viernes, 24 de julio de 2020

¿Assange pudo estar en la terna?

Jorge G. Alvear Macías


¿Hizo bien la Asamblea Nacional en elegir a la actual vicepresidenta de la República, sin verificar previamente las inhabilidades de orden constitucional de los integrantes de la terna enviada por el presidente de la República? Estimo que no.
Es consustancial a la potestad nominadora de la Asamblea su implícita facultad para determinar o no la presencia de impedimentos generales o específicos para los aspirantes a reemplazar a un vicepresidente que renunció al cargo. De tal manera que si ninguna de las personas incluidas en la terna cumplía con las circunstancias o condiciones creadas en la Constitución, la Asamblea también tenía la opción de devolverle la terna al remitente, claro con la debida motivación y así no se activaría el plazo de 30 días para que opere la elección ipso iure de la primera persona que conforma la terna.
Es importante recordar que el presidente solo propone una lista para seleccionar; y, tampoco se trata de elegir a una persona de la confianza del primer mandatario, sino de la ciudadanía.
¿Qué habría acontecido si en la terna hubiera estado Julian Assange? Tiene la nacionalidad, la edad mínima y tal vez hasta el respaldo de una bancada que simpatizó con él en el pasado.
¿Sí medimos la gravedad de las implicaciones, como para conformarnos con la explicación de que la Asamblea no tiene sustento constitucional para cuestionar una terna del Ejecutivo ni para devolverla?
En todo caso, no sería la primera vez que se devuelva una terna enviada por el Ejecutivo. En este periodo presidencial, precisamente el pasado junio, el Consejo de Participación Ciudadana y control Social (CPCCS) devolvió al presidente Lenín Moreno su terna para elegir al superintendente de Ordenamiento Territorial, por cuanto los tres candidatos incumplían requisitos. ¿Acaso la Asamblea Legislativa tiene menos jerarquía que el CPCCS?
El CPCCS transitorio, presidido por el doctor Julio César Trujillo, le solicitó al presidente (agosto/2018) que envíe una nueva terna para la designación del superintendente de Control de Poder de Mercado. Al mes siguiente, el presidente Moreno envió la segunda terna y de esta fue escogido el actual superintendente. Un ejemplo de que las ternas enviadas por el Ejecutivo no son intocables y que es necesaria la veeduría ciudadana.
Respetables opiniones insisten en que el requisito de renunciar al cargo público antes de integrar una terna para elección del vicepresidente de la República no aplica, porque tal exigencia solo sería para los candidatos de una contienda electoral. El caso es que esa inhabilidad tiene su razón de ser, en la necesidad de que el candidato no utilice para la promoción de su candidatura las ventajas del cargo, incluidos los recursos públicos. Sin duda, tal peligro también gravita en la elección del vicepresidente dentro del seno de la Asamblea y por ello deben verificarse esa y todas las inhabilidades en los aspirantes. El reciente escándalo que involucra a asambleístas en el reparto de hospitales y contratos de insumos médicos constituye un evidente ejemplo de ese alto riesgo. (O)
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 24 de julio del 2020
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viernes, 10 de julio de 2020

¿Marchar con antorchas?

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve                     jorgalve@yahoo.com
¿Qué nos resta por hacer para impedir que los corruptos enquistados en el Gobierno, en la Asamblea y en otras funciones e instituciones públicas continúen beneficiándose ilegítimamente del erario y del IESS que pertenece a los trabajadores?
Ante tanta inmoralidad en el manejo de fondos públicos ya no quedan dudas de que el accionar político –con nimias excepciones– considera al Estado botín para los vencedores de la contienda electoral. Pareciera existir un mensaje no escrito de autorización para el “agarra lo que puedas”. Todo amparado por una estructura legal y judicial que provee impunidad y facilita la continuación del saqueo en dolosos contratos con sobreprecios, fraudulenta evasión de impuestos, contrabando de combustibles subsidiados o en la canallesca obtención de beneficios que solo deberían favorecer a personas con severas discapacidades.
Los pomposos nombres de códigos, leyes y procedimientos para seleccionar jueces, fiscales y autoridades de control constituyeron un fiasco. La gran mayoría de cuerpos legales fue iniciativa del Ejecutivo, aprobados durante el correato (por legisladores que en la generalidad cumplían consignas). Y lograron protección para la organización delincuencial que se incrustó en el poder y para los “asuntos entre privados”.
El expresidente Gustavo Noboa no exageró cuando dijo mientras comentaba la descontrolada corrupción: “El desastre moral es tan grande, tan terriblemente grande, que yo no lo había visto nunca, ni siquiera estudiando las épocas más duras del Ecuador”.
Pero no solo es producto de la gestión del actual Gobierno que no la enfrentó efectivamente (fue selectivo), además de que el presidente incumplió la promesa de establecer una Comisión Internacional de lucha contra la impunidad con el auspicio de las Naciones Unidas (pues modificó su compromiso con la traída de una comisión de expertos internacionales para prestarle asesoraría en la materia, que nunca funcionó). La desbordante corrupción sería consecuencia de una concertación tácita de individuos de los segmentos políticos, económicos, sociales y culturales, que obtienen directa o indirectamente pingües beneficios de la cooptación del Estado por parte de la alianza político-empresarial.
Una similar situación ocurrió en Centroamérica y dio lugar –por las movilizaciones ciudadanas– a la presencia de la Cicig (Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad solventada por las Naciones Unidas) en Guatemala; y, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih de la OEA) en Honduras.
En Honduras, las redes de corrupción público-privadas invierten en campañas políticas para acceder a “contratos de concesión que generan enormes fortunas y que, a la vez (…) son el canal apropiado para lavar dinero y activos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado” (Centro de Estudio para la Democracia).
¿Qué hacer en Ecuador? ¿Marchamos con antorchas (como en Guatemala y Honduras) y exigimos al presidente que cumpla al menos la oferta electoral de traer la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción? (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 10 de julio del 2020
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viernes, 26 de junio de 2020

