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| Imagen tomada del diario La Tribuna |
Una Comisión Internacional contra la impunidad, que asesore técnicamente en la investigación de actividades de estructuras delincuenciales y su posible vinculación con instituciones y agentes del Estado no afectaría la soberanía nacional ni sería incompatible con la Constitución ni la ley que fija las competencias y atribuciones de la Fiscalía General. Es decir, no se afectaría la institucionalidad de este organismo; por el contrario, se la fortalecería. Ni la Constitución ni las leyes lo impiden.
Lo anterior, para responder a quienes recelan de un organismo internacional necesario para luchar contra la impunidad y las estructuras corruptas en el Estado, por nuestra circunstancia de inexperiencia.
Además, la Fiscalía General tiene competencia para celebrar convenios de cooperación con organizaciones internacionales, para el mejor cumplimento en su tarea de acusar e impulsar los juicios penales contra los funcionarios que se apropiaron o permitieron la apropiación de US$ 70.000 millones en la contratación pública.
Con la colaboración de una Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por la ONU y con financiamiento de países del primer mundo, mediando un convenio similar (y perfectible), la Fiscalía General lograría con más posibilidades de éxito investigar los delitos de gran impacto social cometidos por estructuras del crimen organizado, detectar sus fuentes ilegales de financiamiento y desarticularlas.
Se ha dicho que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se creó para terminar con la impunidad de los crímenes cometidos en la guerra civil y que en Ecuador no hemos vivido aquello, lo cual es verdad. Pero no es menos cierto que al finalizar dicha guerra, los Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad que intervinieron en ella, siguieron operando en ese país. Estos mutaron y cooptaron las instituciones del Estado, vinculándose directa o indirectamente con agentes del Estado, desarrollando capacidad para generar impunidad en sus prácticas corruptas. Entre las instituciones cooptadas: el Ministerio Público, la Función Judicial, Ejército, aduanas, ministerios, municipios, entre otras. Lo cual fue detectado por la Cicig.
Recientemente, Glenda Umaña entrevistó al expresidente Alfonso Portillo (ver en YouTube con título “Alfonso Portillo La verdad sobre la Cicig”) y cuando dicha periodista le preguntó si estaba de acuerdo con la expulsión de la Cicig, este respondió: “…no comparto esa decisión y creo que demuestra que queremos que nada cambie en Guatemala. Aquí no es ser Cicig o ser pro-Cicig o anti-Cicig; aquí el problema es: ¿queremos que el país se modernice institucionalmente o queremos volver al pasado…? ¿Qué vamos a hacer sin poder judicial independiente, sin ministerio público, sin una Corte Constitucional independiente?”. ¿Y de qué depende que eso cambie?, preguntó Glenda Umaña. Él respondió: “¡De las élites del poder!”.
Para Portillo, quien también fue investigado por el Ministerio Público con asistencia de la Cicig, en Guatemala, (no muy diferente a otros países latinoamericanos, incluido Ecuador), las élites manejan el Estado, “…un Estado corrupto, un Estado veleta, un Estado comprable, un congreso como ‘este’…”.
El ejemplo de la Cicig también se debate en El Salvador y por lo menos un candidato a la presidencia ofrece replicarlo. Allá, como acá, también es necesario desarticular estructuras mafiosas de gran poder que propician impunidad.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 25 de enero del 2019.
