sábado, 1 de junio de 2019

Flexibilización laboral

Jorge G. Alvear Macías

Observamos con preocupación las distancias que mantienen entre sí los sectores sindicales y empresariales del país respecto a las causas que alejan la inversión privada, nacional o extranjera, y las soluciones que se precisan. Para un lado es intocable el régimen legal de contratación laboral y las obligaciones económicas que genera, que el otro lado considera inflexible, gravoso, obstáculo para la competitividad y para la creación del empleo que requieren cinco millones de ecuatorianos. Aparentemente solo coinciden sobre la cifra de los desocupados.

Lo cierto es que, gracias a la facilidad del acceso a la información de otros países, se puede establecer que la baja de inversión ocurre cuando los costos de operación para las empresas son altos y hay restricciones para repatriar el capital y las utilidades (el caso venezolano por ejemplo). El denominador común se concentra en el costo de la nómina activa de trabajadores, así como el costo elevado de la energía eléctrica, deficiente infraestructura básica y logística de puertos, aeropuertos y carreteras. También inciden el inferior nivel de la educación secundaria del trabajador, la inseguridad jurídica, la delincuencia y la dificultad del acceso a la tutela de la justicia efectiva y expedita. 

La participación del trabajador en las utilidades de la empresa, si bien existe en algunos países como por ejemplo México y Perú, es inferior en porcentaje que en Ecuador y no está generalizada; tanto que, dependiendo del tamaño, tiempo de creación de la empresa y tipo de actividad, pudiera estar exenta si tiene menos de 20 empleados o si se dedica a la exploración de recursos naturales o, como en el caso de las empresas mineras, deben distribuir un porcentaje inferior al máximo que es del 10%.

En cambio, la jubilación patronal no es común. En Ecuador, según un comentario publicado, aquella se creó en 1938 para los trabajadores que entonces no tenían acceso a la seguridad social pública (creada diez años antes). La jubilación patronal suplió la ausencia del Seguro Social y la falta de afiliación de trabajadores que ya laboraban en las empresas por muchos años. Es por ello que ciertas personas sostienen que el pago de la jubilación patronal duplica los beneficios de los trabajadores afiliados a la seguridad social, constituyendo una carga importante para las empresas, y eventualmente implica que la nómina de jubilados supere a la de trabajadores activos. 

A la vista de la problemática de la flexibilización laboral en la que estamos entrampados, un apreciado colega especialista en la materia me comentó como viable revisar el periodo de prueba de 90 días por considerarlo insuficiente, pero no extenderlo a 3 años, pues sería exagerado. El colega coincide conmigo en que hay que eliminar la jubilación patronal y que se mantenga la del IESS, pero creando un fondo de jubilación adicional administrado por una entidad privada escogida por el trabajador, que reciba un porcentaje de la remuneración pagada por el empleador.

Continuaremos aportando a la búsqueda de coincidencias entre sectores que son muy importantes para resolverles el problema a cinco millones de personas que carecen del empleo pleno. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 31 de mayo del 2019.

lunes, 27 de mayo de 2019

La Corte Constitucional

Jorge G. Alvear Macías

La nueva Corte Constitucional (CC) cumplió 100 días de gestión, desde la posesión de sus jueces el pasado 5 de febrero, en su mayoría provenientes de la academia. Está presidida por el juez Hernán Salgado Pesantes, anteriormente juez, vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante los años 1991-2003.
La edición especial de mayo del boletín jurisprudencial de la CC reúne novedades jurisprudenciales; las decisiones de sustanciación dentro de los procesos de conocimiento de la Corte; decisiones de su Sala de Admisión tomadas hasta el 17 de abril, así como las decisiones de la Sala de Selección para desarrollar la jurisprudencia vinculante y obligatoria. Su detalle es muy interesante e invita a los abogados y estudiantes de la carrera a la lectura y evaluación de los dictámenes, sentencias y autos, que cubren amplísimos temas en materia constitucional para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
En efecto, resulta novedoso que la nueva CC haya cambiado el precedente del restrictivo dictamen del 25 de septiembre de 2013 de la Corte anterior, sobre la convocatoria a consultas populares. La flamante CC estableció que ante un pedido de dictamen previo que le hagan, no se necesitará el respaldo de firmas; y, solo en caso de que las preguntas sean aprobadas por la CC, el Consejo Nacional Electoral facilitará los formularios de recolección de firmas. Luego se constatará el respaldo y continuará el trámite de acuerdo con la Constitución y la Ley.
En materia penal, sobre constitucionalidad del inciso final del art. 220 del COIP, la CC interpretó que no es constitutivo del delito de tenencia y posesión de drogas, ni indicio de presunción de responsabilidad penal, cuando el detenido supera las cantidades máximas de tenencia para consumo personal. Lo que corresponde en esos casos es que los operadores de justicia establezcan “…que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, tengan la intención de traficar en lugar de consumir…”. Lo anterior, dentro de un debido proceso.
Al atender la objeción del presidente de la República a la reforma del Código General de Procesos, la CC analizó, entre otras instituciones involucradas: el abandono de las causas, la falta de notificación, citación y el apremio de las personas por falta de pago de pensiones alimenticias. Como consecuencia de ello, la Corte dictaminó que “…no procede el abandono en (…) las causas en que estén involucrados los derechos de adultos mayores y de las personas con discapacidad, los derechos laborales de los trabajadores, los procesos de carácter voluntario y las acciones contenciosas administrativas subjetivas, dado que contienen intereses constitucionalmente relevantes, derivados de las relaciones jurídicas generalmente ‘asimétricas’ de las que surgen estos conflictos y controversias…”. Por ello, la Asamblea debe reformular las disposiciones objetadas.
El reporte comentado indica que la CC ha tomado 107 decisiones en el Pleno; resuelto 1.861 causas en las salas de Admisión y conocido 1.111 casos en la Sala de Selección.
Desde esta columna aspiramos a que la CC continúe sus gestiones con independencia, cero tolerancia a la corrupción, celeridad y que se tomen decisiones de calidad, según ofreció la vicepresidenta del organismo, Daniela Salazar.(O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 24 de mayo de 2019

viernes, 17 de mayo de 2019

No es lo ofrecido…

Jorge G. Alvear Macías
La Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceilcce), creada mediante decreto presidencial e integrada por cinco personas con un mandato restringido a asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción… a través de propuestas normativas y de políticas públicas…, en nada se parece a la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Su objetivo es distinto al de la Cicig, que allá tiene la finalidad primordial de colaborador con la Fiscalía guatemalteca y como parte adhesiva en los procesos, en la investigación de crímenes de alto impacto social como es la delincuencia organizada en los más altos estamentos estatales. Tampoco aportará la capacidad técnica material y operativa como lo hace la Cicig en Guatemala con un equipo de extranjeros de más de 200 personas, que desarticuló algo más de 60 organizaciones criminales; procesó a dos presidentes y una vicepresidenta; a una centena de altos funcionarios públicos y empresarios e investiga incluso al actual presidente, el comediante Jimmy Morales, a su hijo y a su hermano; así como a diputados del Congreso Nacional (por diezmos).
La Cicig en Guatemala (que opera desde el 2007) ha logrado que la Fiscalía plantee acusaciones eficientemente y obtenga sentencias condenatorias contra los inculpados en delitos de cohechos, fraudes en contratación pública, homicidios ordenados desde el Estado y la utilización de dineros ilegales en campañas electorales, entre otros.
La (Ceilcce) del presidente Moreno apenas tendrá noventa días prorrogables por una vez para desarrollar recomendaciones e informes en generalidades, que en lo práctico no satisfará lo esperado por la sociedad ecuatoriana y que realiza la Cicig. Tampoco cumple lo ofrecido por el presidente Moreno en su campaña electoral.
Para justificar el giro de esa oferta, sus voceros han intentado encontrar apoyo en discursos sobre soberanía nacional (de la excanciller María Fernanda Espinosa); en impedimentos constitucionales; y, en que los órganos del Estado guatemaltecos fueron cooptados por la corrupción, como consecuencia de una guerra civil.
Lo cierto es que la Cicig en Guatemala fue creada por un convenio internacional, autorizada por la Corte Constitucional y el Congreso y actúa como colaboradora de la Fiscalía General. De tal manera que si se la implementa en Ecuador con similar procedimiento, no tendría por qué vulnerar la soberanía nacional, ni la Constitución.
Si bien es cierto que la cooptación del Estado ecuatoriano por mafias de políticos, empresarios locales y empresas transnacionales no tiene origen en una guerra civil, pero es una realidad igual que en Guatemala, aunque como consecuencia de diez años de dictadura, instaurada mediante un proceso de apariencia democrática.
Por lo relatado, sería muy optimista esperar los mismos resultados de Guatemala, únicamente con una Comisión de 5 miembros, con restricciones en su accionar, dependiente del ejecutivo y del erario nacional, que ni siquiera tendrá tiempo para efectuar un diagnóstico de la capacidad profesional y probidad moral del sistema judicial, que constituye el núcleo de la lucha contra la impunidad (tal cual lo ha reiterado el comisionado de la Cicig Dr. Iván Velásquez Gómez).(O)
*Publicado previamente en el diario El Universo, el día viernes 17 de mayo del 2019.

viernes, 10 de mayo de 2019

Adiós, Jaime; bienvenida, Cynthia

Jorge G. Alvear Macías

La figura de Jaime Nebot –de un alcalde transformador y administrativamente eficiente– será recordada durante mucho tiempo por los ecuatorianos, especialmente los guayaquileños. Sus logros para mejorar Guayaquil y el impulso dinámico hacia su desarrollo y la modernidad constituyen algunas de las válidas razones de gratitud ciudadana, que entiendo se manifestó multitudinariamente ayer en la caravana de su despedida.
Es indudable que Guayaquil fue transformada en los últimos 25 años. Ahora está dotada de importantes infraestructuras de las que carecía en el año 2000 cuando Jaime Nebot asumió la Alcaldía con el apoyo del Partido Social Cristiano y de una comunidad que temía retornar al marasmo y al caos dejados por administraciones de triste y vergonzante recordación. Los guayaquileños percibieron en Nebot la posibilidad de enrumbar la vida de la ciudad por el sendero del orden y el progreso; entonces confiaron en el espíritu optimista insuflado por el alcalde predecesor, Ing. León Febres-Cordero, polémico pero a la vez hombre de ejecutorias que afianzó la fe ciudadana en una nueva forma de conducir los destinos de la ciudad. 
La vitalidad de Nebot y su visión en el momento en que tomó el timón de la Alcaldía y luego su dedicado y ordenado trabajo de dirección del fecundo equipo de experimentados colaboradores explican sus tres reelecciones (2004, 2009 y 2014) con mayoría absoluta. Resultó ser un burgomaestre persuadido por la búsqueda del bienestar citadino, con referentes en ciudades administradas exitosamente y que tienen mucho para mostrar al mundo; ello animó la creencia extendida de que Guayaquil también tiene sus encantos que compartir con los visitantes internacionales, no solamente con el turismo de nacionales.
Además de la regeneración urbana, la tarea de atender las necesidades de los barrios más pobres no ha sido poca cosa. El cambio para mejor es una realidad en muchos sectores suburbanos que por mucho tiempo fueron sitios de miseria, sin agua, sin alcantarillado y sin luz. Es cierto que la tarea no está concluida y debe continuársela con renovados bríos en nuevos asentamientos poblacionales, que lamentablemente han proliferado, alentados por la política perversa en medio de la informalidad y sin la debida planificación, lo cual según los urbanistas, demanda soluciones con un costo muy superior del que tienen las infraestructuras planificadas y ejecutadas en localidades inhabitadas. 
La nueva alcaldesa Cynthia Viteri –a quien damos la bienvenida en esta columna–, que llega a administrar nuestra querida ciudad acompañada de un importante número de concejales de la alianza PSC-MG (12 de 15), tendrá suficientes elementos de apoyo de gobernabilidad para continuar la prolífica y no agotada labor de su predecesor; y, es de esperar que recibirá de este el valioso aporte de su experiencia y consejos. La ciudad requiere continuidad en el plan de la expansión de los servicios básicos, del turismo, mejorar la seguridad ciudadana, fomentar el empleo y el emprendimiento, así como acometer la dura misión de frenar el consumo de drogas en adolescentes, entre otros ofrecimientos de campaña de la abogada Viteri. (O)


*Previamente publicado en el Diario El Universo, el día viernes 10 de mayo de 2019.

viernes, 3 de mayo de 2019

¿Solamente por dinero?

Jorge G. Alvear Macías
¿Qué más puede hacer Guaidó sin el apoyo mayoritario del ejército para derrocar a Maduro? Las grandes protestas callejeras contra el dictador no han sido suficientes, a pesar de la recesión económica y la hiperinflación. Las muertes de civiles, heridos y detenciones masivas provocadas por la represión tampoco han conmovido; han carecido de significado para los opresores y sus aliados. Tanto que indolentes como José Mujica, cuando fue consultado sobre la violencia de las fuerzas policiales venezolanas ejercida para enfrentar las protestas, dijo que “no hay que ponerse delante de la tanqueta”. Parece que le dio pereza ensayar una mejor idea.

Tampoco se ve suficiente la presión diplomática que ejerce Latinoamérica, incluido el Grupo de Lima, que se reúne hoy para perseverar en una transición negociada.

Salidas a una solución pacífica, cada vez son menos.

Por lo anterior y por otros indicios, me temo que la conflagración armada entre civiles y militares venezolanos se definirá en el mapa de la geopolítica global.

El régimen de Maduro se ha sostenido hasta ahora por el apoyo directo de Rusia, pese a las duras sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana, principal fuente de dinero del Gobierno. Es que Rusia precisa asegurar sus grandes intereses económicos involucrados en préstamos, venta de armamento y garantías constituidas sobre importantísimos campos petroleros en territorio venezolano. También, como informara el Washington Post, Venezuela le debe miles de millones de dólares a la estatal petrolera rusa Rosneft, que tiene en garantía las acciones de la petrolera Citgo que opera en Estados Unidos. Muchos de esos préstamos, garantías y negociaciones podrían cuestionarse en un nuevo gobierno, pues no habrían contado con la autorización de la Asamblea Nacional Legislativa. Esto, a pesar de que Guaidó habría ofrecido honrar tales obligaciones. Es decir, parece que Rusia no defiende una posición ideológica, sino el retorno del capital entregado al régimen madurista.

Desde Estados Unidos, la participación de Rusia “en nuestro hemisferio” no es bien recibida, según lo señaló esta semana John Bolton, mientras otros funcionarios del Pentágono en comparecencia al Congreso estadounidense sostuvieron que la presión diplomática y económica podría terminar con la crisis, aunque las fuerzas estadounidenses están preparadas para intervenir. Antes y en otro lugar, Bolton expresó que las tropas estaban preparadas para tomar medidas si la situación se deterioraba.

Mientras lo anterior se comenta en los medios, también trascendieron indicios de conversaciones entre la oposición y el generalato de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, con ofrecimientos de apoyo a Guaidó para el desalojo de Maduro. A tal punto que, no obstante el aparente triunfo del dictador, este ya no se sentiría seguro en su círculo de poder. Maduro ahora “está rodeado de escorpiones”, todos incluido él, dentro de una botella y es solo cuestión de tiempo, asegura Bolton.

Pero quizás la solución al drama compartido por muchos países latinoamericanos por la inmigración venezolana está solamente en manos de Estados Unidos y Rusia. Tal vez solo se necesita que Estados Unidos garantice el repago de la deuda venezolana a Rusia para que Putin autorice la salida del avión con Maduro adentro.

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 3 de mayo de 2019.





viernes, 26 de abril de 2019

Acto de desagravio

Jorge G. Alvear Macías
Imagen del sitio Wallhere
El presidente Lenín Moreno debería complementar la tarea iniciada para reparar las relaciones diplomáticas con Reino Unido, deterioradas por la indebida concesión del asilo diplomático a Julian Assange, su naturalización e intento de engaño al Foreign Office británico con su inclusión como miembro de la legación diplomática en Londres, dentro de un burdo plan de escape. Me refiero a proveer las pruebas que requiere la Fiscalía General británica para investigar las actividades de espionaje en las que habría participado el australiano asilado. Recordemos que el primer mandatario afirmó en rueda de prensa que “… Assange convirtió a la Embajada de Ecuador en un centro de espionaje…”.
Lo anterior, dada la limitación que tiene el ministerio público ecuatoriano para investigar y procesar delitos cometidos en el extranjero, tal es el caso de los territorios de las legaciones diplomáticas que están sometidas a la jurisdicción de los estados en donde están ubicadas. 
Es que las declaraciones del presidente Moreno han tomado fuerza y connotación internacional, después de que se hizo público el informe de Robert Mueller (fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que investiga la presunta intervención de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de ese país). Dicho informe habría ofrecido evidencia adicional de que Assange es agente de inteligencia ruso, según lo comentó el periodista Tom Rogan (Washington Examiner, 18 de abril de 2019). El periodista también señaló que el indicado informe estableció que la computadora que Assange utilizó con internet durante su permanencia en la Embajada ecuatoriana en Londres sirvió en la transmisión de los correos electrónicos de John Podesta (presidente de la campaña de Hillary Clinton de 2016). Tales correos fueron incautados por la GU/GRU rusa y luego transferidos a Assange. Así, se deduce que el australiano estaba personalmente en contacto con la GRU, al menos en línea. El informe de Mueller asimismo identifica “… los repetidos esfuerzos de Assange para proteger a Rusia como la agencia de abastecimiento de correos electrónicos pirateados…”.
Es de presumir que las declaraciones del presidente Moreno, expresadas antes de que se conozca el informe de Mueller, tienen apoyo en informaciones recogidas por funcionarios de la embajada en Londres y de otros estamentos del Estado, que pudiesen coadyuvar a esclarecer la investigación de delitos que a la vista del público, especialmente de la ciudadanía ecuatoriana, deben investigarse y determinar si existió participación antijurídica de funcionarios ecuatorianos. En este caso, habría jurisdicción para sancionarlos en Ecuador acorde con la legislación nacional (COIP art. 14: 2, letra C).
Es necesario reciprocar la paciencia de las autoridades del Foreign Office del Reino Unido frente a los desafueros en política internacional cometidos durante el Gobierno anterior. Esto, porque el Reino Unido no reconoce la institución del asilo diplomático y sin embargo, por respeto a las inmunidades y privilegios de la Convención de Viena, los agentes de Scotland Yard no irrumpieron en la embajada en Londres para apresar a un fugitivo de la justicia ordinaria. Tan elevada y paciente conducta de las autoridades británicas merece un acto de desagravio como el ya sugerido al señor presidente. 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 26 de abril del 2019

viernes, 19 de abril de 2019

Maestrías




Jorge G. Alvear Macías

La Asamblea Nacional vía reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) busca limitar aranceles de las maestrías en las universidades particulares. La legisladora Viviana Bonilla sostiene que su alto costo afecta a los profesionales. Que un profesional con ingresos de dos salarios básicos no puede asumir USD 15.000 o 18.000 que cuesta una maestría.

Ella asegura que no hay interés oculto para beneficiar a alguien ni para hiperregular el sistema educativo. Está abierta a escuchar y lograr una solución intermedia, pero su plan prevé que las maestrías de las universidades particulares no cuesten más de USD 11.820. 

Lo anterior me recordó que la LOES reconoce a las universidades y escuelas politécnicas la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica. No obstante, la ley citada (art. 73) sugiere que el Consejo de Educación Superior (CES) y las instituciones de educación superior particulares, para acordar la fijación de aranceles, deben considerar, entre otros criterios: costo de carrera o programa; nivel de formación; pago adecuado del personal académico; inversión en investigación; costo de servicios educativos; y otras inversiones académicas. Sin ser imposición del regulador o del regulado.

Esa misma norma reitera que las universidades particulares no pueden tener lucro y por ello deben reinvertir excedentes, para incrementar su patrimonio, preferentemente en investigación, becas, capacitación, formación de profesores y material bibliográfico. 

Ahora bien, considerando la iniciativa que aborda la Asamblea –y atendiendo la apertura de la asambleísta Bonilla– me permito trasladarle algunos aportes para reflexionar mejor el proyecto. Algunos recogidos en la conferencia ‘La importancia de la universidad privada para el desarrollo de las naciones’, brindada en esta ciudad por el académico chileno Dr. Adolfo Arata (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). Otros aportes han sido analizados en publicaciones internacionales.

-El desarrollo del país está condicionado por la competitividad global; y, en este campo, las universidades tienen un rol fundamental en investigación y formación.

-La formación de posgrado y la investigación de calidad constituirán el factor diferenciador para el crecimiento económico de los países. Los que no sigan estos lineamientos estarán destinados al subdesarrollo.

-Las universidades deben someterse a evaluaciones internacionales para ser reconocidas mundialmente.

-Muy pocas universidades ecuatorianas están entre las mil mejores del mundo. Ello solo se logra alcanzando la excelencia. Pretender lograrlo sin recursos y financiamiento es ilusorio. Si el Estado por sus grandes exigencias sociales no puede enfrentar la realidad, debe permitir la colaboración del sector privado, lo que incluye a  los alumnos con capacidad de pago.

-En la actividad educativa es imposible separar la calidad del costo del servicio. Limitar el valor de los aranceles de maestrías atenta contra la excelencia y la sustituye con mediocridad.

-Para obtener mejores posgraduados y beneficiar el desarrollo nacional, es necesario contratar los mejores profesores, especialistas, nacionales y extranjeros, con los costos implicados. Si estos costos no pueden ser asumidos totalmente por los alumnos, el Estado debe hacerlo con becas y créditos blandos.


En conclusión, maestrías de bajo costo implicarán calidad cuestionada e impulsarán a los mejores alumnos a abandonar el país, buscando lo mejor, con la consiguiente fuga de cerebros y recursos económicos. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día vienes 19 de abril del 2019.

viernes, 12 de abril de 2019

Assange no es un héroe…


Jorge G. Alvear Macías

Así lo expresó Jeremy Hunt, ministro británico de Asuntos Exteriores, luego de la terminación del asilo de Julian Assange y producido el arresto del australiano dentro de la Embajada del Ecuador en Londres. 
La excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, quien en su momento protegió al australiano concediéndole la nacionalidad ecuatoriana, debe pronunciarse a favor de la decisión del presidente Lenín Moreno, pues su silencio implicaría desaprobación, o presentar su renuncia al cargo indicado.
Atrás quedó el desaire al canciller de la época, Ricardo Patiño, cuando el Foreign Office le negó el afrentoso salvoconducto que solicitó para sacar a Assange del suelo británico. Assange no tenía derecho al asilo diplomático; no era perseguido político. 
En el 2013, el especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela (España) José Manuel Ramírez Sineiro (El asilo diplomático: connotaciones actuales de un atavismo internacional) (2013) coincidió con muchos ecuatorianos que acusaron la improcedencia del asilo de Assange: “…quebrantó su arresto domiciliario, para aparecer refugiado …en el interior de la Embajada ecuatoriana en Londres… acogido provisionalmente debido a su temor más o menos fundado de ser entregado a las autoridades estadounidenses, a pesar de que las mismas nunca promovieron reclamación de extradición alguna...”.
Ramírez Sineiro también advirtió: “…la absoluta prevalencia y observancia de la inviolabilidad de los locales diplomáticos no debe llevar al error de considerar que la acogida de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres constituya supuesto legítimo alguno de asilo exterior, ya que dicho ciudadano australiano ni es un delincuente político, ni tampoco ha sido objeto de persecución alguna de tal índole, ni en el Reino Unido ni tampoco en Suecia, habiéndosele reclamado exclusivamente por responsabilidades penales inherentes a aquellos dos delitos comunes de naturaleza sexual… a través de la pauta procedimental de una orden europea de detención y entrega, ya que no solo se trata de un Estado comunitario, sino que la reputación de su sistema político y judicial resulta difícilmente mejorable… el Reino Unido no puede hacer legítimamente más que esperar, respetando por un lado la inviolabilidad de la Embajada ecuatoriana en Londres y sin que, por otro, pueda acceder a considerar su acogida allí como asilo diplomático, al no darse siquiera los requisitos formales, materiales y personales precisos; al no reconocer dicha institución tuitivo-regional, a raíz de no haber sido tampoco nunca parte en los tratados internacionales regionales en la materia al efecto vigentes…”. 
Lo indicado seguramente conocían los funcionarios de la Cancillería ecuatoriana de la época, que coadyuvaron a abusar de la paciencia de las autoridades británicas, en desmedro de los intereses nacionales. 
Ahora está pendiente de confirmar la sospecha de fraude en la nacionalización de Assange y establecer responsabilidades de las irregularidades del acto administrativo lesivo. No es suficiente la suspensión de la nacionalidad del australiano que anunció la ministra del Interior. (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 12 de abril del 2019

viernes, 5 de abril de 2019

A Emilio no se le pasó la mano…

Jorge G. Alvear Macías

El presidente Lenín Moreno dijo que lo ocurrido el 30S podría considerarse como de lesa humanidad, refiriéndose a la incursión militar al Hospital de la Policía en Quito. Que hubo gente injustamente encarcelada por un reclamo que era de índole policial. Que no existió intento de golpe de Estado. 
Así, el presidente confirmó la premonición de Emilio Palacio en su columna ‘No a las mentiras’, publicada por EL UNIVERSO (6/marzo/2011), en la que expresó: “…el Dictador por fin comprendió (o sus abogados se lo hicieron comprender) que no tiene cómo demostrar el supuesto crimen del 30 de septiembre, ya que todo fue producto de un guion improvisado, en medio del corre-corre, para ocultar la irresponsabilidad del Dictador de irse a meter en un cuartel sublevado, a abrirse la camisa y gritar que lo maten, como todo un luchador de cachacascán que se esfuerza en su show en una carpa de circo de un pueblito olvidado… Sin embargo, ya que el Dictador entendió que debe retroceder con su cuento de fantasmas, le ofrezco una salida: no es el indulto lo que debe tramitar sino la amnistía en la Asamblea Nacional. La amnistía no es perdón, es olvido jurídico. Implicaría, si se la resuelve, que la sociedad llegó a la conclusión de que el 30 de septiembre se cometieron demasiadas estupideces, de parte y parte, y que sería injusto condenar a unos y premiar a otros. ¿Por qué el Dictador sí pudo proponer la amnistía para los “pelucones” Gustavo Noboa y Alberto Dahik, pero en cambio quiere indultar a los “cholos” policías? El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”.
Recuérdese que Rafael Correa demandó a Emilio, a los directivos de EL UNIVERSO y a la compañía propietaria. Luego, el juez (Juan Paredes) que no había tramitado el juicio y que no pudo leer el expediente en pocas horas (150 cuerpos) ordenó pagar 80 millones de dólares para Correa e impuso 3 años de cárcel a Emilio Palacio y a los hermanos Pérez. Jueces de apelación rebajaron la suma a 40 millones de dólares y la confirmó una Sala de la Corte Nacional (Wilson Merino, Jorge Blum y Paul Íñiguez).
La sentencia tuvo tanta repercusión internacional que la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) la consideró ataque gravísimo a la libertad de expresión, y en señal de protesta sus miembros reprodujeron la columna de Emilio. A la cabeza El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. 
Otros diarios se sumaron: La Nación (Argentina), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela). The New York Times y The Washington Post, de EE.UU.; El País y El Mundo, de España, no publicaron el artículo pero se pronunciaron en su editorial principal. 
Al autor de la premonición… ¡no se le pasó la mano! (O)
*Publicado previamente en el Diario el Universo el día viernes 5 de abril del 2019.

viernes, 29 de marzo de 2019

Sobre el CPCCS

Tomado de la publicación La Tómbola Ideológica 
Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve              jorgalve@yahoo.com

Con los resultados electorales del domingo 24 de marzo, se evidenció la insuficiente representatividad de algunas autoridades electas; especialmente y en concreto, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Particularmente se confirmó la crisis de representatividad de la mayoría de los partidos políticos u organizaciones de tal índole. Esa es la lectura del ausentismo, de los votos en blanco y los votos nulos, en comparación con los votos positivos, lo que constituye una señal alarmante de deslegitimación. Por ejemplo, en la ciudad de Miami el ausentismo fue tal que en las mesas con padrones de 500 personas, solo votaron un promedio de 65.

¿Desinterés o repudio, o ambos al mismo tiempo? Los votos nulos en las papeletas para la elección de miembros del CPCCS representaron un promedio del 22,95% a nivel nacional. En el exterior ese porcentaje se incrementó a casi el 27% (Europa y Asia, según el diario El Comercio).

Por lo anterior, resulta muy alentador el anuncio del miércoles de esta semana del doctor Julio César Trujillo de que desde mayo comenzará a recolectar firmas para eliminar al CPCCS, reiterando así (y hasta respondiendo a los incrédulos) su compromiso de recorrer el país y promover la eliminación de dicho CPCCS. Un organismo propiciador de autoritarismo y corrupción.