Consejeros de piel dura

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve                         jorgalve@yahoo.com
A la presidenta del CNE no le gustan los cuestionamientos de la Contraloría. Cree que es una “clara intromisión” en el “periodo electoral” (sin que exista convocatoria a elecciones del 2021 y sin que dicho “periodo” conste en la ley). Lo dijo luego de conocerse la predeterminación de responsabilidades que les notificó la Contraloría, con las sanciones de destitución y multas, a ella y a dos consejeros. Pero Contraloría sancionó a los consejeros del CNE por incumplir, entre otras recomendaciones, la de dejar sin efecto la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, de cuatro organizaciones políticas que a su vez incumplieron el requisito constitucional para su inscripción, de acreditar el número de adherentes válidos. El contralor Pablo Celi también expresó que las actuaciones dolosas en lo administrativo no pueden invocarse como derecho adquirido por las agrupaciones políticas afectadas. Los indicados consejeros y otros funcionarios del CNE tienen 30 días para desvanecer los cargos. Vencido el plazo, el contralor dictará una nueva resolución en la que dejará sin efecto las sanciones o las ratificará.
El caso es que ante el rechazo de las sanciones, de Atamaint y de los demás sancionados, la ciudadanía (que en un 85 % desconfía de Atamaint) se pregunta: Si la Contraloría puede hacerle observaciones al CNE, ¿cómo es que no puede sancionar a Atamaint, Cabrera y Acero? ¿La destitución de aquellos implica intromisión de funciones dentro de un periodo electoral, como afirma la presidenta del CNE? ¿Qué ocurrirá con las cuatro “organizaciones políticas” si se ejecuta la destitución de los tres consejeros del CNE? ¿Y si no se los destituye?
Estimo que el contralor Pablo Celi sí tiene facultades para ejercitar la potestad de control y sancionadora sobre los consejeros del CNE. Él representa al órgano encargado del control de los recursos estatales y de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. El artículo 212 de la Constitución le asigna la función de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control.
Las sanciones de multa y destitución están autorizadas en la Ley de la Contraloría (art. 48) y pueden ser impuestas y ejecutadas por ese organismo cuando las autoridades obligadas hayan dejado de hacerlo “o cuando se hubieren constituido en sujetos pasivos de la sanción…”, tal sería el caso de Atamaint, Cabrera y Acero.
Además, como servidores públicos no están exentos de responsabilidades por los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, predeterminadas por la Contraloría, como lo establece la Constitución (art. 233). Obviamente que la omisión de la obligación constitucional (art. 219.9) de “vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y sus estatutos” deriva en la responsabilidad de los consejeros, atribuida por Contraloría.
Si bien la Contraloría carece de atribución para anular los registros de organizaciones políticas, sí le corresponde al CNE hacerlo –con los mismos consejeros de “piel dura” o con nuevos–. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 26 de junio de 2020.
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lunes, 15 de junio de 2020

¡A rehacer el COIP!

Jorge G. Alvear Macías

La Corte IDH ha señalado que cuando deba imponerse una sanción penal, la norma debe ser adecuadamente asequible, suficientemente precisa y previsible. La previsibilidad consiste en la delimitación clara de la inconducta y de las circunstancias para evitar abusos.
Sin el requisito de previsibilidad podría configurarse una norma abierta y generadora de abuso o impunidad. Un tipo penal así concebido –ex profesamente o por deficiencia legislativa– imposibilita tanto al fiscal como al juzgador a encuadrar la conducta delictiva, lo cual hemos confirmado atónitos frente a indubitables delitos de peculado cometidos por funcionarios, porque supuestamente los jueces solo podrían sancionarlos por tráfico de influencias.
Tales dificultades se reiteran en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), concretamente en los “Delitos Contra la Eficiencia de la Administración Pública”. Son tipos abiertos a la discrecionalidad y sin concreción. Solo faltaría que los condenados logren en jurisdicción internacional de derechos humanos que el Estado los indemnice y se disculpe.
Para comprobar lo indicado, se podrían comparar las descripciones del COIP sobre los delitos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito con los equivalentes del Código Penal colombiano. A los colombianos no se les ocurrió legislar a favor de una eventual organización delincuencial dentro del Estado. Ellos se esmeraron en cerrarles cualquier posibilidad de escape a los responsables, lo que acá se aseguraron en el COIP los delincuentes de la revolución ciudadana. Allá sí se dispusieron severas penas de prisión para atracadores del fisco.
Para empezar, el Código Penal de Colombia, tratándose del peculado, detalla varios supuestos de ese delito y el nivel de gravedad: peculado por apropiación (8 a 22,5 años de prisión); peculado por uso indebido de terceros de bienes del Estado (1,5 a 6 años); peculado por desvío de dineros del presupuesto (1,5 a 4,5 años); peculado por desvío del destino de los recursos de la seguridad social (22 meses a 6,7 años); peculado culposo en manejo de recursos de la seguridad social (21 meses a 6,7 años). El delito de concusión está castigado con prisión de 8 a 15 años. El cohecho, de 6,5 a 12 años.
Los tipos penales indicados y otros similares también se aplican en Colombia a funcionarios de organismos estatales de control, incrementada la pena en una sexta parte a la mitad, cuando hayan incurrido en omisión o permisión. Los cohechadores o quienes ofrezcan dinero a un servidor público están sujetos a pena de prisión de 4 a 9 años y multa de 66,66 a 150 salarios mínimos legales, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas hasta por 12 años.
El Código Penal colombiano sanciona con penas de 5,3 a 18 años la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación del régimen legal o constitucional, sobre inhabilidades o incompatibilidades. ¿Cuántos contratos habrá violado el régimen legal con la alcahuetería del COIP? 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 22 de mayo del 2020
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sábado, 6 de junio de 2020

