 |
| Añadir leyenda |
Jorge G. Alvear Macías
Ojalá que los ecuatorianos no estemos perdiendo la capacidad de asombro por los continuos y grotescos acontecimientos relacionados con autoridades corruptas, en perjuicio del erario nacional, que en ciertas ocasiones entrañan el engaño sostenido con cinismo como política de Estado; en fin, por la jactancia del quebrantamiento de la Constitución y las leyes. Para colmo, debemos ser testigos de hechos de criminalidad con la peor expresión de inhumana perversidad (tal fue la imagen en un video que circuló en las redes, de individuos pateando la cercenada cabeza de quien fue un recluso de la penitenciaría).
En estos días nuevas denuncias revelan que Odebrecht “distribuyó” más coimas que el monto inicial estimado; y que existió indebida calificación de candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esto último ocurrió en el periodo del Consejo Nacional Electoral de transición (CNE-t). Por ello, la Unión Nacional de Educadores (UNE) ya solicitó investigar en la Fiscalía General del Estado el eventual perjurio del actual presidente del CPCCS, José Carlos Tuárez, que le impediría ocupar ese cargo.
El actual vicepresidente del CNE, Enrique Pita, informó a través de las redes sociales que Tuárez recién presentó el 9 de agosto de 2018 su solicitud de “desafiliación/renuncia” voluntaria al Partido Socialista; esto es, menos de dos meses (septiembre 28 de 2018) antes de postular su candidatura al CPCCS. Es por eso que el director nacional de Organizaciones Políticas había informado (octubre 17 de 2018) a la Comisión de Verificación que Tuárez incumplía la ley, lo cual dio lugar a la Resolución del CNE-t (octubre 31 de 2018) de negar la inscripción de esa candidatura, por incumplir la prohibición de ser afiliado o adherente a un movimiento político durante los últimos 5 años. El 9 de noviembre de 2018, Tuárez impugnó su descalificación, alegando falsificación de su firma en la solicitud de afiliación al Partido Socialista y para ello acompañó la denuncia presentada (septiembre 21 de 2018) a la Fiscalía y la solicitud de nulidad de afiliación presentada ese mismo día en la delegación del CNE del Guayas.
El caso es que con base en el informe de la directora nacional de Asesoría Jurídica del CNE –recomendando al Pleno del CNE-t aceptar la impugnación–, el recurso de Tuárez fue acogido, restituyéndose la inscripción de su candidatura, lo que permitió su elección. ¿Qué argucia se habrá utilizado para transponer la tajante prohibición legal de no aceptar candidaturas de afiliados a movimientos políticos los cinco años previos?
Aunque la decisión fue responsabilidad del pleno del CNE-t, no es cosa menor el forzado informe legal. Recordemos que para otorgarle la nacionalidad a Assange también se lo hizo con “base” en un informe jurídico que dio por cumplidos todos los requisitos legales, incluido el ingreso y permanencia del australiano en territorio ecuatoriano (que nunca ocurrió) y su conocimiento de nuestro idioma (pese a que necesita intérprete para entrevistas en español).
Lo cierto es que todavía tenemos un antidemocrático y peligroso organismo, diseñado para esquivar la efectiva participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, pero ahora presidido por quien accedió al cargo con un mecanismo que parecía transparente. (O)
*Publicado previamente el día viernes 28 de junio del 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario