CIDH: Observaciones (II)

Jorge G. Alvear Macías

@jorgalve          jorgalve@yahoo.com

Entre la semana pasada y esta, ha cambiado el contexto sobre las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo al Ecuador por la presunta vulneración de derechos, durante las protestas de octubre del 2019, a raíz de la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y diésel (luego restituidos por el Gobierno). 

Es que a tales observaciones, que solo parecían el resultado de una falta de información entregada por el Estado y/o de la ausencia de comprobación de hechos alegados como eximentes de responsabilidad, habría que sumarle indicios de tergiversación de los hechos, falta de independencia o al menos negligencia en la labor de investigación y contrastación de la Defensoría del Pueblo, cuando preparó la información que trasladó a la delegación de la CIDH durante su visita; y, claro, con esos defectos influyó en las conclusiones y recomendaciones de dicho órgano. Ello, principalmente en lo concerniente al número de víctimas mortales, presuntamente causadas por el exceso de la fuerza utilizada por agentes del Estado para contener los desbordes de la protesta, que debió ser pacífica, para conservar la cobertura de legitimidad.

La Defensoría del Pueblo incluyó siete informes sobre el número de personas detenidas, heridas y fallecidas, durante los días del paro nacional, para que la CIDH “determine las violaciones de derechos humanos y cuáles fueron los tipos de vulneraciones, para que exista la reparación integral correspondiente a las víctimas”. Sin embargo, según informaron los medios, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ha cambiado su versión en al menos tres ocasiones, sobre el número de fallecidos en el paro y la verificación de la información sobre las circunstancias de sus supuestas muertes. Tanto que la ministra María Paula Romo expresó su inconformidad con las conclusiones que la Asamblea Nacional y la CIDH emitieron sobre dicho paro, basándose en lo informado por dicha Defensoría, “sin hacer su propia contrastación”. Ella también ha mencionado como un elemento de duda que gravita sobre el informe del defensor del Pueblo el reportaje de la UDLA Channel, que reveló que José Rodrigo Chalouisa –una de las supuestas víctimas– ¡estaría vivo!

Ante la desconfianza anotada y otra generada por un video que circuló en las redes sociales, en el que el defensor Carrión hace proselitismo a favor de dos dirigentes indígenas que lideraron las protestas, así como para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, se precisa la integración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como el que se convino en diciembre pasado entre la CIDH y Bolivia, para apoyar la investigación de actos violentos y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dicho país entre septiembre y diciembre del 2019. El GIEI tiene pleno acceso a los expedientes de investigaciones y causas penales iniciados con motivo de los hechos, a la información pública gubernamental sobre aquellos, a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para cumplir su tarea, acorde con la legislación boliviana. 

El Grupo entregará a la Cancillería boliviana un informe público, con los resultados de su gestión y recomendaciones, al que la CIDH dará seguimiento.

Necesitamos una solución similar ante tan graves suspicacias. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 7 de febrero del 2020.

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