Protestas en Estados Unidos y COVID-19

Jorge G. Alvear Macías
Desconocía el nivel de discriminación subyacente en comunidades de Estados Unidos de Norteamérica, un gran país por décadas referente de la democracia. No se trata solo de discriminación racial; habría xenofobia -aquel desprecio o desconfianza- al extranjero o extraño a la identidad de la colectividad, de la sociedad o del país. Esa desconfianza permanece, después de 155 años de la Guerra de Secesión, entre los propios estadounidenses.
Por un familiar conocí la anécdota de su compañero de colegio, hijo de un estadounidense, que creció en Guayaquil, con características caucásicas de un típico “gringo colorado”. Él viaja como agente vendedor dentro del Estado sureño de Georgia: “Donde quiera que vaya me reciben afectuosamente, pero todo cambia cuando empiezo a hablar mi inglés con marcado acento latino. En ese momento dejo de ser de la comunidad…”.
Pero fueron las declaraciones del expresidente George W. Bush Jr. en esta semana, a propósito de las violentas protestas contra la discriminación racial en Estados Unidos, las que me hicieron reflexionar sobre ese lamentable fenómeno social. Además eran movilizaciones multitudinarias en más de 70 ciudades, en las que desgraciadamente hubo saqueos y destrucción de bienes, evidenciando participación de agitadores, según reportaron autoridades policiales de ciudades afectadas.
Bush expresó que él y su esposa están angustiados y perturbados por la muerte de George Floyd, un afroamericano que fue estrangulado de forma brutal por policías de la ciudad de Minneápolis (Minnesota), al punto que hizo un llamado a sus compatriotas para que examinen tales “trágicos fracasos” y al mismo tiempo les pidió: “Es hora de que escuchemos”. Calificó de fracaso sorprendente que muchos afroamericanos, especialmente jóvenes, sean acosados ​​y amenazados en su país.
Sin duda las movilizaciones no debieron ser cosa menor, cuando algunos gobernadores y alcaldes han sido muy cautos en la represión, lo que les trajo críticas de la ciudadanía atemorizada o afectada por el saqueo o destrucción de sus propiedades, incluso las de Trump.
Pese a lo ocurrido, es de esperar que el pueblo estadounidense rescate algo positivo de la absurda muerte de George Floyd, que atónitos atestiguamos en las redes sociales. Es necesario señalar que el estallido social de dimensión nacional se debió aparentemente a la equivocada decisión de no imputar cargos criminales a los policías que traicionaron sus deberes de servir; salvaguardar vidas y propiedades; proteger a los inocentes contra el engaño, a los débiles contra la opresión o la intimidación, y a los pacíficos contra la violencia o el desorden; y respetar los derechos constitucionales a la libertad, igualdad y justicia. (Código de Ética del Departamento de Policía de Minneápolis). Sin embargo, a la ira de la población afrodescendiente y de otras etnias, incluida la blanca, se habrían sumado efectos imprevistos del confinamiento obligatorio por el COVID-19: estrés, falta de ingresos, miedo, angustia, frustración e incertidumbre. Algo que no había ocurrido antes. Y podría ocurrir también en nuestro país. (O)
*Publicado previamente en el Diario El universo el día sábado 6 de junio de 2020.
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martes, 19 de mayo de 2020

Pandemia de corrupción

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve               jorgalve@yahoo.com
En relación con mi columna titulada ‘Pagamos o rogamos...’, publicada en este Diario el 17 de abril del año en curso, recibí una atenta comunicación desde el despacho del asambleísta por la provincia de Los Ríos, don Ramón Terán Salcedo, haciéndome conocer que dicho legislador había acogido la propuesta que incluí en mi artículo periodístico, “para que se reforme el COIP en las penas por delitos contra la administración” y con esa concepción él había delineado el texto de una reforma, para introducirla en la sección de los Delitos contra la eficiencia de la administración pública. Para explicar mejor su propósito, comparto el texto: 

“Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. Artículo 1. A continuación del título ‘SECCIÓN TERCERA, Delitos contra la eficiencia de la administración pública’, antes del artículo 278, inclúyase el siguiente artículo innumerado: 

“Art.- Las sanciones a los delitos tipificados en esta Sección Tercera, se duplicarán si la infracción se comete aprovechando el régimen propio de la declaratoria del estado de excepción por conmoción nacional, desastres naturales, epidemias o eventos similares, o en contrataciones de emergencia en cualquier nivel de gobierno, incluidos los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. En todos estos casos, la pena será la más alta sin que opere la gradualidad”. 

En mi columna yo había señalado que Ecuador no consta en la lista de países pobres elegibles para que se les perdonen las deudas, en medio de la crisis provocada por el COVID-19, entre otras razones, por su membrete de país petrolero (venido a menos por el precio del crudo) y además por la gran corrupción que nos envuelve. Algo de ello debió influenciar en los funcionarios del FMI, pues en su plan de ayuda a Ecuador y Colombia para el combate de los efectos del COVID-19 solo nos concederán un préstamo rápido de $643 millones, mientras que a Colombia le darán un crédito flexible de $10 800 millones. ¿Acaso tendrán temor de que esos recursos se desvíen cuando lleguen? 

