EL UNIVERSO del miércoles pasado resume en su editorial el excelente funcionamiento de la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (Cicig), que terminó sus operaciones con amplio respaldo ciudadano (72%).
A diferencia del presidente Moreno, quien ofreciera replicar el modelo Cicig en Ecuador (y luego se arrepintió, tal vez presionado por aliados de ayer y hoy), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sí está cumpliendo su promesa de hacerlo. El vocero de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, confirmó anteayer la recepción de una carta solicitando lo anterior.
Con la proyectada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) se busca que un grupo de investigadores internacionales persiga corruptos, junto a la Fiscalía. No es solo capacitar fiscales. Se desea lograr la efectividad que tuvo la Cicig.
Fue tal el grado de efectividad que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no renovó el convenio con la ONU, como evidente reacción cuando la Cicig, junto a Fiscalía, lo investigó por financiamiento electoral ilícito. Antes los habían procesado a su hermano y a su propio hijo (confeso) por fraude y peculado. Luego del anuncio de la expulsión de la Cicig fueron liberados.
La creación de una comisión internacional para luchar contra la corrupción asusta a cierto sector empresarial que negocia con el Estado. Por ello rechazan que expertos extranjeros investiguen a los salvadoreños corruptos. Se escudan en conocidos y repetidos discursos (proferidos también en Ecuador): “no es conveniente crear instancias ajenas a las instituciones del país”, “¿acaso no somos capaces para hacerlo nosotros?”; o, “es mejor fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía y de la Función Judicial”. No obstante que allá como acá, en la práctica, tal “lucha” no ha dado resultados. Los fiscales no logran vincular a figuras visibles en la gran corrupción (acá tampoco), o pierden casos importantes. Se dice que un ejemplo es el del expresidente Antonio Saca; los fiscales tuvieron que negociar con Saca para que se declare culpable ante un juez, a cambio de penas mínimas. A pesar de ello la Asociación Nacional de Empresarios Privados se resiste a que investigadores extranjeros cooperen contra la corrupción (revista Factum).
La misma aversión surgió en Guatemala. Es que la Cicig y la Fiscalía guatemalteca acusaron y demostraron impecablemente el delito de fraude –que implicó a empresarios– en un proyecto de saneamiento del lago Amatitlán (por $ 2,96 millones), por el que la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue condenada a purgar quince años y seis meses de cárcel, entre otros casos.
Pareciera que en El Salvador, el empresariado se alertó cuando la Cicig empezó a destapar casos de corrupción donde aparecieron empresarios, durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y del actual presidente Morales. Para entonces Morales ya había acusado a la Cicig de violar la Constitución, excederse en su mandato, manipular la justicia, atentar contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
Lo real es que la eficacia de la Cicig se debió principalmente a investigadores internacionales que actuaron independientes del Ejecutivo en lo operativo y financiero. Esto atemoriza a ciertas élites en El Salvador. En Ecuador también.
¿En el mismo lodo todos “manoseaos”, como reza el tango Cambalache? (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de septiembre del 2019.
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