Jorge G. Alvear Macías
A mediados de este año las compañías de seguros del país, a través de la Federación que las agrupa, pidieron al Gobierno no ser relegadas en el aseguramiento de bienes públicos. Concretamente exigieron al régimen terminar con “el monopolio” de Seguros Sucre, una empresa controlada por el Estado desde los inicios del gobierno de Correa. Pidieron la participación de todas las aseguradoras públicas y privadas en concursos abiertos y transparentes.
A efectos prácticos la situación no ha variado, aunque el presidente Lenín Moreno dispuso aplicar la Ley de Contratación Pública y que se elimine la contratación vía Régimen Especial. Dicho régimen permitía el monopolio de la indicada compañía. En esa ocasión el presidente manifestó que con la eliminación de la contratación sin concurso, el Estado se ahorraría mucho dinero (¿US$ 400 millones?).
El caso es que los pliegos de la “licitación de seguros de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad no marítima para Petroecuador” en los que se invita aparentemente a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en consorcio o con compromiso de asociación, se establece un insólito sistema de parámetros de calificación de ofertas, que solo permitirían cumplir a 3 empresas –entre ellas a Seguros Sucre– el requisito de la “Experiencia Específica”. Y claro al pasar ese primer “filtro”, podrían ser calificadas hasta con 10 puntos si pueden acreditar haber realizado negocios generando 15 millones de dólares de prima o más en el ramo de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil (marítima y no marítima) en los últimos 15 años previos a este concurso. Seguros Sucre podría recibir el máximo puntaje porque es la compañía que más primas ha acumulado en ese ramo, gracias al monopolio mantenido durante la “década ganada”. Las demás compañías del sistema nacional de seguros privados serían descalificadas en un concurso así concebido, en detrimento de los principios de igualdad, concurrencia y competencia.
Sin participación competitiva de oferentes objetivamente aptos y calificados con reglas que sean materialmente necesarias, será poco probable lograr –en el caso de la licitación de seguros anotada– el mejor precio, cobertura completa y adecuado reaseguro.
Los concursos en la contratación pública no deberían implicar direccionamientos para provocar exclusión de oferentes aptos. Es bien sabido que esas gastadas argucias propician corrupción y encarecen obras y servicios públicos. Muchas de las megaobras (incluidos los aseguramientos de bienes estatales) contratadas desde el 2007 lo confirman. Fueron contratos adjudicados sin competencia, por tanto, no se aplicó el principio de igualdad ante la ley proclamado en nuestra Constitución, que también ampara a los interesados en asegurar los bienes de Petroecuador y cubrir sus responsabilidades.
El principio de igualdad obligaba a los responsables de Petroecuador a redactar las bases de la indicada licitación con imparcialidad frente a todos los interesados. Debieron evitar los requerimientos innecesarios e imposibles de cumplir para la generalidad de empresas de seguros, ante la evidencia de que solo podría calificar Seguros Sucre.
Se requería más transparencia. No son aceptables los favoritismos para una compañía de seguros privada, controlada desde el Ejecutivo por más de 10 años, mientras que en ese mismo lapso otras empresas fueron impedidas de participar en el aseguramiento de bienes estatales. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 23 de noviembre de 2018.
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