La iniciativa del legislador Ramón Terán se presenta oportuna cuando gran parte de la ciudadanía, a través de columnistas y comentaristas de los distintos medios de comunicación, han manifestado con supremo enojo la necesidad de poner un detente definitivo a los atracos de los dineros públicos, cuyos autores aprovechan para delinquir incluso en tiempos de emergencias, epidemias, pandemias, desastres naturales, cuarentenas o cualquier conmoción. En estos días hemos sido testigos de aquello, con los escandalosos sobreprecios en insumos médicos, bolsas para cuerpos de los fallecidos y hasta en los kits de alimentos para familias pobres y sin ingresos, que involucran en denuncias a todos los niveles jerárquicos del Estado, bajo sospechas de sobornos, conflictos de interés, desvío de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas o facturas con sobreprecios. 

La propuesta legislativa del asambleísta es valiosa, no obstante perfectible. Debería concretarse, entre los varios tipos penales que comprende la Sección Tercera del COIP: al peculado (art. 278), cohecho (art. 280), concusión (art. 281), tráfico de influencias (art. 285), testaferrismo (art. 289) y alteración de evidencias y elementos de prueba (art. 292). 

¡A detener la pandemia de corrupción! 

*Publicado previamente en el Diario El Universo, el día viernes 15 de mayo del 2020.
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lunes, 18 de mayo de 2020

Los insepultos

Jorge G. Alvear Macías
Hasta el momento en que escribo esta columna la joven Nayet Villota no recibe noticias de las autoridades sobre el lugar en donde se encuentra el cuerpo de su abuela Enriqueta Razo, fallecida el 25 de marzo pasado, a la edad de 84 años. 
EL UNIVERSO (Jazmín Solís) y CNN en español (Fernando Del Rincón y Kay Guerrero) entrevistaron a Nayet y publicaron su drama. La señora Razo, quien era su madre de crianza y vivía con Nayet, murió en una clínica privada y al día siguiente su cuerpo fue trasladado al hospital del Guasmo Sur, por personal del Departamento de Medicina Legal de la Comisión de Tránsito (según se me informó) para ser depositado en un contenedor, ante la sospecha de que la causa del deceso era el COVID-19. 
Desde el 27 de marzo hasta el 13 de abril, Nayet y sus familiares fueron todos los días al indicado hospital, pidiéndole a la jefa de Admisiones que les entregaran los restos de doña Enriqueta y solo recibieron respuestas confusas. La atormentada nieta hizo su última gestión el 22 de abril, que también resultó infructuosa. 
Ella le contó a la periodista de EL UNIVERSO que gastó $750 en el féretro (que permanece en la sala de su casa) y más de $200 en movilizaciones durante los días de búsqueda. Que cuando intentó localizar el cuerpo de la abuela en los contenedores, solo encontró una “falta de humanidad absoluta”. Observó cadáveres superpuestos sobre otros; unos en fundas cerradas, otros no, pues partes de los cuerpos sobresalían. Sin identificación. Los contenedores estaban sin congelación y solo se hacían funcionar sus motores de enfriamiento cuando se presentaban las autoridades. Hasta afuera del hospital llegaba el olor de la descomposición de los cuerpos. 
De acuerdo con información oficial, habría 133 cuerpos en proceso de identificación a cargo de agentes de Criminalística, antes de su sepultura, tarea que no parece sencilla y podría tomar mucho tiempo. 
El entonces funcionario responsable de la Fuerza de Tarea conjunta para poder enterrar a todas las personas fallecidas por el temible virus, Jorge Wated, reconoció que hubo mal manejo de cadáveres durante esta crisis sanitaria, lo que habría denunciado en la Fiscalía. 
La reconocida desorganización representa una verdadera vulneración de derechos a los deudos de las personas que sucumbieron a la pandemia, pues no han tenido un entierro digno. Esto no puede repetirse y habrá que emular los procedimientos de otros países para la manipulación de las víctimas mortales del COVID-19, que precautelan la preservación de cadáveres inidentificados. 
La BBC Mundo también hizo su investigación sobre la tragedia de aquellos guayaquileños que no encuentran a sus familiares fallecidos durante la pandemia, los “que aún no descansan en paz”. Ese mismo medio resalta que de pedir que alguien recoja a los muertos de sus hogares, han pasado a clamar para que se los devuelvan. 
Por lo narrado es pertinente recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela, dispuso que el Estado debe brindar las condiciones necesarias para ubicar y trasladar los restos de los desaparecidos al lugar de elección de sus familiares y proveerles sepultura digna, sin costo alguno.
*Publicado previamente en el Diario El Universo del día viernes 8 de mayo del 2020.
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viernes, 17 de abril de 2020

