¿Hasta cuándo nos hacemos los desentendidos?

Jorge G. Alvear Macías

jorgalve@yahoo.com

@jorgalve

 Una vez más, Estados Unidos nos recordó el gravísimo nivel de corrupción arraigado en nuestras instituciones. Esto, a propósito de las declaraciones de su embajador Michael Fitzpatrick, al portal noticioso Primicias, donde afirmó que se les ha retirado la visa a generales ecuatorianos vinculados al narcotráfico. Pronunciamiento que debe leerse en contexto con la renuencia del presidente Lasso a enfrentar la corrupción con una Comisión Internacional, independiente del Ejecutivo y con recursos propios, similar a la CICIG que operó en Guatemala –como ofreció en campaña–; y, con la simpatía del presidente Joe Biden a la intención de la presidenta Xiomara Castro de instalar una CICIH en Honduras, quien ya estaría gestionándola con la ONU. 

En el 2011 fue noticia que la embajadora estadounidense, Heather Hodges, había enviado –en un cable cifrado– un diagnóstico reservado para sus superiores del Departamento de Estado sobre la corrupción en el Ecuador, que el hacker Julian Assange reveló para vergüenza del gobierno de Correa y descrédito del país en el mundo de los negocios y grandes inversiones. Acorralado, Correa expulsó a la talentosa y experimentada embajadora y luego refugió a Assange en la embajada en Londres, para que no siga sacando sus trapos sucios. Las cosas empeoraron desde entonces. La sociedad, políticos y élites niegan la realidad; mientras tanto –parafraseando al periodista José Hernández–, el narcotráfico y las bandas en las cárceles exhiben su poder. 

La embajadora Hodges dijo a sus superiores esto: 

-”… la corrupción es generalizada en las filas de la Policía”, y quien fuera su comandante, Jaime Aquilino, utilizó su poder para extorsionar y acumular así dinero y propiedades, facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra compañeros corruptos. En la embajada estaban seguros de que el presidente Correa conocía esto cuando le nombró comandante. 

-”Las corruptas actividades descritas en este cable dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores de EE. UU. se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad”. 

-Las prácticas de la Policía castigan a muchos ecuatorianos, dispuestos a pagar sobornos para poder realizar cualquier gestión, evitando así una burocracia dolosa y asfixiante. 

-Los mecanismos de control de la probidad institucional son débiles y la Constitución del 2008 los debilitó más. “Debido a estos fallos institucionales, los oficiales de la Policía… apenas se exponen a un castigo cuando se implican en actos corruptos. Y en relación con jueces y políticos corruptos, esta situación está más acentuada en las altas esferas del poder”.

-Tal corrupción debilitó los esfuerzos norteamericanos contra los delincuentes “haciendo más probable que los criminales y terroristas puedan actuar sin ser descubiertos ni castigados”. 

¿Cómo depurar instituciones sin una independiente “auditoría externa”? Sabemos de antemano que la propuesta de la Comisión Interinstitucional anticorrupción tendrá el mismo resultado de unos exámenes calificados por los propios alumnos. (O)