Despecho…

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve  jorgalve@yahoo.com

Es el sentimiento de disgusto de la fiscal general de la nación, causado por la decisión de una sala de la Corte Nacional de levantar la prisión preventiva al ex secretario jurídico del correísmo, Alexis Mera, investigado por delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, todo ello con origen en un caso popularizado como Arroz Verde. Un sentimiento que sí parece genuino en mucha gente y que en esta columna intentamos encontrar explicación –y no lo cuestionamos–, a pesar de que el obrar de los jueces debe gozar de independencia de todo orden, excluyendo no solo la injerencia de cualquier autoridad de las funciones del Estado, sino también de la opinión pública, para que ellos con toda tranquilidad administren eficientemente la justicia a que aspiramos todos. 

El disgusto ciudadano en redes sociales, principalmente manifestado por el levantamiento de la orden de prisión del ex secretario jurídico del Gobierno de Rafael Correa y la sustitución por el grillete electrónico, arresto domiciliario con resguardo policial y la prohibición de salida del país, se debe al temor de fuga que muchos consideran fundado por las experiencias de meses anteriores, en que el uso del grillete electrónico solo sirvió para humillar a las autoridades responsables y a la confiada ciudadanía. La fiscal Salazar interpretó, al igual que muchos compatriotas, que existe “riesgo de que Mera se fugue” y ratificó “la importancia de que el Consejo de la Judicatura apresure el proceso de evaluación de los jueces nacionales”. (El Comercio).

Lo cierto es que por mucho tiempo hemos estado escuchando y leyendo que la administración de Justicia funciona mal. Tanto, que en distintos estratos de la opinión pública está radicada esa creencia, por experiencia propia o apoyada por el convencimiento alcanzado gracias a los medios de comunicación, dirigentes gremiales o políticos, abogados y los expertos en el área judicial. 

En todo caso, la ciudadanía tiene su desolador diagnóstico y es por la ineficacia de la administración de Justicia que no confía en la sustitución de la prisión preventiva de los sospechosos de delitos de gran impacto social, como el peculado, cohecho y sobornos (el impacto social no es por los encausados, sino por la afectación de tales delitos en el gasto social, debido al desvío de los dineros). Con un sistema de justicia confiable, como en Estados Unidos por ejemplo, la sustitución de la prisión preventiva por un grillete electrónico no nos llamaría la atención. Sería razonable, pero aquí no lo es.

Necesitamos admitir la deplorable situación que transita no solo la Justicia, sino la administración pública. Se requiere un ejercicio de autocrítica para buscar y ubicar los problemas ya conocidos, pero con un tutor externo que penetre nuestra cultura de enfrentar las crisis con paños tibios y la pasividad ante la propuesta de soluciones de los mandatarios, que de antemano sugieren una tomadura de pelo a la ciudadanía. Debemos darnos un baño de verdad para volver a confiar en nuestras autoridades que pretenden ser confiables. No cejaremos en repetirlo, necesitamos una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, que sanee todos los estamentos de la Fiscalía y la Judicatura. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 5 de julio del 2019.

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