sábado, 29 de febrero de 2020

¿Cómo mejorar la economía?

Jorge G. Alvear Macías
¿Será posible alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos? Una delegación de alto nivel de funcionarios entendidos en comercio e inversión de ese país vendría a Ecuador en abril, para explorar posibilidades de inversiones en proyectos de energía e infraestructura, según apuntó el Wall Street Journal. 
Si logramos dicho acuerdo, ¿será suficiente para reparar la maltrecha economía causada en gran medida por el gobierno de Rafael Correa, quien obró bajo la inspiración de un sectarismo ideológico? 
Sabemos que contamos con la buena voluntad política de los presidentes Trump y Moreno. Atrás quedaron las malas relaciones internacionales entre Estados Unidos y Ecuador, durante los diez años del gobierno de Rafael Correa. Aunque están frescos los recuerdos de la hostilidad a un país que tradicionalmente nos cooperó para solucionar algunos problemas importantes y que además es hogar de al menos un millón y medio de compatriotas.
Estados Unidos –“nuestro socio comercial”– nos asistió por décadas en temas de seguridad, económicos, de salubridad, desarrollo comunitario y culturales, para mencionar los principales; y aun así, el expresidente en un estado de paroxismo, en abril del 2011, expulsó a la embajadora Heather Hodges, luego de que el hackerJulian Assange revelara que aquella había desnudado ante sus superiores la corrupción del correato, en un informe confidencial; y además, no quiso hacer comentarios cuando el excanciller Patiño le pidió explicaciones. Y para reafirmar su antipatía al imperio dispuso el asilo de Assange en nuestra Embajada de Londres. 
La duda de este columnista sobre la concreción del ansiado acuerdo comercial obedece a que el presidente Moreno aún no muestra decisión para impulsar reformas legales necesarias para crear condiciones que nos acerquen a las de nuestros países competidores, concretamente Colombia y Perú; y, las que se han tomado hasta ahora no se compadecen con los objetivos de crear los mejores escenarios para incrementar la exportación nacional y atraer nuevas inversiones. 
¿Podremos destrabar el mercado estadounidense que actualmente facilita las transacciones de Colombia y Perú, con ventajas a las que no tenemos acceso? ¿Podremos competir sin las inversiones extranjeras directas (IED) que tienen nuestros vecinos, además de los conocimientos técnicos, habilidades gerenciales y de organización? 
El Banco Mundial (reporte efectuado entre el 2017 y 2018) destaca que las grandes corporaciones globales a la hora de invertir en un país valoran los estímulos que ofrece, tales como reducción o eliminación de impuestos a los negocios. A las multinacionales les seduce la transparencia y previsibilidad de las acciones gubernamentales. Se alejan de países con burocracias ineficientes, legislaciones mañosas propiciadoras de discrecionalidad y procedimientos engorrosos.
Para el Banco Mundial, un tercio de los inversionistas reinvierten todas sus ganancias en el país de acogida que tiene un gobierno confiable. En este contexto privilegian las regulaciones simples, la ausencia de barreras al ingreso de inversiones y una adecuada infraestructura (electricidad y vías de transporte).
Acorde al indicado estudio, nuestro país debe ofrecer a los inversionistas extranjeros las garantías de protección legal para sus inversiones. Entre estas, las seguridades a su capacidad de transferir dinero dentro y fuera del país y que no sufrirán expropiación o los efectos de cualquier conducta obscura o arbitraria del Gobierno. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 28 de febrero del 2020
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viernes, 21 de febrero de 2020

Prostitución e inseguridad

Jorge G. Alvear Macías
Desde que en agosto del año pasado, el diario Extra publicara un reportaje sobre la prostitución en la ciudad, con detallado informe de la actividad en sinnúmero de “hostales” y la práctica por paga de relaciones sexuales en calles céntricas, no ha variado el control. Sectores importantes de la ciudad, incluido el bulevar 9 de Octubre –concretamente desde el parque Centenario hacia el oeste–, continúan tomados a partir de las tempranas horas de la noche por mujeres y hombres que ofrecen sus favores, provocando incomodidad en el turismo y transeúntes, pese a las quejas de los moradores en vecindarios residenciales afectados.

A lo antes anotado se suma la inseguridad por la poca presencia de los agentes policiales en la indicada céntrica vía y alrededores, lo cual aleja a los ciudadanos que antes solían pasear ese trayecto hacia el estero Salado.


Es desalentador leer, pese a estar identificados por los vecinos “todos los hoteles que sirven al trabajo sexual” (según relató el reportaje referido), que la prostitución en el centro de la urbe “es una problemática abandonada, que todos la han dejado ahí”, según reconoció el presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, Holbach Muñetón. 

Además, agrava el panorama la presencia de jóvenes mujeres extranjeras –aparentemente menores de edad– lo cual reclama más atención de los estamentos gubernamentales, para prevenir abusos a tales menores y a su integridad física. 

También es una realidad que la prostitución sin control propicia las condiciones para la violencia, robos y la venta de drogas. Un ambiente así no es conveniente para promover el turismo; y, la actitud insostenible de ignorar el problema y dejarlo como está, tampoco es consecuente con el gran esfuerzo de la inversión privada de la hotelería. Me refiero en particular a la afectación de dos importantes hoteles situados en el bulevar 9 de Octubre y la calle García Moreno, que atraen turismo nacional e internacional y facilitan con sus instalaciones rondas de negocios, que en estas épocas de vacas flacas hay que incentivar y no disuadir. 

También están especialmente afectados en el sector indicado los predios de la Federación Deportiva del Guayas (piscina Olímpica Alberto Vallarino), encajados entre las calles José Mascote, Hurtado, Luque y García Moreno, en donde jóvenes deportistas que entrenan en natación y atletismo no pueden extender sus prácticas hasta la noche por el peligro de enfrentar la inseguridad al salir de las instalaciones. De tal manera que el descuido de las autoridades también se convierte en una rémora para el desarrollo deportivo y la garantía de seguridad que merecen los deportistas.

