sábado, 29 de febrero de 2020

¿Cómo mejorar la economía?

Jorge G. Alvear Macías
¿Será posible alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos? Una delegación de alto nivel de funcionarios entendidos en comercio e inversión de ese país vendría a Ecuador en abril, para explorar posibilidades de inversiones en proyectos de energía e infraestructura, según apuntó el Wall Street Journal. 
Si logramos dicho acuerdo, ¿será suficiente para reparar la maltrecha economía causada en gran medida por el gobierno de Rafael Correa, quien obró bajo la inspiración de un sectarismo ideológico? 
Sabemos que contamos con la buena voluntad política de los presidentes Trump y Moreno. Atrás quedaron las malas relaciones internacionales entre Estados Unidos y Ecuador, durante los diez años del gobierno de Rafael Correa. Aunque están frescos los recuerdos de la hostilidad a un país que tradicionalmente nos cooperó para solucionar algunos problemas importantes y que además es hogar de al menos un millón y medio de compatriotas.
Estados Unidos –“nuestro socio comercial”– nos asistió por décadas en temas de seguridad, económicos, de salubridad, desarrollo comunitario y culturales, para mencionar los principales; y aun así, el expresidente en un estado de paroxismo, en abril del 2011, expulsó a la embajadora Heather Hodges, luego de que el hackerJulian Assange revelara que aquella había desnudado ante sus superiores la corrupción del correato, en un informe confidencial; y además, no quiso hacer comentarios cuando el excanciller Patiño le pidió explicaciones. Y para reafirmar su antipatía al imperio dispuso el asilo de Assange en nuestra Embajada de Londres. 
La duda de este columnista sobre la concreción del ansiado acuerdo comercial obedece a que el presidente Moreno aún no muestra decisión para impulsar reformas legales necesarias para crear condiciones que nos acerquen a las de nuestros países competidores, concretamente Colombia y Perú; y, las que se han tomado hasta ahora no se compadecen con los objetivos de crear los mejores escenarios para incrementar la exportación nacional y atraer nuevas inversiones. 
¿Podremos destrabar el mercado estadounidense que actualmente facilita las transacciones de Colombia y Perú, con ventajas a las que no tenemos acceso? ¿Podremos competir sin las inversiones extranjeras directas (IED) que tienen nuestros vecinos, además de los conocimientos técnicos, habilidades gerenciales y de organización? 
El Banco Mundial (reporte efectuado entre el 2017 y 2018) destaca que las grandes corporaciones globales a la hora de invertir en un país valoran los estímulos que ofrece, tales como reducción o eliminación de impuestos a los negocios. A las multinacionales les seduce la transparencia y previsibilidad de las acciones gubernamentales. Se alejan de países con burocracias ineficientes, legislaciones mañosas propiciadoras de discrecionalidad y procedimientos engorrosos.
Para el Banco Mundial, un tercio de los inversionistas reinvierten todas sus ganancias en el país de acogida que tiene un gobierno confiable. En este contexto privilegian las regulaciones simples, la ausencia de barreras al ingreso de inversiones y una adecuada infraestructura (electricidad y vías de transporte).
Acorde al indicado estudio, nuestro país debe ofrecer a los inversionistas extranjeros las garantías de protección legal para sus inversiones. Entre estas, las seguridades a su capacidad de transferir dinero dentro y fuera del país y que no sufrirán expropiación o los efectos de cualquier conducta obscura o arbitraria del Gobierno. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 28 de febrero del 2020
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viernes, 21 de febrero de 2020

Prostitución e inseguridad

Jorge G. Alvear Macías
Desde que en agosto del año pasado, el diario Extra publicara un reportaje sobre la prostitución en la ciudad, con detallado informe de la actividad en sinnúmero de “hostales” y la práctica por paga de relaciones sexuales en calles céntricas, no ha variado el control. Sectores importantes de la ciudad, incluido el bulevar 9 de Octubre –concretamente desde el parque Centenario hacia el oeste–, continúan tomados a partir de las tempranas horas de la noche por mujeres y hombres que ofrecen sus favores, provocando incomodidad en el turismo y transeúntes, pese a las quejas de los moradores en vecindarios residenciales afectados.