La plausible iniciativa del doctor Trujillo debería reenfocarse hacia una enmienda constitucional y reforma legal vía referéndum, que no desaparezca al organismo sino que lo limite, para no entrar en la discusión de la necesidad de una constituyente. Ya existe un precedente de enmienda constitucional que permitió reestructurar el Consejo de la Judicatura, tanto en su composición como en sus atribuciones (agregándole la facultad de destituir jueces con la figura del error inexcusable). Aquello permitió al expresidente Correa “meterle mano a la justicia”.

En esa línea de pensamiento proponemos al doctor Trujillo solicitar las firmas para respaldar la pregunta siguiente:

             “1. ¿Está usted de acuerdo en suprimir atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pertinentes a la designación de autoridades estatales y trasladarlas a la Asamblea Nacional, enmendando para el efecto el número 11 del artículo 120, el artículo 208 de la Constitución y reformando el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como lo establece el anexo 1? SÍ ( ) NO ( )”.

En el anexo constaría la enmienda del artículo 120 (número 11) y del artículo 208 de la Constitución. Así, el artículo 120 enmendado permitiría a la Asamblea Nacional designar y posesionar al procurador general del Estado y superintendentes de entre las ternas propuestas por el presidente de la República, luego de un proceso de impugnación y veeduría ciudadana. La Función Legislativa también designaría y posesionaría al defensor del Pueblo, defensor público, fiscal general del Estado y contralor general del Estado; a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Dentro de un proceso de selección, impugnación y veeduría. Continuaría con la atribución de posesionar a los miembros del CPCCS; y, a este solamente se le suprimirían las atribuciones de designar autoridades del Estado con la enmienda del texto artículo 208 de la Constitución, manteniendo las restantes. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 29 de marzo del 2019.

viernes, 22 de marzo de 2019

Votar nulo es una opción democrática

Jorge G. Alvear Macías
Tan democrática como la opción del voto en blanco.

Ambas son expresiones de voluntad y manifestación de rechazo o descontento del votante, forzado por las opciones políticas presentadas en la lid electoral. No obstante, convengo con quienes afirman que el rechazo no necesariamente apunta a determinados candidatos a una dignidad. En el caso de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se ha convocado, más bien se lo está proponiendo como un reproche a la existencia misma del organismo, que concentra facultades contrarias a la tradición republicana que consagró la división de poderes y la virtud del control de las funciones del Estado, que radica en el sistema de pesos y contrapesos.

La opción del voto nulo tiene coherencia en un debate de ideas y opciones políticas, que no solo se circunscriben a candidatos sino a concepciones y principios. Descalificarla por originar un supuesto beneficio a determinadas candidaturas y/o a perjuicio de otras, implica intolerancia dentro de una sociedad que se reputa democrática.

La opción, ante todo es expresión de dignidad y responsabilidad, además de legítima y legal (pues está prevista en el Código de la Democracia), que puede ser utilizada como mecanismo de defensa del ciudadano ante la crisis de los partidos y organizaciones políticas. Especialmente, para confrontar a los colectivos sin ideología y carentes de proyectos políticos serios, pues generalmente aparecen cada cierta temporalidad en época de elecciones, con candidatos que pocos conocen. Algunos candidatos incluso no tienen idea de lo que deben hacer si llegaren al cargo. A otros pareciera no importarles la “tienda” política que los apoya, evidenciando anticipadamente y de alguna manera, que únicamente buscan concretar su ambición personal de alcanzar el poder y servirse del cargo y hasta de los recursos del Estado.

Estimamos, en coincidencia con el periodista guatemalteco César Sagastume, que la opción del voto nulo ayuda a rectificar los errores de la democracia y los vicios que han supuesto la desinstitucionalización de un país. En el caso del Ecuador, la creación del CPCCS con ilusoria participación ciudadana, sin duda engendró y favoreció prácticas antidemocráticas, así como opacidad, corrupción e impunidad del saqueo de los dineros del Estado.

Con los resultados de este domingo 24 de marzo, si hubiere un pronunciamiento vigoroso de rechazo a la existencia misma del CPCCS, el mandato de rectificar deberá ser cumplido por el ejecutivo, quien tendrá que convocar a la consulta popular sobre la reforma constitucional para hacer desaparecer el indicado organismo y que la atribución de designar autoridades de control sea asumida por la función legislativa.

Si el presidente Moreno no respondiere al clamor de la ciudadanía, tendrán los líderes políticos sensibles la oportunidad de canalizar la aspiración de un gran segmento de la población, que desea ser escuchada en una consulta popular con la finalidad de eliminar el maquiavélico organismo o al menos mantenerlo con funciones limitadas, para evitar una nueva década de desbordes autoritarios y corrupción.

Vamos, pues, a ejercer todas nuestras opciones democráticas en el proceso electoral. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 22 de marzo del 2019.


viernes, 15 de marzo de 2019

¡Intervención internacional, ya!

 
Jorge G. Alvear Macías
     Lo que acontece en Venezuela (caos, detenciones arbitrarias, violencia, saqueos, muertes en hospitales, luego de 150 horas sin luz, mientras la población busca desesperada agua y alimentos) es el resultado de un infamante régimen ilegítimo. Por ello urge la intervención armada internacional para liberar a los sobrevivientes en estado de indefensión, sometidos por una casta militar apoyada por Cuba, Rusia y China, principalmente.

      Ciertos simpatizantes con el Socialismo del Siglo XXI recomiendan negociar la salida del conflicto. A pesar de que Maduro cerró todas las posibilidades e incumplió sus ofertas de negociación, como se comprobó con la carta que le cursó el papa Francisco en pasados meses.

