Es desconcertante el aparente desinterés de la gran mayoría sobre lo que acontece en el Consejo Nacional Electoral (CNE), respecto al caso de las “firmas falsas”. Podría decirse que lo trascendente es el malestar de los denunciantes que reclaman por haber aparecido como afiliados o adherentes a tal o cual partido, sin su autorización.
Tampoco se aprecia mayor inquietud frente a las enrevesadas circunstancias en que se realizarían las próximas elecciones, tomando en cuenta la indudable desorganización del proceso de verificación de firmas; la sospecha de manipulación del sistema informático en el CNE; y las declaraciones de autoridades electorales, reconociendo la falta de idoneidad de ese sistema.
Se suma a lo anterior, la poca reflexión sobre lo que implicaría la cancelación del registro de los movimientos y partidos políticos. La discusión se ha centrado en la eventual compra de formularios con firmas, para obtener dicho registro. Lo cual, sin desconocer la gravedad de los ilícitos, desatiende la afectación a los valores democráticos.
No se ha considerado que el CNE es el responsable principal; y que, entre los formularios de respaldo a los actores políticos acreditados, deben constar firmas auténticas. Estas avalan la voluntad real de apoyo a las organizaciones registradas y esa voluntad de participación no debería frustrarse. Es decir no cabe afectar los derechos políticos de esas personas.
En opinión de este columnista, los derechos políticos deben ser interpretados y aplicados de tal manera que tengan significado y efecto en el ejercicio de la democracia representativa. Expresándolo con otras palabras: las autoridades del CNE tienen que garantizar los derechos de participación de esos afiliados y adherentes a través de las organizaciones ya registradas. A guisa de regulación de su ejercicio, no se pueden contravenir los principios de igualdad, no discriminación y de efectividad.
El elegir entre muchas opciones, aleja la posibilidad del monopolio del poder de un solo grupo o persona. No es sensata la intención del CNE, alentada inexplicablemente por quienes se dicen demócratas, de cancelar los registros de partidos políticos y movimientos regionales, sin norma expresa que faculte a hacerlo. Ello dificultaría la participación política efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos de oposición.
Sin la sana competencia entre diferentes opciones electorales, en igualdad, no habrían auténticas elecciones. Además, las decisiones del CNE deben ajustarse a la ley. Cualquier desajuste constituye arbitrariedad.
También preocupa la falta de información de lo que pretende el CNE para organizar las próximas elecciones, principalmente en lo concerniente al sistema informático que utilizará. No ha aclarado si empleará el actual software cuestionado. No hay pronunciamiento acerca de la exigida auditoría internacional al programa desechado ni al que manejará el padrón electoral, la tabulación de los votos y resultados. Parecería que no interesa conocer las falencias graves del sistema informático ni de la identidad de los autores de la manipulación al sistema que sin duda se dio dentro del CNE.
Lo cierto es que si las autoridades electorales no exhiben autonomía y confiabilidad, no habrá elecciones libres y auténticas. Solamente transitaremos del monopolio de candidaturas al monopolio de un partido.
Ante el eventual caos y la arbitrariedad, es preferible que participen todos los partidos y movimientos registrados. El elector hará la legítima depuración, independientemente de la investigación para sancionar responsables.
*Publicado en el Diario El Universo el viernes 31 de agosto del 2012.
Tampoco se aprecia mayor inquietud frente a las enrevesadas circunstancias en que se realizarían las próximas elecciones, tomando en cuenta la indudable desorganización del proceso de verificación de firmas; la sospecha de manipulación del sistema informático en el CNE; y las declaraciones de autoridades electorales, reconociendo la falta de idoneidad de ese sistema.
Se suma a lo anterior, la poca reflexión sobre lo que implicaría la cancelación del registro de los movimientos y partidos políticos. La discusión se ha centrado en la eventual compra de formularios con firmas, para obtener dicho registro. Lo cual, sin desconocer la gravedad de los ilícitos, desatiende la afectación a los valores democráticos.
No se ha considerado que el CNE es el responsable principal; y que, entre los formularios de respaldo a los actores políticos acreditados, deben constar firmas auténticas. Estas avalan la voluntad real de apoyo a las organizaciones registradas y esa voluntad de participación no debería frustrarse. Es decir no cabe afectar los derechos políticos de esas personas.
En opinión de este columnista, los derechos políticos deben ser interpretados y aplicados de tal manera que tengan significado y efecto en el ejercicio de la democracia representativa. Expresándolo con otras palabras: las autoridades del CNE tienen que garantizar los derechos de participación de esos afiliados y adherentes a través de las organizaciones ya registradas. A guisa de regulación de su ejercicio, no se pueden contravenir los principios de igualdad, no discriminación y de efectividad.
El elegir entre muchas opciones, aleja la posibilidad del monopolio del poder de un solo grupo o persona. No es sensata la intención del CNE, alentada inexplicablemente por quienes se dicen demócratas, de cancelar los registros de partidos políticos y movimientos regionales, sin norma expresa que faculte a hacerlo. Ello dificultaría la participación política efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos de oposición.
Sin la sana competencia entre diferentes opciones electorales, en igualdad, no habrían auténticas elecciones. Además, las decisiones del CNE deben ajustarse a la ley. Cualquier desajuste constituye arbitrariedad.
También preocupa la falta de información de lo que pretende el CNE para organizar las próximas elecciones, principalmente en lo concerniente al sistema informático que utilizará. No ha aclarado si empleará el actual software cuestionado. No hay pronunciamiento acerca de la exigida auditoría internacional al programa desechado ni al que manejará el padrón electoral, la tabulación de los votos y resultados. Parecería que no interesa conocer las falencias graves del sistema informático ni de la identidad de los autores de la manipulación al sistema que sin duda se dio dentro del CNE.
Lo cierto es que si las autoridades electorales no exhiben autonomía y confiabilidad, no habrá elecciones libres y auténticas. Solamente transitaremos del monopolio de candidaturas al monopolio de un partido.
Ante el eventual caos y la arbitrariedad, es preferible que participen todos los partidos y movimientos registrados. El elector hará la legítima depuración, independientemente de la investigación para sancionar responsables.
*Publicado en el Diario El Universo el viernes 31 de agosto del 2012.
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