Desde esta columna sugerimos que las autoridades del Estado central y de la ciudad (con los gremios del sector turístico, deportivo y de los barrios perturbados) analicen la problemática, discutan sus roles y busquen las soluciones. Sin duda, lo que no cabe es seguir haciendo lo mismo, pues no se obtendrán los resultados que se necesitan para beneficio de la comunidad toda.

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 21 de febrero del 2020
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viernes, 14 de febrero de 2020

Porte de armas

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve                       jorgalve@yahoo.com
El porte de armas de fuego para defensa personal es un derecho humano, fundamental y esencial, derivado de la dignidad humana y del derecho a preservar la vida misma ante la agresión ilegítima, actual y grave que la ponga en riesgo.
Cuando el Estado no puede controlar la posesión de armas de fuego, concretamente las obtenidas ilegalmente, en medio de una situación persistente y desbordada de la delincuencia común, incumple sus obligaciones en el marco de la Constitución, la ley y del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es, cuando falla en el combate a las amenazas de la delincuencia para la vida y bienes de los ciudadanos; y, además, en un decreto ejecutivo (regresivo) impide que el ciudadano, ejercitando su derecho a la seguridad, use armas de corto alcance para autodefensa, que está autorizado en la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 
La Constitución del Ecuador, en su catálogo de derechos, con su enumeración no agota todos los derechos que le asisten a las personas, por el contrario, la naturaleza de cláusula abierta que tiene el artículo 11 reconoce derechos consagrados en las leyes (art. 11.8). Y es precisamente el caso del derecho a la tenencia y porte de armas el que está reconocido como tal en el Código Orgánico Integral Penal COIP (“art. 60.- Penas no privativas de libertad.- Son penas no privativas de libertad:… 9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas... Art. 360.- Tenencia y porte de armas. La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar…”).
Está claro, entonces, que si la prohibición de la tenencia o porte de armas es el resultado de una sanción penal (justificada en el caso del delincuente), es al menos irregular que un decreto ejecutivo le impida al ciudadano honesto que ejercite el derecho a tener un arma para defensa personal, aun cumpliendo los requisitos legales. 
En las actuales circunstancias del incremento de ataques delincuenciales reportados por la prensa, la normatividad debe ser revisada para que garantice efectivamente el derecho fundamental a la seguridad personal. 
En este tema es pública y notoria la desigualdad en el trato a los ciudadanos. Con mucha verdad sostuvo ayer Galo Estrella –teniente en servicio pasivo de la Armada Nacional–, en un panel de Radio I99, que solo se permite el porte de armas a camaroneros, ganaderos y agricultores, mientras que en el área urbana se anula el derecho de los ciudadanos para defender la integridad de sus familiares y bienes. Y este columnista además observa que los funcionarios públicos se movilizan con seguridad armada y carros blindados; privilegio que también alcanza a personas pudientes, mas no a la generalidad que carece de protección policial porque no hay suficientes agentes. En un Estado social de derechos progresivos, declarado así en la Constitución, el discrimen repugna.
Desde esta columna he insistido en la necesidad de permitirle al ciudadano que se proteja. Hoy le recuerdo a la señora ministra de Gobierno que la tenencia y el porte de armas es un derecho fundamental, incluso reconocido por el COIP. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 14 de febrero del 2020.

CIDH: Observaciones (II)

Jorge G. Alvear Macías
Entre la semana pasada y esta, ha cambiado el contexto sobre las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo al Ecuador por la presunta vulneración de derechos, durante las protestas de octubre del 2019, a raíz de la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y diésel (luego restituidos por el Gobierno). 
Es que a tales observaciones, que solo parecían el resultado de una falta de información entregada por el Estado y/o de la ausencia de comprobación de hechos alegados como eximentes de responsabilidad, habría que sumarle indicios de tergiversación de los hechos, falta de independencia o al menos negligencia en la labor de investigación y contrastación de la Defensoría del Pueblo, cuando preparó la información que trasladó a la delegación de la CIDH durante su visita; y, claro, con esos defectos influyó en las conclusiones y recomendaciones de dicho órgano. Ello, principalmente en lo concerniente al número de víctimas mortales, presuntamente causadas por el exceso de la fuerza utilizada por agentes del Estado para contener los desbordes de la protesta, que debió ser pacífica, para conservar la cobertura de legitimidad.
La Defensoría del Pueblo incluyó siete informes sobre el número de personas detenidas, heridas y fallecidas, durante los días del paro nacional, para que la CIDH “determine las violaciones de derechos humanos y cuáles fueron los tipos de vulneraciones, para que exista la reparación integral correspondiente a las víctimas”. Sin embargo, según informaron los medios, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ha cambiado su versión en al menos tres ocasiones, sobre el número de fallecidos en el paro y la verificación de la información sobre las circunstancias de sus supuestas muertes. Tanto que la ministra María Paula Romo expresó su inconformidad con las conclusiones que la Asamblea Nacional y la CIDH emitieron sobre dicho paro, basándose en lo informado por dicha Defensoría, “sin hacer su propia contrastación”. Ella también ha mencionado como un elemento de duda que gravita sobre el informe del defensor del Pueblo el reportaje de la UDLA Channel, que reveló que José Rodrigo Chalouisa –una de las supuestas víctimas– ¡estaría vivo!
Ante la desconfianza anotada y otra generada por un video que circuló en las redes sociales, en el que el defensor Carrión hace proselitismo a favor de dos dirigentes indígenas que lideraron las protestas, así como para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, se precisa la integración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como el que se convino en diciembre pasado entre la CIDH y Bolivia, para apoyar la investigación de actos violentos y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dicho país entre septiembre y diciembre del 2019. El GIEI tiene pleno acceso a los expedientes de investigaciones y causas penales iniciados con motivo de los hechos, a la información pública gubernamental sobre aquellos, a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para cumplir su tarea, acorde con la legislación boliviana. 
El Grupo entregará a la Cancillería boliviana un informe público, con los resultados de su gestión y recomendaciones, al que la CIDH dará seguimiento.
Necesitamos una solución similar ante tan graves suspicacias. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 7 de febrero del 2020.
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viernes, 31 de enero de 2020

