Jorge G. Alvear Macías
Lo
que acontece en Venezuela (caos, detenciones arbitrarias, violencia,
saqueos, muertes en hospitales, luego de 150 horas sin luz, mientras la
población busca desesperada agua y alimentos) es el resultado de un
infamante régimen ilegítimo. Por ello urge la intervención armada
internacional para liberar a los sobrevivientes en estado de
indefensión, sometidos por una casta militar apoyada por Cuba, Rusia y
China, principalmente.
Ciertos simpatizantes con el Socialismo del Siglo XXI recomiendan negociar la salida del conflicto. A pesar de que Maduro cerró todas las posibilidades e incumplió sus ofertas de negociación, como se comprobó con la carta que le cursó el papa Francisco en pasados meses.
Quienes promueven el mecanismo de negociación dan como ejemplo la pacificación supuestamente obtenida en la vecina Colombia, a través del acuerdo alcanzado con las FARC. Ellos olvidan que las circunstancias eran distintas, más allá de los dudosos beneficios logrados en ese país. Para empezar, existía un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y Policía del Estado con una fuerza guerrillera organizada militarmente, que actuaba con un plan estratégico financiado por el narcotráfico y el secuestro extorsivo, sumando el terrorismo a su acción beligerante. El triste episodio del exmiembro de las FARC Guacho nos hizo vivir esa realidad.
En Venezuela, al menos el 90% rechaza al dictador Maduro, población desarmada que solo tiene las calles para protestar arriesgando su vida. Mientras, el régimen dispone de las fuerzas armadas del Estado, y también cuenta con milicias civiles armadas para reprimir y asesinar a los civiles.
Por lo anterior, dentro y fuera de Venezuela, incluyendo oficiales de sus Fuerzas Armadas en situación de retiro (publicación Venezuela al Día, Dic. 2018), claman por la intervención armada internacional para devolverle al país la libertad y la democracia.
Lo dicho, claro está, observando los medios y principios establecidos por Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Concretamente el principio de responsabilidad de proteger, que obliga a las naciones del mundo a intervenir para detener crímenes contra la humanidad (un requisito de los estándares internacionales). De manera particular, cuando es el propio Estado, como en Venezuela, el que no protege a la población, siendo en realidad el autor de los crímenes o al menos el instigador.
Muchos de los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y encarcelamientos arbitrarios cometidos en Venezuela guardan similitud con los crímenes perpetrados durante la dictadura argentina por agentes estatales y grupos vinculados a las estructuras estatales. Tienen el mismo carácter sistemático y a gran escala; por tanto, se consideran crímenes contra la humanidad. Lo confirmaron expertos internacionales (2018) convocados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ellos encontraron fundamento suficiente para acusar crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El pasado 23 de febrero, militares y paramilitares impidieron el ingreso de ayuda humanitaria para Venezuela, incendiando al menos tres vehículos, resultando 14 personas asesinadas y centenares heridas. Por esto, Luis Almagro expresó: El mundo pudo ver con sus “propios ojos” cómo el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que “destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad”.
¡Urge la intervención internacional!(O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 15 de marzo del 2019.
Ciertos simpatizantes con el Socialismo del Siglo XXI recomiendan negociar la salida del conflicto. A pesar de que Maduro cerró todas las posibilidades e incumplió sus ofertas de negociación, como se comprobó con la carta que le cursó el papa Francisco en pasados meses.
Quienes promueven el mecanismo de negociación dan como ejemplo la pacificación supuestamente obtenida en la vecina Colombia, a través del acuerdo alcanzado con las FARC. Ellos olvidan que las circunstancias eran distintas, más allá de los dudosos beneficios logrados en ese país. Para empezar, existía un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y Policía del Estado con una fuerza guerrillera organizada militarmente, que actuaba con un plan estratégico financiado por el narcotráfico y el secuestro extorsivo, sumando el terrorismo a su acción beligerante. El triste episodio del exmiembro de las FARC Guacho nos hizo vivir esa realidad.
En Venezuela, al menos el 90% rechaza al dictador Maduro, población desarmada que solo tiene las calles para protestar arriesgando su vida. Mientras, el régimen dispone de las fuerzas armadas del Estado, y también cuenta con milicias civiles armadas para reprimir y asesinar a los civiles.
Por lo anterior, dentro y fuera de Venezuela, incluyendo oficiales de sus Fuerzas Armadas en situación de retiro (publicación Venezuela al Día, Dic. 2018), claman por la intervención armada internacional para devolverle al país la libertad y la democracia.
Lo dicho, claro está, observando los medios y principios establecidos por Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Concretamente el principio de responsabilidad de proteger, que obliga a las naciones del mundo a intervenir para detener crímenes contra la humanidad (un requisito de los estándares internacionales). De manera particular, cuando es el propio Estado, como en Venezuela, el que no protege a la población, siendo en realidad el autor de los crímenes o al menos el instigador.
Muchos de los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y encarcelamientos arbitrarios cometidos en Venezuela guardan similitud con los crímenes perpetrados durante la dictadura argentina por agentes estatales y grupos vinculados a las estructuras estatales. Tienen el mismo carácter sistemático y a gran escala; por tanto, se consideran crímenes contra la humanidad. Lo confirmaron expertos internacionales (2018) convocados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ellos encontraron fundamento suficiente para acusar crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El pasado 23 de febrero, militares y paramilitares impidieron el ingreso de ayuda humanitaria para Venezuela, incendiando al menos tres vehículos, resultando 14 personas asesinadas y centenares heridas. Por esto, Luis Almagro expresó: El mundo pudo ver con sus “propios ojos” cómo el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que “destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad”.
¡Urge la intervención internacional!(O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 15 de marzo del 2019.
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