Jorge G. Alvear Macías
No existe justificación para quienes sufren la injusta y penosa situación de un secuestro, tampoco para la angustia e incertidumbre de sus padres, cónyuges, hijos y más familiares. No tiene sentido ese sacrificio.
Los ecuatorianos estamos perturbados por el incremento de la inseguridad en nuestra frontera con Colombia, donde desde hace muchísimo tiempo se conoce que operan guerrilleros, disidentes de esas organizaciones, delincuentes comunes de distinta nacionalidad (también binacionales, con dos cédulas) dedicados al secuestro, extorsión, contrabando de gasolina, de gas doméstico en bombonas y al narcotráfico.
Pocos dudan de que la situación era desconocida por las autoridades del gobierno de Rafael Correa, siempre impasible ante las denuncias y evidencias. El gobierno colombiano del presidente Santos también estuvo transitando en esa senda de comodidad, hasta que no tuvo más opción que reconocerlo.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, expresó con claridad esta semana que la zona de frontera entre Colombia y Ecuador es una verdadera amenaza tanto para Colombia como para Ecuador. Pero intuimos que Martínez y otras autoridades colombianas sabían desde antes de que se produzca el cruel evento, del plan y de quienes están detrás del secuestro de los dos periodistas ecuatorianos del diario El Comercio y su conductor. Incluso, según palabras de Martínez, estarían enterados de la ubicación de los secuestrados: “Estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana, (aunque) las autoridades ecuatorianas afirman que están en Colombia, pero las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que están en el territorio ecuatoriano”. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 6 de abril del 2018.
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