Es desconcertante el aparente desinterés de la gran mayoría sobre lo que acontece en el Consejo Nacional Electoral (CNE), respecto al caso de las “firmas falsas”. Podría decirse que lo trascendente es el malestar de los denunciantes que reclaman por haber aparecido como afiliados o adherentes a tal o cual partido, sin su autorización.
Tampoco se aprecia mayor inquietud frente a las enrevesadas circunstancias en que se realizarían las próximas elecciones, tomando en cuenta la indudable desorganización del proceso de verificación de firmas; la sospecha de manipulación del sistema informático en el CNE; y las declaraciones de autoridades electorales, reconociendo la falta de idoneidad de ese sistema.
Se suma a lo anterior, la poca reflexión sobre lo que implicaría la cancelación del registro de los movimientos y partidos políticos. La discusión se ha centrado en la eventual compra de formularios con firmas, para obtener dicho registro. Lo cual, sin desconocer la gravedad de los ilícitos, desatiende la afectación a los valores democráticos.
No se ha considerado que el CNE es el responsable principal; y que, entre los formularios de respaldo a los actores políticos acreditados, deben constar firmas auténticas. Estas avalan la voluntad real de apoyo a las organizaciones registradas y esa voluntad de participación no debería frustrarse. Es decir no cabe afectar los derechos políticos de esas personas.
Tampoco se aprecia mayor inquietud frente a las enrevesadas circunstancias en que se realizarían las próximas elecciones, tomando en cuenta la indudable desorganización del proceso de verificación de firmas; la sospecha de manipulación del sistema informático en el CNE; y las declaraciones de autoridades electorales, reconociendo la falta de idoneidad de ese sistema.
Se suma a lo anterior, la poca reflexión sobre lo que implicaría la cancelación del registro de los movimientos y partidos políticos. La discusión se ha centrado en la eventual compra de formularios con firmas, para obtener dicho registro. Lo cual, sin desconocer la gravedad de los ilícitos, desatiende la afectación a los valores democráticos.
No se ha considerado que el CNE es el responsable principal; y que, entre los formularios de respaldo a los actores políticos acreditados, deben constar firmas auténticas. Estas avalan la voluntad real de apoyo a las organizaciones registradas y esa voluntad de participación no debería frustrarse. Es decir no cabe afectar los derechos políticos de esas personas.