Jorge G. Alvear Macías
Para que haya elecciones transparentes es necesario que el organismo rector de estas las organice con reglas claras y procedimientos alejados de la coyuntura política, principalmente que sean concebidas con sustento técnico y ético. Las elecciones que se preparan para los comicios del año próximo no generan confianza de la ciudadanía en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Hay antecedentes que refuerzan el recelo indicado, por la implementación en el pasado de procedimientos acusados de deficientes en lo técnico-jurídico y en lo ético. Por ejemplo, en materia de contratación de la impresión de papeletas electorales, no se permitiría participar al sector privado, a diferencia de las elecciones del 2009, cuando hubo concurso de precios y se habrían ahorrado $4 000 000 frente a la cotización por mayor valor de una institución estatal. En el ámbito de la comunicación institucional se prevé gastar $7 000 000 en servicios externos, cuando el CNE tiene un departamento con al menos 40 personas que pueden encargarse de esa tarea. El presupuesto de la seguridad y vigilancia del proceso electoral, que en los comicios del 2017 fue de $1 400 000, aparece en la propuesta para el 2021 elevado a $8 400 000 (incrementado al 485 %), según el consejero Enrique Pita.
Esta semana, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) habría confirmado la inseguridad jurídica ocasionada por las actuaciones del CNE, en una sentencia en la que declaró la nulidad de dos resoluciones, que habían sido aprobadas por la mayoría del CNE, sobre la asignación y entrega del fondo partidario permanente a organizaciones políticas. El tribunal habría señalado que las resoluciones del CNE infringían el debido proceso y carecían de motivación.
Los miembros del CNE (Verdesoto y Pita) que integran la minoría han señalado que aún no se aprueba el Plan Estratégico de las Elecciones. Este tiene relación con la tecnología para el escrutinio de votos, conteo rápido propio, la transmisión de datos y la auditoría con ayuda de la academia, que se precisa para determinar si se requiere o no reemplazar equipos informáticos. Tampoco se ha aprobado el presupuesto de gastos generales del proceso eleccionario. Adicionalmente (pero no menos importante), no se han aprobado los nuevos reglamentos para compatibilizar las recientes reformas al Código de la Democracia.
Recientemente el consejero del CNE Luis Verdesoto expresó que la institución está al “borde del suicidio”, entrampada dentro de un conflicto entre consejeros, y reconoce la existencia de sospechas o imputaciones de irregularidades, que de inmediato se intentan esconder o componer.
¿A qué se deben los oídos sordos de la mayoría que alimentan la desconfianza ciudadana en el CNE? ¿Quienes instruyen esa actitud y qué protervos fines hay detrás? Porque sin duda se advierte un manejo similar del CNE cuando estuvo bajo el control total de Alianza PAIS.
Dado el panorama del CNE y paralelamente, por los saqueos de fondos públicos, o su indebida utilización en actividades de inteligencia en persecución política (caso Balda), y una Fiscalía General del Estado superada por el gran número de casos de corrupción sin procesamiento judicial, se confirma que requiere la ayuda de una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, financiada por Naciones Unidas. ¿Por qué ninguna tienda política apoya la idea? ¿Será por algún temor, como en Guatemala?
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de marzo del 2020
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