La institucionalidad democrática debe ser preservada a fin de que el ejercicio del poder no pierda legitimidad. Es obligación del Gobierno esforzarse para fortalecerla, así como lo es para las autoridades de las demás funciones del Estado.
Lo indicado no se ha cumplido con la validación de las firmas de las organizaciones políticas, para participar en las elecciones del 2013. Se trata de un procedimiento fuera de la ley, que si bien beneficia a unos y perjudica a otros, genera sospechas. Hay movimientos que de la forma más “fresca” y para pasar la página de su cuestionada acreditación, han retirado un gran número de formularios con firmas. ¿En qué parte de la ley se autoriza tamaño despropósito? ¿Acaso para evitar la investigación?
De otra parte, crispa los nervios de la ciudadanía que cierto dirigente haya convocado a la unidad de la oposición para “enfrentar un plan de fraude en marcha”, supuestamente para beneficiar al Gobierno. Acusación muy grave, pues se trata del dirigente de una organización política que fue habilitada ayer por el CNE, para participar en la próxima contienda electoral. Se sigue insistiendo en que el sistema informático del CNE no es fiable; es decir, la queja repetida en las últimas semanas.
No obstante lo anterior, por parte de voceros del CNE, ya no se habla de actos de falsificación que generaron el escándalo, sino de “errores”.
Planteadas así las cosas, es inevitable concluir que se está afectando gravemente la institucionalidad democrática. Ya no se trata solamente de que el CNE lleve a cabo actos sin respaldo legal, sino que además está aplicando retroactivamente un reglamento recientemente expedido, para revisar y reconsiderar sus actos administrativos firmes de aprobación de firmas de adherentes y afiliados de organizaciones políticas. Esto indudablemente incumple la obligación del CNE de llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.
Los oídos sordos del CNE probablemente caldearán los ánimos y generarán más desconfianza en la ciudadanía, con relación a su independencia e imparcialidad y esas situaciones no deberían darse.
En asocio con la necesidad de alejar tales eventos, tal vez es el momento de la presencia de misiones preliminares acreditadas por la OEA, con capacidad técnica y que tengan el libre acceso a la información. Estas deben contar con los recursos precisos para realizar su labor en forma objetiva, imparcial y transparente. Tal parece, que solo con los informes de estas misiones al Consejo Permanente de la OEA, se establecerá si existen o no las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas en Ecuador, previstas para el próximo año. Es lo que recomienda la Carta Democrática Interamericana, para solucionar problemáticas similares a las que estamos siendo abocados.
Lo indicado no se ha cumplido con la validación de las firmas de las organizaciones políticas, para participar en las elecciones del 2013. Se trata de un procedimiento fuera de la ley, que si bien beneficia a unos y perjudica a otros, genera sospechas. Hay movimientos que de la forma más “fresca” y para pasar la página de su cuestionada acreditación, han retirado un gran número de formularios con firmas. ¿En qué parte de la ley se autoriza tamaño despropósito? ¿Acaso para evitar la investigación?
De otra parte, crispa los nervios de la ciudadanía que cierto dirigente haya convocado a la unidad de la oposición para “enfrentar un plan de fraude en marcha”, supuestamente para beneficiar al Gobierno. Acusación muy grave, pues se trata del dirigente de una organización política que fue habilitada ayer por el CNE, para participar en la próxima contienda electoral. Se sigue insistiendo en que el sistema informático del CNE no es fiable; es decir, la queja repetida en las últimas semanas.
No obstante lo anterior, por parte de voceros del CNE, ya no se habla de actos de falsificación que generaron el escándalo, sino de “errores”.
Planteadas así las cosas, es inevitable concluir que se está afectando gravemente la institucionalidad democrática. Ya no se trata solamente de que el CNE lleve a cabo actos sin respaldo legal, sino que además está aplicando retroactivamente un reglamento recientemente expedido, para revisar y reconsiderar sus actos administrativos firmes de aprobación de firmas de adherentes y afiliados de organizaciones políticas. Esto indudablemente incumple la obligación del CNE de llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.
Los oídos sordos del CNE probablemente caldearán los ánimos y generarán más desconfianza en la ciudadanía, con relación a su independencia e imparcialidad y esas situaciones no deberían darse.
En asocio con la necesidad de alejar tales eventos, tal vez es el momento de la presencia de misiones preliminares acreditadas por la OEA, con capacidad técnica y que tengan el libre acceso a la información. Estas deben contar con los recursos precisos para realizar su labor en forma objetiva, imparcial y transparente. Tal parece, que solo con los informes de estas misiones al Consejo Permanente de la OEA, se establecerá si existen o no las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas en Ecuador, previstas para el próximo año. Es lo que recomienda la Carta Democrática Interamericana, para solucionar problemáticas similares a las que estamos siendo abocados.
3 comentarios:
Sí es verdad.....pero realmente, estoes uno más de los casos (ya son muchos), en que la normativa o la salida jurídica para casos así, simplemente se ignora o se deja de lado, y se actúa solo "de hecho". Solo agragaría que la única forma de dejar sin efecto un acto firme que ha generado derechos es mediante una acción de lescividad que se tramita en los Tribunales Contenciosos, pero que por ahora simplemente no interesa cumplir.
Usted tiene razón. En especial sobre la necesaria acción de lesividad.
Ud. tiene razón. En especial respecto a la acción de lesividad
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