CIDH: observaciones


Jorge G. Alvear Macías
Hay mucho que se dice y otro tanto se omitió en las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –observaciones que no constituyen una condena al Estado–, sobre la situación de los derechos humanos durante las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre del año pasado. La omisión podría ser el resultado de la información incompleta o de la falta de justificación de los hechos alegados por el Gobierno, lo que aún podría hacerse para constancia histórica. Recordemos que el canciller sostuvo ante el seno de la OEA –y debe ser comprobado ante la CIDH– que la Policía y las Fuerzas Armadas no usaron armas letales en esos días y que las muertes registradas durante tales protestas no estuvieron relacionadas directamente con la fuerza pública; y que en las protestas hubo injerencias externas asociadas a grupos políticos y organizaciones irregulares, para desestabilizar al Gobierno. Algo de las demostraciones de tales injerencias comentó la ministra Paula Romo en un encuentro con articulistas de EL UNIVERSO, las que ayudarían a respaldar la posición del Estado ante la CIDH. 

Lo cierto es que en la comunicación oficial de la indicada Comisión se confirma que hubo actos de violencia, saqueos y caos, concomitantes con las protestas acaecidas tras la suspensión de los subsidios a los combustibles. Que por la grave conmoción y la alteración del orden público se declaró el estado de excepción por 60 días a nivel nacional, y que la Corte Constitucional luego de dar su conformidad en lo constitucional, redujo a 30 días. La CIDH también anotó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil y que el Ejecutivo dispuso que las actuaciones de las entidades de seguridad ciudadana y sus servidores debían realizarse en estricto apego a los derechos humanos, garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Ecuador. 

En dicho contexto remarcó que por información de “público conocimiento”, en la respuesta del Estado a los actos de protesta, en determinados casos se recurrió al uso excesivo de la fuerza, principalmente (no sostiene que fue un trato generalizado), en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones en Quito y en sus territorios ancestrales. Pero la Comisión también acogió información de que, “en determinadas circunstancias”, grupos de personas que se manifestaban provocaron graves desmanes durante algunas protestas, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos, incendios y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. Y que el Estado justificó el estado de excepción para contrarrestar acciones violentas, agresiones y saqueos por parte de manifestantes. 

La CIDH afirma que recibió abundante información y testimonios sobre actos de violencia, sin indicar de qué sector provenían, y de la respuesta del Estado a tales desmanes, así como del desarrollo del proceso de diálogo entre las distintas partes involucradas. Que la delegación visitó instalaciones estatales, centros de detención y algunos lugares donde ocurrieron protestas.  Que hubo reuniones con grupos de personas y organizaciones de diversos sectores, incluidas organizaciones de pueblos indígenas, en Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga. Fue cuando recogió testimonios de presuntos afectados por las protestas, así como por la política de contención implementada por el Estado. (O)
(Continuará).

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 31 de enero del 2020
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viernes, 17 de enero de 2020

Adolescentes que delinquen

Jorge G. Alvear Macías
En el mundo aún se discute sobre la edad en que debe empezar la responsabilidad penal. La Deutsche Welle (DW), un medio de Alemania, reportó recientemente que en ese país, tres niños de 14 y dos de 12 años habrían violado a una mujer en Mülheim an der Ruhr, con lo cual un sector de la ciudadanía busca reducir nuevamente la edad de la responsabilidad penal. 
En Guayaquil, EL UNIVERSO dio cuenta de que un grupo de motociclistas (presumiblemente adolescentes), rodeando con sus motos un ataúd que yacía en medio de la calle, despidieron al adolescente de 16 años que fue abatido por un policía nacional. Este supuesto delincuente murió la semana pasada en un sector de la avenida Juan Tanca Marengo, de Guayaquil, tras un cruce de balas con el indicado policía, luego de que fuera perseguido mientras huía en una moto con otro menor de 17 años, quien resultó herido en el intercambio de balas. La nota de este Diario señaló que “…alrededor del féretro, decenas de motociclistas se movían velozmente en círculos. Incluso hay una tricimoto homologada, según se observa en uno de los videos que circularon esta semana en redes sociales. Los amigos y familiares del joven abatido (sepultado el fin de semana), oriundo de Esmeraldas, dicen que ‘la 112 está de luto’, y declaran la guerra contra las autoridades”. Esto habría ocurrido en el sector Horizontes del Fortín, donde este fin de semana “se detuvo a otras cinco personas, entre ellas dos menores, que pertenecerían a esta banda, que, de acuerdo con el fiscal Joselito Argüello, sería de alta peligrosidad”. Un supuesto miembro de la banda habría amenazado al policía y al fiscal.
¿Qué dice la ley respecto a menores de 18 años que cometen delitos, como asesinatos, violaciones, hurtos y robos? ¿Sufren consecuencias? ¡Por supuesto! En primer lugar, están sometidos al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, aunque en la tipificación de las sanciones y otras circunstancias este cuerpo legal se remite al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En tales circunstancias, son los jueces de adolescentes infractores quienes conocen, sustancian y dictan las sentencias y resoluciones de primera instancia en asuntos relativos a esos adolescentes. En cantones donde no existe un juez de adolescentes infractores, debe conocer las causas un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
El proceso para el juzgamiento de adolescentes tiene una Instrucción; Evaluación y Preparatoria de Juicio; y el propio Juicio. Intervienen un fiscal, quien podrá investigar los hechos en el que se presuma la participación de un adolescente; y, los padres o representantes del menor. La audiencia de formulación de cargos se desarrolla acorde a las reglas del COIP.
Una vez cumplido el proceso, se dicta la sentencia con la motivación de la existencia de la infracción, la responsabilidad o no del adolescente, la determinación de la medida socioeducativa como sanción, su duración; y, su forma de cumplimiento, así como la reparación integral a la víctima, cuando corresponda.
Las medidas socioeducativas son Privativas de libertad o No privativas de libertad. En la imposición de tales medidas debe considerarse la edad del adolescente cuando cometió la infracción. Las privativas de libertad son de menor tiempo que las señaladas en el COIP. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 17 de enero del 2020.
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sábado, 11 de enero de 2020

