Recientemente, miles de personas protestaron en Brasilia en contra de la corrupción, vistieron ropas negras y exhibieron vistosos carteles. Los noticieros destacaron que entre los manifestantes había un grupo que portaba un ataúd con la leyenda ‘mensalao’. Se explicó que ese nombre refiere al juicio iniciado en agosto por la Corte Suprema contra exdirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores. Fueron acusados de llevar una contabilidad no declarada al inicio del gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, presuntamente destinada a favorecer a aliados a cambio de apoyo.
Mientras leía esas noticias identifiqué algunas circunstancias de la realidad ecuatoriana, pues entre los carteles se expresaba: “Brasil, el país donde la astucia vale más que la educación…”. Otro cartel: “No podemos quedarnos impasibles sin exigir que el dinero público llegue a los hospitales y las escuelas están en ruinas…”. Entre los manifestantes se expresó tristeza al constatar que a pesar de la visible corrupción, no hubo reacción en la mayoría, “…no salen a la calle, se quedan en casa. Solo si van al fútbol se juntan 45.000…”. Así reflexioné que aquí como allá se vive esa angustia de que el embate de la corrupción no moviliza la protesta de la gran colectividad.
Pensé que allá como aquí hay corrupción en su forma de tráfico de influencias. Los cargos se asignan por encima de capacidades, a dedo y “por ser vos quien sois”. ¿Y qué decir de los privilegios? En estos días han aparecido grotescos ribetes que confirman lo indicado, en las decisiones de ciertas autoridades o funcionarios públicos. En lo judicial, administrativo y financiero. En cada una de ellas asoman o arrogación de funciones, o actuaciones contra ley expresa o reglamentos, los actos carecen de adecuada o ninguna motivación, presentan incongruencia con decisiones similares, las actuaciones celerísimas en unos casos y retardadas en otros. Así se complace al poder político.
¡Qué desalentadora experiencia a la que se nos somete!
El préstamo concedido por una institución financiera del Estado a un ciudadano argentino por 800.000 dólares sería ejemplo del tráfico de influencias. Se incumplieron normativas de la Superintendencia de Bancos que impedían aprobarlo.
El préstamo se procesó y desembolsó en menos de 6 días: un récord para Guinness. Ahora no saben cómo cobrarle al moroso.
Es más, las gestiones judiciales iniciadas para el cobro corren el riesgo de ser estériles, además de que la representante legal de la demandante podría incurrir en perjurio. Ella declaró bajo juramento: “… Me ha sido imposible dar con el domicilio o residencia actual del demandado señor Gastón Heberto Duzac, pese a las averiguaciones y gestiones realizadas por mí…”, para obtener que el juez ordene citar al deudor por la prensa.
El caso es que no se habría pedido la certificación del movimiento migratorio para establecer que el deudor está en Argentina. Ahí celebró recientemente su cumpleaños, publicitado en Twitter.
En consecuencia, lo apropiado sería citar la demanda con el procedimiento de “Exhorto”, dispuesto en el Código de Procedimiento Civil (“…Si la parte estuviere ausente, se le citará por comisión al teniente político; o por deprecatorio o exhorto, si se hallare fuera del cantón, de la provincia o de la República, en su caso”.).
Si el préstamo fue irregular, ¡al menos la gestión de cobro debe hacerse bien y establecer responsabilidades! Mi solidaridad a Janeth Hinostroza.
*Publicado en el diario El Universo el día viernes 21 de septiembre del 2012.
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