Pagamos o rogamos…

Jorge G. Alvear Macías
Reza el refrán: El que debe, paga o ruega. El Gobierno actual y el que le antecedió asumieron grandes deudas y no se aseguraron de las posibilidades de pago, ni en condiciones de normalidad ni en el escenario de la imprevisión. En este último caso, no se ahorró para enfrentar ese avatar, algo exigido en la concepción de una mínima administración racional. Así, cuando los conductores del Estado no saben expresar firmemente la imposibilidad de pagar deudas, no les queda más que rogar y esperar que los acreedores escuchen.
Esta semana los países más ricos del mundo (G-20) reunidos en Johannesburgo acordaron, a través de sus ministros de Finanzas, incluido el de Estados Unidos, suspender la exigencia de pagar deudas vencidas o por vencer a los países más pobres de África y de otras regiones. De esta manera buscan ayudarlos a solventar gastos de atención médica a sus poblaciones, para contener el COVID-19 y sus consecuencias. Es decir, decidieron una moratoria de los deudores públicos y privados, hasta que termine la pandemia. 
La noticia me entusiasmó en medio de las lamentaciones oficiales por las consumidas arcas del Estado y del mismo sector privado, que clama oxígeno para continuar su labor productiva y mantener plazas laborales. 
Debo reconocer que el entusiasmo me duró poco cuando leí que el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, señaló que solo 76 países son elegibles para la moratoria, entre estos 40 subsaharianos. La deuda con moratoria, que se adeuda a acreedores privados y a otros países, alcanzaría a $20 000 millones. Adicionalmente, instituciones multilaterales como el Banco Mundial consideran diferir hasta fin de año los pagos de países deudores, con posibilidad de extenderlo.
El caso es que Ecuador no consta en la lista de países pobres, elegibles para el beneficio; entre otras razones, por su membrete de país petrolero (devaluado y con oleoducto inservible) y por el alto nivel de corrupción al que nos asocian en publicaciones y organismos internacionales de ayuda. 
En ese escenario, nuestra opción, además de imitar los esfuerzos de la Unión Africana con enviados especiales para movilizar el apoyo, es intentar demostrar que esa ayuda financiera que necesitamos para sobrevivir no se diluirá con manejos corruptos, como los ocurridos en el 2016, en Manabí y Esmeraldas, con ocasión del terremoto. 
¿Cómo convencer al G-20 de que los dineros necesitados ya no serán desviados a bolsillos de funcionarios corruptos? Propongo un mensaje de mucho significado, conformado por dos iniciativas: 
a) Solicitar a la ONU la celebración de un convenio para conformar una Comisión Internacional de Lucha Contra la Impunidad, como la Cicig de Guatemala, independiente en lo funcional y financiero; y, 
b) La inmediata reforma del Código Orgánico Integral Penal, para endurecer sanciones a delitos contra la administración pública. En concreto, a quienes se aprovechen de declaratorias del estado de excepción; o, en contrataciones de emergencia. Aplicando la gradualidad mayor si se dan durante una conmoción nacional, desastres naturales, epidemias o eventos similares.
Los comentarios de la mayoría de articulistas de diarios del país sitúan la calamidad de la caja fiscal como una consecuencia de la gran corrupción dentro del Estado, como se evidenció en el caso Arroz Verde 2012-2016. 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 17 de abril del 2020.
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sábado, 11 de abril de 2020

¡Al fin, sentencia!

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve            jorgalve@yahoo.com
Uno de los jueces integrantes del Tribunal de la Corte Nacional que condenó a 8 años de prisión a Rafael Correa, Jorge Glas y a otros 18 procesados por el delito de “cohecho pasivo propio agravado” (caso Sobornos 2012-2016) concedió entrevistas a Teleamazonas y a Radio Visión. En ambas, el doctor Iván Saquicela dio explicaciones para el veredicto que esperábamos gran parte de los ecuatorianos, luego del atraco y enseñoramiento de la impunidad desde el 2007. 
Cuando se notifique la sentencia se podrá confirmar si el Tribunal llegó al convencimiento de culpabilidad más allá de toda duda razonable. En todo caso, lo informado por el magistrado Saquicela permite acceder a algunas razones jurídicas de la condena:
- Entre el 2012 y el 2016 se estructuró una organización delincuencial controlada desde la Presidencia de la República, que operaba en una oficina cuyo arrendamiento lo pagaba una institución del Estado: la Celec. 
- El cuaderno de Pamela Martínez, la persona de confianza de Correa que llevaba el registro de los sobornos por instrucción del expresidente, no fue la única prueba para establecer el delito y la responsabilidad de los procesados. Había otras pruebas que junto al cuaderno fueron valoradas en conjunto.
- Por lo indicado, se desvaneció la afirmación de los procesados sobre la inexistencia del cohecho. Pero, además, Saquicela le hizo notar a Andrés López (Radio Visión): ¿Cómo sostener jurídicamente que no existe el delito acusado, cuando están las facturas que pagaron las empresas para ser adjudicadas con contratos? También le hizo hincapié en que las adjudicaciones se efectuaron con la aquiescencia y voluntad de quienes ejercían el poder de mando en toda la estructura del Estado. 
- Que el Tribunal no dio crédito a las aseveraciones de los abogados de los hoy condenados, porque la prueba presentada por la Fiscalía General del Estado fue de tal entidad, que hizo que los jueces llegaran a la convicción de culpabilidad.
- Que Rafael Correa fue vinculado con la estructura criminal –que según recordó Andrés López, funcionaba desde el Estado, con una suerte de códigos y alias– cuando los jueces conectaron “el testimonio de la señora (Pamela) Martínez, en el sentido de que ella conversaba con el ciudadano Rafael Correa Delgado y le daba cuentas al ciudadano expresidente (y) que recibía disposiciones (de él); pero no solo eso… existe un depósito hecho en la cuenta del expresidente… que algunos han dicho que solo es un monto de 6500 dólares; pero no se trata del monto, de lo que se trata es de que eso es una evidencia de que entonces (Correa) no solo que conocía (del fondo producto de sobornos), sino que dispuso que (de ese botín) se deposite a (su) cuenta…”. 
- El testimonio de Pamela Martínez fue valorado cuando los jueces establecieron la relevancia de la información y la verificaron, “…por ejemplo, con la información que consta en las computadoras (de la Presidencia de la República y de la Corte Constitucional). Lo que ella dice está verificado con las facturas del SRI (que pagaron las empresas vinculadas en el proceso como autoras del cohecho activo)… con la información que consta en las computadoras respecto de la adjudicación de los contratos… ”.
Enhorabuena, ¡al fin, sentencia! 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 10 de abril del 2020
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¡Solidaridad, estás demorada!

