Jorge G. Alvear Macías
La alternabilidad del poder no se sustenta solo con elecciones periódicas. Un sistema constitucional democrático requiere límites rígidos de permanencia en el cargo de los presidentes. Así se previó en Montecristi, para evitar la eternización del presidente en el poder. No lo olvidemos.
Esos límites tenía Venezuela hasta la enmienda constitucional del 2009. Desde entonces se debilitó la alternancia en el ejercicio del poder. Actualmente, frente a la conflictividad social y los abusos de Maduro, podríamos sostener que tal cambio estructural de la Constitución está conduciendo a Venezuela a la situación de un Estado fallido.
¿De qué otra forma valorar su precario escenario? Un país petrolero, preso del caos, sin capacidad para enfrentar exitosamente los problemas internos y dominado por el despotismo. Sin diálogo ciudadano. Con ausencia de garantías e irrespeto a los derechos civiles; se vive escasez de productos básicos, agravamiento de la pobreza, violencia, proliferación de la corrupción que involucra a altas autoridades en sospechas de enriquecimiento ilícito con dineros públicos y del narcotráfico.
Sin duda, se ha vuelto un Estado ineficaz. Venezuela tiene control militar y policial, pero no se cumplen sus leyes uniformemente, por el direccionamiento de un proyecto político que divide a ciudadanos en amigos y enemigos. Hay mercado negro del dólar. Excesiva burocracia. Crisis económica producto del despilfarro y asfixia del sector productivo. Criminalización de la protesta social, cuyo ícono Leopoldo López cumplió un año preso, sin sentencia y con acusaciones infundadas. Constantes violaciones de Derechos Humanos. Aparición de élites “boliburguesas” beneficiadas con negocios estatales, algunos de dudosa legalidad. El Poder Judicial obedece al poder político. El poder político es la ley misma.