontramos relevante, en la opinión de Amurrio, su apreciación de que en las movilizaciones participan mayoritariamente jóvenes que reaccionaron rápidamente ante el fraude electoral; y, que solo buscan garantizar la democracia, sin dependencia política. También resulta importante la presencia de Luis Fernando Camacho, líder de un comité cívico de la ciudad de Santa Cruz, que decidió promover la renuncia de Morales, inicialmente sin mucha relevancia y luego convertido en principal hecho mediático, que encendió los conflictos y dio a Camacho plataforma para reunirse con los líderes opositores que respaldan su propuesta. 
Hay que asumir la preocupación de Evo Morales desde que pidió a sus leales cercar ciudades y confrontar las movilizaciones contra su régimen. Morales sigue apelando a la lucha de clases; a oponerse a la derecha, al imperio, al golpe de Estado y otras argucias. Así encubre el objetivo de desmovilizar, dividir y atemorizar a los manifestantes.
Con Amurrio estimamos que la conflictividad aumentará. Evo no tiene intenciones de renunciar o convocar nuevas elecciones, pues enfrenta posibilidades de perderlas, además hay varios casos de corrupción que saldrán a flote. Los militares pueden ser un factor determinante, pero no han definido su postura. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 8 de noviembre del 2019
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viernes, 1 de noviembre de 2019

Prohibición constitucional

     Jorge G. Alvear Macías
   @jorgalve           jorgalve@yahoo.com
La Constitución de Montecristi prohibió y aún prohíbe la tramitación de leyes que no se refieren a una sola materia (arts. 136 y 140). Los proyectos de leyes de urgencia económica también están sujetos a la misma prohibición. 
En la Asamblea Nacional conocen de ese impedimento, sin embargo, mientras escribo esta nota empezaron a debatir la ampulosamente denominada “Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas”, que con los textos de 404 artículos, 8 disposiciones generales, 25 transitorias, 4 derogatorias y una final pretende reformar 22 cuerpos legales. 
Entre tales cuerpos legales se incluye a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), concretamente tres artículos de ella, que ninguna relación guardan con el objetivo identificado en el nombre del proyecto de ley, cuya extensión y cobertura nos recuerda a las leyes troles aprobadas durante el correato, a pesar de la prohibición constitucional. 
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) –contrariando la Ley Orgánica de la Función Legislativa– calificó indebidamente dicho proyecto económico urgente presentado por el Gobierno; y, luego, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea decidió dar paso de manera integral al proyecto. Es que la mencionada ley orgánica (art. 56) advierte que para calificar los proyectos de ley, el CAL debe verificar que se refieran a una sola materia y si no cumplen con tal requisito, no debe calificarlos. 
A estas alturas, es de esperar que para el segundo debate, la Comisión especializada analizará́ y recogerá las observaciones de los asambleístas al proyecto de ley, efectuadas en el primer debate del pleno; y sobre todo, elimine aquellos textos de la propuesta del proyecto que generan suspicacias y desconfianzas innecesarias; como por ejemplo, las pretendidas reformas a la LOES, sobre asuntos que el propio Ejecutivo ya rectificó con las últimas reformas aprobadas en julio del 2018, cuando la Asamblea se allanó al veto presidencial. Así se eliminó una de las varias normas que aún desalientan la creación y mantenimiento de universidades privadas. 
En esta ocasión, llamamos la atención concretamente sobre la direccionada intención de impedir que nuevas universidades privadas se establezcan con el apoyo de universidades extranjeras como promotoras o en colaboración con aquellas. 
En efecto, se pretende reformar el art. 133 de la LOES, para que las nuevas universidades –que no nacen acreditadas– queden impedidas de realizar programas conjuntos con universidades extranjeras de excelencia. Pues a partir de la vigencia de la buscada reforma (¿quién será el autor?) estarán únicamente autorizados a efectuar dichos programas aquellos centros educativos que hayan logrado la acreditación. La nueva universidad, aunque tuviera de promotoras a las universidades de Yale o Harvard, no podrá realizar maestrías con esos prestigiosos centros de estudios hasta que transcurran tres, cuatro o cinco años desde su establecimiento, tiempo que tomaría su acreditación. Es decir, un requisito, además de absurdo, que vulneraría el derecho a la libertad de contratación y repugna por discriminatorio. 
Otra cosa: ¿cuál es la identidad de esta pretendida reforma a la LOES, con la materia económica del proyecto, para justificar su tratamiento urgente? (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 1 de noviembre del 2019
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