Jorge G. Alvear Macías
¿Qué nos resta por hacer para impedir que los corruptos enquistados en el Gobierno, en la Asamblea y en otras funciones e instituciones públicas continúen beneficiándose ilegítimamente del erario y del IESS que pertenece a los trabajadores?
Ante tanta inmoralidad en el manejo de fondos públicos ya no quedan dudas de que el accionar político –con nimias excepciones– considera al Estado botín para los vencedores de la contienda electoral. Pareciera existir un mensaje no escrito de autorización para el “agarra lo que puedas”. Todo amparado por una estructura legal y judicial que provee impunidad y facilita la continuación del saqueo en dolosos contratos con sobreprecios, fraudulenta evasión de impuestos, contrabando de combustibles subsidiados o en la canallesca obtención de beneficios que solo deberían favorecer a personas con severas discapacidades.
Los pomposos nombres de códigos, leyes y procedimientos para seleccionar jueces, fiscales y autoridades de control constituyeron un fiasco. La gran mayoría de cuerpos legales fue iniciativa del Ejecutivo, aprobados durante el correato (por legisladores que en la generalidad cumplían consignas). Y lograron protección para la organización delincuencial que se incrustó en el poder y para los “asuntos entre privados”.
El expresidente Gustavo Noboa no exageró cuando dijo mientras comentaba la descontrolada corrupción: “El desastre moral es tan grande, tan terriblemente grande, que yo no lo había visto nunca, ni siquiera estudiando las épocas más duras del Ecuador”.
Pero no solo es producto de la gestión del actual Gobierno que no la enfrentó efectivamente (fue selectivo), además de que el presidente incumplió la promesa de establecer una Comisión Internacional de lucha contra la impunidad con el auspicio de las Naciones Unidas (pues modificó su compromiso con la traída de una comisión de expertos internacionales para prestarle asesoraría en la materia, que nunca funcionó). La desbordante corrupción sería consecuencia de una concertación tácita de individuos de los segmentos políticos, económicos, sociales y culturales, que obtienen directa o indirectamente pingües beneficios de la cooptación del Estado por parte de la alianza político-empresarial.
Una similar situación ocurrió en Centroamérica y dio lugar –por las movilizaciones ciudadanas– a la presencia de la Cicig (Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad solventada por las Naciones Unidas) en Guatemala; y, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih de la OEA) en Honduras.
En Honduras, las redes de corrupción público-privadas invierten en campañas políticas para acceder a “contratos de concesión que generan enormes fortunas y que, a la vez (…) son el canal apropiado para lavar dinero y activos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado” (Centro de Estudio para la Democracia).
¿Qué hacer en Ecuador? ¿Marchamos con antorchas (como en Guatemala y Honduras) y exigimos al presidente que cumpla al menos la oferta electoral de traer la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción? (O)
*Publicado previamente en el Diario El Universo el día viernes 10 de julio del 2020
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