Jorge G. Alvear Macías
Mientras que desde el seno de la ONU llaman a los países a unirse para enfrentar aquello que se ha llamado el bloqueo internacional, generado por la lucha contra el COVID-19, en Ecuador aún no llega la consecuente y apropiada respuesta solidaria del país para con Guayaquil, población que se volcó con ayuda a Manabí en el terremoto del 2016. Solo han arribado hasta ahora desafortunados mensajes divisionistas, pocos ofrecimientos de socorro, unos líricos, otros calculados, incluidos los de activismo político; y claro, no faltan los de los trolls correístas inflamados de odio, buscando enfrentar a guayaquileños con sus líderes. Hay que decirlo claramente así. 
Vamos a repetir lo que todo el país conoce: el sistema de salubridad de la ciudad –público y privado– no se abastece para atender a los infectados; acumulación de cadáveres sin certificados de defunción, por lo que no pueden sepultarse; bajas mortales en el personal de médicos y demás trabajadores de la salud; y, ya se empieza a producir la extenuación de los recursos económicos en los grandes segmentos asentados en barrios marginales de la ciudad, reduciéndose a la par sus posibilidades de adquirir alimentos. 
Sin duda hay grandes esfuerzos del equipo liderado por el vicepresidente de la República y de organizaciones locales para intentar atender la pandemia y sus efectos sociales colaterales, pero no son suficientes… ¡No son suficientes! Y por ello ya se percibe depresión, angustia y miedo entre las emociones del conglomerado. Todo esto, cuando no se ha completado un mes del “encierro” en las casas a tiempo parcial, para intentar detener la propagación del virus. 
Es que el confinamiento podría continuar como ha ocurrido en otros países y sobre todo porque además hay noticias provenientes del Reino Unido, en donde el COVID-19 no solo ha cobrado la vida de personas de edad avanzada, sino también de adolescentes. El único lugar donde el virus no ha causado estragos sería la Antártida.
En África, algunos gobiernos ya empezaron a establecer medidas de contención más estrictas. Por ejemplo Lagos, en Nigeria, es una de las recientes ciudades ‘cerradas’.
Por lo anterior, la problemática de Guayaquil y sus áreas de influencia necesita de una solidaria respuesta nacional, del sector público y privado, conjugada, efectiva y completa, pues las cifras de infectados y víctimas mortales son de tal magnitud que han sido resaltadas en los noticiarios internacionales. Esto último sirve para sustentar los urgentes pedidos a la comunidad internacional tanto de ayuda económica como de desinfectantes de manos, termómetros, fármacos que pertenecen al grupo de antivirales que en China y en España han sido efectivos; suplementos para fortalecer el sistema inmunológico, vestimentas, guantes, cubrebocas, equipos para terapia, etcétera.
Mientras lo anterior se concreta (o algo de ello se logra) invito a reflexionar a los guayaquileños, parafraseando a la física Marie Curie, en que ahora es el momento de entender más, para que podamos temer menos. Además, esto también pasará (dicho persa).
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 3 de abril del 2020.
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¡No somos japoneses!

Jorge G. Alvear Macías
@jorgalve              jorgalve@yahoo.com
En Japón tendrían la solución para contener la propagación del COVID-19 sin recurrir al aislamiento obligatorio de la población. Allá solo cancelaron algunos eventos deportivos y cerraron las escuelas; en lo demás, podría decirse que los japoneses desarrollan su vida casi como antes de que ocurrieran las primeras víctimas del virus en su territorio. 
El caso es que Japón –con una población de 126,8 millones (2017)– hasta el miércoles de esta semana tenía 1193 infectados y 43 decesos por la enfermedad. Según BBC Mundo, la estrategia nipona consistió en rastrear a los grupos de contagio, someterlos a pruebas y aislarlos, haciéndose notar que el distanciamiento social y el cuidado de la higiene (más que en otros países) son propios de esa cultura. No es raro ver a los ciudadanos con mascarillas en las calles y eso disminuye la transmisión de enfermedades en general, además de la ausencia de los abrazos en los relacionamientos. 
Lo relatado sería de difícil aplicación en otras realidades sociales. En Latinoamérica somos tan distintos, no nos convence la necesidad de disciplina y nos cuesta cambiar; tal vez por herencias arraigadas, algunas provenientes de la ibérica península y otras aportadas por los aborígenes que nos lo impiden y quizás tomará más de una decena de lustros modificar nuestro comportamiento, incluso luego de padecer la actual pandemia. Por ello es que tenemos que enfrentar al azote del virus de acuerdo con nuestra idiosincrasia. 
Es que será muy complicado que el ecuatoriano de escasos recursos económicos, por ejemplo, cumpla la obligación de quedarse en casa y observe las recomendaciones para salvaguardar su propia salud, especialmente en la Costa, menos en la actual época de calor; y, particularmente aquel trabajador autónomo inactivo, que sin ingresos entrará en la desesperación de no poder alimentar a su familia. 
De ahí que las medidas gubernamentales deberían modificarse y propender a que los menos favorecidos permanezcan en casa a pesar de la inclemente temperatura, facilitándoles la adquisición de ventiladores a bajo costo (eliminando aranceles e IVA). 
Para paliar la angustia del corte brusco de ingresos de los trabajadores autónomos, ayudaría la obtención de crédito en la adquisición de víveres en la tienda del barrio (“la tienda de la esquina”) incentivando al tendero para que lo conceda durante la emergencia, con la ayuda financiera de sus proveedores, quienes podrían diferirle el pago de las facturas por seis meses, por ejemplo. Este esquema solo podría funcionar a través del financiamiento estatal; y, con los controles necesarios para evitar las desviaciones y abusos. 
Según cifras de la Asociación de Tenderos del Ecuador (Asotendero), hay más de 120 000 bodegueros concentrados en Quito y Guayaquil. Emprendimientos que constituirán una línea de defensa importante para evitar el caos y, a la vez, facilitar la inamovilidad de un vecindario, como también para el mejor control de los infectados. El tendero de barrio labora generalmente de seis de la mañana a once de la noche, sin feriados ni fines de semana. Será un magnífico aliado del Gobierno en su cometido de evitar que la población se movilice más allá del barrio, para adquirir bienes de primera necesidad. 
Consecuentemente, el crédito estatal debería focalizarse en los proveedores del tendero.
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 27 de marzo del 2020.
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viernes, 20 de marzo de 2020

