Jorge G. Alvear Macías
Hasta el momento en que escribo esta columna la joven Nayet Villota no recibe noticias de las autoridades sobre el lugar en donde se encuentra el cuerpo de su abuela Enriqueta Razo, fallecida el 25 de marzo pasado, a la edad de 84 años.
EL UNIVERSO (Jazmín Solís) y CNN en español (Fernando Del Rincón y Kay Guerrero) entrevistaron a Nayet y publicaron su drama. La señora Razo, quien era su madre de crianza y vivía con Nayet, murió en una clínica privada y al día siguiente su cuerpo fue trasladado al hospital del Guasmo Sur, por personal del Departamento de Medicina Legal de la Comisión de Tránsito (según se me informó) para ser depositado en un contenedor, ante la sospecha de que la causa del deceso era el COVID-19.
Desde el 27 de marzo hasta el 13 de abril, Nayet y sus familiares fueron todos los días al indicado hospital, pidiéndole a la jefa de Admisiones que les entregaran los restos de doña Enriqueta y solo recibieron respuestas confusas. La atormentada nieta hizo su última gestión el 22 de abril, que también resultó infructuosa.
Ella le contó a la periodista de EL UNIVERSO que gastó $750 en el féretro (que permanece en la sala de su casa) y más de $200 en movilizaciones durante los días de búsqueda. Que cuando intentó localizar el cuerpo de la abuela en los contenedores, solo encontró una “falta de humanidad absoluta”. Observó cadáveres superpuestos sobre otros; unos en fundas cerradas, otros no, pues partes de los cuerpos sobresalían. Sin identificación. Los contenedores estaban sin congelación y solo se hacían funcionar sus motores de enfriamiento cuando se presentaban las autoridades. Hasta afuera del hospital llegaba el olor de la descomposición de los cuerpos.
De acuerdo con información oficial, habría 133 cuerpos en proceso de identificación a cargo de agentes de Criminalística, antes de su sepultura, tarea que no parece sencilla y podría tomar mucho tiempo.
El entonces funcionario responsable de la Fuerza de Tarea conjunta para poder enterrar a todas las personas fallecidas por el temible virus, Jorge Wated, reconoció que hubo mal manejo de cadáveres durante esta crisis sanitaria, lo que habría denunciado en la Fiscalía.
La reconocida desorganización representa una verdadera vulneración de derechos a los deudos de las personas que sucumbieron a la pandemia, pues no han tenido un entierro digno. Esto no puede repetirse y habrá que emular los procedimientos de otros países para la manipulación de las víctimas mortales del COVID-19, que precautelan la preservación de cadáveres inidentificados.
La BBC Mundo también hizo su investigación sobre la tragedia de aquellos guayaquileños que no encuentran a sus familiares fallecidos durante la pandemia, los “que aún no descansan en paz”. Ese mismo medio resalta que de pedir que alguien recoja a los muertos de sus hogares, han pasado a clamar para que se los devuelvan.
Por lo narrado es pertinente recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela, dispuso que el Estado debe brindar las condiciones necesarias para ubicar y trasladar los restos de los desaparecidos al lugar de elección de sus familiares y proveerles sepultura digna, sin costo alguno.
*Publicado previamente en el Diario El Universo del día viernes 8 de mayo del 2020.
Lea este artículo en EL UNIVERSO
No hay comentarios:
Publicar un comentario