La alcaldesa tiene la palabra

Jorge G. Alvear Macías
Esta semana me escribió don Arcadio Arosemena, por mi columna del pasado viernes 3 de enero y la necesidad de arborizar más la ciudad, en la que mencioné que nuestra alcaldesa acometería una labor similar a la de la Alcaldía quiteña. Como la opinión del indicado lector trae una importante preocupación, transcribo con su autorización algunos párrafos de la atenta comunicación: 

“… Estimado Jorge: …he meditado antes de escribirle y me decidí a hacerlo porque creo que usted está muy optimista respecto a la actual administración municipal de Guayaquil... el ejemplo que pone de Quito es válido y ojalá se pudieran hacer así las cosas en Guayaquil, pero no es así.

“En Quito 300 voluntarios sembraron 1000 árboles de especies nativas y transformaron un botadero de basura y escombros en un área verde que en el futuro será un atractivo de la ciudad. Esto con la anuencia del alcalde (Yunda) que enseguida apoyó al grupo y además se sumó la empresa privada. Bien por Quito. La meta del Municipio de Quito es plantar un millón de árboles.

“… En el suplemento ‘Más Guayaquil’ del mes de diciembre que reparte el Municipio… resaltan que ‘la Alcaldía se propone plantar en el cerro Paraíso unas 31 250 especies nativas durante el 2020’, para lo cual han contemplado destinar $2 millones en el presupuesto municipal… esto equivale a $64 por árbol, es decir que para replicar la iniciativa quiteña, nuestro Municipio necesitaría $64 millones. Esta es una de las razones de por qué yo no tengo el optimismo suyo.

“Otra más es el desinterés del Municipio de ayudar a la reconstrucción y modernización del Jardín Botánico de Guayaquil, que tiene 30 años de funcionamiento... la más antigua institución conservacionista del Ecuador continental… El año pasado, los presidentes de la Asociación Ecuatoriana de Orquideología y de la Fundación Jardín Botánico de Guayaquil, instituciones sin fines de lucro, decidieron solicitar a la alcaldesa el apoyo económico para solventar la situación del Jardín Botánico, que podría darse en propiedad al Municipio porteño, para reconstruirlo y modernizarlo, sin haber recibido ninguna respuesta a su petición ni haberle dado paso a una cita con ella que fue oportunamente solicitada.

“Cuando hemos iniciado los festejos del bicentenario de la independencia, el Jardín Botánico de Guayaquil está en peligro de cerrar sus instalaciones.

“… Ojalá yo esté equivocado, Dios quiera que usted tenga la razón y que lo que intuye sea realidad: ‘que el trabajo de nuestra alcaldesa en la tarea de arborizar más la ciudad tendrá excelentes resultados y que cuente con el soporte de empresas con alto espíritu cívico en la ejecución de la idea’”.

Durante los diez años o más que escribo en EL UNIVERSO no he esquivado el pesimismo o el optimismo que me generaron los temas escogidos en su momento y por ello he recibido conformidades y divergencias del lector sobre esos sentimientos. Casi siempre con los fundamentos para sus respetables puntos de vista. No obstante, he tenido y tengo presente que un poco de pesimismo ayuda a evitar peligros y que el optimismo no implica ver todas las cosas con color de rosa. 

La señora alcaldesa tiene la palabra. 

*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 10 de enero del 2020.
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Iniciativas positivas

Jorge G. Alvear Macías
En los objetivos de introducir cambios que repercutan en una mejor vida individual y colectiva en este año que comienza en medio de inseguridades y temores, deberíamos intentar todo aquello que, en asocio con la comunidad, implique planes que nos comprometan con el bien común. Siempre ayuda al ánimo para resolver nuestros propios problemas individuales que nos involucremos en la solución de pequeñas y grandes dificultades que afectan o pudieren afectar a la sociedad. No sería extraño que pudiéramos relacionarnos con personas que nos presenten una oportunidad en toda crisis. 

Cavilando sobre lo anterior, recordé que el mes pasado se juntaron 300 voluntarios quiteños para sembrar 1000 árboles de arupos, arrayanes y cholanes, entre otras especies, en un sector de su ciudad. Así respondieron a la iniciativa de un particular cuyo único interés fue ver transformado un botadero de basura y escombros, por el que transitaba muy a menudo con desazón, y por ello, según una nota de El Comercio, le propuso la idea al alcalde Yunda a través de Twitter, y este le aceptó en seguida. Al apoyo del Municipio se sumó la participación de la empresa privada, con lo cual los voluntarios efectuaron un trabajo con equipo y fertilizantes adecuados técnicamente a la finalidad. 

Previamente limpiaron y prepararon el terreno y adquirieron las plantas. El Municipio capitalino ha planeado plantar un millón de árboles en la urbe para que sea más atractiva para los transeúntes y sus responsables han estimado que en dos años se apreciará el resultado en todo su esplendor. 