Epidemia, su lado positivo


        Jorge G. Alvear Macías
El COVID-19 está modificando muchos aspectos de la cotidianidad en el mundo. Amigos de distintas urbes me han compartido sus experiencias, que revelan la naturaleza única de esta crisis; así como también los nuevos hábitos impuestos por el infortunio. Aunque venturosamente se han recuperado hábitos felices que se pensaban perdidos y resultan reconstituyentes para la espiritualidad y para fortalecer lazos familiares y comunitarios. 
Lo cierto es que el temor de las naciones –al terrorismo fanático– ha sido sustituido en parte por una descomunal amenaza biológica, respecto de la cual se carece de una efectiva vacuna y obtenerla podría tardar meses. Se infiere así del anuncio reciente de la OMS, pues a pesar de los múltiples ensayos clínicos en el desarrollo de una vacuna, estos “no brindan la evidencia clara y sólida” para establecer los tratamientos que pueden ayudar a salvar vidas. 
Mientras tanto, algunos “millennials” regresan a casas de sus padres en Estados Unidos, buscando el afecto familiar ante el temor de quedar aislados durante una temporalidad incierta. Allá también entusiasma la actitud empresarial de al menos 69 proveedores de internet, quienes sensibles con las desventajas del aislamiento social para evitar el virus, ofrecieron no desconectar el servicio a clientes residenciales y a pequeñas empresas que no puedan pagar los cargos durante el embate del virus. 
Mientras en New York, los trotadores disfrutan de más espacio en sus recorridos, por la baja actividad laboral y la disminución de transeúntes, amigos madrileños apenas pueden salir al jardín de sus viviendas por el estricto control policial. Uno de ellos fue muy explícito: “Aquí la gente comenzó a concienciarse de verdad hace una semana, cuando vio que el número de casos de enfermos no dejaba de crecer. Desde que se decretó el Estado de Alarma la gente lo ha entendido, lo ha aceptado y en general está cumpliendo con las normas dictadas. Siempre hay algunos disconformes y la policía con flexibilidad pero con firmeza está haciendo cumplir. El Gobierno ha centralizado en un Comité de Crisis formado por cuatro ministros (Sanidad, Interior, Transportes y Defensa) la toma de decisiones. Hay preocupación y por cierto mucho temor, pero no se trasluce en el comportamiento de la mayoría, que continúa con sus obligaciones de ir a trabajar (los que no lo pueden hacer en casa) o quedarse en sus casas atendiendo a los hijos. En resumen, hay orden dentro de la anomalía”.
Entre los madrileños (y en otras comunidades) la gente se está preocupando más por el entorno de amigos y familiares y hace un seguimiento del estado de salud de aquellos. La situación también invita a los jóvenes a reflexionar y retomar valores de la vida familiar. 
Una dama parisina amiga, cuyo esposo podría estar contagiado pero bajo supervisión médica, me comentó que en París rige el confinamiento obligatorio en casas, y los ciudadanos pueden acudir a comercios de primera necesidad hasta las 18:00. En filas de farmacias, supermercados y comercios deben mantener distancia de 1,5 a 2 metros. 
Allá, como acá, los médicos que enfrentan el virus, transmiten gran respetabilidad profesional en su generosa vocación de curar. Son junto a los paramédicos, los verdaderos héroes. 
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 20 de marzo del 2020.
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sábado, 14 de marzo de 2020

