Jorge G. Alvear Macías
Las aseguradoras privadas insisten en que se reforme la normativa de adjudicación de los contratos de seguros con las empresas públicas. Piden un concurso público con la participación de las aseguradoras privadas y públicas, en libre competencia como lo establece la ley.
Actualmente rige un “régimen de contratación especial” que beneficiaría a Seguros Sucre –controlada por el Estado–, que concentra los contratos de gran valor con el sector público. Sus costos duplican los ofertados por alguna empresas privadas, según denunció la asambleísta Ana Galarza en radio Democracia, en una entrevista nutrida con graves acusaciones de corrupción en esa forma de contratación monopólica. Habría sobreprecios en el pago del rubro reaseguro, manejado por un intermediario (en Miami) con las grandes reaseguradoras que operan en Londres. Galarza dijo que el costo del reaseguro no debería sobrepasar y sin embargo sobrepasa el 3% de la retención (prima), diferencia que constituye una enorme “comisión” que beneficiaría al intermediario y a sus “compadritos”.
Seguros Sucre está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, además de la Contraloría. Tales órganos de control podrían despejar dudas sobre la transparencia en la contratación del aseguramiento de los bienes del Estado, efectuada sin concurso público de precios e impuesta en un decreto de Rafael Correa. También podrían verificar los incumplimientos de la mencionada aseguradora, en indemnizar ciertos siniestros, tal como lo afirmó en una carta al presidente Moreno el exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Con el examen se podrán confirmar o desvanecer los impagos a Tame, Petroamazonas, Celec, Petroecuador, entre otras empresas públicas, por más de $ 206 millones (información de El Telégrafo).
En octubre del 2017, desde esta columna y bajo el título “Moreno ofreció transparencia…” (https://www.eluniverso.com/opinion/2017/10/06/nota/6416926/moreno-ofrecio-transparencia), recordamos que los contratos “a dedo”, además de encarecer las adquisiciones de bienes y servicios en el sector público, causan la proliferación de peculados, cohechos, concusiones, lavados de activos; además de la evasión tributaria, por el dinero de esas actividades que salió de las fronteras. LÉA MÁS:
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 20 de julio del 2018
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