La iniciativa que hemos resaltado ha sido emulada por la alcaldesa de Guayaquil y ojalá lo hagan en otras ciudades, especialmente de la Costa. Las obras de cemento en la urbe requieren complemento de superficies ocupadas por árboles, para intentar alcanzar el sitial de las 15 ciudades con más árboles urbanos en el mundo (Singapur, 29,3 %; Sídney, 25,9 %; Vancouver, 25,9 %; Cambridge en Massachusetts 25,3 %; Durban, 23,7 %; Johannesburgo, 23,6 %; Sacramento en California 23,6 %; Fráncfort, 21,5 %; Ginebra, 21,4 %; Ámsterdam, 20,6 %; Seattle, 20 %; Toronto, 19,5 %; Miami, 19,4 %; Boston, 18,2 % y Tel Aviv, 17,5 %). Claro está que en estas ciudades la normativa municipal ha evitado que se produzca el crecimiento caótico y que la presión del desarrollo habitacional y de infraestructura perjudique los bosques, paisajes y áreas verdes y el equilibrio medioambiental que es siempre vulnerable con toda actividad de urbanización. Con las regulaciones de protección a las grandes arboledas citadinas se han logrado filtros naturales para detener los contaminantes urbanos. 

Estudios de la FAO (Food and Agriculture Organization) recomiendan construir viviendas entre árboles, para mejorar la salud, los niveles de energía, la presión arterial y la disminución del estrés. La plantación de árboles de manera apropiada alrededor de edificios disminuye la necesidad del aire acondicionado y la calefacción. 

Intuyo que el trabajo de nuestra alcaldesa en la tarea de arborizar más la ciudad tendrá excelentes resultados. Cuenta con el soporte de empresas con alto espíritu cívico en la ejecución de la idea.

*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 3 de enero del 2020.
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sábado, 28 de diciembre de 2019

Tal vez en el 2020…

Jorge G. Alvear Macías


Han transcurrido tres años desde diciembre del 2016, cuando Odebrecht aceptó haber repartido más de $700 millones en sobornos en América Latina, incluido Ecuador. Luego, muchos países afectados abrieron investigaciones e iniciaron procesos penales, que en ciertos casos tuvieron efectivos resultados judiciales; con consecuencias dramáticas en lo político (renuncia de un presidente y suicidio de un expresidente); desprestigio de empresarios o se lograron compensaciones dinerarias, tal como ocurrió en el Perú, Colombia y Panamá; pero en otros países como el nuestro, las investigaciones se empantanaron o nunca se instruyeron apropiadamente. 

Para analizar las dispares secuelas de los procesamientos de corrupción en las Américas de casos como el comentado, se juntaron varios expertos en anticorrupción y transparencia del Perú, Guatemala, Brasil y Estados Unidos, invitados por la organización Diálogo Interamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las principales preguntas abordadas fueron: ¿Por qué algunos enjuiciamientos por corrupción en América Latina lograron resultados innovadores, mientras que otros están menos avanzados? ¿Son los resultados dispares impulsados por la independencia judicial, la disponibilidad de medios legales y procesales, la estrategia de enjuiciamiento, la cooperación entre países u otros factores? 

Tales cuestionamientos no parecen extraños a los ecuatorianos que hemos convivido con la insatisfacción, desde que el presidente Moreno ofreciera una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad; y que en su momento la entendimos convenientemente integrada, preparada e independiente, con recursos económicos suficientes provistos y organizada por las Naciones Unidas; debidamente blindada del propio Ejecutivo y de la influencia política afín y de la oposición. Esto, porque no esperábamos en su lugar la comisión de cinco especialistas, que se dio el Ejecutivo a sí mismo para aconsejarse y luego de pocos meses abandonarla. Es que si solo consejo deseaba, hubieran sido suficientes las soluciones de los expertos en anticorrupción y transparencia antes indicados, que Roberto de Michele (funcionario del BID) resumió así:

1. Para lograr investigaciones exitosas hay que descubrir el secreto entre las partes del pacto de corrupción, y ello se logró con mecanismos legales como la delación premiada (colaboración eficaz) y la protección del denunciante. También ayuda asignarles responsabilidad penal a las personas jurídicas involucradas.

2. Es sumamente importante la cooperación de las fuerzas del orden de una misma jurisdicción y las del extranjero. En las investigaciones de delitos transnacionales se precisan equipos de trabajo de distintas agencias (especialmente de agencias fiscales, supervisores financieros, unidades de inteligencia, con expertos de otras disciplinas relacionadas). En los sobornos operados internacionalmente se utilizan complejas estructuras corporativas y financieras en distintas jurisdicciones. Por ello, es imprescindible que otros Estados ayuden a rastrear los pagos ilícitos.

3. Para entablar una acusación por delito de soborno son determinantes los investigadores capacitados en estructuras financieras enmarañadas y en flujos ilícitos. Con destrezas especiales para detectarlas, acusarlas en el ámbito penal y probar los hechos. 

4. La mejor investigación, sin un sistema judicial completamente independiente, tendrá poca probabilidad de concluir en una sentencia idónea y sin tufo a impunidad. La independencia judicial fue el ingrediente principal de las exitosas investigaciones de corrupción en Brasil.

Identifique por qué no hemos logrado resultados… veamos en el 2020. Que sea un feliz año para usted. (O)

*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 27 de diciembre del 2019.
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sábado, 21 de diciembre de 2019

Comportamiento innoble

Jorge G. Alvear Macías

Esta semana circuló en las redes sociales un video con imágenes y audio infames y denigrantes. Se trataba de la reunión de una veintena de personas en un restaurante que parecía de algún lugar en Argentina, asumo que así era por el acento de quienes coreaban un estribillo que aludía a la señora madre del presidente Lenín Moreno y a este (Lenín Moreno LPQTP… Lenín Moreno LPQTP). Ello ocurría mientras saltaban enfervorizados cual si fueran integrantes de la barra brava del club Boca Juniors o de su tradicional rival el River Plate. En el mismo video aparecía sonreído y complaciente el expresidente de la República Rafael Correa, que observaba con copa de vino en mano, sin manifestar intención alguna de detener el agravio al representante del Estado ecuatoriano y, por ende, a sus ciudadanos. 