A lo antes anotado se suma la inseguridad por la poca presencia de los agentes policiales en la indicada céntrica vía y alrededores, lo cual aleja a los ciudadanos que antes solían pasear ese trayecto hacia el estero Salado.


Es desalentador leer, pese a estar identificados por los vecinos “todos los hoteles que sirven al trabajo sexual” (según relató el reportaje referido), que la prostitución en el centro de la urbe “es una problemática abandonada, que todos la han dejado ahí”, según reconoció el presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, Holbach Muñetón. 

Además, agrava el panorama la presencia de jóvenes mujeres extranjeras –aparentemente menores de edad– lo cual reclama más atención de los estamentos gubernamentales, para prevenir abusos a tales menores y a su integridad física. 

También es una realidad que la prostitución sin control propicia las condiciones para la violencia, robos y la venta de drogas. Un ambiente así no es conveniente para promover el turismo; y, la actitud insostenible de ignorar el problema y dejarlo como está, tampoco es consecuente con el gran esfuerzo de la inversión privada de la hotelería. Me refiero en particular a la afectación de dos importantes hoteles situados en el bulevar 9 de Octubre y la calle García Moreno, que atraen turismo nacional e internacional y facilitan con sus instalaciones rondas de negocios, que en estas épocas de vacas flacas hay que incentivar y no disuadir. 

También están especialmente afectados en el sector indicado los predios de la Federación Deportiva del Guayas (piscina Olímpica Alberto Vallarino), encajados entre las calles José Mascote, Hurtado, Luque y García Moreno, en donde jóvenes deportistas que entrenan en natación y atletismo no pueden extender sus prácticas hasta la noche por el peligro de enfrentar la inseguridad al salir de las instalaciones. De tal manera que el descuido de las autoridades también se convierte en una rémora para el desarrollo deportivo y la garantía de seguridad que merecen los deportistas.

Desde esta columna sugerimos que las autoridades del Estado central y de la ciudad (con los gremios del sector turístico, deportivo y de los barrios perturbados) analicen la problemática, discutan sus roles y busquen las soluciones. Sin duda, lo que no cabe es seguir haciendo lo mismo, pues no se obtendrán los resultados que se necesitan para beneficio de la comunidad toda.

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 21 de febrero del 2020
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viernes, 14 de febrero de 2020

Porte de armas

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve                       jorgalve@yahoo.com
El porte de armas de fuego para defensa personal es un derecho humano, fundamental y esencial, derivado de la dignidad humana y del derecho a preservar la vida misma ante la agresión ilegítima, actual y grave que la ponga en riesgo.
Cuando el Estado no puede controlar la posesión de armas de fuego, concretamente las obtenidas ilegalmente, en medio de una situación persistente y desbordada de la delincuencia común, incumple sus obligaciones en el marco de la Constitución, la ley y del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es, cuando falla en el combate a las amenazas de la delincuencia para la vida y bienes de los ciudadanos; y, además, en un decreto ejecutivo (regresivo) impide que el ciudadano, ejercitando su derecho a la seguridad, use armas de corto alcance para autodefensa, que está autorizado en la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 
La Constitución del Ecuador, en su catálogo de derechos, con su enumeración no agota todos los derechos que le asisten a las personas, por el contrario, la naturaleza de cláusula abierta que tiene el artículo 11 reconoce derechos consagrados en las leyes (art. 11.8). Y es precisamente el caso del derecho a la tenencia y porte de armas el que está reconocido como tal en el Código Orgánico Integral Penal COIP (“art. 60.- Penas no privativas de libertad.- Son penas no privativas de libertad:… 9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas... Art. 360.- Tenencia y porte de armas. La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar…”).
Está claro, entonces, que si la prohibición de la tenencia o porte de armas es el resultado de una sanción penal (justificada en el caso del delincuente), es al menos irregular que un decreto ejecutivo le impida al ciudadano honesto que ejercite el derecho a tener un arma para defensa personal, aun cumpliendo los requisitos legales. 
En las actuales circunstancias del incremento de ataques delincuenciales reportados por la prensa, la normatividad debe ser revisada para que garantice efectivamente el derecho fundamental a la seguridad personal. 
En este tema es pública y notoria la desigualdad en el trato a los ciudadanos. Con mucha verdad sostuvo ayer Galo Estrella –teniente en servicio pasivo de la Armada Nacional–, en un panel de Radio I99, que solo se permite el porte de armas a camaroneros, ganaderos y agricultores, mientras que en el área urbana se anula el derecho de los ciudadanos para defender la integridad de sus familiares y bienes. Y este columnista además observa que los funcionarios públicos se movilizan con seguridad armada y carros blindados; privilegio que también alcanza a personas pudientes, mas no a la generalidad que carece de protección policial porque no hay suficientes agentes. En un Estado social de derechos progresivos, declarado así en la Constitución, el discrimen repugna.
Desde esta columna he insistido en la necesidad de permitirle al ciudadano que se proteja. Hoy le recuerdo a la señora ministra de Gobierno que la tenencia y el porte de armas es un derecho fundamental, incluso reconocido por el COIP. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 14 de febrero del 2020.

