Jorge G. Alvear Macías
En Guatemala se demostró que la corrupción puede combatirse con métodos confiables y eficaces, neutralizando el manoseo del gobierno de turno y de los partidos políticos y empresarios que conformaron estructuras delincuenciales para beneficiarse ilegalmente de la contratación pública de obras, bienes y servicios, en medio de una impunidad casi garantizada por el sistema judicial durante varias décadas. Ese ejemplo podemos hacer realidad en Ecuador si el presidente Moreno cumple su oferta de campaña y si los líderes que aspiran a sucederlo lo emplazan a ello.
En una entrevista a Iván Velásquez en Copenhague –de agencia EFE–, el jefe desde 2013 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ratificó en cierta forma la exitosa labor de esa Comisión apoyada por países europeos, Japón y Estados Unidos: “Pudimos demostrar que la lucha contra la corrupción era posible, no de manera teórica, en la realidad, con investigaciones fuertes probatoriamente. Eso nos permitió demostrar lo que para Guatemala es altamente significativo: nadie está por encima de la ley”.
El funcionamiento de la Cicig garantiza independencia y eficacia en las investigaciones penales ejecutadas por la Fiscalía General de Guatemala, así como el ejercicio de la acción penal como lo prevé su Constitución. Esa Comisión interviene con especialistas y equipos sofisticados como apoyo técnico, especialmente en investigaciones del crimen organizado; y también como parte adhesiva en los procesos de interés público, además de la Fiscalía de la Nación. Esto impide el descuido o desinterés en las causas.
La Cicig no depende del presupuesto general del Estado, para mantener su necesaria independencia en la investigación de la corrupción transnacional. La Cicig está solventada con donaciones de los países auspiciantes. En la misma entrevista, Velásquez informó que uno de esos países –Estados Unidos–, “que tradicionalmente ha respaldado la actividad de la Comisión”, acaba de firmar un acuerdo con la ONU para donar 6 millones de dólares al fortalecimiento de la Cicig.
Durante mi entrevista in situ con la exfiscal Thelma Aldana –entonces en funciones–, pude enterarme cuán determinante fue la ayuda de la Cicig y del comisionado Velásquez en el exitoso procesamiento del expresidente Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti. Esta última acaba de ser condenada a más de 15 años de prisión, por participar en un fraude para adjudicar un contrato millonario para descontaminar un lago cercano a la capital guatemalteca.
La magnífica gestión de Velásquez al frente de la Cicig y los resultados han provocado reacción adversa dentro de Guatemala en los círculos de poder, otrora beneficiarios de la corrupción; y, claro, en países como el nuestro también ha puesto a la defensiva a los miembros de la delincuencia organizada, que se oponen a una iniciativa como la guatemalteca. Por ello, solo nos resta la movilización social, tal como ocurrió allá y forzó al presidente Otto Pérez Molina a celebrar el convenio con Naciones Unidas. Como dice Velásquez, la lucha contra la corrupción con el apoyo de una Comisión Internacional es responsabilidad de un jefe de Estado. Guatemala ya no es la misma con los avances de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Acá, si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos más de lo mismo.
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 10 de noviembre del 2018.
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