Muchos argentinos, tal vez contrariando a otros tantos, insultan de esa manera a sus mandatarios en espacios públicos, tanto en conciertos musicales como en estadios de fútbol. A tal punto que el año pasado varios medios de comunicación de formato digital calificaron como un “hit de verano” a la coplilla coreada por el público en algunos conciertos de bandas o grupos musicales, entre los que se destacó al realizado por el rockero Charlie García, durante el cual entonó la ya popularizada afrenta: “Mauricio Macri la puta que te parió (y que los mismos medios la redujeron a ‘Mauricio Macri LPQTP’)”. ¿Pero qué motivo tienen en Argentina para insultar a un presidente del Ecuador, si es que existiera alguno de suficiente entidad para vejar a su madre, lo más sagrado de una persona? ¡Ninguno!

En ese contexto, sorprende e indigna la innoble actitud del expresidente Rafael Correa, quien con su evidente satisfacción alentaba a esos individuos para denigrar a su sucesor en funciones; precisamente a aquel a quien el movimiento Alianza PAIS candidatizó y apoyó hasta lograr ponerlo en el cargo. Es que no se comprende que el expresidente ecuatoriano haya festejado un agravio que también lo deshonra. En todo caso, tal connivencia no puede ser ignorada y menos olvidada. Nuestros límites culturales y valores ancestrales familiares nos obligan a repudiar tamaña injuria, como rechazamos la expresión grosera y discriminatoria irrogada al presidente por el dirigente indígena Jaime Vargas, nada menos que desde el seno la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Ese nivel de indignidad del expresidente no puede ser asumido ni debiera ser asumido como propio de la sociedad ecuatoriana. Estamos obligados a señalar que el zafio proceder de ese grupo coreador podría dañar seriamente la relación fraterna que hemos tenido en el pasado con los argentinos. Ellos deberían conocer de nuestra cultura de respeto a nuestras madres y que no queremos exponerlas a los agravios que tal vez pudieran ser hábitos de incultos, que resultan extraños en la tierra del tango, la milonga y de ilustres pensadores como Borges, Storni, Cortázar, entre muchos.

El recién posesionado presidente Fernández debería pronunciarse ofreciendo disculpas por el irrespeto a nuestro mandatario. Al fin y al cabo, es lo que él también pudiera esperar si sufriera tamaño agravio.

*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 20 de diciembre del 2019.
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viernes, 6 de diciembre de 2019

Autodeterminación indígena

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve                        jorgalve@yahoo.com

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se proclama la libre determinación “interna”, en la forma y con los límites para su ejercicio. En concreto, respetando los derechos humanos, las libertades fundamentales de todos los demás pueblos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe.
En virtud de ese derecho, los indígenas pueden escoger libremente su condición política y alcanzar, asimismo en libertad, su desarrollo económico, social y cultural (artículo 3). 
El derecho de libre determinación por supuesto que implica autonomía y autogobierno, pero siempre en cuestiones relacionadas con sus asuntos locales (artículo 4). 
En el ejercicio del derecho a determinar su propia identidad o pertenencia, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, conservan el derecho sin menoscabo a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. También les asiste el derecho para determinar las estructuras y composición de sus instituciones (artículo 33).
Sin embargo, no cabe interpretar esa libre determinación en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en actividades contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Tampoco autoriza acciones que tengan el propósito de quebrantar o disminuir, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes (artículo 46). De ahí que carecen de sustento jurídico las recientes afirmaciones de ciertos dirigentes indígenas y asesores, respecto de una desmedida extensión de los conceptos de la plurinacionalidad, autodeterminación, propiedad de los recursos naturales del subsuelo y de la justicia indígena (a tal punto de pretender aplicársela al vicepresidente de la República por su intención de visitar una comunidad). 
El artículo 36 de la citada Declaración también arroja luces sobre la nefasta obscuridad del concepto de nacionalidad ecuatoriana, introducida por la Asamblea Constituyente de Montecristi, cuando estableció en la Constitución (artículo 7) que “… son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera…” (además de las efectivamente nacidas en Ecuador y las nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en Ecuador; y sus descendientes). Esto en el supuesto –que el texto no lo indica– que se trate de comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas. 
Es que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no obliga al Ecuador a reconocerles la nacionalidad “por nacimiento” a aquellos individuos que no han nacido en territorio ecuatoriano ni son descendientes de madre o padre nacidos en el Ecuador. 
La Declaración lo que sí establece es que los indígenas “… en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así́ como con otros pueblos, a través de las fronteras...”. 
Por lo expresado urge reformar el artículo 7, numeral 3 de la Constitución y así prever que no se confiera más la nacionalidad “por nacimiento” a quienes carecen de ese derecho.
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de Diciembre del 2019.
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sábado, 30 de noviembre de 2019

Más caos

Caos es más libertad; de hecho, libertad total. Pero no tiene sentido.
Jorge G. Alvear Macías


 
El editorial ‘Respetar el ordenamiento’, publicado ayer en EL UNIVERSO, hizo notar lo ocurrido el pasado domingo, cuando indígenas de una comunidad de Cotopaxi llegaron al cantón Ventanas (provincia de Los Ríos) y a la fuerza se llevaron a una mujer y su padre para aplicarles la justicia indígena por una presunta deuda con un miembro de esa comunidad. Espeluznante descripción en un supuesto contexto de un Estado de derechos que permite a la población indígena resolver sus conflictos o reprimir delitos cometidos por sus miembros en sus territorios, en tanto ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos. 