Relajo confirmado

Jorge G. Alvear Macías
Sobradas razones de preocupación hay en la ciudadanía por las dudas de transparencia en la organización de las próximas elecciones, cuya gravedad se ha confirmado, como si se tratase de un virus para el que no hay cura.
En efecto, la Contraloría General del Estado comunicó al Consejo Nacional Electoral (CNE) los resultados del seguimiento a las recomendaciones efectuadas sobre dos resoluciones emitidas en enero y febrero del año en curso, en las cuales la autoridad electoral decidió mantener el derecho de inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas de los movimientos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, y Justicia Social, resoluciones que fueron tomadas sobre la base de informes de la asesoría jurídica del CNE.
La Contraloría determinó que las ilegales resoluciones del CNE “permitieron que las organizaciones políticas citadas continúen inscritas a pesar de no haber cumplido el requisito mínimo para el efecto; ocasionando, que se mantenga la inobservancia del artículo 109 de la Constitución y demás normativa establecida para la inscripción de organizaciones políticas”, situación que la Contraloría ya había advertido en su oportunidad. Es que, de acuerdo con el órgano contralor, dichas organizaciones políticas no cumplieron los requisitos legales establecidos para su inscripción.
En la conclusión de dicho informe, la Contraloría relieva que de las recomendaciones que le efectuó al CNE (de un total de 19) solo fueron cumplidas 3, cumplidas parcialmente 7 e incumplidas las 9 restantes. En su análisis la Contraloría demostró que la gestión efectuada por los servidores imputados ocasionó que las deficiencias detectadas no se hayan corregido.
Con base en lo anterior se le recomendó al pleno del CNE dejar sin efecto la inscripción de los movimientos políticos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social, que fueron realizadas mediante resoluciones de los años 2016, 2017, 2018 y 2020, a fin de que en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas consten únicamente las que al momento de su inscripción cumplían con lo dispuesto en la Constitución de la República y demás requisitos determinados en la normativa que regulan su inscripción. De tal manera que al dejarse sin efecto dicha inscripción, además de cumplirse con la ley, se depurará el registro de organizaciones políticas, eliminando aquellas que incumplen los requisitos previstos en la normativa vigente.
En el informe se instruyó particularmente a la presidenta del CNE para que disponga y supervise que el coordinador nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales implemente la aplicación informática “que asegure que los procesos de ingreso, reversión, reprocesamiento y ejecución de las prelaciones, almacenen fecha y los usuarios responsables de su ejecución por cada tipo de acción; a fin de garantizar la automatización”.
También se le indica a la presidenta del CNE que disponga al coordinador nacional de Gestión Estratégica y Planificación “elabore un cronograma para la implementación de las recomendaciones restantes” del informe de la Contraloría que han sido incumplidas y parcialmente cumplidas. La Contraloría advierte que lo anterior es necesario para evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones del CNE. 
Aparte de lo relatado en líneas anteriores, se  confirma que el relajo en el CNE es de dimensiones intolerables y grave. (O)
*Publicado previamente en el Diario El Comercio, el día viernes 13 de marzo del 2020.
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¡Qué relajo!

Jorge G. Alvear Macías
Para que haya elecciones transparentes es necesario que el organismo rector de estas las organice con reglas claras y procedimientos alejados de la coyuntura política, principalmente que sean concebidas con sustento técnico y ético. Las elecciones que se preparan para los comicios del año próximo no generan confianza de la ciudadanía en el Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Hay antecedentes que refuerzan el recelo indicado, por la implementación en el pasado de procedimientos acusados de deficientes en lo técnico-jurídico y en lo ético. Por ejemplo, en materia de contratación de la impresión de papeletas electorales, no se permitiría participar al sector privado, a diferencia de las elecciones del 2009, cuando hubo concurso de precios y se habrían ahorrado $4 000 000 frente a la cotización por mayor valor de una institución estatal. En el ámbito de la comunicación institucional se prevé gastar $7 000 000 en servicios externos, cuando el CNE tiene un departamento con al menos 40 personas que pueden encargarse de esa tarea. El presupuesto de la seguridad y vigilancia del proceso electoral, que en los comicios del 2017 fue de $1 400 000, aparece en la propuesta para el 2021 elevado a $8 400 000 (incrementado al 485 %), según el consejero Enrique Pita.
Esta semana, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) habría confirmado la inseguridad jurídica ocasionada por las actuaciones del CNE, en una sentencia en la que declaró la nulidad de dos resoluciones, que habían sido aprobadas por la mayoría del CNE, sobre la asignación y entrega del fondo partidario permanente a organizaciones políticas. El tribunal habría señalado que las resoluciones del CNE infringían el debido proceso y carecían de motivación. 
Los miembros del CNE (Verdesoto y Pita) que integran la minoría han señalado que aún no se aprueba el Plan Estratégico de las Elecciones. Este tiene relación con la tecnología para el escrutinio de votos, conteo rápido propio, la transmisión de datos y la auditoría con ayuda de la academia, que se precisa para determinar si se requiere o no reemplazar equipos informáticos. Tampoco se ha aprobado el presupuesto de gastos generales del proceso eleccionario. Adicionalmente (pero no menos importante), no se han aprobado los nuevos reglamentos para compatibilizar las recientes reformas al Código de la Democracia.
Recientemente el consejero del CNE Luis Verdesoto expresó que la institución está al “borde del suicidio”, entrampada dentro de un conflicto entre consejeros, y reconoce la existencia de sospechas o imputaciones de irregularidades, que de inmediato se intentan esconder o componer.
¿A qué se deben los oídos sordos de la mayoría que alimentan la desconfianza ciudadana en el CNE? ¿Quienes instruyen esa actitud y qué protervos fines hay detrás? Porque sin duda se advierte un manejo similar del CNE cuando estuvo bajo el control total de Alianza PAIS.
Dado el panorama del CNE y paralelamente, por los saqueos de fondos públicos, o su indebida utilización en actividades de inteligencia en persecución política (caso Balda), y una Fiscalía General del Estado superada por el gran número de casos de corrupción sin procesamiento judicial, se confirma que requiere la ayuda de una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, financiada por Naciones Unidas. ¿Por qué ninguna tienda política apoya la idea? ¿Será por algún temor, como en Guatemala?
*Publicado previamente en el diario El Universo el día viernes 6 de marzo del 2020
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