      Quienes promueven el mecanismo de negociación dan como ejemplo la pacificación supuestamente obtenida en la vecina Colombia, a través del acuerdo alcanzado con las FARC. Ellos olvidan que las circunstancias eran distintas, más allá de los dudosos beneficios logrados en ese país. Para empezar, existía un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y Policía del Estado con una fuerza guerrillera organizada militarmente, que actuaba con un plan estratégico financiado por el narcotráfico y el secuestro extorsivo, sumando el terrorismo a su acción beligerante. El triste episodio del exmiembro de las FARC Guacho nos hizo vivir esa realidad.

      En Venezuela, al menos el 90% rechaza al dictador Maduro, población desarmada que solo tiene las calles para protestar arriesgando su vida. Mientras, el régimen dispone de las fuerzas armadas del Estado, y también cuenta con milicias civiles armadas para reprimir y asesinar a los civiles.
Por lo anterior, dentro y fuera de Venezuela, incluyendo oficiales de sus Fuerzas Armadas en situación de retiro (publicación Venezuela al Día, Dic. 2018), claman por la intervención armada internacional para devolverle al país la libertad y la democracia.

      Lo dicho, claro está, observando los medios y principios establecidos por Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Concretamente el principio de responsabilidad de proteger, que obliga a las naciones del mundo a intervenir para detener crímenes contra la humanidad (un requisito de los estándares internacionales). De manera particular, cuando es el propio Estado, como en Venezuela, el que no protege a la población, siendo en realidad el autor de los crímenes o al menos el instigador.

      Muchos de los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y encarcelamientos arbitrarios cometidos en Venezuela guardan similitud con los crímenes perpetrados durante la dictadura argentina por agentes estatales y grupos vinculados a las estructuras estatales. Tienen el mismo carácter sistemático y a gran escala; por tanto, se consideran crímenes contra la humanidad. Lo confirmaron expertos internacionales (2018) convocados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ellos encontraron fundamento suficiente para acusar crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

      El pasado 23 de febrero, militares y paramilitares impidieron el ingreso de ayuda humanitaria para Venezuela, incendiando al menos tres vehículos, resultando 14 personas asesinadas y centenares heridas. Por esto, Luis Almagro expresó: El mundo pudo ver con sus “propios ojos” cómo  el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que “destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad”.

      ¡Urge la intervención internacional!(O)

*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 15 de marzo del 2019.

sábado, 2 de marzo de 2019

Jueces, ¿cómo evaluarlos?

Jorge G. Alvear Macías

El anuncio del Consejo de la Judicatura sobre la próxima evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha causado gran expectativa, más allá de la reacción de la titular de dicha corte que expresó sus reparos. La evaluación se realizaría a base de un reglamento que establecería la remoción de funcionarios que no alcancen el 80% en la calificación global.  Este reglamento no prevé una segunda oportunidad para los que no reúnan los puntos necesarios para permanecer en el cargo.

El caso es que para la evaluación del desempeño y la productividad de los servidores judiciales aquella debe realizarse de forma individual, periódica y con control social, a pesar de su derecho a ser examinados nuevamente. El control social es necesario para establecer el desempeño de los jueces, además de su productividad en el despacho de las causas cuyo elemento descollante es el establecer la conducta ética y la transparencia de los evaluados. Por ello, es importante que en el reglamento se contemplen los medios para ese control social, que garanticen, de ser necesario, la confidencialidad y el efectivo trámite de las denuncias de corrupción que involucren a jueces u otros funcionarios de la Corte Nacional. 

Está bien que el reglamento recoja los parámetros de transparencia y legitimidad, no considerados en anteriores evaluaciones, pues la transparencia tiene que estar presente en el desempeño del juez relacionado con el principio de probidad que impone la Ley Orgánica de la Función Judicial: “…Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial…”. De tal manera que el Consejo de la Judicatura tiene el suficiente poder de decisión para separar de la carrera judicial al magistrado que haya incurrido en la inconducta que infrinja el principio de probidad, establecida con el control social.

La normativa requerida debe responder a un criterio básico de fiscalización con ayuda externa e independiente, aunque finalmente será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tomará las decisiones. Esto, cuidando las garantías necesarias para no caer en arbitrariedad ni en violación de la independencia judicial. Las normativas de evaluación para enfrentar el actual estado de corrupción, que incluso ensombrece a la Función Judicial, deben evitar suspicacias y permitir llegar a la información individual de cada juez de la Corte Nacional, no solamente del número de causas que ha tramitado y resuelto, considerando el total de las asignadas y de las que participó como ponente.

El proceso de evaluación de los magistrados también exige conocer su hoja de historia personal, vinculación político-partidista y crecimiento patrimonial; la calidad de las resoluciones (incluidas las ocasiones que varió su propio precedente jurisprudencial) y su avance académico. Pero lo anterior exige la independencia e imparcialidad de los miembros del Consejo de la Judicatura, para prevenir los conflictos de intereses.

Un reglamento de evaluación de jueces debe permitir identificar a los corruptos, con la ayuda de la ciudadanía. A los de peor producción incentivarlos a mejorar, así como destacar a los mejores, para sistematizar sus buenas prácticas y difundirlas como ejemplo. 

*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 1 de marzo del 2019,
https://www.eluniverso.com/opinion/2019/03/01/nota/7212737/jueces-como-evaluarlos

sábado, 23 de febrero de 2019

¿Mareando la perdiz?

Jorge G. Alvear Macías

No se vislumbra una efectiva lucha contra la corrupción y la impunidad. La ciudadanía sigue sometida a discursos cambiantes, como si mediara intención de dilatar u obstaculizar la solución.

En diciembre pasado, el presidente Moreno descartó una comisión internacional de lucha contra la impunidad con apoyo de Naciones Unidas (NN.UU.), similar a la Cicig de Guatemala. Lo reiteraron voceros del Gobierno y de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción, alegando razones de soberanía nacional y el derecho a ejercitar nuestra capacidad para resolver los problemas nacionales sin necesidad de extranjeros “que nos den haciendo lo que debemos hacer”.