Lo anterior me recordó lo expresado sobre las movilizaciones de octubre pasado por la señora Nina Pacari Vega, quien fuera asambleísta constituyente, diputada, canciller y vocal del Tribunal Constitucional, en el programa ‘Políticamente correcto’, de Ecuavisa. Dijo: “Los pueblos indígenas cuando estamos en una fiesta o en una movilización hacemos uso del lugar y es territorio también indígena”. Entonces no se me cruzó por la mente que aquello implicaba aplicar la justicia indígena en cualquier lugar del territorio del Ecuador. A pesar de que, en ese mismo programa, también manifestó: “...Es territorio indígena el ágora de la Casa de la Cultura y sus alrededores, el tiempo que (el indígena) ha estado utilizado, habrá que hacer un debate del Estado plurinacional y en Estado de derecho es pluralismo jurídico…”. Sostuvo que lo permite el Convenio 169 de la OIT. 

Lo cierto es que en el texto del Convenio 169 de la OIT no encontré la posibilidad de llegar a las conclusiones de la señora Pacari Vega. Es más, su artículo 46 advierte: “…Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un (…) pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.”

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas –aprobada en septiembre 2007– afirma que los pueblos indígenas son iguales a los demás pueblos (claro, los pueblos mestizos también) y a todos se les reconoce el derecho a considerarse a sí mismos diferentes y a serlo, y a ser respetados como tales. En consecuencia, ningún pueblo es o puede considerarse superior a otro, y la práctica de llegar y apropiarse de la territorialidad de acuerdo con la manifestación de la exvocal del TC más bien podría ser tomada como un desvío de los derechos.
El citado instrumento señala que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas.

Es cierto que la indicada declaración estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, pero nunca irrespetando el Estado de derecho. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 29 de noviembre del 2019.
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viernes, 22 de noviembre de 2019

¿Hacia dónde vamos?

    Jorge G. Alvear Macías
       @jorgalve    jorgalve@yahoo.com
Una pregunta en el contexto de la grave crisis económica, la débil institucionalidad, la cooptación del Estado por la delincuencia organizada internacional, la fuerza intacta del populismo y la incierta identidad nacional (dadas las declaraciones de ciertos líderes indígenas, que nos asumirían a los mestizos como extranjeros con permiso de trabajo).
En junio del 2018, el comentarista John Cajas Guijarro (Nueva Sociedad) expresó su preocupación por el estado de la economía, concretamente porque observaba la crisis (que distaba de lo que es hoy) como resultado de una combinación de la inacción política y la posibilidad de tomarse medidas neoliberales. Afirmaba que la deuda externa crecería y que la dolarización se sostendrá artificialmente, predicción que coincide con la de entendidos. 
Lo que más me llamó la atención es que Cajas Guijarro entendía necesario para enfrentar el complejo futuro –que ahora es nuestro presente– que las izquierdas y los movimientos sociales “tienen la urgente responsabilidad de reinventarse”. Una frase que entonces decía poco para mí y que ahora podría explicar mucho de los violentos sucesos durante los once días del mes de octubre en Quito, en gran parte del país y –tal vez– de los que podrían venir si acaso dicha “reinvención” no se replantea.
Unos meses después de la publicación de Cajas Guijarro (octubre 28) se produjeron las declaraciones de Ricardo Patiño, en Latacunga. Cuando hizo el llamado a la “resistencia combativa” contra el gobierno de Moreno. Fue cuando convocó a desconocer la institucionalidad, que sus conmilitones diseñaron en Montecristi, con una Carta que las minorías no aprobamos; pero, por creer en el Estado de derecho la obedecemos. Entonces Patiño anticipó:
- “Vamos a hacer actividades que están reprimidas, vamos a prepararnos para esa represión, no vamos a dar papaya tampoco”. 
- “Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos... Y no tenemos miedo. ¡Que nos cojan presos, carajo!”. (¿La toma de la Contraloría?).
- “Ahora, a combatir en las calles”.
- Pidió acudir a la Asociación de Bancos Privados con carteles que digan: “Devuelvan la plata, carajo” (¿Y la plata del arroz verde y las refinerías?).
- “Vamos a hacer en las carreteras las acciones que sean necesarias, y cerraremos las carreteras y quemaremos las llantas que sean necesarias para demostrar que la lucha del pueblo está encendida. En el gobierno de la revolución ciudadana nosotros decíamos que eso no se debía hacer. Y es cierto que no se debe hacer cuando el gobierno atiende al pueblo”.
- Debemos “realizar acciones” para “exigir que Jorge Glas salga, al menos, a la Cárcel Cuatro”, en Quito. 
- “Y ahora no vamos a ser tan suavecitos como hemos estado hasta ahora”.
- “Vamos a organizarnos en cada provincia, con acciones com-ba-ti-vas. Y no bonitas y pasivas. No. Ya no. El país tendrá que conocer que esta organización existe”.
Casi un año después, ocurren las incendiarias y planificadas movilizaciones de transportistas e indígenas, con actos vandálicos, saqueos, interrupciones de carreteras y calles, especialmente en Quito pero replicadas en otras ciudades. Los líderes de la Conaie con sus declaraciones previas, durante y después de los levantamientos de su sector, ciertamente confluyen con las arengas de Patiño.
* Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 22 de noviembre del 2019.
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viernes, 8 de noviembre de 2019

