Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve
Hay más detalles tras el anuncio de que se anuló parcialmente el laudo de un tribunal del Ciadi en Washington y se rebajó de 1.769,6 millones de dólares americanos a 1.061,7 millones lo que Ecuador debe pagar a la OXY. Ese 40% rebajado le correspondería a la compañía china Andes Petroleum Co. (titular del 40% de los derechos del contrato), que por no estar amparada en el tratado de inversiones con Estados Unidos, no se pudo beneficiar del laudo. Así, Andes podría reclamar su acreencia con la ayuda de su Gobierno, que sin duda exigirá al Ecuador que la atienda, si es que pretende nuevos préstamos.
La historia del litigio registra que en la presidencia de Alfredo Palacio, don Rafael Correa exigió la caducidad del contrato de la empresa Occidental (OXY). En enero 17 de 2006, como candidato presidencial, solicitó enjuiciar “por traición a la patria” a los funcionarios públicos que no tomasen esa decisión. También hubo presión de grupos sociales, estudiantes secundarios y universitarios, movimientos y partidos políticos de izquierda –entre ellos AP y MPD–, que se opusieron a cualquier acuerdo con la petrolera.
El 15 de mayo de 2006 el ministro de Energía y Minas de Palacio declaró la caducidad. Entonces la petrolera ya habría invertido 926 millones de dólares, extraía 100 mil barriles diarios y no recibió compensación alguna. Para el Estado significó percibir el 100% del beneficio del petróleo extraído, no el 25% pactado en el contrato. Dos días después, OXY pidió el arbitraje del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –institución del Banco Mundial con sede en Washington–).
En octubre 6 de 2006, el FMI sugirió al Estado “acumular reservas para hacer frente no solo a fluctuaciones en los ingresos petroleros y desastres naturales, sino también a gastos contingentes como un posible fallo en contra, en la disputa con Oxy”. En diciembre 14 de 2006 el electo Rafael Correa se opuso a que se nombre un árbitro para encarar la demanda de la OXY. El Estado se abstuvo de nombrarlo para no reconocer la competencia del tribunal.
Ya en mayo 19 de 2007 la canciller María Fernanda Espinosa anticipó que el Estado sería derrotado en ese arbitraje, señalando: “…el organismo que debe decidir ha emitido un 98% de fallos favorables a los intereses estadounidenses”. Pero, en junio 22 del mismo año, sostuvo que el Gobierno aceptaría el fallo “sea cual sea”. Sin embargo, el Gobierno no hizo provisión alguna para pagar a la OXY, ni buscó un oportuno acuerdo, que ahora se intenta en condiciones adversas, no obstante que considera haber obtenido un triunfo legal. Respetables opiniones discrepan.
El 15 de mayo de 2006 el ministro de Energía y Minas de Palacio declaró la caducidad. Entonces la petrolera ya habría invertido 926 millones de dólares, extraía 100 mil barriles diarios y no recibió compensación alguna. Para el Estado significó percibir el 100% del beneficio del petróleo extraído, no el 25% pactado en el contrato. Dos días después, OXY pidió el arbitraje del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –institución del Banco Mundial con sede en Washington–).
En octubre 6 de 2006, el FMI sugirió al Estado “acumular reservas para hacer frente no solo a fluctuaciones en los ingresos petroleros y desastres naturales, sino también a gastos contingentes como un posible fallo en contra, en la disputa con Oxy”. En diciembre 14 de 2006 el electo Rafael Correa se opuso a que se nombre un árbitro para encarar la demanda de la OXY. El Estado se abstuvo de nombrarlo para no reconocer la competencia del tribunal.
Ya en mayo 19 de 2007 la canciller María Fernanda Espinosa anticipó que el Estado sería derrotado en ese arbitraje, señalando: “…el organismo que debe decidir ha emitido un 98% de fallos favorables a los intereses estadounidenses”. Pero, en junio 22 del mismo año, sostuvo que el Gobierno aceptaría el fallo “sea cual sea”. Sin embargo, el Gobierno no hizo provisión alguna para pagar a la OXY, ni buscó un oportuno acuerdo, que ahora se intenta en condiciones adversas, no obstante que considera haber obtenido un triunfo legal. Respetables opiniones discrepan.
Para Alfredo Palacio y su exministro de Energía y Minas, lo ordenado pagar no constituye pérdida económica. Reflexionan que Ecuador se ha beneficiado con al menos $ 23.000 millones (del petróleo extraído y no compartido con la OXY). Esa justificación ¿no nos presenta ante el mundo de las inversiones como Estado tramposo?
El Gobierno está urgido –para evitar un embargo– a cumplir el laudo o acordar alternativas de pago con la OXY, sin excluir la posibilidad de que ella vuelva a operar en Ecuador. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla.
El Gobierno está urgido –para evitar un embargo– a cumplir el laudo o acordar alternativas de pago con la OXY, sin excluir la posibilidad de que ella vuelva a operar en Ecuador. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla.
*Publicado originalmente en el Diario El Universo el día viernes 6 de noviembre del 2015
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