Posteriormente, la Fiscalía General evidenció incapacidad para procesar acusaciones en casos sofisticados de corrupción. Antes el país había conocido información generada en Estados Unidos y Brasil sobre corrupción en Ecuador. A la fecha solo hay pocos procesamientos penales contra altos exfuncionarios públicos, algunos sin sentencia firme.

El canciller justificó la presencia de una comisión internacional anticorrupción, como “instancia independiente, autónoma, que pueda incluso avanzar de una manera más eficiente y eficaz en investigaciones... Casos emblemáticos que hayan causado conmoción en la sociedad”. (Diario Expreso).

El secretario Anticorrupción de la Presidencia expresó que dicha comisión internacional –autorizada esta semana por Lenín Moreno– tendría cinco expertos internacionales con alto conocimiento, para apoyar instituciones encargadas de la denuncia, detección, investigación y judicialización de actos de corrupción. Agregó que esos expertos diagnosticarán y resolverán para que la impunidad no sea “carta de presentación de la Justicia”. Sin embargo, el presidente había advertido que la comisión internacional anticorrupción sería asesorada por NN.UU., OEA, Transparencia Internacional y el BID. ¿Los cinco expertos serán asesores o serán asesorados?

La propuesta de una comisión internacional contra la impunidad financiada por las NN.UU., que ha sido respaldada a nivel nacional por articulistas y asambleístas, especialmente de abogados, comporta otra conformación, rango y garantías de conocimientos, independencia y eficacia. Lo anticipado por Moreno difiere del modelo que funciona en Guatemala y que es mejorable.

La comisión internacional que necesitamos requiere mínimo de 200 especialistas que entrenen a nuestros fiscales y policías, en investigaciones de delitos sofisticados y en análisis para rastrear internacionalmente activos ilegales; de expertos litigantes para preparar casos y que las acusaciones de la Fiscalía conduzcan a condenas efectivas. Que no vuelva a ocurrir que un exministro acusado de peculado sea absuelto “…porque la única prueba que tenía la Fiscalía contra el Dr. Espinel era el informe de Contraloría, y esto no constituye una prueba, sino un indicio…”, según su abogado.

En la Cicig, que no recibe dinero del Estado guatemalteco, trabajan profesionales de 25 países, expertos en técnicas sofisticadas de investigación y litigación; en legislación contra la impunidad y en capacitar fiscales. Ellos colaboran directamente con la Fiscalía General de la Nación y actúan como un organismo independiente, pero bajo las leyes guatemaltecas. En Ecuador podrían recibir denuncias confidenciales de la ciudadanía.

El excomisionado Carlos Castresana describió la labor de la Cicig así: “Todos los casos que hemos llevado a juicio, todos han sido sentencias condenatorias contra todos los acusados. [Eso] es un terremoto para un país como Guatemala”. ¿Y para Ecuador?

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 22 de febrero del 2019.


viernes, 15 de febrero de 2019

Maduro, usurpador


Jorge G. Alvear Macías

Las revelaciones en la carta del papa Francisco a Maduro, divulgada esta semana, anticipan que los pedidos de diálogo para terminar con la crisis venezolana no tendrán respuesta positiva del lado del Vaticano. El pontífice perdió la paciencia con Maduro, a tal punto que evitó mencionarlo como presidente. Algo que no parece un descuido. “En el mundo diplomático, las cartas pasan por varios filtros, y el Vaticano es muy cuidadoso en esos temas”, explicó Juan Álvarez Vita, embajador peruano de carrera y catedrático universitario de Derecho y Política Internacional. 

José Mujica, defendiendo a Maduro (aunque alguna vez lo calificó de más loco que una cabra), reclama paciencia para resolver la crisis venezolana y hasta asegura que Maduro no tiene culpa de la falta de alimentos, pues no hay agricultura suficiente en Venezuela para alimentar al pueblo. El exguerrillero uruguayo tampoco cree en el diálogo y teme una guerra entre los bandos en disputa. Pero también le cuesta reconocer la ilegitimidad de Maduro y prefiere no entrar en ese análisis, aunque no pierde oportunidad para descalificar a Juan Guaidó, mencionándolo como “presidente autoproclamado”, que “o es muy joven o tiene detrás la seguridad que da el Ejército de Estados Unidos”. 

Mujica, con sesgo necio y creyendo mantener el alto nivel de liderazgo que alguna vez tuvo –aunque está acusado de alcahuete de la corrupción en su país–, sostiene: “Quieren convencernos de que la eventual ilegitimidad de unos se sustituye por la ilegitimidad de otros”. Argucia gastada para no discutir las razones de la oposición venezolana para desconocer la autoridad de Maduro; entre ellas, las de la Constitución venezolana: “Artículo 137. La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. Y el “Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. Por ello la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela declaró a Maduro usurpador de la presidencia.

Volviendo sobre el texto de la carta del pontífice, muchos comentarios periodísticos coinciden en que Maduro incumplió lo acordado con Francisco y sugieren que se hartó de ser manipulado. El columnista Massimo Franco (del periódico italiano Corriere della Sera) señala: “Maduro ha buscado el diálogo utilizando la pantalla vaticana para después desatender los compromisos tomados. Y el papa se lo hace ver”. Para Franco, los incumplimientos de Maduro causaron desilusión a Francisco porque “los intentos fueron frustrados por la resistencia sorda del régimen de Maduro y la realidad de una oposición venezolana dividida y confusa”. Se entiende que son frustraciones de cuando la oposición venezolana estaba dividida, lo cual ya no es así.

El pontífice también indicó que el Vaticano está junto a la Conferencia Episcopal venezolana para ayudar al pueblo. Esta anotación debe sumarse al contexto de las declaraciones del cardenal venezolano, Baltazar Porras, quien al referirse a la carta manifestó el respaldo de la Iglesia católica a la Asamblea Nacional. “El poder legítimo y elegido por el pueblo claramente es la Asamblea Nacional, de tal manera que es ahí donde reposa lo que es la Constitución…”. Recordemos que esta lo declaró usurpador a Maduro. (O)

*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 15 de febrero del 2019.