Movilizaciones en Bolivia

 Jorge G. Alvear Macías
Son preocupantes las generalizadas protestas en Bolivia, por los estallidos de violencia en algunas regiones y las lamentables pérdidas de vidas y heridos. Convenimos con quienes sostienen como razón de peso a las sospechas de fraude en las elecciones, en las que Evo Morales pretendió su cuarta reelección presidencial. Esto, porque cuando las tendencias anticipaban una segunda vuelta electoral, de pronto una detención del conteo rápido por casi 24 horas negó esa posibilidad. Un evento anormal ya visto en estos lares.
En la convulsionada nación se enfrentan quienes defienden la supuesta victoria de Evo Morales con los que ahora exigen su renuncia. 
El organismo ciudadano, denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), efectuó un informe con pruebas para sustentar las acusaciones del fraude, documento destinado a la Organización de Estados Americanos (OEA), que actualmente tiene a un equipo de especialistas auditando el proceso electoral. El Conade, entre otras irregularidades, detectó: sumas equivocadas en las actas; volteo de datos; actas en las que el partido de Evo obtiene más votación que votantes inscritos; fotografías de actas completadas y firmadas cinco días antes del proceso electoral. El informe también señala que hubo cédulas de identidad duplicadas y traspaso de la votación del presidente a diputados y senadores. 
Para el politólogo boliviano Luis Alberto Amurrio (blog fisurasite.com), contactado por este columnista, otras causas están presentes en las protestas: La candidatura de Evo Morales se dio ilegítimamente, por ser contraria a la Constitución que solo permite una reelección; y, además, porque un referéndum negó la reelección indefinida. 
Amurrio, como muchos bolivianos, sospecha de la OEA. Es que no obstante haberse pronunciado sobre las irregularidades y sugerido una segunda vuelta, el organismo convocó a realizar una auditoría vinculante para todas las partes; sin embargo, esto lo acordó únicamente con el Gobierno, sin incluir a los demás sectores. Adicionalmente, su secretario general (Almagro) había respaldado la ilegítima candidatura de Morales, aunque en mayo de este año expresara que “la reelección no es un derecho humano”. 
Encontramos relevante, en la opinión de Amurrio, su apreciación de que en las movilizaciones participan mayoritariamente jóvenes que reaccionaron rápidamente ante el fraude electoral; y, que solo buscan garantizar la democracia, sin dependencia política. También resulta importante la presencia de Luis Fernando Camacho, líder de un comité cívico de la ciudad de Santa Cruz, que decidió promover la renuncia de Morales, inicialmente sin mucha relevancia y luego convertido en principal hecho mediático, que encendió los conflictos y dio a Camacho plataforma para reunirse con los líderes opositores que respaldan su propuesta. 
Hay que asumir la preocupación de Evo Morales desde que pidió a sus leales cercar ciudades y confrontar las movilizaciones contra su régimen. Morales sigue apelando a la lucha de clases; a oponerse a la derecha, al imperio, al golpe de Estado y otras argucias. Así encubre el objetivo de desmovilizar, dividir y atemorizar a los manifestantes.
Con Amurrio estimamos que la conflictividad aumentará. Evo no tiene intenciones de renunciar o convocar nuevas elecciones, pues enfrenta posibilidades de perderlas, además hay varios casos de corrupción que saldrán a flote. Los militares pueden ser un factor determinante, pero no han definido su postura. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 8 de noviembre del 2019
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viernes, 1 de noviembre de 2019

Prohibición constitucional

     Jorge G. Alvear Macías
   @jorgalve           jorgalve@yahoo.com
La Constitución de Montecristi prohibió y aún prohíbe la tramitación de leyes que no se refieren a una sola materia (arts. 136 y 140). Los proyectos de leyes de urgencia económica también están sujetos a la misma prohibición. 
En la Asamblea Nacional conocen de ese impedimento, sin embargo, mientras escribo esta nota empezaron a debatir la ampulosamente denominada “Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas”, que con los textos de 404 artículos, 8 disposiciones generales, 25 transitorias, 4 derogatorias y una final pretende reformar 22 cuerpos legales. 
Entre tales cuerpos legales se incluye a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), concretamente tres artículos de ella, que ninguna relación guardan con el objetivo identificado en el nombre del proyecto de ley, cuya extensión y cobertura nos recuerda a las leyes troles aprobadas durante el correato, a pesar de la prohibición constitucional. 
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) –contrariando la Ley Orgánica de la Función Legislativa– calificó indebidamente dicho proyecto económico urgente presentado por el Gobierno; y, luego, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea decidió dar paso de manera integral al proyecto. Es que la mencionada ley orgánica (art. 56) advierte que para calificar los proyectos de ley, el CAL debe verificar que se refieran a una sola materia y si no cumplen con tal requisito, no debe calificarlos. 
A estas alturas, es de esperar que para el segundo debate, la Comisión especializada analizará́ y recogerá las observaciones de los asambleístas al proyecto de ley, efectuadas en el primer debate del pleno; y sobre todo, elimine aquellos textos de la propuesta del proyecto que generan suspicacias y desconfianzas innecesarias; como por ejemplo, las pretendidas reformas a la LOES, sobre asuntos que el propio Ejecutivo ya rectificó con las últimas reformas aprobadas en julio del 2018, cuando la Asamblea se allanó al veto presidencial. Así se eliminó una de las varias normas que aún desalientan la creación y mantenimiento de universidades privadas. 
En esta ocasión, llamamos la atención concretamente sobre la direccionada intención de impedir que nuevas universidades privadas se establezcan con el apoyo de universidades extranjeras como promotoras o en colaboración con aquellas. 
En efecto, se pretende reformar el art. 133 de la LOES, para que las nuevas universidades –que no nacen acreditadas– queden impedidas de realizar programas conjuntos con universidades extranjeras de excelencia. Pues a partir de la vigencia de la buscada reforma (¿quién será el autor?) estarán únicamente autorizados a efectuar dichos programas aquellos centros educativos que hayan logrado la acreditación. La nueva universidad, aunque tuviera de promotoras a las universidades de Yale o Harvard, no podrá realizar maestrías con esos prestigiosos centros de estudios hasta que transcurran tres, cuatro o cinco años desde su establecimiento, tiempo que tomaría su acreditación. Es decir, un requisito, además de absurdo, que vulneraría el derecho a la libertad de contratación y repugna por discriminatorio. 
Otra cosa: ¿cuál es la identidad de esta pretendida reforma a la LOES, con la materia económica del proyecto, para justificar su tratamiento urgente? (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 1 de noviembre del 2019
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