CIDH: Observaciones (II)

Jorge G. Alvear Macías
Entre la semana pasada y esta, ha cambiado el contexto sobre las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo al Ecuador por la presunta vulneración de derechos, durante las protestas de octubre del 2019, a raíz de la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y diésel (luego restituidos por el Gobierno). 
Es que a tales observaciones, que solo parecían el resultado de una falta de información entregada por el Estado y/o de la ausencia de comprobación de hechos alegados como eximentes de responsabilidad, habría que sumarle indicios de tergiversación de los hechos, falta de independencia o al menos negligencia en la labor de investigación y contrastación de la Defensoría del Pueblo, cuando preparó la información que trasladó a la delegación de la CIDH durante su visita; y, claro, con esos defectos influyó en las conclusiones y recomendaciones de dicho órgano. Ello, principalmente en lo concerniente al número de víctimas mortales, presuntamente causadas por el exceso de la fuerza utilizada por agentes del Estado para contener los desbordes de la protesta, que debió ser pacífica, para conservar la cobertura de legitimidad.
La Defensoría del Pueblo incluyó siete informes sobre el número de personas detenidas, heridas y fallecidas, durante los días del paro nacional, para que la CIDH “determine las violaciones de derechos humanos y cuáles fueron los tipos de vulneraciones, para que exista la reparación integral correspondiente a las víctimas”. Sin embargo, según informaron los medios, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ha cambiado su versión en al menos tres ocasiones, sobre el número de fallecidos en el paro y la verificación de la información sobre las circunstancias de sus supuestas muertes. Tanto que la ministra María Paula Romo expresó su inconformidad con las conclusiones que la Asamblea Nacional y la CIDH emitieron sobre dicho paro, basándose en lo informado por dicha Defensoría, “sin hacer su propia contrastación”. Ella también ha mencionado como un elemento de duda que gravita sobre el informe del defensor del Pueblo el reportaje de la UDLA Channel, que reveló que José Rodrigo Chalouisa –una de las supuestas víctimas– ¡estaría vivo!
Ante la desconfianza anotada y otra generada por un video que circuló en las redes sociales, en el que el defensor Carrión hace proselitismo a favor de dos dirigentes indígenas que lideraron las protestas, así como para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, se precisa la integración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como el que se convino en diciembre pasado entre la CIDH y Bolivia, para apoyar la investigación de actos violentos y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dicho país entre septiembre y diciembre del 2019. El GIEI tiene pleno acceso a los expedientes de investigaciones y causas penales iniciados con motivo de los hechos, a la información pública gubernamental sobre aquellos, a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para cumplir su tarea, acorde con la legislación boliviana. 
El Grupo entregará a la Cancillería boliviana un informe público, con los resultados de su gestión y recomendaciones, al que la CIDH dará seguimiento.
Necesitamos una solución similar ante tan graves suspicacias. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 7 de febrero del 2020.
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