Jorge G. Alvear Macías
Por tanto, los medios más efectivos para enfrentarla no se encontrarán en la concepción de alguna corriente política. Fue el pragmatismo lo que condujo a la comunidad de las Naciones Unidas a coincidir sobre la necesidad de la cooperación internacional para luchar contra la delincuencia organizada transnacional y contra la impunidad –especialmente en los países con economía en transición–, a través de la asistencia técnica y la asistencia judicial recíproca, en investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionadas con delitos de gran impacto social.
Esa colaboración internacional también se previó para la localización de dineros acumulados en actividades ilícitas, principalmente en contrataciones de obras y servicios públicos, así como del narcotráfico.
Ecuador ya se benefició de la cooperación internacional, concretamente en la represión de la actividad del narcotráfico, lograda con el establecimiento de un puesto de vigilancia con personal y equipos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la base aérea de Manta. Ello fue posible gracias a un convenio internacional con innegables resultados sobre el control del tráfico de drogas durante su vigencia; logro que se revirtió cuando el expresidente Correa no renovó tal convenio.
En estos días, la fiscal general encargada ha reconocido la falta de medios para investigar lo que el presidente Moreno ha dado en llamar desfalcos en contratos del área petrolera, celebrados en el régimen correísta. Esa misma impotencia experimentó el Ministerio Público guatemalteco antes del 2007, año que marcó la diferencia por el inicio de la colaboración de Naciones Unidas, con la instalación de una comisión internacional de lucha contra la impunidad (Cicig). Guatemala hasta entonces había vivido una situación de impunidad rampante, impuesta por grupos de poder que se apropiaron de las instituciones estatales y las controlaban. Los guatemaltecos no confiaban en el Ministerio Público (Fiscalía) ni en la Función Judicial, menos en la Policía y el Ejército.
A partir del establecimiento de la Cicig, en Guatemala renacieron las esperanzas para recuperar el imperio de la legalidad. Gracias a esa ayuda el Ministerio Público pudo encausar a casi 800 personas y los jueces sentenciaron a más de 350. Es cierto que se produjeron quejas por supuestas violaciones al debido proceso y por el supuesto desconocimiento del principio de presunción de inocencia, entre un mínimo de investigados y condenados, que se atribuyeron a la Cicig durante los once años que apoyó al Ministerio Público, suministrando con personal de distintas nacionalidades, la tecnología y las experiencias de investigadores, exfiscales, jueces, analistas criminalistas y especialistas para rastrear dineros. Pero tales quejas, en su mayoría, fueron desvanecidas en el transcurso de las investigaciones o durante el procesamiento o en la sentencia de los jueces guatemaltecos, que son los únicos que imparten justicia en ese país.
La experiencia de la Cicig puede ser aprovechada en Ecuador y otros países latinoamericanos, por supuesto, con los ajustes necesarios para evitar los excesos que se pudieron haber cometido en Guatemala, teniendo presente el balance altamente positivo y reconocido por el 70% de los propios guatemaltecos. Por ello insistimos en la necesidad de la cooperación internacional para luchar contra la impunidad y para recuperar los dineros saqueados por las organizaciones delincuenciales incrustadas dentro del Estado ecuatoriano.
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 11 de nero del 2019.
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